Derecho Penal

Condena por testimonio único pero aunado a pluralidad de indicios-.
Jurisprudencia Nacional

Causa Nro. 7887 del Registro de esta Sala, caratulada: “ALANIZ, Javier Antonio y otro s/recurso de casación”.

Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, rta. 8 de octubre 2008.

En la ciudad de Buenos Aires, a los                      8                  días del mes de  octubre de dos mil ocho, se reúne la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como Presidente y los doctores Mariano González Palazzo y Augusto M. Diez Ojeda como Vocales, asistidos por el Secretario de Cámara, Matías Sebastián Kallis, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 219/227 de la presente causa Nro. 7887 del Registro de esta Sala, caratulada: “ALANIZ, Javier Antonio y otro s/recurso de casación”, de la que RESULTA:
  I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 22 de esta Ciudad resolvió, con fecha 21 de marzo de 2007 -cuyos fundamentos fueron leídos el día 28 de ese mismo mes y año-, en la causa Nro. 2473 de su Registro: I. CONDENAR a Javier Antonio ALANIZ por ser coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma, a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas; y II) CONDENAR a Matías Adrián PÉREZ por ser coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma, a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas. Citó los arts. 12, 29, inciso 3̊, 45 y 166, inciso 2̊, primera parte, del C.P. y 403 y 531 del C.P.P.N. (fs. 201/201 vta. y 203/212 vta.).
  II. Que contra dicha sentencia interpuso recurso de casación el señor Defensor Público Oficial, doctor Daniel E. Parodi, asistiendo a Javier Antonio Alaniz y a Matías Adrián Pérez, el que fue concedido a fs. 228/228 vta. y mantenido a fs. 245 por la señora Defensora Pública Oficial ante esta Cámara, doctora Laura Beatriz Pollastri, sin adhesión por parte del señor Fiscal General, doctor Raúl Omar Pleé.
 
  III. Que el recurrente encarriló sus agravios en orden al segundo motivo previsto en el art. 456 del C.P.P.N.
  Discurrió fundadamente acerca de los requisitos de admisibilidad del remedio intentado y, a continuación, señaló que la condena puesta en crisis es producto de una arbitraria valoración de los elementos de prueba reunidos en autos, habiendo desoído el tribunal las reglas de la lógica para arribar a la conclusión relativa a que sus asistidos perpetraron el desapoderamiento que se les endilga. Concluyó, en tal sentido, en que la sentencia recurrida adolece de los vicios de escasa e irrazonable fundamentación, características que, a criterio del recurrente, la descalifican como acto jurisdiccional válido.
  En concreto, señaló que el razonamiento empleado por el a quo, por medio del cual otorgó mayor credibilidad a los dichos del presunto damnificado en lugar de considerar los contenidos de las declaraciones indagatorias de sus defendidos, resulta insuficiente para sustentar la certeza apodíctica requerida en esta etapa procesal para arribar a la solución condenatoria que impugna.
  Destacó que el testimonio de Hernán Escurra se halla plagado de contradicciones y que, además, resulta incompatible con las reglas de la psicología y el sentido común.
  En particular, sostuvo que resulta llamativo que el aludido testigo decidiese formular la denuncia transcurridos tres días desde el acaecimiento del robo del que dijo ser víctima, máxime si se tiene en cuenta que, según sostuvo, conocía perfectamente a los imputados a raíz de que lo habían asaltado en otras oportunidades.
 
