Derecho Penal

Incorporación de prueba por su lectura.
Derecho Procesal Penal - Jurisprudencia Provincial

Causa nº 12.349, caratulada “M. T., O. y M. V. M. s/Recurso de Casación”.

Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, rta. 18 de noviembre 2006.

C-12.349
En la ciudad de La Plata, a los 18 días del mes de noviembre dos mil ocho, reunidos los integrantes de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Fernando Luis María Mancini, Carlos Alberto Mahiques y Jorge Hugo Celesia, con el objeto de resolver en la causa nº 12.349 del registro de este Tribunal, caratulada “M. T., O. y M. V. M. s/Recurso de Casación” y habiéndose efectuado el sorteo para establecer el orden en que los señores jueces emitirán  sus votos, resultó el siguiente orden de votación: Dres. CELESIA – MANCINI - MAHIQUES.
A N T E C E D E N T E S
El Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 3 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, resolvió en la causa Nº 333/3, con fecha 27 de noviembre de 2002, condenar a V. M. M. a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de Robo calificado por el empleo de arma (Hecho I), Robo simple (Hecho II y III), y autor de Resistencia a la autoridad en concurso ideal con Abuso de armas en concurso real con Tenencia ilegal de arma de guerra (Hecho IV), todos ellos concursando materialmente entre si; y a O. M. T. o J. R. G. P. a la pena de doce años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de Robo calificado por el empleo de arma (Hecho I), Robo simple (Hechos II y III), y autor de Resistencia a la autoridad en concurso ideal con Abuso de armas en concurso real con Tenencia ilegal de arma de guerra(Hecho IV) todos ellos concursando materialmente entre si.
Contra dicho resolutorio el Defensor Oficial Adjunto de dicho departamento judicial, Dr. Roberto C. Fernández, interpuso recurso de casación a fs. 89 y vta.
Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
C U E S T I O N E S
Cuestión previa ¿ Se encuentra prescripta la acción penal seguida a O. M. T. o J. R. G. P. y a V. M. M. por los delitos de resistencia a la autoridad y abuso de armas (Hecho IV)?
Primera cuestión  ¿Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto?
Segunda cuestión ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Celesia dijo:
El art. 59 del C.P. enumera los casos en que la herramienta que impulsa y mantiene activa la persecución punitiva del estado, la acción penal, pierde todos sus efectos. Entre uno de los supuestos allí contenidos se encuentra en el inc. 3º el instituto de la prescripción.
La prescripción de la acción penal es una limitación normativa al ejercicio de la acción derivada de un delito, consistente en la restricción temporal de la persecución penal.     
En la causa traída a estudio por los delitos de resistencia a la autoridad y abuso de armas (hecho IV) se ha tornado imposible continuar con el ejercicio de la acción en virtud de encontrarse la misma prescripta, toda vez que, de acuerdo a las modificaciones introducidas por la ley 25.990 al art. 67 del C.P., ha transcurrido sin interrupciones el plazo legal del art. 62 inc. 2º del C.P. en relación con los arts. 104 y 239 primer párrafo del mismo cuerpo legal, exigido como condición de viabilidad para la extinción de la acción por el transcurso del tiempo.
El día 27 de noviembre de 2002 se dictó la sentencia que interrumpió el curso de la prescripción que se encontraba vigente por los delitos de resistencia a la autoridad y abuso de armas (hecho IV), pero desde esa momento hasta la actualidad han trascurrido los plazos de prescripción establecidos en el art. 62 inc. 2º del C.P. para los delitos imputados, sin que se haya verificado ningún acto interruptivo de su curso a la luz de la nueva redacción del art. 67 del C.P.
Asimismo, conforme lo informado a fs. 159, desde aquella fecha tampoco se verifica la causal de interrupción por la comisión de un nuevo delito.
En virtud de todo lo expuesto, propongo se declare la extinción de la acción penal por prescripción respecto de los delitos de resistencia a la autoridad y abuso de armas en concurso ideal (hecho IV) que  se le imputara a V. M. M. y a O. M. T. o J. R. G. P.
Arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2º, 67 –a contrario sensu- (según ley 25.990), 104 y 239 del C.P.
Voto por la afirmativa.
 A la misma cuestión el señor Juez doctor Mancini dijo:
 Adhiero por sus fundamentos al voto de mi colega preopinante Dr. Celesia.
 Así lo voto.
 A la misma cuestión el señor Juez doctor Mahiques dijo:
 Adhiero por sus fundamentos al voto de mi colega preopinante Dr. Celesia.
 Así lo voto.
 A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Celesia dijo:
 I- Llegan estos autos al Tribunal en virtud del recurso de casación interpuesto por el Defensor Oficial Adjunto de la Unidad  de Defensa Penal Nro. 4 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal Nro. 3 de esa Jurisdicción, por la que se condenara a su asistidos V. M. M. a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de Robo calificado por el empleo de arma (Hecho I), Robo simple (Hecho II y III), y autor de Resistencia a la autoridad en concurso ideal con Abuso de armas en concurso real con Tenencia ilegal de arma de guerra (Hecho IV), todos ellos concursando materialmente entre si; y a O. M. T. o J. R. G. P. a la pena de doce años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de Robo calificado por el empleo de armas (Hecho I), Robo simple (Hechos II y III), y autor de Resistencia a la autoridad en concurso ideal con Abuso de armas en concurso real con Tenencia ilegal de arma de guerra(Hecho IV) todos ellos concursando materialmente entre si.
El recurrente denunció en su escrito cinco motivos de agravio: 1) la vulneración de la garantía de “defensa en juicio” y el “debido proceso legal” consagrados en los arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N. a través del art. 8 inc. 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del art. 14 inc. 2 d) del Pacto de derechos Civiles y Políticos. Sustenta dicho reproche en la valoración absolutamente arbitraria que, a su entender, hizo el a quo de un testimonio no incorporado al debate; 2) la inobservancia del art. 44 del C.P., entiende que con respecto al Hecho II se ha verificado un supuesto de tentativa inidónea, por lo tanto al no haberse demostrado peligrosidad por parte de los sujetos activos solicita que se los absuelva libremente; 3) considera que se verifica un “vicio in iudicando” al entender el sentenciante que media concurso real entre los desapoderamientos aplicándose erróneamente el art. 55 del C.P., pues según su postura resulta de aplicación el delito continuado; 4) interpreta que en autos no está probada la presunta tenencia ilegal de arma de guerra respecto de su defendido J. R. G. P., siendo arbitraria la sentencia en este punto; y 5) sostiene la errónea aplicación e inobservancia de la ley sustantiva en lo que hace a la determinación del quantum punitivo y en consecuencia la violación de los arts. 1, 18 y 75 inc. 22 de la C.N. (art. 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 5 de la Convención Americana), 168 de la Constitución Provincial, 40 y 41 del C.P., 1, 106 y 375 del C.P.P.
