Instituto de Estudios Penales | Bahia Blanca |

Aprehensión en flagrancia por personal de empresa privada.

Causas 22.661 y 22.644, caratuladas “A., C. F. s/ recurso de Casación” y “R., E. M. s/ recurso de Casación”.

Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, rta. 1 de septiembre 2009.

En la ciudad de La Plata a los un días del mes de septiembre del año dos mil nueve, siendo las  ....... hs., se reúnen en acuerdo ordinario los Jueces de la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Angel Natiello, Horacio Daniel Piombo y Benjamín Ramón Sal Llargués, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causas 22.661 y 22.644 de este Tribunal, caratuladas “A., C. F. s/ recurso de Casación” y “R., E. M. s/ recurso de Casación”, respectivamente. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debe observarse el orden siguiente: PIOMBO - SAL LLARGUES - NATIELLO, procediendo los nombrados magistrados al estudio de los siguientes:


                  A N T E C E D E N T E S


     I. El Tribunal Oral en lo Criminal nº4 del Departamento Judicial La Plata condenó a E. M. R. a trece (13) años y seis (6) meses de prisión y a C. F. A. a catorce (14) años y seis (6) meses de la misma especie de pena, más declaración de reincidencia, por encontrarlos partícipes primarios del delito de robo calificado por el empleo de armas de fuego, en despoblado y en banda y por tratarse de mercadería en tránsito, en concurso ideal con privación ilegal de la libertad calificada por el empleo de armas de fuego y por el número de personas intervinientes.

      II. Contra el mencionado decisorio y en expediente identificado con el número 22.661 a favor de A., interpone recurso de Casación el Defensor Oficial titular de la U.F.D. 1 departamental, Dr. Luis Rubén Molinari.

     En su presentación denuncia errores “in procedendo”, arbitrariedad e ilogicidad del pronunciamiento atacado. Sostiene que la mayoría incurre en arbitrariedad manifiesta en orden a la atribución de los ilícitos, por cuanto habiéndose perpetrado los dos hechos en forma simultánea, se descarta la participación en uno por imperio de la duda, dejándose incólume el veredicto condenatorio para el factum resultante. Denuncia orfandad probatoria para fundarlo y violación a lo previsto en el art. 374 del C.P.P., penúltimo párrafo, por resultar afectado el principio de congruencia. Se agravia por la falta de pruebas para endilgar la actuación de su pupilo en el marco de una banda dedicada a la “piratería del asfalto” y la arbitrariedad del veredicto de condena cuando con las mismas circunstancias resultó absuelto por la duda beneficiante. En consecuencia, solicita la anulación del fallo y la absolución de su asistido.

     Contra la sentencia supra reseñada y en proceso que corre por nro. 22.644 se presentan en esta sede los letrados de confianza Dres. Fernando García Sánchez y Luis María Sánchez, en ejercicio de la defensa de E. R., alegando como primer agravio, la falta de pruebas referida a la existencia de una “banda de piratas del asfalto”, en el marco de la cual su asistido habría obrado, negando cualquier tipo de vínculo entre esa presunta asociación y su defendido, así como con el camión o su carga, negando asimismo que portara arma alguna. Sostienen que al momento de la aprehensión de R. los ilícitos habían tenido lugar en tiempo y lugar distintos y por el obrar de terceras personas ajenas a su defendido. Luego, ambos letrados se agravian de las testimoniales vertidas por F., L., los funcionarios policiales actuantes  y las propias víctimas, en tanto entienden que no aportan elemento convictivo alguno. Destacan la orfandad probatoria de la I.P.P., reconocida en la sentencia misma, y entendiendo que el robo a los dos camiones constituyó un mismo hecho, tachan de absurda y arbitraria la conclusión absolutoria por un ilícito y condenatoria por el otro. Reiteran los planteos de invalidez constitucional de la detención y secuestro efectuado en autos, por entenderlos violatorios a la garantía de “non bis in eadem”, solicitando la casación del resolutorio denegatorio del sobreseimiento y el cambio de calificación pedidos por la defensa oficial. Asimismo, plantean absurda valoración de la prueba respecto de la complicidad primaria endilgada y, en subsidio, se recalifique como participación secundaria en los hechos de tentativa de hurto o encubrimiento. En un siguiente tramo denuncian violación al principio de congruencia sosteniendo que, por la calificación resultante, se vieron imposibilitados de repulsar los elementos constitutivos de la calificante “banda”, así como para la genérica contenida en el art. 41 bis del C.P. en relación al 166 inc. 2 del mismo Cuerpo Legal y el tipo penal de la privación ilegítima de la libertad, entendiéndolo como englobado en el delito de robo con armas también endilgado. Finalmente, denuncian violación a las pautas de subjetivización de la pena y un nuevo “bis in eadem” por entender que la agravante de “modus operandi” comprende elementos del tipo penal endilgado ya en la calificante de banda. Como corolario del argüído quebrantamiento constitucional, formulan reserva del caso federal (art. 14 de la ley 48).