  A su vez, controvirtió la versión del damnificado Escurra en el tramo en el que relató el modo en que se perpetró el ilícito investigado en autos. Sobre el punto, consideró que es contrario a las reglas de la experiencia y el sentido común la circunstancia relativa a que, habiendo reconocido Escurra a los imputados como aquéllos que lo habían interceptado y desapoderado de sus bienes en otras oportunidades, les hubiese franqueado voluntariamente el acceso al colectivo por la puerta delantera.
  Por otra parte, expresó que resulta también llamativo que habiéndose producido el robo en el Barrio de Lugano I y II, sólo se contase con el testimonio de Escurra cuando se trata de una zona en la que circulan habitualmente muchas personas.
  De lo antes transcripto infirió que el relato del damnificado resulta absolutamente falaz y que, la única explicación a las rupturas que, a su criterio, el testimonio presenta, obedece al hecho de que éste había pergeñado un “auto robo” con los imputados, circunstancia que se deriva de las declaraciones indagatorias de sus asistidos, que no fueron tenidas en cuenta por el tribunal de juicio.
  Consideró que si el a quo hubiese evaluado los dichos del testigo en consonancia con la versión de sus defendidos, no hubiera podido sino concluir en que los imputados no perpetraron el desapoderamiento que aquí investiga. Pues, señaló, las sucesivas y llamativas actitudes asumidas por el damnificado, lejos de aportar certeza a la imputación dirigida contra Alaniz y Pérez no hacían sino corroborar sus dichos en cuanto a su total ajenidad al hecho materia de juzgamiento.
  Explicó que las irregularidades que presenta la sentencia pudieron haber sido salvadas si el tribunal hubiese otorgado credibilidad a las versiones introducidas por los encartados. Afirma entonces, que de haber sido éstas ponderadas adecuadamente, conforme las reglas de la sana crítica, no hubiesen podido los magistrados afirmar con certeza positiva la participación de los imputados en el hecho investigado.
 
  En función de los argumentos antes reseñados y con invocación del principio in dubio pro reo concluyó su exposición reclamando la absolución de sus asistidos por insuficiencia de elementos incriminantes que permitan vincularlos al suceso desapoderativo ventilado en las presentes actuaciones.
  IV. Que, en la oportunidad prevista por los arts. 465, primer párrafo,  y 466 del C.P.P.N., se presentó la Defensora Pública Oficial ante esta instancia, doctora, Laura Beatriz Pollastri quien, compartiendo los fundamentos esbozados en el escrito recursivo que motivó la intervención de esta Alzada, solicita que se haga lugar al recurso impetrado por su antecesor.
  V. Que luego de realizada la audiencia prevista por el art. 468 del C.P.P.N., a la que asistió la señora Defensora Pública referida, quien presentó las breves notas agregadas (fs. 264/265), quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Mariano González Palazzo y Augusto M. Diez Ojeda.
  El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
  I.  Resultando el recurso formalmente admisible a la luz de los arts. 438, 456, 457, 459 y 463 del C.P.P.N., cabe analizar entonces los agravios articulados por la defensa de Javier ALANIZ y Matías PÉREZ para fundar la vía casatoria intentada.
  II. Previo a ello, formularé una breve reseña de los hechos objeto de juzgamiento, tal como los tuvo por acreditados el tribunal a quo y de las pruebas en las que dicha plataforma fáctica halló sustento.
 
  Ello así, en oportunidad de abordar la materialidad ilícita y la autoría penalmente responsable, el tribunal de juicio sostuvo que “[l]os elementos incorporados al debate son suficientes como para tener por fehacientemente acreditado que los procesados Alaniz y Pérez [...] se apoderaron ilegítimamente mediante el uso de armas, de un matafuego y la suma de $ 100 correspondiente a la recaudación que había en el interior de la expendedora de boletos instalada en el colectivo de la línea 185, interno 74, que conducía el chofer Hernán Escurra. Así, le sustrajeron al nombrado un reloj imitación ‘Casio’. El hecho ocurrió el 25 de junio pasado. Ese día, a las 21:10, los imputados fueron en un Renault 11, color gris, junto con una mujer que no pudo ser identificada, a la cabecera de la línea 185, sita en el barrio Lugano I y II, donde estaba estacionado el colectivo de esa línea, interno 74, de la firma ‘Transporte Ideal San Justo S.A’. Alaniz y Pérez, descendieron, el primero de ellos con un corta hierro y el segundo con una maza, y mientras gritaban a Escurra ‘abrí la puerta, abrí la puerta’, rompieron los vidrios del colectivo con los elementos que portaban. El damnificado abrió la puerta y los imputados ascendieron. Alaniz intentó pegarle un golpe en la cabeza con el corta hierro, pero Escurra logró evitarlo porque se cubrió con el brazo. Además lo amenazó diciéndole ‘No te opongas a nada, no te hagas el vivo que te voy a matar’. Luego, Pérez descendió del colectivo y subió al Renault 11, mientras que Alaniz, ordenó a Escurra que tomara por la colectora. Luego de transitar 20 mts. aproximadamente, por orden de Alaniz detuvo la marcha y abrió la puerta trasera, por donde Pérez, que iba en el automóvil, le pasó un bolso negro. Escurra siguió circulando y tomó por Avenida General Paz. Alaniz, con la masa y el corta hierro golpeó la máquina expendedora de boletos haciendo caer las monedas en su interior, sustrajo la recaudación que introdujo en un bolso negro. Instantes después, Alaniz le ordenó que saliera de la Avenida y se detuviera en Avenida Mosconi, donde el imputado tomó el mata fuego y le exigió al chofer la entrega del reloj imitación ‘Casio’ que portaba. Con todos los elementos en su poder, Alaniz bajó del colectivo, ascendió al Renault 11 y junto a Pérez se dio a la fuga hacia la provincia de Buenos Aires.
 