II.-A su turno toma intervención la Sra. Defensora ante esta instancia, Dra. Ana Julia Biasotti a fs. 142 y vta., quien mantiene el recurso deducido por el defensor oficial de los encartados y advierte que las acciones penales relativas a los delitos de resistencia a la autoridad y abuso de armas se hallarían extinguidas por prescripción.
III.-A fs. 144 y vta. toma intervención el Sr. Fiscal ante esta instancia, Dra. Alejandra Marcela Moretti, quien considera que el recurso de casación merece parcial acogida en tanto entiende que el Tribunal omitió pronunciarse sobre las atenuantes que la defensa oportunamente propuso y reitera en esta sede, omisión que importa la manifiesta inobservancia de los arts. 371 del C.P.P. Y 168 de la Constitución Provincial.
IV.1)Como primer motivo de agravio manifestó el disconformado que el Tribunal valoró un testimonio que no fue incorporado al debate y señaló, además, que la valoración realizada fue absolutamente arbitraria.
Sostiene que sus defendidos fueron condenados por el robo agravado por el empleo de arma de fuego en base a un testimonio que jamás se incorporó por lectura al debate y que sin embargo, fue valorado por el a quo en la sentencia.
Indica que si se analiza detenidamente el acta de fs. 451/461  se puede observar que las partes discutieron sobre la incorporación por lectura del testimonio brindado en sede policial por el Sr. J. C. C., pero a su entender el tribunal jamás resolvió sobre esa cuestión.
Concluye que al no resolverse la oposición presentada por el recurrente, toda valoración que se haga en la sentencia de ese testimonio resulta improcedente, incurriendo el sentenciante en arbitrariedad en la ponderación de la prueba y en una afectación de lo normado por el art. 168 de la Constitución Provincial.
Considera que el sentenciante quebrantó las formas esenciales del proceso en la valoración de la prueba de conformidad con lo normado en los arts. 1, 106, 210 y 371 del ritual.
Asimismo, sostiene que aún interpretando erróneamente que el testimonio fue aceptado tácitamente, la revocación de la sentencia igualmente resulta procedente, ya que el Tribunal fue arbitrario en la valoración de la prueba del Hecho I.
Entiende que la ponderación del testimonio resulta violatoria de la garantía de defensa en juicio (art. 18 de C.N.), ya que imposibilitó a la defensa ejercer control sobre esa prueba.
Argumenta que la Sra. Fiscal solicitó la incorporación por lectura del testimonio de J. C. C. de fs. 28 debido a que de las notificaciones acompañadas surgía que el testigo se había ido a vivir a España, siendo uno de los supuestos previstos en el inc. 3º del art. 366 del C.P.P.
Sin embargo, el quejoso considera que en el caso el paradero del testigo fue fehacientemente determinado y que por lo tanto, no se trata de un supuesto contemplado dentro de las autorizaciones del artículo 366 del ritual. Así, señala que pese a que se sabía dónde estaba el testigo y que regresaría al país, nada se hizo para determinar su paradero exacto ni su fecha de regreso, aunque argumenta que el juicio no podía postergarse debido a que sus defendidos cumplían tres años en prisión preventiva.
Entiende que el único elemento de cargo que permite sostener la autoría de los imputados es el testimonio de C. de fs. 28, ya que el acta de fs. 7 valorada en la sentencia lo único que prueba es el hallazgo y secuestro de un auto estacionado con las luces prendidas y la parte delantera chocada a escasas cuadras del lugar donde se produjo el hecho una hora y media después de que sus defendidos fueran detenidos.
Por otra parte, indica que de los testimonios de los preventores R. E. D. y H. G. B. nada se desprende respecto de las posibles características físicas de las personas que le sustrajeron el auto a C. En consecuencia, se pregunta cómo es posible afirmar que sus defendidos fueron quienes desapoderaron a C.
Seguidamente el recurrente detalla algunas cuestiones que, a su criterio, no fueron valoradas en el fallo y que le restarían logicidad al mismo. Se refiere en primer lugar, a las diligencias de reconocimiento por fotografía y en rueda de personas respecto de M. y de G. P. o M. T. a las que fue convocado C. Ambas dieron resultado negativo y se practicaron dieciocho y veintiún días después de la detención de los  imputados.
Interpreta que si se ordenó la realización de esas diligencias fue porque se necesitaba dar un salto cualitativo en la certeza, siendo imprescindibles. Sin embargo, el Tribunal omitió tratar la cuestión.
En segundo lugar, menciona que la pieza de fs. 28 impide conocer si se trató de la conducta descripta en el art. 164 del C.P. o de alguna de las figuras agravadas. Así, la omisión de haber pedido la incorporación por lectura de la denuncia impidió que los testimonios brindados ese día pudieran ser cotejados para echar luz sobre el suceso.
Al cotejar el acta con la requisitoria de elevación a juicio se verifica que lo afirmado por A. W. (víctima del hecho II) y H. J. C. ( víctima del hecho III) no resultan ser fiel reflejo de lo que los testigos afirmaron a la policía.
Argumenta que la Fiscal de Juicio expresó en el debate que quedó absolutamente probado que ni W. ni C. fueron intimidados mediante el empleo de armas. En ese sentido, y siguiendo el criterio de sana crítica racional en la valoración de la prueba afirma que resulta descabellado sostener que sus asistidos fueron quienes desapoderaron al Sr. C. tomando como base del reproche solo el testimonio de fs. 28.
Propone como solución al primer agravio que se case parcialmente la sentencia y se absuelva a M. y a P. o M. T. en orden al delito de robo agravado por el empleo de arma (art. 166 inc. 2 del C.P.), considerando improcedente el reenvio de las actuaciones.
Asimismo, señala que la celebración de un nuevo juicio resultaría contraria a la garantía prevista en el art. 8 inc. 2 h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y del debido proceso legal.
El agravio no puede prosperar.
Al analizar detenidamente el acta de debate como propone la defensa, si bien es cierto que se puede observar que las partes discutieron sobre la incorporación por lectura del testimonio brindado por la víctima C. en sede policial, no es posible derivar la conclusión de que el Tribunal no hubiera resuelto sobre esa cuestión.
