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Acta de procedimiento: contenido y contradicción con otras pruebas.

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Instrumento público, redargución de falsedad (arts. 989 y 993 C.C.). Prueba y principio de libertad probatoria.

Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, causa Nro. 43.181 caratulada “Q. E., B. L., C. E., C. C. s/ recurso de casación”, rta. 27 de marzo 2012.

En la ciudad de La Plata a los 27 días del mes de marzo de dos mil doce, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Fernando Luis María Mancini y Carlos Alberto Mahiques, con la presidencia del primero de los nombrados, para resolver en la presente causa Nro. 43.181 caratulada “Q. E., B. L., C. E., C. C. s/ recurso de casación”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: MAHIQUES – MANCINI.
 El Tribunal en lo Criminal Nro. 3  de La Plata absolvió con fecha 31 de marzo de 2010 a E. Q., L. D. B., E. D. C. y C. H. C. en orden al delito por el que mediara acusación fiscal.
 Contra dicha sentencia interpuso recurso de casación la señora fiscal, doctora Rosalía Sánchez.
 Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes cuestiones:
 Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?.
 Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
 A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Mahiques dijo:
 La impugnante se agravió de la declaración de nulidad parcial del acta de fs. ½ y de los otros medios de prueba producidos como consecuencia de ellos con el consiguiente dictado de veredicto absolutorio de los acusados.
Hizo suyo los argumentos del juez que se expide en minoría, argumentando que el acta nulificada cumple con las formalidades exigidas por el código de rito en atención al procedimiento que en el caso en particular se llevó a cabo por los funcionarios policiales.
Explicó que la circunstancia de que el testigo de actuación C. desconociera su firma durante el debate no puede incidir en la entidad convictiva, extremo que  motivó que se solicitara la formación de causa por presunta comisión de un delito de acción pública.
Destacó que los policías actuaron dentro de su ámbito de competencia en el marco de una intervención en flagrancia de delito, pudiéndose secuestrar en poder de los acusados la res furtiva y los instrumentos utilizados en la ejecución del delito, lo cual de no haber sido descalificado en forma arbitraria por el tribunal, habrían llevado a una solución distinta del caso.
 II) Que a fs. 105/vta. el fiscal ante esta Casación, doctor Carlos Arturo Altuve, mantuvo el recurso interpuesto por su colega de grado remitiéndose a los fundamentos del escrito de interposición del recurso para solicitar la casación del pronunciamiento.
III) Que a fs. 112/114vta. la señora defensora ante esta Casación, doctora Ana Julia Biasotti, desistió de la realización de la audiencia de informes presentando el memorial sustitutivo en el que postuló el rechazo de la impugnación por las razones de hecho y derecho que desarrolló en su escrito.
IV) Que antes que ahora tuve ocasión de adherir a la idea de que en el proceso penal rige el principio de la libertad probatoria (Art. 209 del C.P.P.), a partir del cual todos los extremos vinculados con la imputación, salvo los referidos al estado civil de las personas que se determinan exclusivamente por las reglas del Código Civil (art. 281 del C.P.P.), pueden acreditarse por cualquier medio de prueba, de manera que el trámite de redargución de falsedad que el acusador público estima necesario para desvirtuar la fe que sobre la actuación policial da cuenta el acta obrante a fs. 1/2, no aparece como la única vía idónea para tal fin.
Cuando un instrumento público se presenta en el proceso penal como elemento de prueba, debe analizarse a la luz de dos libertades fundamentales que rigen en el sistema de juicio oral de nuestra provincia, la primera, predicable en relación al ejercicio de la actividad probatoria, consagrada en el precitado art. 209 del C.P.P. y, la segunda, atribuible a los jueces al tiempo de ponderar las probanzas recolectadas, que determina la vigencia del sistema de libre convicción razonada o sana crítica racional, contemplado en los arts. 210 y 373 del C.P.P.