  Para así concluir, tuvo en consideración, en primer lugar, los dichos del damnificado Hernán ESCURRA, quien en oportunidad de prestar su testimonio en la audiencia de debate, en lo sustancial, relató que el día del hecho conducía el interno antes mencionado cuando fue asaltado por dos jóvenes cuyas características personales describió, quienes blandiendo un cuchillo, un corta hierro y una maza lo intimidaron y le sustrajeron, tras romper el vidrio de la puerta delantera del colectivo, la recaudación del transporte y un reloj pulsera.
  Asimismo, el testigo describió a sus agresores y destacó que no tenía la más mínima duda en relación a que quiénes lo interceptaron y desapoderaron en dicha oportunidad eran los imputados, toda vez que, según afirmó, ya lo habían asaltado en otras oportunidades.
  En relación al modo en que desplegaron el ilícito, señaló que le golpearon el vidrio del colectivo exhibiendo los elementos antes descriptos y que, debido al miedo que le produjo la rotura de éste, abrió la puerta para resguardar su integridad física, ya que, acotó, “después de todo soy un simple empleado”. Afirmó también, que intentaron golpearlo pero que pudo cubrirse con el brazo y que después arremetieron contra la máquina expendedora de boletos.
  Por último, concluyó en que los encartados fueron aprehendidos por personal de la policía de la provincia de Buenos Aires cuando, transcurrido un mes desde el acaecimiento de este hecho, intentaron asaltarlo otra vez mientras conducía nuevamente el colectivo, en la localidad bonaerense de La Matanza (fs. 210/vta.).
  En segundo término, el tribunal valoró el testimonio de Vicente Blas OLIVITO, apoderado de la empresa “Transportes Ideal San Justo S.A”, quien frente a los magistrados de juicio relató que si bien no fue testigo presencial del hecho, fue a retirar el colectivo luego de ocurrido éste, advirtiendo que el ómnibus presentaba rotura en un vidrio y de la máquina expendedora de boletos y que la cifra sustraída era de aproximadamente cien pesos correspondiente a la recaudación (fs. 208 vta./209).
 
  También se tuvieron en cuenta: el informe pericial practicado sobre el interno 74, de la línea 185 que da cuenta de las roturas informadas por el testigo antes citado (fs. 13 vta.); las fotografías de dicho rodado (fs. 15/vta.) y las fotografías obrantes en la causa N̊ 308.564 del Juzgado de Garantías N̊ 7 del Departamento Judicial La Matanza, cuyos testimonios corren por cuerda del expediente principal, en las que se pueden advertir los rasgos fisonómicos del encartado Alaniz.
  III. Reseñado lo anterior, abordaré a continuación los agravios articulados por la defensa en los que, sustancialmente, afirma que el único elemento de cargo en el que se apoya la condena es el relato del damnificado y, a su vez, critica la credibilidad que el tribunal le otorgó a su relato desoyendo las versiones de los imputados, pues, a su criterio, dicho testimonio presenta fisuras reñidas con la lógica, la experiencia y el sentido común.
  Ahora bien, veamos en qué consistió el razonamiento efectuado por el a quo a la hora de valorar dicho elemento probatorio.
  De la lectura de la sentencia en crisis se advierte que al evaluar el testimonio del damnificado, el tribunal de juicio lo calificó de “enteramente verosímil [y] preciso” y, al confrontarlo con el restante plexo cargoso, destacó su congruencia “[c]on la prueba pericial ... que da cuenta de las reparaciones que debieron ser efectuadas, mediante el recambio de los vidrios de la puerta de ingreso al vehículo y de la máquina expendedora de boletos, tal como también lo refirió en el debate Blas Vicente Olivito, apoderado de la empresa de colectivos” (vid. fs. 211 vta.).
 