     III. Con fecha 19/9/2005 el Tribunal de instancia resuelve declarar admisibles ambos recursos, elevándolos a esta Sede. Acumulados ambos procesos por Secretaría, el 19/9/2006 se ratifica la admisiblidad formal de las impugnatorias de que se trata convocándose a la audiencia para informar en derecho.

     Desistido este acto por las partes, la defensa particular no presenta memorial manteniendo el recurso de origen. A su turno, la Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Alejandra Moretti, aboga por el rechazo de ambos recursos por entender que sus argumentos no alcanzan a conmover la sentencia atacada por arbitrariedad o absurdo, a la vez que la encuentra en un todo adecuada a derecho.

     A su vez, la Defensora Adjunta del Cuerpo, Dra. Susana De Seta, postulando por A., aduna a los argumentos de instancia que la agravante del “antecedente condenatorio” computada no resultó pedida por el Fiscal, violándose el principio de congruencia; encontrando también infundada la declaración de reincidencia atribuida a su asistido. Como corolario, formula reserva del caso federal y de los recursos extraordinarios ante la S.C.B.A.

     IV. Hallándose las causas en estado de dictar sentencia, los magistrados de referencia en el inicio de esta relación resolvieron plantear y resolver las siguientes: 


                  C U E S T I O N E S

     1ra.) ¿Existen vicios de carácter constitucional que nulifiquen la sentencia impugnada?

     2da.) ¿Se produjo una errónea o arbitraria valoración de la prueba de autos, que determinara una errónea calificación de los hechos o una equívoca atribución participativa?

     3ra.) ¿Se ha producido una errónea mensuración de la pena o violación del principio de bilateralidad al determinarla?

     4ta.) ¿Se presenta como infundada la calidad de  reincidente declarado para A.?

     5ta.) ¿Qué fallo corresponde emitir?


     A la primera cuestión planteada, el señor Juez, doctor Piombo, dijo:

     Se impone la repulsa de la impugnatoria en el aspecto delimitado por el interrogante aquí contestado.

     En primer lugar, observo que la nulidad de la detención esgrimida por la defensa de R. resulta reedición de un argumento ya contestado por el Tribunal de grado, validando –precisamente- la aprehensión del inculpado por parte de particulares, en el caso, personal de la empresa que, a la sazón, realizaba el control satelital de las unidades automotrices desapoderadas.

     Cabe recordar que tanto la legislación de fondo como la procesal legitiman el proceder (art. 239 del ritual). Y sobre esto una tríada de observaciones.

     a) El Código Penal no sólo lo admite sino que alzaprima al particular que realiza tal cometido, equiparándolo a un funcionario público (art. 240 del C.P.).

     b) La calidad de flagrante que aneja la preceptiva permisiva para llevar a cabo la igualación, debe necesariamente ser examinada a la luz de dos particularidades. Una, a que técnicamente el “iter” del robo exhibe considerablemente mayor amplitud temporal que el  de otros delitos abrazando incluso actos posteriores al apoderamiento (art. 164 “in fine” del C. P.); Y en el caso los vehículos venían siendo monitoreados por el sistema de seguimiento que, a la postre, permitió su ubicación. Otra que, en tanto el producto del hecho se halle a disposición de los autores, la razón legal que coloca a la flagrancia como piedra de toque para la actuación en aras de la equiparación legal, tiene las mismas razones para funcionar, atendiendo que se trata de evitar el perjuicio a derechos constitucionalmente asegurados y todo el pueblo argentino tiene el deber de acudir en defensa de la Constitución y el sistema que ella instaura.

