Instituto de Estudios Penales | Bahia Blanca |

No constituye exceso de plazo de prisión preventiva si se otorgó la excarcelación pero no se abonó la caución y por ello no se accedió al beneficio.

E-mail Imprimir

Causa Nro. 9735 del Registro de esta Sala, caratulada: “ARIAS, Juan Carlos s/recurso de casación”.

Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, rta. 7 de noviembre 2008.


REGISTRO NRO.  11.015  .4

//la ciudad de Buenos Aires, el día           7                                del mes de noviembre del año dos mil ocho, se reúne la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como Presidente y los doctores Augusto M. Diez Ojeda  y Mariano González Palazzo como Vocales, asistidos por el Secretario de Cámara, Matías Sebastián Kallis, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 71/78 de la presente causa Nro. 9735 del Registro de esta Sala, caratulada: “ARIAS, Juan Carlos s/recurso de casación”; de la que RESULTA:
I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de Rosario, provincia de Santa Fe, en la causa Nro. 163/06 de su Registro, con fecha 11 de agosto de 2008, resolvió no hacer lugar al pedido de libertad solicitado por la defensa oficial de Juan Carlos ARIAS (fs. 69/69 vta.).
II. Contra dicha decisión, la señora Defensora Pública Oficial, doctora Rosana Andrea Gambacorta, asistiendo al imputado, interpuso recurso de casación, el que fue concedido a fs. 79/79 vta.
III. Que el recurso de casación lo estimó proceden-te en virtud de lo establecido en el art. 456, inc.  2°), del C.P.P.N, por entender que en el pronunciamiento atacado se incurrió en inobservancia de las formas procesales sancionables con nulidad, por ser arbitrario y carente de fundamentos, afectándose de ese modo los principios y garantías constitucional de defensa en juicio, debido proceso, legalidad, pesunción de inocencia y libertad durante el proceso.
 
Adujo que su pretensión había sido que se disponga la inmediata libertad de su pupilo por haberse cumplido el plazo razonable y legal de detención y no cuestionar nuevamente la modalidad de cuestión, como a su entender, lo consideró el a quo.
Señaló que no existe ninguna norma que autorice a encarcelar preventivamente a una persona por más de tres años y sin embargo su asistido se encuentra detenido desde el 24 de marzo de 2005, con lo que, sin existencia de prórroga alguna excedió con creces el término máximo de duración de la prisión preventiva, configurándose -a su juicio- una “detención ilegal” y por ello peticiona el cese de la medida cautelar.
Argumentó que el dilatado trámite del proceso seguido a ARIAS, que no puede serle atribuido, no debe operar en perjuicio de su derecho a la libertad,  menoscabándose su presunción de inocencia.
Seguidamente de citar las normas que contienen los principios y garantías constitucionales y los tratados internacionales a favor de su postura pero que alegó vulnerados, invocó los fallos “Verbitsky” de la C.S.J.N. y “Suarez Rosero” de la C.I.D.H..
A mayor abundamiento transcribió un considerando del Informe n̊ 2/87 de la C.I.D.H. referido a que la severidad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que no resultan suficientes, luego de transcurrido cierto plazo para justificar la continuación de la prisión preventiva.
Concluyó que no resulta aplicable el art. 11 de la ley 24.390 por las críticas que merece por violar los arts. 16 y 28 de la Carta Magna.
 
En apoyo a esta última tesitura alegó que los delitos por los que resulta acusado su asistido (art. 5, inc. c), agravado por el art. 11, inc. c), de la ley 23.737) es otro elemento que puede ser utilizado para menoscabar la presunción de inocencia, teniendo en cuenta que las personas acusadas por delitos de narcotráfico son automáticamente excluidas de los beneficios de limitación de la prisión preventiva.
Hizo reserva del caso federal
IV. Que realizada la audiencia prevista por el art. 465 bis, en función del art. 454 del C.P.P.N., de lo que se dejó constancia a fs.93, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Que, efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Augusto M. Diez Ojeda y Mariano González Palazzo.
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
  La Defensora Pública Oficial pretende el cese de la prisión preventiva por vencimiento del plazo razonable,  respecto de Juan Carlos ARIAS, detenido desde el 24 de marzo de 2005, imputado de ser coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado (arts. 5, inc. c) y 11, inc. c) de la ley 23. 737); y alega que no le resulta aplicable la exclusión de la limitación temporal de la prisión preventiva, conforme el art. 10 de la ley 24.390 -hoy 11 según ley 25.430-.
  La aparente cuestión a dilucidar del motivo del agravio de la recurrente constituye una discusión abstracta o meramente preceptiva sobre un supuesto problema por incumplimiento legal que no se verifica en la especie, dado que en los argumentos de su planteo soslaya un punto central, núcleo verdadero sobre el cual giran las interpretaciones normativas de la parte y eje del sentido de la decisión de los magistrados de la anterior instancia.     
 
