Derecho Penal

Los vigilantes privados no están obligados a denunciar delitos acerca de los que tengan conocimiento previamente.
Derecho Procesal Penal - Jurisprudencia Nacional

Causa Nro. 277 "Buede, Mauricio Daniel y otro s/ procesamiento”.

Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, rta. 30 de enero de 2009. 

//nos Aires, 30   de enero de 2009.-

AUTOS Y VISTOS:

Corresponde  resolver  los  recursos  de  apelación  interOsorio y Leonardo Gabriel Prato; a fs. 349/358vta. por la asistencia letrada de Víctor Alcides Sánchez y Rubén Enrique Sequeira y a fs. 360/365 por el defensor  de  Mauricio  Daniel  Buede,  contra  el  auto  de  fs.  274/295vta.  que dispuso  sus  procesamientos  por  considerarlos  prima  facie  coautores  penal-mente responsables del delito de robo agravado por su comisión con armas, en  poblado  y  en  banda  -hecho  número  I-  y  de  los  delitos  de  portación  de arma de guerra y encubrimiento agravado -hecho número II-, los que concurren  materialmente  entre  sí  (artículos  42,  45,  55,  166  inciso  2°,  167  inciso 2° en función del artículo 164, 189bis inciso 2°, cuarto párrafo y 277 inciso
3°  apartado  b,  en  función  de  lo  dispuesto  por  el  inciso  1°  apartado  c,  del Código Penal); así como también en cuanto traba embargo sobre los bienes y dinero de Mauricio Daniel Buede hasta cubrir la suma de diez mil pesos $10.000- (artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

Al  celebrarse  la  audiencia  prevista  en  el  artículo  454 del Código Procesal Penal de la Nación (Ley n° 26.374), concurrieron a in-formar  los  Dres.  Guillermo  Jesús  Fanego,  Jorge  Enrique  Fiscalini  y  Gui-
llermo  Federico  Schmidt,  quienes  mantuvieron  el  recurso  interpuesto  por los motivos introducidos en el escrito de apelación Finalizada  la  exposición,  el  tribunal  deliberó  en  los términos establecidos en el artículo 455 del citado código.

Y CONSIDERANDO:

I.- La asistencia técnica de Sánchez y Sequeira sostuvo la  nulidad  de  toda  la  labor  instructoria  sobre  la  base  de  considerar  que  los imputados  no tenían el dominio del  hecho  que se les imputaba.  Fundó esta
afirmación en el relato que hizo el vigilador Schiavoni y los testigos Monte-ro y Torre. 

En su alocución explicó que Torre y Montero supieron, por  los  dichos  del  vigilador,  que  se  llevaría  a  cabo  una  sustracción  en  el predio de DEFISA y, pese a ello, en lugar de impedir el hecho que habría de
damnificar  a  la  empresa,  se  aprestaron  a  observar  el  accionar  de  quienes resultaron  detenidos,  desde  un  lugar  cercano,  para  interrumpirlo  cuando  lo creyeron oportuno.

En su opinión, la empresa que se ocupaba de la seguri-dad del predio, a través de Nacarato, debió hacer saber lo que informara su empleado a  las autoridades prevencionales  ya el 17 de  diciembre, en cum-plimiento de las normas que rigen la actividad de las empresas de seguridad privadas.

En la misma línea argumentativa el defensor de Buede, puso  en  duda  la  declaración  de  Torre  relativa  a  lo  que  le  habría  contado  a Funes  y  cómo  éste  le  dijo  que  dispondría  el  despliegue  de  unos  efectivos para  garantizar  la  seguridad  de  los  depósitos.  Sobre  el  cuestionamiento  de este tramo del relato de Torre, consideró que las autoridades prevencionales sí estaban en conocimiento con suficiente antelación y desplegaron los efec-tivos necesarios para frustrar el hecho, en el momento en que así lo decidie-
ran, lo que explicaría, según su parecer, el que hubieran llegado tan a tiem-po.

Sobre esta  interpretación de  las constancias procesales, los tres defensores sostuvieron que el hecho objeto del proceso, nunca estu-vo bajo el dominio de los imputados, cuyo accionar se interrumpió cuando lo  decidieron  los  testigos  y,  consecuentemente  careció  de  idoneidad  para afectar el bien jurídico en trato.
 