     c) Los protagonistas de la aprehensión tenían delegado por parte del propietario de los vehículos, el poder de custodia y disposición extensivo a lo transportado, o sea que tenían una relación real con las cosas que los colocaba en situación de verdaderos representantes “ad hoc” para ejercer todos los actos necesarios con miras a la conservación de las cosas.

        En mi sentir, con relación a este agravio no se han conjugado “graves defectos de forma”, ni existen graves reparos de tinte legal o de orden constitucional.

     En un segundo perfil de irregularidad constitucional, el tribunal de grado habría incurrido en autocontradicción porque con los mismo elementos comprobatorios tuvo por acreditada una participación y por inexistente otra. Empero, tampoco aquí creo que la impugnatoria deba progresar.

      En primer lugar, la convicción es tema que muestra como medular una esfera íntima y particular con relación a cada hecho concursado y no una cualidad que deba automáticamente extenderse a todo el conjunto. No cabe vincular la extensión de efectos de la cosa juzgada con extensión de efectos de la prueba.

     En segundo lugar, la sede de decisión ha explicado que el primero de los hechos se encuentra acreditado por elementos emergentes de la prueba testimonial producida, la incorporada por su lectura y las graves presunciones que surgen de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se procediera al secuestro de los camiones y a la aprehensión de los encartados. O sea que por sobre los elementos comprobatorios institucionalizados en el Código, la convicción de los magistrados de grado transitó por sobre las circunstancias que envolvieron el seguimiento y toma de contacto con el elemento móvil que centró la apetencia de despojo primario. Y esto, si bien esta pertenece al ámbito de la intimidad antes aludido, en el caso objetivamente no es igual al que rodea al segundo de los hechos, por lo que el absurdo pasa a ser elemento extraño al tema. 

     En tercer lugar, resulta de prístina claridad que el Tribunal se ha guiado por elementos objetivos, aprehensibles por los sentidos, que eran evidentes por si y que permitían edificar presunciones o indicios que, a la postre, mostraban los elementos de procedencia clásicos para ese tipo de prueba, esto es, gravedad, concordancia y precisión.

     En cuarto y último lugar, si hay elementos para condenar –y una apreciación de razonabilidad así lo establece-, la verdadera infracción estaría, en el caso de ser los elementos exactamente iguales, en el proceder del tribunal de grado que habría dejado de aplicar el Código penal de la Nación a un supuesto respecto del cual la supremacía sentada por el art 31 del texto supremo así lo reclamaba. Empero, la ausencia de remedio fiscal al respecto deja a esta hipótesis huérfana de todo apoyo formal.

     Cabe, en consecuencia, rechazar los agravios.

     Voto por la negativa.


     A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Sal Llargués, dijo:

     Adhiero al voto del doctor Piombo, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.

     Voto por la negativa.


     A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:

     Adhiero al voto de mis colegas preopinantes, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.

     Voto por la negativa.


     A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Piombo, dijo:

     La impugnación viene a caballo de una alegada  orfandad probatoria. Empero, adelanto que no la considero tal.

     Para adverar tal extremo tengo en cuenta la coherente realidad temporal (una hora y media entre la abducción y traslado de los conductores en el Peugeot hasta un camino de tierra, vuelta de éstos hasta zona urbana y radicación de la denuncia) y todos los testimonios brindados al momento de que personal de la empresa Search detectara la carga a 200 mts. del peaje de Tristán Suarez, en la ruta 205 de Ezeiza, y aprehendiera a los encartados, que se encontraban traspasando la carga del semiremolque marca Mercedes Benz 1620 dominio TCQ 484 a otro tractor marca Ford 7000 dom. WGI 952.