La plena fidelidad que brinda el instrumento público en relación a la existencia material de los hechos que enuncia quien lo extiende como cumplidos por él mismo o pasados ante su presencia, no configura una restricción a la libertad probatoria, pues, en esencia, ese efecto frente a terceros derivado de las normas del código civil no aparece como una limitación a la manera de probar un hecho determinado, sino, antes bien, redunda en una constricción a la discrecionalidad de los jueces al formar su convicción sincera, desde que la publicidad del documento, lograda de ordinario por la intervención de un oficial público y el estricto cumplimiento de severas formalidades, le confiere, "iuris tantum", una autenticidad inmediata que, para el juez que meritúa la prueba es en principio insoslayable.
Así, los efectos que en el proceso penal provienen de la existencia de un instrumento público tienen que ver, exclusivamente, con el valor que a dicho elemento de prueba deba asignársele como premisa ineludible dentro del juicio lógico sentencial, fundado en la cualidad esencial de verdadero que le otorga la ley civil. Sin embargo, esa presuposición probatoria siempre debe ir armonizada con la finalidad suprema del derecho procesal penal centrada en el descubrimiento de la verdad real, lo cual implica que aún los datos más celosamente conservados en sus formas para su oponibilidad frente a terceros, deban ceder ante la prueba que, producto del juicio, certeramente acredite lo contrario.
En esta línea de razonamiento, cabe deducir, además, que si el instrumento público en sí mismo no configura una restricción a la libertad probatoria, menos aún podría ser limitativo el mecanismo habitualmente utilizado para desvirtuarlo, máxime cuando el propio digesto civil no prevé un único procedimiento a tal fin, desde que, si bien en el art. 993 C.C. se contempla, específicamente, el trámite de redargución de falsedad, en el art. 989 C.C. aparece prevista la vía de la nulidad como otro carril idóneo para controvertir esa clase de documentos.
En este sentido se ha afirmado en la doctrina especializada que "si la prueba es irrecusable, indubitable, el Juez no podrá cerrar los ojos a esa realidad y tener por cierto lo que está demostrado que es falso" (Borda, "Tratado de Derecho Civil. Parte Gral. T. II, Ed. Perrot).
Apoyando estas conclusiones, nuestro máximo tribunal provincial ha sostenido que "es innecesario considerar si la citada constancia reviste o no el carácter de "instrumento público", ya que aunque así fuera de todas formas los recurrentes no demuestran que la única manera de privar de sus hipotéticos efectos probatorios fuera a través del incidente reglado en el ordenamiento civil" (SCBA, P. 56325, S 4-6-1996, Juez Ghione (SD)).
En esas condiciones, no se advierte demasía decisoria alguna cuando el a quo privó de aquella presunción de fe de la que viene investida el acta de inicio, si escuchado “el testigo de actuación” M. A. C. en el marco de una inmediación inabordable por esta Casación, aquel fue categórico al negar haber presenciado la actividad policial consignada en el acta de mención, en tanto según explicó, ni cerca estuvo del domicilio allanado por los funcionarios policiales, en el cual se habría identificado a los encartados y  secuestrado armas y objetos robados.
En efecto, C. precisó que la madrugada del robo se encontraba en su casa y que jamás concurrió al domicilio en donde tuvo lugar el allanamiento, ni mucho menos presenció la actividad que el acta refiere haberse efectuado en su presencia, explicando que en distintas oportunidades el personal policial lo convocaba a la comisaría a “firmar unos papeles”, negando en este caso que la firma fuera de su puño y letra.
Frente a este panorama, considero que los elementos de prueba valorados por el tribunal –por mayoría- a fin de desvirtuar la eficacia probatoria sobre el secuestro de armas y otros elementos, y la identificación de los aprehendidos, poseen la entidad suficiente para resquebrajar la fidelidad de dicho documento, lo cual en la apreciación probatoria permite desconsiderarlo sin acudir al procedimiento de redargución de falsedad.