Así, de la lectura del acta de debate surge que el Ministerio Público Fiscal tuvo por acreditado el Hecho I y la autoría de los imputados mediante la declaración testimonial de fs. 28 y respecto de dicha prueba indicó específicamente “que fuera incorporada por su lectura durante el curso del debate”.
Asimismo, a fs. 66 del acta, la defensa alude -en oportunidad en que le es concedida la palabra para alegar-, al testimonio de fs. 28 como una de las pruebas que no permitió verificar la participación de los imputados en el robo que damnificó a C.
Es decir, lo que se desprende del análisis efectuado, es que la oposición fue resuelta en el debate por el Tribunal aunque no fuera plasmada por escrito en el acta de debate. Finalmente, lo concluido resulta confirmado por la sentencia cuando el a quo al tratar la cuestión primera del veredicto, entendió que la materialidad ilícita del Hecho I resultó acreditada a partir de la declaración testimonial de fs. 28 “la que fue incorporada por su lectura durante la audiencia de debate”.
Por otra parte, entiendo que no resulta censurable la decisión de permitir la incorporación por lectura del testimonio de fs. 28, vertido en la etapa instructoria por la víctima C., en el que se relataron las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho del que resultara damnificado.
En primer lugar, corresponde señalar
que el recurrente no realiza un concreto ataque tendiente a acreditar la ausencia de las exigencias previstas por la ley procesal para autorizar la incorporación de prueba producida con anterioridad al debate, limitándose a alegar que la imposibilidad de control por su parte afecta la garantía de defensa en juicio prevista en el art. 18 de la C.N.
El artículo 366 del C.P.P. Vigente al momento de la celebración del debate, cuando regula en la etapa de juicio la incorporación por  lectura de algunos elementos que fueron colectados durante la investigación, establece soluciones diferentes en función de la naturaleza de los medios de prueba y sus posibilidades de reproducción en la audiencia de debate.
En algunos casos, pues, el Código dejaba librada a la voluntad unánime de las partes la incorporación por lectura de los elementos de prueba enteramente reproducibles en el debate (inciso 1º), y en otros, en los que la agregación no dependía de esa unanimidad, igualmente conferían a las partes la facultad de exigir la comparencia de quienes habían intervenido en tales diligencias (inciso 5º), o bien, de fundar la necesidad de su reproducción en la audiencia (inciso 6º).
Pero cuando dicha reproducción en forma oral no resultaba factible, ya sea por una imposibilidad material o por un obstáculo legal, el artículo 366 habilitaba la incorporación por lectura de determinados actos, como las declaraciones de los imputados vertidas en la IPP (inciso 2º), o las de aquellos declarados rebeldes o condenados como partícipes del hecho punible objeto del debate (inciso 4º), o las de quienes al momento de la audiencia hubiesen fallecido, se hallaren inhabilitados para declarar o se encontrasen ausentes sin poderse determinar su paradero (inciso 3º). Lo mismo sucedía con los actos definitivos e irreproducibles mencionados en el artículo 274 (inciso 7º).
 Al respecto, estimo que la aplicación en el caso de la disposición contenida en el art. 366 inc. 3° del rito no conllevó la vulneración de ninguna garantía constitucional.
Tal como lo sostuviera en el precedente “G. ” (c. 7511, sent. del 16-VII-2002), parece necesario distinguir la posible nulidad (arts. 201 y ss. del C.P.P.) o exclusión probatoria (art. 211 del C.P.P.) de determinados actos investigativos en virtud de la afectación de derechos constitucionales, de la ulterior posibilidad de incorporarlos por lectura (art. 366 del C.P.P.) limitando con ello la oralidad e inmediación que caracterizan el debate previsto para el juicio común en nuestro actual sistema procesal.
 En el caso de testimonios recibidos en la etapa investigativa sin posibilidad de control de la defensa, el eventual detrimento al derecho constitucional garantizado por los arts. 8 inc. 2 "f" de la C.A.D.H. y 14 inc. 3 "e" del P.I.D.C.P. se produce cuando es recibida la declaración o denegada la petición de la defensa de interrogar al testigo y no en el debate cuando, habiéndose tornado ya imposible el ejercicio de aquel derecho, se decide la incorporación por lectura de la diligencia en virtud, en el caso, de la ausencia del testigo.
Sin perjuicio de que las garantías consagradas por el art. 8 inc. 2 "f" de la C.A.D.H. y 14 inc. 3 "e" del P.I.D.C.P. referidas, respectivamente, al derecho a interrogar a los testigos presentes en el tribunal y al de hacer lo propio con los testigos de cargo no pueden estimarse absolutas, sino sujetas a excepciones reglamentarias que no las alteren ni supriman mediante una regulación irrazonable o manifiestamente inequitativa (conf. arts. 14 y 28 de la C.N.), lo cierto es que el art. 366 inc. 3º del C.P.P., en sí mismo, no introdujo ninguna restricción a aquel derecho ni al principio de bilateralidad e igualdad entre las partes, sino que sólo permitía la incorporación por lectura de testimonios de la instrucción en supuestos excepcionales en los que la reproducción y control de esa prueba resulta ya imposible.
 El P.I.D.C.P. consagra el derecho a interrogar a los testigos de cargo, y si bien no aclara que ello sólo opera respecto de los "presentes en el tribunal", como sí lo hace la C.A.D.H., la garantía no puede sino interpretarse con este último alcance o, en todo caso, no parece prudente extenderla respecto de testigos muertos, ausentes o inhabilitados, como tampoco correspondería entender –en los mismos supuestos- conculcado el derecho a "hacer comparecer a los testigos de descargo" contenido en el mismo dispositivo legal (art. 14 inc. 3 "e" del P.I.D.C.P.), aun cuando la norma tampoco aclare que ella no resulta aplicable en aquellas situaciones de excepción.
 Siendo entonces que el art. 366 inc. 3 del C.P.P. es enteramente compatible con la C.A.D.H.; y que el P.I.D.C.P. sólo garantiza el derecho a interrogar a los testigos de cargo y hacer comparecer a los de descargo sin prescribir que ello opere aun frente a supuestos excepcionales en los que aquel control o la comparecencia hayan devenido fácticamente imposibles, no puede estimarse sino que nuestra regulación procesal referida a la incorporación por lectura de ciertos testimonios no resulta opuesta, sino complementaria de los referidos instrumentos internacionales, al fijar en forma razonable sus alcances concretos, sin alterar el debido proceso ni restringir en forma irrazonable los principios de oralidad e inmediación, resguardando así el cumplimiento de los fines del proceso penal y, eventualmente, la actuación del derecho sustantivo.