  En efecto, la defensa omitió considerar que la situación de encierro del imputado ya fue ajustada de acuerdo a las previsiones legales y constitucionales que rigen la materia, desde el 10 de septiembre de 2007, concediéndosele la excarcelación bajo caución real que a la sazón se fijó en $ 25.000.- (cfr. fs. 3/5vta. y fs. 43/46 Registro Nro. 10.736.4). Por ende no corresponde controlar la razonabilidad del plazo de duración de la medida cautelar impuesta, toda vez que su libertad ya ha sido decretada.
  Tal como lo sostuviera en el anterior resolutorio de autos en oportunidad en que la Defensa Pública Oficial propusiera la sustitución de la caución real fijada por una juratoria, entiendo que la naturaleza de la fianza, resulta ajustada a derecho, con remisión a los argumentos vertidos en aquella ocasión (cfr. Registro Nro. 10.736 obrante a fs. 58/61). 
  La circunstancia de que el imputado no haya aportado la caución por un situación ajena a la jurisdicción no implica necesariamente, que por el paso del tiempo, se deba en el caso adoptar automáticamente un nuevo temperamento respecto de la libertad del acusado que -reitero- ya ha sido dispuesta, vencido el plazo previsto en el art. 1 de la ley 24.390, al menos hasta que no se consignen razones que justifiquen una disminución o cambio de garantía procesal.
  En otras palabras, la libertad de ARIAS ha sido posibilitada dentro de un término razonable y con anterioridad e independencia del análisis de su detención que se pueda hacer en relación con la aplicación o no de la última norma de la ley referida a los plazos máximos de duración de la prisión preventiva.    
  Lo dicho no implica desconocer que la “ratio  essendi” del art. 10 de la ley 24.390 (actual  art. 11  de  la  ley  25.430)  estuvo  dada  por la voluntad de dar estricto cumplimiento al compromiso internacional  asumido por la República Argentina por medio de la ley  24.072  al ratificar la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas -suscripta  el  19 de diciembre de 1988-, y la exclusión comprendió a las conductas que los legisladores  consideraron  como más graves  en  materia  de  delitos  vinculados  con  el  tráfico de estupefacientes. 
 
  En definitiva, toda vez que la  procedencia  del  cese  de la medida cautelar, que ahora se pueda hacer en  los términos normados por la ley 24.390 ya fue evaluada anteriormente atendiendo a los parámetros del los art. 2, 280 y 319 del C.P.P.N. y teniendo en cuenta  las  restantes condiciones personales del imputado,  el  remedio  deducido  contra  la  resolución  del Tribunal Oral que no hizo lugar al pedido de libertad de ARIAS que ya había sido declarada factible -aunque condicionada- luce improcedente.
  En razón de ello, voto por el rechazo del recurso sin costas.
  El señor juez Augusto M. Diez Ojeda dijo:
  Que adhiero a la solución propuesta en el voto que lidera el acuerdo.
  El señor juez Mariano González Palazzo dijo:
  Que adhiero al voto que lidera el acuerdo.
  Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal
  RESUELVE:
  I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto a fs.71/78 por la señora Defensora Pública Oficial, doctora Rosana Andrea Gambacorta, asistiendo a Juan Carlos Arias,  sin costas (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
  II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.
  Regístrese, notifíquese y, oportunamente, remítase la causa al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de Rosario, provincia de Santa Fe, para que se notifique al imputado lo resuelto en esta Sala y demás efectos, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.
                           
                                 
                                                                 GUSTAVO M. HORNOS   


      MARIANO GONZÁLEZ PALAZZO                                                             AUGUSTO M. DIEZ OJEDA


Ante mí:
 
         MATÍAS SEBASTIÁN KALLIS
       Secretario de Cámara


 
You are here: Home Derecho Procesal Penal Medidas de Coerción Jurisprudencia Nacional No constituye exceso de plazo de prisión preventiva si se otorgó la excarcelación pero no se abonó la caución y por ello no se accedió al beneficio.

 Consultas

Las consultas pueden realizarse a info@iestudiospenales.com.ar. No se responderán cuestiones atinentes a accionares delictivos y procedimientos a seguir en su caso.   

Artículos de Doctrina.

El Instituto de Estudios Penales invita a estudiantes de derecho y abogados, a realizar trabajos personales propios de la temática penal o filosófico penal. Presione aquí para mas información.

 Facebook

El Instituto de estudios penales posee su cuenta en facebook, si desea hacer consultas por esta vía presione aquí.