Instituto de Estudios Penales | Bahia Blanca |

  • Regístrese aquí
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

La unificación de penas no forma parte del juicio abreviado.

E-mail Imprimir

“Recurso de casación interpuesto por el Defensor Oficial de L. A. R. R.”, causa n° 29266. 

Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, rta. 19 de junio 2008.
 

En la ciudad de La Plata, a los 19 días del mes de junio de dos mil ocho, se reúnen en acuerdo ordinario los señores jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Hugo Celesia y Fernando Luis María Mancini (arts. 2, 440 y ccdtes. del C.P.P. y 6, 16 y ccdtes. de la ley 11982), para resolver el recurso de casación interpuesto por el Defensor Oficial de L. A. R. R. en la causa n° 29266. Practicado el sorteo de ley, resultó que, en la votación, los jueces deberán observar el orden siguiente: CELESIA – MANCINI.
A N T E C E D E N T E S
El Tribunal en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial Quilmes resolvió en la causa n° 2418, con fecha 15 de mayo de 2007, condenar a L. A. R. R. a la pena de siete años y dos meses de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el empleo de arma de fuego y portación ilegal de arma de uso civil en concurso real y dictó la pena única de quince años de prisión, accesorias legales y costas comprensiva de la mencionada precedentemente y de la condena impuesta por el Tribunal Criminal N° 2 de Quilmes en la causa 4166/1222 y acumulada 3075/896.
Contra dicha resolución, a fojas 49/56 del presente legajo, el Defensor Oficial Dr. Roberto Campo, interpuso recurso de casación.
Efectuadas las vistas correspondientes, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
C U E S T I O N E S
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión planteada, el juez Celesia dijo:
Se encuentran reunidos los requisitos exigidos para la admisión del recurso deducido, tanto en los aspectos relativos al tiempo y la forma de su interposición, como al derecho a impugnar de quien recurre, fundado en el carácter definitivo de la resolución impugnada, siendo que por ella se resuelve condenar al imputado.
Pero además considero que en el caso el impugnante posee interés en recurrir, pues si bien se impugna una sentencia dictada en el marco de un juicio abreviado en el que las partes prestaron su conformidad con la calificación legal y el monto de la pena del hecho en juzgamiento, se denuncia que el Tribunal ha violado las normas que regulan dicho procedimiento al imponer una pena única superior a la acordada por las partes.
En consecuencia, considero que el recurso interpuesto es admisible, debiendo el Tribunal expedirse sobre su fundabilidad y procedencia.
Voto, entonces, por la afirmativa.
Arts. 401, 421, 448 inc. 2°, 450, 451, 454 inc. 1º, 464, 465 inc. 2º del C.P.P.

A la misma cuestión planteada, el juez Mancini dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.