     En este caso, se cuenta con las denuncias de los conductores C. C. (1/3 de los ppales.) y A. S. (5/6, ppales.) y sus correspondientes testimoniales en audiencia; del personal del Escuadrón Vial de Autopistas, concretamente por boca del supervisor de turno A. O. L. quien observa a los encartados inmediatamente después de ser reducidos; del gendarme encargado de la custodia del Peaje de Tristán Suarez, O. A. F., quien llega cuando A. F. G. –Segundo Jefe de Operaciones del Area de Control Satelital de SEARCH- reduce a los imputados; las manifestaciones juramentada de este último detallando la urgente búsqueda de la carga luego del conocimiento de la sustracción y como observa que uno de los sujetos está en la cabina hacia la cucheta, saboteando el equipo satelital, y el otro bajando las patas del semiremolque; de H. S. –acompañante del anterior- adverando los mismos detalles que G. en cuanto a la detección del vehículo, hallazgo de la mercadería y aprehensión de los imputados; y también de O. G. y J. M. G., personal de la Seccional 5º de Policía con sede en la localidad de Ezeiza, quienes trasladaron el camión hasta la Comisaría de Lobos y examinaron las unidades comprometidas en el hecho de piratería asfáltica.

     Todo este plexo probatorio, engarzado en la circunstancia de que resulta difícil explicar satisfactoriamente la presencia de los coencartados en el lugar,  apontoca férrea certeza respecto de la participación de los encartados al ser hallados con la res furtiva. Y de esta última se deriva otro elemento más: en tanto las cosas despojadas no resultan ser elementos de fácil comercialización –en el caso: rollos de aluminio-, precisamente por lo restringido del mercado consumidor, esto permite inducir la existencia de una organización delictiva de envergadura dotada de una compleja logística, lo conclusión que también se apontoca en el  sintomático hecho que sólo en tres horas hicieron desaparecer el otro camión, también vigilado por la Empresa SEARCH, sin dejar rastros.

     Sentado lo anterior, se justifica sobradamente el encuadramiento dado por el Tribunal al hecho en la calificante de banda. Más aún, sólo atendiendo a esto puede considerarse a la sentencia “derivación razonada del derecho vigente atendiendo a las circunstancias del caso”.

     La participación primaria, a su vez, está justificada por la doctrina expuesta en causa 11.860, que si bien versa sobre exceso en el accionar del coautor, encaja en la respuesta acerca de qué tipo y clase de aporte puede ser puesto en cabeza de los aquí procesados, siendo que resultó fundamental su concurso para perfeccionar el desapoderamiento mediante el traspaso de la carga a otro camión no comprometido en el hacer delictivo, con lo cual con aptitud para circular sin problemas a los fines de dirigirse al lugar previamente determinado para reducir la mercadería. Por ello, a mi entender la participación endilgada se halla debidamente comprobada y, por cierto, justificada.

     Voto por la negativa.


     A la misma segunda cuestión planteada el señor Juez,  doctor Sal Llargués, dijo:

      Adhiero al voto del doctor Piombo, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.

      Voto por la negativa.    


      A la misma segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:

     Adhiero al voto de mis colegas preopinantes, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.

     Voto por la negativa.


     A la tercera cuestión planteada el señor Juez,  doctor Piombo, dijo:

     Las Salas I y II de nuestro Tribunal han tenido la oportunidad de advertir el menoscabo que a la prohibición del “bis in idem” conlleva el precepto de mención. Esto también ha sido advertido por otros altos tribunales provinciales como el Superior entreriano, el cual ha señalado lo siguiente:

      1º.- La norma del 41 bis debe ser entendida como una formulación que el legislador efectúa, advirtiendo acerca de la mayor ofensividad que puede operarse en aquellos hechos en los cuales se utilicen armas de fuego, donde la violencia o intimidación emergente de su uso importen una adición a la figura respectiva.

      2°.- El legislador excluyó la aplicabilidad de la agravante de punición prevista en el art. 41 bis del Cód. Penal si el delito de que se trate tuviera la circunstancia contemplada como elemento constitutivo o calificante.