 En el caso de autos, la incorporación por lectura decidida por el Tribunal de grado se encontró respaldada por las previsiones del artículo 366 inciso 3 del Código ritual, debido a la imposibilidad sobreviniente de reproducir en el debate las declaraciones de la víctima C., y en función de lo expuesto propicio el rechazo de este tramo de la queja.
En cuanto a la valoración del testimonio incorporado por lectura, considero que tampoco resultan atendibles los cuestionamientos del recurrente.
El reconocimiento fotográfico o en rueda de personas constituye un medio de prueba, entre otros semejantes, tendiente a establecer la identidad o identificación de una persona por medio de otra que dice conocerla o haberla visto. Como medio de prueba, el reconocimiento, no introduce ninguna modificación al principio general de la sana crítica que rige la valoración de la prueba.
Es así que no se demostró que el resultado negativo de los reconocimientos a los que alude el quejoso, fueran elementos esenciales para la decisión del sub lite, ni que su desconsideración por parte del Tribunal haya sido arbitraria y escape al ejercicio de una facultad que, como la de selección de la prueba, resulta privativa de los jueces de mérito.
Tiene dicho esta Sala que mientras el resultado positivo de un reconocimiento en rueda resulta una presunción fuerte de autoría, pues la víctima identifica al sujeto directamente como el autor sin que quepan otras posibilidades de interpretación, un resultado negativo no permite presumir con el mismo grado de certeza que el imputado no fue el autor del hecho, desde que la falla en la identificación puede deberse a una cantidad de factores, tales como que el testigo no pudo verle la cara por la oscuridad del lugar, que el nerviosismo propio del momento del hecho le impidiera recordar los rasgos de su agresor, entre otros.
Al pronunciarse el sentenciante en la segunda cuestión del veredicto consideró que quedó demostrada la autoría de los imputados en relación al Hecho I. En ese proceso de valoración integral del material probatorio, el a quo detalló y ponderó los elementos que lo llevaron a formar su convicción respecto de los hechos narrados por la víctima C. en su declaración de fs. 28.
El acta de secuestro de fs. 7 no sólo dió cuenta del secuestro de un auto chocado en su parte delantera y con las luces prendidas, sino que se trataba del vehículo marca Ford K propiedad de C. en el que los imputados dieron inicio a su raid delictivo.
Tal como lo expresó el Tribunal, la descripción física de los acusados vertida en el acta de fs. 28, así como la que obra a fs. 7, coincide con la relatada por C. en el debate y con lo manifestado por el personal policial que mantuvo un enfrentamiento con los sujetos que culminó en su detención.
Así, el Tribunal verificó que la individualización física de los imputados se correspondía con la realidad, compadeciéndose dicha descripción con las características de los imputados que fueron detalladas al momento de su aprehensión en las actas de fs. 2/3 y 5.
Por otra parte, las mencionadas actas dieron cuenta del itinerario seguido por los imputados, el tiempo existente entre la comisión de uno y otro hecho que se condice con las distancias recorridas y las circunstancias que rodearon a cada uno de los hechos. C. es desapoderado de su vehículo en la puerta de su domicilio en Bernal aproximadamente a las 19.40 horas, el Ford K es abandonado -luego de ser colisionado- en las calles Bahía Blanca y Bolívar de Wilde, siendo que a las 20.00 horas a W. le sustraen su automotor Polo Classic en la calle Bahía Blanca Nº 470 de esa localidad para abandonarlo al activarse su alarma a escasos metros de la Comisaría de Wilde, donde C. en la calle Bragado, casi intersección con La Flores, es desapoderado del automóvil Corsa con el cual finalmente los imputados se enfrentaron con el personal policial. Sumado al material probatorio detallado, en poder de M. se secuestró la billetera propiedad de W.
Considerando la secuencia histórica en la que se produjeron los hechos tal como la describe el a quo, no se advierte que de ese mismo material probatorio pueda inferirse que las cosas hubieran de una manera diferente, la operación que determinó la convicción del sentenciante se apoyó rigurosamente en la lógica, la observación y la experiencia siguiendo un razonamiento inobjetable, lo que me lleva a propiciar el rechazo de este agravio.
Finalmente, y en cuanto a la conducta descripta por C. en su declaración de fs. 28, no se advierte que las argumentaciones traidas por el recurrente logren desvirtuar lo afirmado por la víctima. Es así que del acta de debate no surgen motivos que hagan suponer que lo que los testigos W. y C. relataron en sede policial no resultara ser fiel reflejo de la versión volcada en el debate.
Por otra parte, tampoco sustenta el quejoso su reclamo   en motivos que permitan concluir que el primero de los hechos cometidos haya sido diferente a lo narrado por C. en su declaración de fs. 28, máxime si se tiene en cuenta las precisiones de las que estuvo dotado su testimonio no solo respecto de la descripción física de los sujetos sino también en relación a las características del arma empleada compatibles con las secuestradas en autos.
Por todo lo expuesto, y contrariamente a lo sustentado por la defensa, la revisión de la plataforma fáctica del fallo me impide sostener que el Tribunal haya incurrido en un desconocimiento de las leyes de la lógica, ni en una desviación notoria de los resultados de la prueba o en una omisión esencial de las mismas, por lo que propicio el rechazo de este tramo de la queja.
 2) Entiende el recurrente que en el debate, con respecto al Hecho II del que resultara víctima A. W., quedó probada  la tentativa inidónea toda vez que dos personas intentaron apoderarse ilegítimamente del vehículo propiedad del nombrado y  no pudieron disponer libremente del mismo debido a que tenía un sistema de corte de corriente. Agrega que el hecho de que se hayan llevado la billetera, donde se encontraba la documentación del automóvil, lo único que prueba es que el dolo de los sujetos activos era apoderarse del auto.
Considera que el apoderamiento del vehículo en el que se encontraba C. es un dato demostrativo de que el dolo de los sujetos activos era apoderarse de un automóvil.
Cita en apoyo de su postura sobre tentativa inidónea a distintos autores, y sostiene que se verifica en el caso, que el objeto no permitió la consumación. A su entender, M. y G. P., tenían por designio apoderarse de un automóvil para dirigirse hacia algún lugar y es por ello que ni bien tuvieron el desperfecto se desplazaron inmediatamente a apoderarse en forma ilegítima de otro automóvil.