A la segunda cuestión planteada, el juez Celesia dijo:
I- Denuncia la defensa en primer lugar la violación del art. 399 del C.P.P. pues entiende que el Tribunal no respetó el acuerdo de juicio abreviado firmado por las partes al imponer una pena única superior a la acordada oportunamente.
Agrega que al momento de solicitar la vía procedimental abreviada por el hecho que se estaba juzgando, las partes solicitaron además la imposición de la pena única de once años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas y el tribunal al imponer un monto de pena superior contrarió la manda del art. 399 del C.P.P. que establece que el mismo no podrá ser superior a la solicitada por el Fiscal.
Sostiene que al haberse admitido el acuerdo, la sentencia dictada en consecuencia debió ajustarse a lo dispuesto por el art. 399 del C.P.P. y no imponer una pena superior a la pactada.
Este tramo de la queja no puede prosperar.
La unificación de penas no forma parte de aquello que puede pactarse en el marco de un juicio abreviado, por las razones que seguidamente expondré.
Los arts. 396, 397 y 399 del C.P.P., cuando se refieren a la pena que debe ser solicitada por el Fiscal y respecto de la cual deben prestar conformidad imputado y Defensor para ser viable el trámite abreviado, lo hacen con relación a la pena a aplicar por el hecho que se juzga, pero no respecto de la unificación de pena prevista en el art. 58 del C.P.
En el caso, el fallo fue dictado como consecuencia de un procedimiento abreviado en cuyo acuerdo se distinguió claramente cual era la pena aplicable por el hecho y cual la que se solicitaba como pena única, y el Tribunal no se excedió de lo pactado respecto de la primera, por lo que no media al respecto transgresión legal alguna.
Cabe agregar que el requerimiento fiscal no constituye un límite al juez en la determinación de la pena única quien, en ese procedimiento, debe aplicar las disposiciones contenidas en los arts. 55 y 58 del Código Penal, cumpliendo con las disposiciones del art. 18 del C.P.P.
Establecido que la imposición de la pena única no puede ser materia de acuerdo, no cabe mas que resolver que no median las transgresiones legales denunciadas, desde que correspondía al tribunal –como lo hizo- resolver tales cuestiones, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 55 y 58 del C.P. y previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 18 del C.P.P., esto es la solicitud del testimonio de la sentencia, el cómputo de pena y la vista a las partes.
Las partes al haber solicitado el trámite de juicio abreviado por el hecho en juzgamiento acordaron además la imposición de una pena única y de esa manera no han hecho otra cosa que expedirse sobre el punto relativo a la unificación tal como lo manda la norma ritual mencionada.
 Por último, cabe agregar que respecto de la posibilidad del tribunal de aplicar una pena superior a la solicitada por el Fiscal, la cuestión ya ha sido resuelta por este tribunal en pleno en los autos n° 6467 caratulados “Fiscal ante el Tribunal de Casación solicita acuerdo plenario” (sentencia del 12 de diciembre de 2002), en los que, por mayoría, se ha arribado a la conclusión de que la requisitoria fiscal no limita al juez en la determinación del monto de la pena, salvo en los casos previstos legalmente.
En aquella oportunidad sostuve que nuestro Código Procesal Penal establece la imposibilidad de aumentar la pena en los casos del juicio abreviado y del juicio correccional, pero omite expedirse con relación a las causas criminales, a lo que debe agregarse que tal omisión comprende además al procedimiento de unificación de pena.
II- Como otro motivo de agravio, denuncia la defensa que el fallo omitió consignar las razones por las cuales se arribó al monto de pena única impuesto y por lo tanto la decisión adolecería de serios vicios de motivación en tanto ha existido inobservancia de las reglas establecidas en los arts. 40, 41, 55 y 58 del C.P.
Agrega que si bien el juez tiene la posibilidad de elegir entre el método aritmético o composicional para proceder a la unificación, debe al menos expresar las razones por las cuales elige uno u otro.
Sostiene que en el pronunciamiento no  hay referencias a las circunstancias que llevaron a poner la pena única y que ello implica una infracción a los arts. 168 y 171 de la constitución provincial que convierte en nulo el fallo.
Este agravio tampoco habrá de prosperar.
No merece objeción la decisión del Tribunal de aplicar el método aritmético para la unificación de penas pues el código penal no ha establecido ningún método para ello, de manera entonces que la suma aritmética de las mismas, al no estar vedada por el ordenamiento, resulta un camino legalmente incuestionable para su cuantificación.
Por otro lado, en el decisorio cuestionado relativo al hecho en juzgamiento el aquo expresó que no concurrían atenuantes y desechó un agravante propuesto por la fiscalía (ver fs. 37/vta.) y bajo el amparo de la discrecionalidad que el sistema de nuestro código consagra con cita al método elegido, impuso un monto de pena única igual al de la suma aritmética, sin que se advierta arbitrariedad o ilegalidad en ello ni inobservancia de las normas constitucionales denunciadas.
La actividad jurisdiccional descripta no adolece de ningún defecto, desde que la determinación de la pena es una facultad inherente a los Jueces de grado que sólo admite el control casatorio, fuera del absurdo probatorio, ante una arbitrariedad manifiesta en la selección del monto sancionatorio o la errónea significación agravante o disminuyente de la pena atribuida a una circunstancia que pueda incidir en su cuantificación, nada de lo cual ha ocurrido en el sub lite.
Los Jueces del juicio poseen una facultad discrecional que debe ser entendida como lo que se hace libre y prudencialmente en función de una potestad inherente a la jurisdicción que ejercen, y que debe atenerse a la sensatez y la prudencia evitando la arbitrariedad o falta de razón.
Haciendo uso de la facultad antedicha, el Tribunal determinó el monto de la pena única, dentro del marco de la escala legal aplicable, en quince años de prisión, el cual, no violenta las reglas y los límites que regulan la  mentada potestad.
En virtud de ello propicio el rechazo del recurso de casación interpuesto, con costas.
Arts. 40, 41, 55, 58 del C.P. y 396, 398, 399, 448, 530, 531 y cctes. del C.P.P.
A la misma cuestión planteada, el juez Mancini dijo:
No surgiendo ningún dato que permita poner en crisis el consentimiento brindado en el acuerdo para el juicio abreviado, adhiero al voto del doctor Celesia en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
S E N T E N C I A
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal
R E S U E L V E:
 I- DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el defensor Oficial de L. A. R. R. contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial Quilmes que impuso al nombrado la pena única de quince años de prisión, accesorias legales y costas.
Arts. 401, 421, 450, 451, 454 inciso 1°, 456, 464 inciso 3° y 465 inciso 2° del Código de Procedimiento Penal.
 II- RECHAZAR el recurso de casación interpuesto, por los fundamentos expuestos al tratar la cuestión segunda, con costas.
Arts. 40, 41, 55, 58 del C.P. y 396, 398, 399, 448, 530, 531 y cctes. del C.P.P.
Regístrese, notifíquese y devuélvase a la instancia de origen.
Jorge Hugo Celesia - Fernando Luis María Mancini

 


 
You are here: Home Derecho Procesal Penal Trámite del Proceso Jurisprudencia Provincial La unificación de penas no forma parte del juicio abreviado.

 Consultas

Las consultas pueden realizarse a info@iestudiospenales.com.ar. No se responderán cuestiones atinentes a accionares delictivos y procedimientos a seguir en su caso.   

Artículos de Doctrina.

El Instituto de Estudios Penales invita a estudiantes de derecho y abogados, a realizar trabajos personales propios de la temática penal o filosófico penal. Presione aquí para mas información.

 Facebook

El Instituto de estudios penales posee su cuenta en facebook, si desea hacer consultas por esta vía presione aquí.