Más  aún,  el  Dr.  Fiscalini  aludió  a  otro  hecho  que  se produjo  en  el  mismo  lugar,  unos  días  más  tarde  -que  sí  se  consumó-,  para afirmar  que  ambos  sucesos  podrían  estar  relacionados  y  que  esa  conexión no se había investigado.

II.- El Tribunal no comparte el análisis de la prueba que hacen las defensas. Esta versión de los hechos implica admitir la fabulación concertada de los responsables de Defisa S.A., de los titulares de la empresa de seguridad y uno de sus empleados, más las autoridades de la prevención, para detener personas inocentes, a quiénes se les adjudica el haber intentado la comisión de un delito. 

Esta  interpretación  de  las  constancias  sumariales  no explica cuál sería el beneficio de los confabulados, como no fuera el prove-cho de aquella otra sustracción a la que hacen referencia. Tampoco se aclara cuál sería la relación de odio o animadversión que hubo de llevar a los con-fabulados a elegir detener a estas personas y no otras.

Pero más allá de las conjeturas inversas, que serían úti-les para desarticular la construcción conspirativa que funda el planteo nuli-ficante de las defensas, el Tribunal entiende que las pruebas reunidas, anali-zadas en forma global y críticamente (art. 398 Código Procesal Penal de la Nación), son suficientes para convalidar el auto de mérito que se impugna.

El relato de Montero sobre la visita del supuesto miem-bro de la Prefectura Naval Argentina, a quien habría contado lo que le dijera Schiavoni, se verifica con las constancias de fs. 176/180, y la extracción de
testimonios para que se  investigue  la posible estafa que  los  habría perjudi-cado (fs. 188).

Por  otra  parte,  los  integrantes  de  la  firma  damnificada, o de la encargada de la seguridad no tenían ninguna obligación de informar a las autoridades prevencionales, ya que en todo caso lo que se debía hacer conocer eran  los delitos,  no  las  posibilidades de que estos se  lleguen a co-meter.

Tampoco  es  llamativo  que  en  un  predio  de  las  dimen-siones del que ocupa Defisa sólo trabajen dos vigiladores -como destacaron los abogados recurrentes-; basta advertir que en el croquis de fs. 20 se iden-tifican  únicamente  el  puesto  de  vigilancia  1  y  el  puesto  de  vigilancia  2  -próximos  a  las  dos  puertas  del  cercado-  y  que  el  resto  de  la  vigilancia  se suple  con  varias  cámaras  que  registran  los  movimientos  dentro  de  la  pro-piedad.

Es cierto que a partir de  la  noticia dada a un patrullero que  circulaba  por  la  zona,  en  forma  casi  inmediata  llegaron  al  lugar  otros patrulleros con el personal prevencional que intervino. Sin embargo, es fácil entender la rapidez de la reacción si se considera que el lugar del hecho está en la delgada franja de la ciudad sobre la que ejerce poder de policía la Pre-fectura  Naval  Argentina,  y  que  la  zona,  por  este  motivo,  cuenta  con  una cantidad de efectivos que, en promedio, supera la disponibilidad de policías en otros sectores.

La  versión  que  sostienen  los  letrados  defensores,  no puede explicar el trato que recibieron  los vigiladores de parte de los  impu-tados. En este sentido, no sólo Schiavoni relató cómo  lo obligaron a ingre-
sar a la casilla de vigilancia, y hasta tenderse en el piso, sino que Gerez da cuenta de haber recibido un golpe con el arma que esgrimía una persona del grupo. Pero aún suponiendo que estas declaraciones fueran parte de la pre-tendida confabulación, esta interpretación no logra explicar por qué los im-putados treparon por  un  muro coronado por vidrios, que  les produjeron di-
versas lesiones, ni bien escucharon las sirenas de los coches policiales. 

La reseña precedente es suficiente para afirmar  la  vali-dez  de  la  actuación  prevencional  que  inicia  este  sumario,  desvirtuando  de este modo cualquier pretensión nulificante.