  A su vez, en relación a las características fisonómicas de los imputados aportadas por el testigo, el tribunal enfatizó en que, pese a no tenerlos frente a frente en la audiencia debido a que los separaba una mampara, éste “[d]escribió durante el debate con una precisión absoluta las características físicas de los imputados, haciendo alusión incluso a las marcas que producto del acné se aprecian sin dificultad en el rostro de Matías Pérez, así como también el pelo lacio y largo que lucía el día que lo asaltaron” (vid. fs. 210 vta).
  De los párrafos antes transcriptos se desprende, en primer término, que la certeza afirmada por los magistrados de grado en torno al modo en que se sucedieron los hechos, no halló sustento únicamente en el relato del damnificado ESCURRA, sino que, dicho testimonio halló aval en los restantes elementos de cargo mencionados que dan cuenta de que el suceso acaeció de la forma en que el damnificado lo describió.
   En segundo lugar, cabe destacar que como bien se observa de la lectura del tramo sentencial citado en los párrafos precedentes, los magistrados de grado, fundados en la impresión personal que les provocó el testigo durante la audiencia, fruto de la inmediación, otorgaron veracidad a sus dichos y calificaron de espontáneo y preciso su relato.
  Sobre el punto, es importante recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en oportunidad de expedirse acerca del deber de este Tribunal de “agotar el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar” (“Casal, Matías Eugenio”, Fallos 328:3399), sostuvo que “[l]o no controlable es la impresión personal que los testigos pueden causar al tribunal, pero de la cual el tribunal debe dar cuenta circunstanciada si pretende que se la tenga como elemento fundante válido, pues a este respecto también el tribunal de casación puede revisar criterios” (cfr. considerando 25 del fallo citado). Y en tal sentido, dable es advertir que el tribunal aquí sentenciante cumplió debidamente esa tarea, pues, analizando el testimonio de ESCURRA a la luz de las restantes probanzas arrimadas a la causa, consignó expresamente los motivos en función de los cuales otorgaron verosimilitud al testimonio del damnificado y desecharon fundadamente, como se verá mas adelante, los descargos de los encartados que tenían por objeto controvertir la versión del aludido testigo.
 
   Por otra parte, tampoco habré de acompañar al recurrente en el tramo de su impugnación en el que tacha de irrazonable y contraria a las reglas de la experiencia, la actitud que dijo asumir el damnificado en oportunidad de ser interceptado por sus agresores. Ello es así en tanto, la circunstancia de haber franqueado el acceso de los imputados al colectivo en oportunidad en que le exhibieron un corta hierro y una masa y luego de haber roto el vidrio, lejos de evidenciar una grado de cooperación voluntaria con la comisión del ilícito, constituye una actitud que luce perfectamente compatible con el miedo que ESCURRA alegó, le produjo la circunstancia de hallarse sólo, a bordo del colectivo que tripulaba y frente a quienes pudo reconocer como aquéllos que lo habían asaltado en otras oportunidades.
  Lo mismo puede afirmarse en relación al temor que a éste le produjo declarar frente a los imputados en la audiencia, ya que, como expresamente sostuvo el testigo, los imputados lo conocen y pueden ubicarlo con facilidad ya que trabaja en la vía pública. De hecho, no debe olvidarse que ALANIZ y PÉREZ fueron aprehendidos cuando, transcurrido un mes del hecho aquí juzgado, renovaban su voluntad delictiva mediante la perpetración de un hecho de similares características que también tenía por objeto desapoderar a ESCURRA.
  Por otra parte, no se advierte en qué consiste lo “llamativo” que resulta, a criterio de la defensa, que ESCURRA formulase la denuncia transcurridos tres días desde la comisión del hecho, siendo que conocía perfectamente a los imputados. En este punto, considero que la pretensión de la defensa que, poniendo el tela de juicio la actitud asumida por el damnificado, pretende demostrar una vinculación y acuerdo previo de éste con los encartados, frente al plexo cargoso reunido en las presentes actuaciones, no tiene asidero alguno.
 