      3.- Resulta una duplicación irrazonable en la determinación de la pena la aplicación de la agravante del art. 41 bis en el caso de un delito de robo agravado por el uso de arma – 166 inc. 2° del Cód. Penal- toda vez que no es aplicable cuando la circunstancia mencionada en ella ya se encuentre contemplada como elemento constitutivo o calificante del delito de que se trate una indebida duplicación en la determinación de la pena (in re “Pera”, sent. del 20/4/05)

     Comparto también el punto de vista puntualizado por la defensa respecto a la improcedencia de considerar el “modus” como circunstancia calificante, toda vez que las circunstancias concurrentes legalmente relevantes cubren el espectro a que apunta la apariencia fenoménica del hacer delictivo tenido en cuenta; esto muy especialmente con referencia a la modalidad de comisión en banda puesto que esto presupone organización, pluralidad de agentes, distribución de roles y actuación de consuno. La privación de la libertad, el empleo de armas y la violencia consustancial a la figura central, particularidades todas consideradas en la subsunción legal, llenan el resto de lo que hace al “modus operandi”.

     Por último, resulta cierto que la agravante de antecedente condenatorio no fue solicitada ni por el Fiscal ni por el particular damnificado, según surge de una atenta lectura del acta de debate. Pero dicho dato debió ser tenido en cuenta, imperativamente por cierto, en función de una ley de jerarquía superior a la procesal provincial, como es el art. 41 del C. Penal (art. 31 de la Ley Fundamental).

     Voto por la afirmativa.


     A la misma tercera cuestión planteada el señor Juez, doctor Sal Llargués, dijo:

     Excepto en cuanto al último párrafo, adhiero al voto del doctor Piombo.

     Voto por la afirmativa.


     A la misma tercera cuestión planteada el señor Juez,  doctor Natiello, dijo:

     Entiendo aunque en minoría, que el art. 41 bis del C.P. -conf. Ley 25.246- resulta aplicable a todas las figuras de la parte especial -o de las leyes complementarias- que no hagan expresa referencia en su estructura típica a la violencia o intimidación contra las personas mediante el uso de armas del tipo de las de fuego, tal como sucede con el caso del robo del art. 166 inc. 2º del C.P. en su redacción anterior a la de la ley 25.882 (voto en extenso causa nº15.535, entre otras).

     En cuanto al “modus operandi” considero que no resulta censurable que se haya meritado en ese sentido la naturaleza de la acción y medios empleados para ejecutarla. Nuestra ley penal hace expresa mención a estas circunstancias (art. 41 inc. 1º del C.P.). Existe en el hecho bajo análisis una demostrada concertación para delinquir que aumenta la indefensión de las víctimas mientras que se agrava el injusto en función de la concreta puesta en peligro de la vida y de la integridad física de más de una persona por el empleo de armas.

     En cuanto de meritación de los “antecedentes condenatorios” introducidos por la Defensa de Casación no puedo acompañar tampoco, aquello que no fue cuestionado en el recurso originario llega firme a esta Sede, no resultando pertinente que la Defensoría ante esta instancia pretenda obviar esa firmeza, poniéndolo en crisis; remitiéndome brevitatis causae a lo expuesto por la Dra. Argibay en el conocido fallo “Casal”.

     No obstante y a efectos de lograr las mayorías requeridas constitucionalmente adhiero al Dr. Piombo en lo referido a mantener como pauta agravante los “antecedentes condenatorios”.

     En consecuencia dichas agravantes meritadas no importan el ejercicio irracional del poder punitivo y  deben entonces ser mantenidas.

     Voto por la negativa.


     A la cuarta cuestión planteada el señor Juez,  doctor Piombo, dijo:

     La reincidencia no parece infundada puesto que obra en el antecedente condenatorio firme que exhibe el inculpado (sent. del 04/09/2000 del T.O.C. 1 de Junín cuya firmeza se declaró el 28/09/2001). Y esto aparece como dotado de fuerza de cosa juzgada hasta tanto sea revisado por una propincua acción de revisión.

     Voto por la negativa.