Por otra parte, la documentación de la que se apoderaron constituye, a criterio del recurrente, un claro ejemplo de “concurso aparente” de tipos penales en la modalidad de “consunción en función del principio de insignificancia”.
Agrega que sus defendidos no revelaron peligrosidad en su accionar y que por lo tanto, les resulta aplicable la dispensa de pena prevista en el art. 44 del C.P., ya que si bien se probó que los sujetos activos portaban armas, no las emplearon para realizar el desapoderamiento ni se utilizó una violencia superior a la necesaria para intimidar a la víctima y no se lo privó de la libertad para interrogarlo respecto de los sistemas de seguridad que la mayoría de los vehículos modernos posee.
Solicita, no obstante ello, que se case parcialmente la sentencia conforme lo autoriza el art. 460 del C.P.P. y se absuelva libremente a M. y a G. P. en orden al delito de robo simple.
Adelanto mi  opinión en el sentido de que el agravio no puede prosperar.
El sentenciante, en el caso, consideró que el tipo penal del robo simple quedó consumado desde que los imputados llevaron el automóvil más allá de la esfera de custodia de su propietario, agotando todos los requisitos exigidos por el tipo penal.
Contrariamente a lo que sostiene el recurrente, el objeto no impidió la consumación del hecho. El plan de los autores, apoderarse del dinero y del auto de la víctima W., fue racionalmente apto para causar el resultado no mediando ninguna circunstancia que determinara la imposibilidad absoluta de su consumación.
Si bien, cuando ex ante exista una muy ostensible y grosera imposibilidad consumativa derivada de la protección con que se encuentra rodeado el objeto del apoderamiento, se podrá en determinados casos afirmar que se trata de una tentativa inidónea, no resulta así en el presente suceso, donde por un lado las características del objeto no impidieron la consumación sino el agotamiento del delito por un mecanismo cuya obstación no puede considerarse  absoluta ni inmodificable, menos aún si se tiene en cuenta que en el caso medió la exigencia de entregar el dinero y el consecuente desapoderamiento de la billetera.           
El plan de los autores objetivamente considerado era apto para causar el resultado, el hecho de que los imputados no pudieran continuar con el vehículo hacia el lugar al que pretendían dirigirse debido a que se activó el sistema de alarma o corta corriente, no transforma a la acción en inidónea ni al objeto en no apto.
Con respecto a la billetera, cuando el a quo describe la materialidad ilícita del Hecho II, entre los elementos probatorios que lo llevaron a tenerlo por acreditado, menciona la declaración de la víctima cuando manifiesta que “viene una persona de atrás y lo intima que le dé plata y las llaves del auto, que es así que le da la billetera y los documentos”.
Las declaraciones vertidas por W. permiten corroborar que el propósito de los imputados era llevar a cabo el desapoderamiento no sólo del automóvil, sino también del dinero de la víctima.
Los documentos del auto fueron entregados debido a que se encontraban dentro de la billetera, tal como surge del acta de fs. 5, en la que consta la aprehensión de M. y el secuestro de las pertenencias de la víctima.
En función de lo expuesto no se advierte la existencia del concurso aparente de tipos penales “en la modalidad de consunción en función del principio de insignificancia” como sostiene el recurrente.
En el concurso aparente el contenido ilícito de un hecho punible ya está contenido en otro, por lo tanto, el autor comete una única lesión a la ley penal. Al considerar los tipos penales en forma relacionada, una de las leyes concurrentes interfiere la operatividad de las restantes, excluyéndose por ese motivo su aplicación.
La relación de consunción es la que se establece entre los tipos cuando uno encierra al otro porque consume el contenido material de su prohibición. Dentro de esta regla, el principio de insignificancia resulta aplicable para aquellos hechos típicos acompañantes que quedan consumidos en la tipicidad, principio que hubiera correspondido analizar en el hipotético caso de que el dolo de los imputados hubiera abarcado la voluntad de apoderarse del auto y de los documentos.
En el caso, se advierte una pluralidad de actos que respondieron al único plan delictivo de los sujetos que afectó al bien jurídico propiedad de la víctima.
Acertadamente el sentenciante consideró que la acción desplegada por los imputados debía calificarse como robo simple, habiéndose consumado dicho delito al hallarse la billetera en poder de los sujetos activos al momento de ser detenidos, fuera de la esfera de custodia de su dueño y sin que tuviera la posibilidad material de disponer de ella, a punto tal que W. la recuperó en la sede de los tribunales. En consecuencia, propongo el rechazo de este aspecto de la queja.
3) Esgrime el recurrente que el tribunal calificó el accionar de sus defendidos erróneamente al entender que medió concurso real entre los desapoderamientos (art. 55 del C.P.), cuando resulta de aplicación el delito continuado.
Para fundar su postura, argumenta que está absolutamente probado que existió dolo de apoderarse ilegítimamente de un vehículo automotor. El bien jurídico agredido -propiedad- no exige identidad de víctimas, sino todo lo contrario, y a diferencia de lo que se señala en la sentencia, sostiene que no existe multiplicidad de bienes jurídicos, sino que se verifica una unidad: el bien jurídico afectado es la propiedad.
Aclara que en el hipotético caso en que el Tribunal sostenga que sus defendidos deben responder por el hecho que damnificara a C., la tipificación de delito continuado igual se mantiene. Así, esgrime que corresponde calificar la conducta de los imputados como delito continuado de robo simple, ya que nada indica que el desapoderamiento se realizó mediante el empleo de arma y no existe razón lógica alguna para sostener que lo plasmado en el testimonio de fs. 28 sea absolutamente cierto.
Solicita que se case la sentencia recurrida y se califique la conducta de M. y de G. P. como robo simple en la modalidad de delito continuado -tres hechos-.
Por su parte, el Tribunal al tratar la primera cuestión del fallo entendió que no existió unidad de dolo  y que las conductas fueron ejecutadas por los imputados en perjuicio de distintas víctimas y multiplicidad de bienes jurídicos, ya que no sólo sustrajeron los tres vehículos sino también las pertenencias de W.
Ahora bien, el delito continuado requiere por un lado, identidad del tipo básico, es decir, se debe tratar de una pluralidad de acciones que realicen el mismo tipo básico o dependientes; y por otro, que exista una continuidad de lesiones al mismo bien jurídico. En el caso, tal como expresa el recurrente, resultó afectada la propiedad no siendo exigible la identidad del titular del bien jurídico afectado al no tratarse de bienes personalísimos.