Desde luego que no puede tener valor dirimente que aquellas diligencias pudieron haberse realizado, excepcionalmente y bajo específicas modalidades, aún sin contar con la presencia de testigos, pues de lo que se trata aquí,  es de la cristalización en la convicción del tribunal de una sospecha de ilegalidad que tiñe parte del procedimiento, en cuanto –falsamente- se habría consignado que un tercero dio fe de lo actuado respecto de la requisa y secuestro de efectos, aspecto sobre el que dos de los funcionarios interventores no recordaron ni con mínima precisión lo actuado, en tanto otro derechamente desconoció como propia la firma consignada en el acta en crisis, y solamente los dos únicos que rememoraron dicha diligencia, uno lo hizo en sentido discrepante respecto del lugar en donde se habría encontrado un arma y parte de los objetos hallados, en relación con lo asentado dicho instrumento.
En el caso, fue deber de los sentenciantes prolijamente asumido explicitar las circunstancias fácticas concretas a partir de las cuales se conformó en su ánimo una insuperable incertidumbre en relación con el desarrollo de la requisa y secuestro de elementos de cargo, sin que logre evidenciar el recurrente que la duda afirmada en el fallo no sea fundada y razonable, lo cual llevó a la invalidación parcial del acta de fs. ½.
Asimismo debe destacarse, conforme señaló el Tribunal Supremo de España en la sentencia N° 258/2003, resuelta el 25/02/03, que “La presunción de inocencia, constitucionalmente garantizada, impone a la acusación la carga de la prueba por encima de cualquier duda razonable. El control casacional del cumplimiento del referido principio constitucional permite la constatación de la concurrencia de una suficiente prueba de cargo, constitucionalmente obtenida, lícitamente practicada y racionalmente valorada, que fundamente cualquier sentencia condenatoria. Pero la Constitución no incluye un principio de presunción de inocencia invertida, que autorice al Tribunal casacional a suplantar la falta de convicción condenatoria del Tribunal de instancia que ha presenciado personalmente la prueba, revisando la credibilidad de declaraciones que no ha contemplado e introduciendo certeza condenatoria donde el Tribunal sentenciador sólo apreció dudas absolutorias” (recurso N° 323, ponente Don Cándido Conde-Pumpido Tourón).
Es por todo ello que, en mi parecer, nada puede objetarse a la decisión mayoritaria del tribunal de juicio de decretar la nulidad parcial del procedimiento actuado por las fuerzas policiales.
Forzado estoy a señalar que ciñéndome al discurso crítico del recurrente, el acusador público entiende que sin aquella nulificación que llevó a la exclusión de elementos de indudable contenido cargoso, la solución del caso hubiera sido otra, pretendiendo, en consecuencia, la íntegra convalidación del procedimiento policial.
 Hasta allí llega el agravio fiscal, y como no puedo extender la examinación casatoria por fuera de los motivos expuestos en el recurso cuando ello redunde en perjuicio del imputado (doctrina del artículo 435, a contrario sensu, del Código Procesal Penal), me limito a señalar que quizá hubiera sido menester someter a la consideración de este Tribunal, en subsidio, la razonabilidad de las absoluciones resueltas en la instancia, aún con la nulidad y exclusiones probatorias oportunamente dispuestas, habida cuenta que los múltiples indicios de presencia, oportunidad, concordancia numérica y similitud de vestimentas, al que se suma el indicio de fuga de los acusados portando diversos objetos en su poder –que emergen sin ambages del acta parcialmente validada- podrían haber conducido a una distinta respuesta en punto a la intervención autoral de los imputados.
Por todo ello,  VOTO POR LA NEGATIVA.
A esta misma primera cuestión el señor juez doctor Mancini dijo:
 Por idénticos fundamentos adhiero al voto del señor juez preopinante.
VOTO POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Mahiques, dijo:
En virtud de lo que surge del tratamiento de la cuestión anterior propongo se rechace el recurso interpuesto por improcedente (arts. 448, 460, 451, 530, 531 y ccdtes. del C.P.P.).
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, doctor Mahiques, por los mismos motivos y fundamentos.
Así lo voto.
Por lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:

SENTENCIA

I) RECHAZAR por improcedente el recurso de casación interpuesto. (arts. 448, 460, 451, in fine, 530, 531 y ccdtes. del C.P.P.).

Regístrese, notifíquese a la fiscalía, a la defensa  y, oportunamente, devuélvase a la instancia de origen para el cumplimiento de las notificaciones pendientes.

FDO.: CARLOS ALBERTO MAHIQUES – FERNANDO LUIS MARIA MANCINI

ANTE MI: Gonzalo Santillán Iturres

 

 

 


 
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