    A la misma cuarta cuestión planteada el señor Juez, doctor Sal Llargués, dijo:

     Expreso en soledad la minoría en el Tribunal en mi repulsa a la constitucionalidad de la reincidencia. Empero, a la luz del Plenarío de este Cuerpo, el instituto se ha aplicado fundadamente.

     Voto por la negativa.


     A la misma cuarta cuestión planteada el señor Juez,  doctor Natiello, dijo:

     Adhiero al voto de mis colegas preopinantes, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.

     Voto por la negativa.


     A la quinta cuestión planteada el señor Juez,  doctor Piombo, dijo:

      Atento al modo en que han quedado resueltas las precedentes cuestiones, corresponde: 1) por mayoría, casar parcialmente la sentencia de grado en el rubro agravantes, y obliterar la agravante genérica del art. 41 bis del C.P.; fijando la pena en doce (12) años y seis (6) meses para C. F. A., y once (11) años y diez (10) meses para E. M. R., manteniendo el resto de las declaraciones contenidas en el fallo, sin costas en esta instancia (Art. 15 de la Const. Pcial; art. 31 de la C.N.; arts. 40, 41, 41 bis -a contrario-, 166 inc. 2 -ley 25.882-, 240 del C.P.; arts. 239, 448, 449, 450, 451, 456, 459, 460; 530 y 532 del C.P.P..); 2) regular los honorarios de los defensores de confianza Dres. Fernando García Sánchez y Luis María Sánchez, en atención al parcial buen éxito obtenido en 15 unidades jus a cada uno (Artículos 171 de la Constitución Provincial; 1, 9, 16, 31, 33 y 51 de la ley N° 8904; 1 y 12 inciso a) de la ley N° 8455 y artículo 534 del C.P.P. -ley N° 11.922- debiendo procederse como lo determina el art. 22 de la ley N° 6716, modificado por el art. 12 de la ley N° 10.268.); 3) tener presente la reserva del caso federal efectuada (Art. 14 de la ley 48).

     Así  lo voto.


     A la quinta cuestión planteada el señor Juez,  doctor Sal Llargués, dijo:

     Adhiero al voto del doctor Piombo, expidiéndome  en igual sentido y por los mismos fundamentos.

     Así  lo voto.


     A la quinta cuestión planteada el señor Juez,  doctor Natiello, dijo:

     Adhiero al voto de mis colegas preopinantes, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.

     Así  lo voto.


     Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente

                 S E N T E N C I A


      Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:

     I.- Por mayoría, casar parcialmente la sentencia de grado en el rubro agravantes, y obliterar la agravante genérica del art. 41 bis del C.P.; fijando la pena en doce (12) años y seis (6) meses para C. F. A., y once (11) años y diez (10) meses para E. M. R., manteniendo el resto de las declaraciones contenidas en el fallo, sin costas en esta instancia.

     Art. 15 de la Const. Pcial; art. 31 de la C.N.; arts. 40, 41, 41 bis -a contrario-, 166 inc. 2 -ley 25.882-, 240 del C.P.; arts. 239, 448, 449, 450, 451, 456, 459, 460; 530 y 532 del C.P.P..

     II.- Regular los honorarios de los defensores de confianza Dres. Fernando García Sánchez y Luis María Sánchez, en atención al parcial buen éxito obtenido en 15 unidades jus a cada uno.

     Artículos 171 de la Constitución Provincial; 1, 9, 16, 31, 33 y 51 de la ley N° 8904; 1 y 12 inciso a) de la ley N° 8455 y artículo 534 del C.P.P. -ley N° 11.922- debiendo procederse como lo determina el art. 22 de la ley N° 6716, modificado por el art. 12 de la ley N° 10.268.).

     III.- Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

     Art. 14 de la ley 48.

     IV.- Regístrese. Notifíquese. Remítase copia certificada de lo aquí  resuelto al Tribunal Criminal nº 4 del Departamento Judicial La Plata.

     Oportunamente remítase.

FDO.: CARLOS ANGEL NATIELLO  - HORACIO DANIEL PIOMBO  -    BENJAMIN RAMON SAL LLARGUES

ANTE MI:  CARLOS MARUCCI


 
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