Pero además de estos presupuestos objetivos, la continuidad requiere el componente subjetivo dado por el dolo unitario o elemento final que ligue las diferentes etapas comisivas, por lo tanto, el grado de representación del autor respecto de esa continuidad debe abarcar la realización de todos los actos parciales con anterioridad al agotamiento del primero de ellos.
Si bien es cierto que quedó demostrado el dolo   de querer apoderarse ilegítimamente de un vehículo automotor, como argumenta el quejoso, el hecho de que colisionaran el automóvil marca Ford K (correspondiente al Hecho I) y luego, la activación del corta corriente en el hecho II, constituyen circunstancias que demuestran acabadamente que los imputados no quisieron la realización típica de esa manera y que hubo nuevas .... mismo voluntarias .....
En autos, la reiteración es abarcada por el tipo pero como una nueva infracción y no como un aumento del contenido del injusto del hecho, por lo que considero que corresponde rechazar este tramo del recurso concursando los Hechos I, II y III materialmente entre si, rechazando el planteo formulado por el defensor.
4)El quejoso considera que se verifica un grave quebrantamiento  de las formas esenciales del proceso al omitirse fundamentar en la sentencia las razones por las que se sostuvo que la tenencia cuya posesión se atribuyó a G. P. resultó ilegal, remitiendo a las argumentaciones vertidas en el primer agravio en cuanto a la arbitrariedad de la sentencia.
Agrega que respecto a  la ilegalidad de la tenencia, nada se probó, ya que no se determinó -oficio al RENAR mediante- si G. P. estaba autorizado a portar armas o no, y en su caso de qué tipo. Asimismo, añade que el hecho de que la numeración estuviera limada no imposibilitaba la determinación correcta de la numeración y por ende su propiedad, mediante el empleo de un revenido químico.
Por las razones dadas, solicita que se anule parcialmente la sentencia en cuanto condena a J. R. G. P. por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra.
Entiendo que el recurso debe prosperar en cuanto a este motivo de agravio.
Asiste razón al recurrente cuando sostiene que la prueba mencionada por el Tribunal para considerar acreditada la ilegalidad de la tenencia es insuficiente.
Tiene dicho esta Sala que en el tipo descripto en el art. 189 bis  cuarto párrafo del C.P. pueden diferenciarse dos aspectos, uno positivo, consistente en la conducta de tener un arma de uso civil, y otro negativo, cual es la falta de autorización para realizar dicha conducta, siendo ambos igualmente esenciales en la configuración del delito, de manera que cuando uno de ellos no aparece fehacientemente acreditado deviene incorrecta su aplicación.
Tal como surge de la cuestión primera de la sentencia, en autos resultó acreditado el aspecto positivo señalado mediante las actas de fs. 2/3 y 5 que reseñó el sentenciante y que fueron ratificadas por los intervinientes en el debate. Asimismo, agregó que las fotografías de fs. 87 se correspondieron con el arma secuestrada a la que se hace mención en el acta de fs. 5 y las fotografías de fs. 87 vta. con la secuestrada en el acta de fs. 2/3. Sin embargo, nada dice el sentenciante respecto de los extremos probatorios que lo llevaron a tener por acreditado el aspecto negativo del tipo en cuestión.
Contrariamente a la postura propiciada por la Sra. Fiscal ante esta instancia, la ausencia de la debida autorización legal constituye un elemento normativo del tipo objetivo que no puede inferirse en modo alguno de la sola circunstancia de que la numeración registral del arma se encontrara limada, siendo menester el informe del organismo técnico competente a tales fines.
Es por ello que propicio la absolución del imputado G. P. o M. T. por el delito cuestionado al no encontrarse la materialidad del mismo debidamente acreditada.
5) Considera el quejoso que el sentenciante no utilizó un razonamiento lógico en la cuantificación de la sanción ya que sólo valoró como atenuante respecto de sus asistidos los buenos informes de concepto que en la audiencia dieron los testigos Y. L., F. L., L. L. y J. A.
Sostiene que el a quo no dió adecuada respuesta a los planteos  realizados, existiendo ausencia arbitraria de tratamiento de cuestiones que atenúan la pena como así también interpreta como  ilógico el razonamiento del sentenciante en la ponderación de agravantes.
Argumenta que, a su modo de ver, quedó probado en el debate que V. M. resulta abarcado por la circunstancia prevista en el art. 41 inc. 2 del C.P. “miseria o dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos”, situación que no se ponderó como atenuante y que resultó acreditada a través del informe socio ambiental glosado.
Tampoco ponderó el sentenciante como atenuante, la falta de antecedentes de sus defendidos y señala que respecto de J. R. G. P. se valoró como agravante una sentencia condenatoria no firme contrariando el principio de inocencia consagrado en el art. 18 de la C.N.
Finalmente y en relación a las atenuantes, sostiene que el Tribunal no ponderó que en los hechos II y III  los imputados realizaron el injusto sin demostrar peligrosidad específica especial que permita elevar el reproche, al igual que en el hecho I para el caso que se valore el testimonio de fs. 28.
Pasa luego a detallar los agravantes que considera erróneamente valorados por el a quo. Así, en relación a la nocturnidad argumenta que en atención a la fecha del año en que ocurrió el hecho y la hora, resultó desacertado sostener que sus defendidos se valieron de dicha circunstancia para desarrollar el injusto.
En cuanto a la extensión del daño causado a C. cuyo vehículo sufrió un choque frontal y a Leonardo Piro quien debió invertir mil quinientos pesos para arreglar su automóvil, entiende el quejoso que si el legislador no reprime la conducta de daño en su forma culposa, resulta improcedente por vía indirecta que se lo considere como agravante de la conducta, máxime teniendo en cuenta que el dolo de los sujetos en modo alguno era chocar y destrozar el tren delantero de uno de los vehículos ni usar el otro para tirotearse con la policía.
Con respecto a la presunta violencia desplegada en el Hecho IV, entiende que la afirmación es absolutamente dogmática ya que en ningún momento se describe en qué consistió la misma. Aclara que a estar por las fotografías de fs. 84/91 son sus defendidos quienes llevaron “la peor parte”, la cantidad de impactos de bala que registra el auto en el que se desplazaban M. y M., las heridas de bala sufridas por éste último y los escasos impactos del móvil policial permiten sostener, a su entender, que el delito endilgado no tuvo entidad tal como para permitir elevar el reproche en los términos del art. 41 inc. 2 del C.P.