  Por último, cabe destacar que tampoco habrá de prosperar la alegada arbitrariedad el recurrente atribuye a la ponderación de la prueba de descargo, ya que, según advierto, los argumentos dados por el tribunal de juicio para desechar la versiones exculpatorias de los imputados y los dichos de la testigo GAITÁN, lucen razonables y congruentes con el valor convictivo otorgado al plexo cargoso reunido en las presentes actuaciones.
  Veamos, en este tramo el tribunal sostuvo: “En las condiciones mencionadas y teniendo en cuenta el real acierto con que el chofer Escurra describió a sus asaltantes, resulta verdaderamente inadmisible la actitud adoptada por éstos al deponer en el juicio oral”. Y, en relación a la versión de la aludida testigo, ofrecida por la defensa, señaló que ésta “[l]ejos estuvo de [avalar los dichos de los imputados] toda vez que su versión además de inconsistente resultó totalmente opuesta al relato de los procesados. En efecto, a diferencia de Pérez, dijo que el cumpleaños  de la hija de la concubina de éste se celebró en casa de los Pérez, a la que describió como una casa grande, mientras que el imputado Pérez manifestó contrariamente que esta señora gentilmente ofreció su vivienda para hacer la fiesta porque la casa de su concubina era muy pequeña, ya que apenas cuenta con una habitación. Ello, sin contar con que además Gaitán dijo que la reunión se realizó el 21 de junio de 2006, y no el 25 de ese mismo mes y año, difiriendo además en la edad de la cumpleañera, quien supuestamente es la hija de su íntima amiga.
  Sugestivamente, cabe destacar que después de escuchar a Gaitán, se desistió del otro testigo propuesto” (fs. 211)
  Fácil es advertir, como adelanté, que la versión ensayada por la defensa orientada a vincular al damnificado con la comisión del hecho investigado con el objeto de deslindar de responsabilidad penal a sus asistidos, lejos de encontrar apoyatura en las constancias causídicas, constituye una propuesta alternativa de valoración del plexo probatorio reunido que, por los fundamentos esbozados a lo largo de este sufragio, resulta indamisible.  
 
  IV. En síntesis, estimo que en la sentencia impugnada el tribunal de mérito tuvo por acreditada la autoría de los encartados ALANIZ y PÉREZ en el evento que damnificara a ESCURRA, a través del análisis de una serie de elementos de convicción, los cuales, valorados conjunta, concatenada y concordantemente, permitieron a los magistrados de a quo adquirir razonablemente, la certeza positiva exigida en esta instancia, acerca de la responsabilidad de éstos en el robo por el cual resultaron, en definitiva, condenados. Dicha circunstancia permite, a mi juicio, descartar la tacha de arbitrariedad que formula la defensa en tanto reposa en meras discrepancias subjetivas en torno al modo en que la prueba debió valorarse.
  En consecuencia, propicio al acuerdo el rechazo in totum del remedio casatorio traído a consideración de esta Alzada. Con costas (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
  Los señores jueces Mariano González Palazzo y Augusto M. Diez Ojeda dijeron:
  Que adhieren al voto que lidera el acuerdo.
  Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal
  RESUELVE:
  RECHAZAR in totum  el recurso de casación interpuesto a fs. 219/227 vta. por el señor Defensor Público Oficial, doctor Daniel E. Parodi, asistiendo a Javier Antonio Alaniz y a Matías Adrián Pérez, con costas. (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
  Regístrese, notifíquese y, oportunamente, remítase la causa al Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 22 de la Capital Federal, para que se notifique personalmente a los imputados lo resuelto por esta Sala, y demás efectos, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.
                           
                                 
                                                                 GUSTAVO M. HORNOS   


 
      MARIANO GONZÁLEZ PALAZZO                                                             AUGUSTO M. DIEZ OJEDA


Ante mí:
         MATÍAS SEBASTIÁN KALLIS
  Secretario de Cámara

 

 
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