Derecho Penal

Nulidad por asunción de actividad instructoria por el juez correccional (soslayamiento del sistema acusatorio).
Derecho Procesal Penal - Jurisprudencia Provincial

Causa N° 20111, caratulada “F., D. O. s/ Recurso de Casación interpuesto por el agente fiscal (UFJ Nº 3)”.

Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. rta. 12 de marzo 2009.

En la ciudad de La Plata a los doce días del mes de marzo dos mil nueve, siendo las ....... hs., se reúnen en acuerdo ordinario los Jueces de la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Angel Natiello, Horacio Daniel Piombo y Benjamín Ramón María Sal Llargués, con la presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 20111 de este Tribunal, caratulada “F., D. O. s/ Recurso de Casación interpuesto por el agente fiscal (UFJ Nº 3)”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debe observarse el orden siguiente: SAL LLARGUES – NATIELLO - (art. 451 in fine del C.P.P. –ley 13812-) procediendo los nombrados magistrados al estudio de los siguientes:

   A N T E C E D E N T E S
Llega la presente a este Tribunal por recurso propio del Sr. Agente Fiscal de la Fiscalía de Juicio Nº 3 del Departamento Judicial  Azul con asiento en la ciudad de Tandil, Dr. Gustavo Agustín Echeverría, contra la sentencia -en el marco de un acuerdo de juicio abreviado- de fecha 28/3/05 en causa Nº 458 del registro del Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Azul que absolvió a D. O. F. por el delito de cohecho activo que se le imputara .
El impugnante denuncia inobservancia o errónea aplicación de los arts. 28, 210, 201 y sgtes. del C.P.P., y el art. 258 del C.P. en tanto la mayoría del Tribunal a quo no ha valorado en la sentencia las escuchas telefónicas y su secuelas procesales, por considerar que las mismas han sido ordenadas y efectuadas por un juez incompetente y tardía la declaración de incompetencia del Sr. Juez Correccional interviniente en la primera etapa (Juzgado Correccional Nº 2 de Azul).
Fundamenta su agravio descartando cualquier asimilación entre el hallazgo casual de delitos en la actividad normal de un Juez Correccional en materia contravencional –la especie en tratamiento-, con un allanamiento ilegal o con escuchas telefónicas practicados sin orden judicial. Descarta violación alguna al derecho de defensa en juicio en ninguno de sus particulares contenidos, aseverando que a fortiori se vio amplificada por dos magistrados sucesivamente (primero el Juez Correccional y luego el de Garantías) ante los cuales no se menguaron sus prerrogativas que incluso pudieron ejercitarse en el debate, de no haberse acordado el procedimiento de juicio abreviado.
En relación a la temporaneidad de la declinación parcial de competencia, manifiesta que “...el Sr. Juez Correccional guardó una conducta absolutamente ajustada a los procedimientos vigentes y al tener una relativa certeza de la existencia de los ilícitos las remitió a la unidad funcional de instrucción en turno.” . Trae en su auxilio el voto en disidencia en el que se hace hincapié en los principios de preclusión y cosa juzgada, lo normado por el art. 18 de la Ley de Telecomunicaciones, y lo resuelto en las sentencias en juicio abreviado de otros coimputados y por la Cámara de Apelación y Garantías en causa Nº 21.900  (fs. 364/383vta. y fs. 342/362 del presente legajo, respectivamente).
Refuerza su argumento afirmando que la doctrina de los frutos del árbol venenoso se relaciona con prueba obtenida de forma ilegal, o sea, que provenga de un delito y en ese punto reitera que las escuchas telefónicas de esta investigación fueron ordenadas en una causa contravencional por el juez competente de ella en función de lo normado por el art. 24 inc. 3º del C.P.P..
En ese orden de ideas destaca que el a quo no ha decretado su nulidad conforme arts. 201 y sgtes. del C.P.P., sino que por el contrario no han sido valoradas atento su modo de incorporación al proceso.
Insiste en el carácter instantáneo e irreproducible de las escuchas telefónicas a los fines del art. 28 del código de forma.
Peticiona se case la sentencia y se condene al imputado a la pena acordada.
Concedido el recurso, y radicado en esta Sala (fs. 423 y 430) se actuaron las notificaciones de rigor, y a fs. 432/434vta. se expidió la Sra. Fiscal de Casación Adjunta. En su presentación respalda la constitucionalidad de la facultad recursiva fiscal citando precedentes de este Tribunal, y la irreprochabilidad de la actuación del Sr. Juez Correccional. Mantiene el recurso en todos sus términos y peticiona se case la sentencia y se reenvíen las actuaciones a un Tribunal competente para su resolución.
Sustituida la defensa particular por el Ministerio Público (fs. 436/444) se expide el otrora Defensor Oficial Adjunto ante esta sede a fs. 445/446vta. propiciando el rechazo de la impugnación. Acompaña a los sentenciantes -en mayoría- en la consideración de la conculcación del derecho a la intimidad consagrado en los arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 12 incs. 4 y 5 de la Const. Prov., y 229 del C.P.P.. Hace hincapié en que la orden de interceptación no constituyó un auto fundado sino un simple despacho y si bien fue ordenada por un juez, éste no intervino como tercero imparcial sino como juez de faltas, es decir, instructor vulnerando el principio de igualdad entre acusador e imputado (art. 8.2 CADH). Resalta que no se dio intervención inmediata al Fiscal (art. 287 inc. 1º, 56, 266 y ccs. del C.P.P.), y que son inatingentes las referencias a los principios de preclusión y cosa juzgada cuando de lo que se trata es de la violación de garantías constitucionales en la incorporación de la prueba. Finaliza efectuando formal reserva de ocurrir a la SCBA interponiendo recurso de inaplicabilidad de ley y a la CSJN por extraordinario federal (arts. 494 del C.P.P. y art. 14 de la 48).
Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, los magistrados de la Sala I del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires resolvieron plantear y resolver las siguientes:

    C U E S T I O N E S
1ra.) ¿Es admisible el recurso de casación deducido?
2da.) ¿Se han demostrados las violaciones legales denunciadas?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

 A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Sal Llargués, dijo:
El recurso se anunció y se interpuso en los plazos del art. 451 (constancias de fs. 404, 405 y 412 del presente legajo) por parte legitimada, se invocaron motivos de los contenidos en el art. 448 y se dirige  contra una decisión de las contenidas en el art. 452 inc. 1º, que resulta sin lugar a dudas sentencia definitiva en los términos del art. 450 -todos del código de forma-.
 Voto por la afirmativa.

A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Sal Llargués y doy el mío en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.

 A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Sal LLargués, dijo:
 Contra lo que reclama la acusadora ante estos estrados, creo que el recurso no puede acogerse.
 El a quo ha dado cabal explicación a la medida adoptada fundándola en normas de la más alta jerarquía toda vez que quien llevara adelante la recolección de la prueba de cargo en la presente no podía ignorar que esa faena excedía sus facultades y que –de ese modo– exponía sus adquisiciones a resultados como el que ahora pretende remontar la recurrente.
 Cualquiera haya sido el propósito del proveyente (nada autoriza a suponer que pretendía una ilegalidad) lo cierto es que asumió funciones instructorias de las que carece y le están vedadas y ello determina que su actuación sea descalificada por fundarse en un exceso que no puede tener otra sanción que la nulidad.
 La doble función que se asigna a los Jueces Correccionales en tanto encargados de administrar la justicia contravencional no lo autoriza a llevar al procedimiento penal las facultades de que disfruta en ese otro orden, ello por aquello de quien puede lo más puede lo menos y no a la inversa.
 Voto por la negativa.

 A la misma segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
 Adhiero al voto del doctor Sal Llargués y doy el mío en igual sentido y por los mismos fundamentos.
 Voto por la negativa.

A la tercera cuestión planteada el señor Juez, doctor Sal Llargués, dijo:
 Visto el modo como han sido resueltas las cuestiones precedentes corresponde: 1) declarar admisible el recurso de Casación interpuesto por el Agente Fiscal titular de la Fiscalía de Juicio Nº 3 del Departamento Judicial Azul, doctor Gustavo Agustín Echevarría, en causa Nº 458 seguida a D. O. F.; 2) rechazar por no haberse demostrado las violaciones legales, sin costas. (Arts. 210, 373, 448, 450, 451, 452 inc. 1, 456 primer párrafo, 530 y 532 del C.P.P.; 258 del C.P.) y; 3) tener presente la reserva del caso federal planteada a tenor del art. 14 de la ley 48.
Así lo voto.

 A la misma tercera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
 Adhiero al voto del doctor Sal Llargués y doy el mío en igual sentido y por los mismos fundamentos.
 Así lo voto.

 Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:

S E N T E N C I A
 Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I.- Declarar admisible el recurso de Casación interpuesto por el Agente Fiscal titular de la Fiscalía de Juicio Nº 3 del Departamento Judicial Azul, doctor Gustavo Agustín Echevarría, en causa Nº 458 seguida a D. O. F.
II.- Rechazar el mismo, por no haberse demostrado las violaciones legales, sin costas.
Arts. 210, 373, 448, 450, 451, 452 inc. 1, 456 primer párrafo, 530 y 532 del C.P.P.; 258 del C.P. y;
III.- Tener presente la reserva del caso federal planteada a tenor del art. 14 de la ley 48.
Regístrese. Notifíquese. Remítase copia certificada de lo aquí resuelto al tribunal de origen. Oportunamente remítase.
CARLOS A. NATIELLO - BENJAMIN R. SAL LLARGUES
ANTE MI: Carlos Marucci

 

 
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