En consecuencia, solicita que se case la sentencia y se reduzca la sanción impuesta a sus defendidos.
Entre las cuestiones sometidas por las partes a la consideración del Tribunal, las vinculadas con la determinación de la pena tienen carácter esencial y la omisión de su tratamiento es causal de casación por inobservancia de un precepto legal aplicable, en el caso el art. 168 de la Constitución Provincial.
Tiene dicho el más alto Tribunal Provincial que “Una circunstancia atenuante oportunamente planteada constituye una cuestión pertinente cuyo examen -de resultar exitoso- puede llevar a una disminución de la pena, por lo que la omisión de su tratamiento conlleva la nulidad parcial de la sentencia ...” (SCBA P. 52189).
Para resolver el agravio planteado no parece necesaria la celebración de un nuevo debate que es la exigencia del reenvio, por lo que sumadas razones de economía procesal, este Tribunal se encuentra autorizado para asumir competencia positiva y decidir sobre la queja.
En efecto, en el tramo que aquí interesa, el pronunciamiento atacado resulta violatorio del art. 41 del C.P., en cuanto las condiciones sociales y económicas del imputado M.,  acreditadas en el fallo atacado, deben ser computadas a los fines de la dosificación del reproche y en ese marco resultan diminuentes.
La miseria del encartado como determinante del obrar ilícito resulta una pauta válida para graduar la sanción, en la medida en que los ámbitos de autodeterminación pueden ser condicionados por las diferencias sociales, máxime en un supuesto como el de autos donde se juzga un delito contra la propiedad.
Ello es así por cuanto, en sintonía con el recurrente, estimo que la miseria del imputado se encuentra alcanzada por la norma aludida, toda vez que emerge del informe ambiental que el grupo familiar históricamente se desenvolvió dentro de un contexto social y económico bajo, situado por debajo de la línea de pobreza, visualizado como un sector vulnerable y excluido.
Las conclusiones del informe ambiental obrante a fs. 50/52 de los presentes actuados, no demuestran únicamente un nivel socio-económico bajo, sino que denotan un verdadero panorama de pobreza extrema, por lo tanto no aparece inadecuado en el caso  tenerla en cuenta como una circunstancia ponderable.
Por lo expuesto propicio hacer lugar a lo solicitado por la defensa del imputado  M. y computar la miseria como atenuante genérica.
 La pretensión de la Defensa en esta instancia en cuanto a que se valore como atenuante la falta de antecedentes de sus defendidos no puede ser receptada favorablemente desde que, según surge de las constancias del acta de debate, en la discusión final prevista por el art. 368 del rito la Defensa no solicitó que se compute tal circunstancia como atenuante y ésta cuestión tampoco fue introducida por el juzgador al decidir la cuarta cuestión del veredicto.
Si las partes no discutieron en el debate respecto del eventual valor diminuente de la circunstancia aludida, entonces el Tribunal no estaba obligado a pronunciarse respecto de aquellas que no encontrara pertinentes (art. 371 C.P.P.).
 Si se entiende, como reiteradamente lo he sostenido, que corresponde al juez de mérito determinar discrecionalmente el monto de la pena, lógica consecuencia de ello es que las partes deban realizar las alegaciones sobre atenuantes y agravantes en el debate oral, por cuanto es aquél juzgador el encargado de fijar todos los hechos jurídicamente relevantes, entre los que se encuentran aquellas circunstancias que van a servir de pautas para determinar la sanción punitiva.
Ello establecido y en función de lo expuesto, considero que la alegación de dicha circunstancia atenuante en esta instancia, deviene extemporánea, debiéndose rechazar el recurso en lo que a esta pauta diminuente respecta.
En cuanto a los antecedentes condenatorios de G. P., considero que no le asiste razón al recurrente, puesto que aquel aspecto de la conducta precedente del sujeto permite suponer una más enérgica determinación criminal y, en consecuencia, una mayor culpabilidad en el hecho ahora juzgado en virtud de haberse cometido por quien tenía especial conciencia de los alcances prohibitivos de la ley y de los efectos concretos de su conducta.
Respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que puedan evidenciar peligrosidad y a las que hace referencia el quejoso, si bien es cierto que en los hechos I, II y III no medió ninguna otra circunstancia relevante -más allá de la intimidación- que permitiera elevar el reproche, ello no significa que deban ser mensuradas como atenuantes.
Es decir que, no se advierte que hayan mediado circunstancias atenuantes particulares que pudieran afectar la determinación de la sanción, es por ello que entiendo que al respecto el recurso es insuficiente.
En cuanto a la nocturnidad, tal como lo he sostenido con anterioridad, considero que es una circunstancia que, objetivamente considerada, podría tanto facilitar la realización del delito, por la menor capacidad de la víctima para defenderse o la de un tercero para evitar la consumación, como brindar al sujeto activo mayores posibilidades de eludir la acción de la justicia, lo cual aumenta el grado de injusto contenido en la conducta e incide en la graduación consecuente de la pena, aún cuando no haya sido procurado o aprovechado por el autor, desde que si así fuera la incidencia recaería, antes bien, en la subjetividad de este más relacionada con criterios peligrosistas.
En el caso de autos y en relación al Hecho II, el sentenciante se valió de lo relatado por la víctima que detalló que ya era de noche y  que el lugar estaba oscuro debido a que existía un árbol muy frondoso, circunstancias que le impidieron identificar a los agresores.  Frente a lo reseñado, los argumentos  defensistas referidos a la hora y a la fecha del año en la que ocurrieron los hechos, no logran conmover lo probado por el a quo relativo a que los imputados se aprovecharon de la mayor impunidad e indefensión que le otorgaban las horas de la noche.
Así, entiendo que resultó debidamente acreditada la agravante nocturnidad, ya que objetivamente la consumación del delito se facilitó en ese contexto.
En cuanto a la valoración de la extensión del daño causado al vehículo propiedad de la víctima C., considero que asiste razón al recurrente cuando argumenta que el dolo de los sujetos en modo alguno era chocar y destrozar el tren delantero del automotor.
Quedó demostrado que el choque frontal del vehículo fue producido con posterioridad a la consumación del robo agravado y por lo tanto, no puede ser entendido como una consecuencia del hecho cometido que agrava la afectación del bien jurídico propiedad. Por lo expuesto, entiendo que corresponde hacer lugar a la pretensión del quejoso en este punto y suprimir la agravante de la extensión del daño causado al vehículo de la víctima C.
En el caso de los daños constatados en el automóvil propiedad de Piro, los mismos resultaron ser consecuencia del enfrentamiento que los imputados sostuvieron con el personal policial interviniente. En consecuencia, encontrándose prescripta la acción respecto del delito de resistencia a la autoridad, deviene abstracto su tratamiento.
Finalmente, y en relación a la violencia desplegada en el Hecho IV, al haberse decretado la prescripción de la acción en relación a los delitos de resistencia a la autoridad y abuso de armas deviene abstracto el planteo formulado.
Por todo lo expuesto, propicio la casación parcial del fallo por haber sido erróneamente aplicados los arts. 40 y 41 del C.P. debiéndose valorar como atenuante la situación de extrema pobreza en relación al imputado M.
(Arts. 40, 41, 44, 55, 166 inc. 2º, 104, 189 bis y 239 del Código Penal y 1, 106, 210, 373, 375, 448, 451, 459, 530 y 531 del C.P.P.).
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Mancini dijo:
 Adhiero por sus fundamentos al voto del Sr. Juez   Dr. Celesia. Aún manteniendo mi criterio acerca de que la nocturnidad como circunstancia aumentativa trasciende la simple objetividad ya que, cuando menos, siempre podría destacarse que ninguna contingencia desvinculada en pleno de la subjetividad del imputado podría invocarse para hablar de mayor culpabilidad, aún así -decía-, lo cierto es que el caso exhibe datos que permiten acompañar la decisión adoptada por el preopinante para este caso concreto en el que no es menester mayor explicación relativa al dato cronológico, con todo lo cual me sumo en el punto para integrar también con mi adhesión la mayoría de fundamentos.
 En cambio, me aparto del primer voto solamente en punto al agravio relativo a la consideración como agravante del antecedente condenatorio de G. P. puesto que más allá de que lo que en un tiempo fuera una decisión no firme, después del fallo aquí recurrido adquiriera firmeza, igualmente ello no alcanza para la ponderación aumentativa ya que ese dato no existía ni al tiempo del hecho aquí juzgado ni al tiempo de la sentencia aquí recurrida, siendo por ello que como el voto precedente hace pie en la llamada teoría de la mayor advertencia, ese dato no era conocido, en su calidad de fallo firme, y entonces mal puede hablarse de la advertencia, que así las cosas, pasa a ser un denominador común que por general no puede invocarse contra un individuo, ya que, así vista la especial conciencia de los alcances prohibitivos de la ley sería una situación que abarca no sólo a quienes estuvieran en un proceso penal como imputados sino a abogados, profesores, jueces, estudiantes, curiosos, periodistas, en definitiva a infinidad de posibles personas, sin que aparezca entonces el dato diferenciador que justifique una consideración agravatoria, al menos con ese modo de razonamiento que el fallo no se encarga de explicitar con otras motivaciones que acaso mostraran un modo de enfoque distinto.
 En resumen, postulo la adhesión predicha con la salvedad apuntada propiciando como sanción para G. P. la de 8 (ocho) años y 11 (once) meses de prisión, accesorias legales y costas.
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Mahiques dijo: 
 Adhiero por sus fundamentos al voto de mi colega preopinante Dr. Mancini.
 Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor Celesia dijo:
 Vista la forma en que han quedado resueltas las cuestiones planteadas, dada la mayoría alcanzada, propongo se declare la extinción de la acción penal por prescripción respecto de los delitos de resistencia a la autoridad y abuso de armas (Hecho IV), absolver a O. M. T. o J. R. G. P. en relación al delito de tenencia ilegal de arma de guerra (Hecho IV) y casar parcialmente el fallo recurrido por haber inobservado los arts. 40 y 41 del C.P. debiendo valorar como atenuante la situación de extrema pobreza con respecto a V. M. M. y eliminar las agravantes de extensión del daño causado y la referida a los antecedentes condenatorios del imputado G. P. o M. T., sin costas.
 (Arts. 40, 41, 44, 42, 55, 59 inc. 3, 62 inc. 2º, 67 –a contrario sensu- (según ley 25.990), 166 inc. 2º, 104, 189 bis y 239 del Código Penal y 1, 106, 210, 373, 375, 448, 451, 459, 530 y 531 del C.P.P.).
 Así lo voto.
 A la misma cuestión planteada el señor Juez doctor Mancini dijo:
 Adhiero por sus fundamentos al voto de mi colega preopinante Dr. Celesia.
 Así lo voto.
 A la misma cuestión planteada el señor Juez doctor Mahiques dijo:
 Adhiero por sus fundamentos al voto de mi colega preopinante Dr. Celesia.
 Así lo voto.
 Vista la forma como ha quedado resuelta la cuestión votada en el acuerdo que antecede, corresponde que este Tribunal dicte la siguiente
S E N T E N C I A
I.-DECLARAR extinguida por PRESCRIPCIÓN la acción penal por los delitos de resistencia a la autoridad y abuso de armas (Hecho IV).
II.-HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación interpuesto por haber inobservado los arts. 210 y 373 del C.P.P., y ABSOLVER LIBREMENTE a O. M. T. o J. R. G. P. en relación al delito de tenencia ilegal de arma de guerra (Hecho IV).
III.- CASAR parcialmente el fallo recurrido por haber inobservado los arts. 40 y 41 del C.P.,  debiéndose valorar como atenuante la situación de extrema pobreza en relación a V. M. M. y eliminándose las agravantes de la extensión del daño causado y de los antecedentes condenatorios de G. P., fijando en definitiva la pena de nueve años y seis meses de prisión para V. M. M. por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el empleo de arma (hecho I), robo simple (hechos II y III) y tenencia ilegal de arma de guerra (hecho IV), todos ellos concursando materialmente entre sí; y  de ocho años y once meses de prisión para  O. M. T. o J. R. G. P. por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el empleo de arma (hecho I) y robo simple (hechos II y III), todos ellos concursando materialmente entre si, sin costas.
(Arts. 40, 41, 44, 42, 55, 59 inc. 3, 62 inc. 2º, 67 –a contrario sensu- (según ley 25.990), 166 inc. 2º, 104, 189 bis y 239 del Código Penal y 1, 106, 210, 373, 375, 448, 451, 459, 530 y 531 del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese, devuélvase el presente a la instancia de origen.
FERNANDO LUIS MARIA MANCINI – JORGE HUGO CELESIA – CARLOS ALBERTO MAHIQUES
Ante mi: Gonzalo Santillán

 

 

 
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