III.-  Otro  aspecto  a  tener  en  cuenta,  vinculado  a  esta argumentación  defensista,  es  la  posibilidad  de  que  el  hecho  cayera  bajo  el dominio  de  los  denunciantes.  Es  decir  que  fueran  ellos  quiénes  con  su  ac-cionar decidieran si el iter criminis se iba a interrumpir cuando aún se esta-ban desplegando actos preparatorios –por ejemplo antes de que los imputa-dos ingresaran al predio de Defisa- o si  hasta podían esperar a que se con-sumara el accionar que los imputados pretendieron realizar, para luego pro-ceder a su detención.

Al aludir a esta  hipótesis  los  letrados de  la defensa pa-recen  pretender  que  Torre  y  Montero controlaron  no  sólo  el  curso  causal natural  sino,  que  también  determinaron  la  conducta  de  los  imputados.  Es decir que la hipótesis defensista implicaría que sus pupilos actuaron guiados por algún error, o bien en la creencia de que tenían permiso para desplegar las conductas que se les atribuyen.

Este  supuesto  no  tiene  asidero  si  se  advierte  que  todos los detenidos, al escuchar lar sirenas de los patrulleros, lejos de sorprender-se, o que les resultaran indiferentes, treparon un muro, lo saltaron y se pro-
dujeron  las  heridas  constatadas,  o  como  en  el  caso  de  Prato,  permaneció escondido por más de dos horas hasta que lo ubicaron.

También  se  afirmó  que  el  suceso  investigado  podría representar  una  hipótesis de  lo que se calificó como  un “delito experimen-tal”  o,  en  todo  caso,  un  “delito  imposible”.  Sobre  este  punto  observamos
que conforme  las constancias de la causa, los  imputados  habrían  ingresado al lugar junto con otros dos sujetos que no pudieron ser identificados ya que habrían logrado darse a la fuga ante la presencia del personal de la Prefectu-ra Naval Argentina y esgrimieron dos armas de fuego, una de las cuales fue incautada,  con  las  que  lograron  reducir  al  personal  de  seguridad;  circunstancias  que  evidencian,  al  menos  a  esta  altura,  que  el  bien  jurídico  propie-dad efectivamente fue puesto en peligro por aquellos.

IV.- En subsidio al planteo del que se ocupan los apar-tados  anteriores,  el  Dr.  Fiscalini  también  sostuvo  que  era  nulo  el  auto  de mérito objeto del recurso porque tenía en cuenta, como prueba de cargo, la declaración de Schiavoni. Sostuvo que este testigo prestó declaración en la
sede de la prevención y, en esa oportunidad, relató que había sido interpela-do por algunos changarines para que colaborara en la sustracción. Dado que los funcionarios de la P.N.A. pensaron que esta declaración podría acarrear
le problemas al testigo, ya que sería pasible de represalias por parte de esta gente, resolvieron labrar otra acta, con una declaración diferente. Es así que el testigo dijo que firmó dos actas y sólo una de ellas se agregó a las actua-ciones. 

Sobre la base de estos dichos de Schiavoni, el defensor afirma que aquella primera declaración no puede ser tenida en cuenta. 

Sin  embargo  no  advierte  que  esa  primera  declaración, que desarrolló extensamente al declarar ante el tribunal, no sólo se corrobo-ra con los demás elementos objetivos recabados (tales como las circunstan-
cias  de  las  detenciones  de  los  imputados,  el  secuestro  del  arma  que  estaba en el tanque de agua, el  hallazgo de  una persona escondida en el  galpón  4 casi dos horas más tarde de las primera detenciones, las lesiones que sufrie-ron los detenidos, compatibles con las ofendículas de vidrio de la pared que saltaron, el secuestro del vehículo Peugeot en las cercanías del predio), sino que concuerda estrictamente con lo declarado por los demás testigos de autos. 
 
Por  otra  parte,  conviene  destacar  que  lo  que  el  testigo explica respecto de las actas, puede diferir de la realidad de lo ocurrido, ya que existen múltiples supuestos de proyectos de instrumentos que son modificados y corregidos, antes de que, una vez signados por quienes los autentican, adquieran la calidad documental que tornaría delictiva su destrucción. 
Es que no se puede ignorar que las actuaciones prevencionales  muestran  una  cantidad  de  detalles  que  ponen  en  evidencia  el  celo del personal actuante. Así se destaca que las actas de detención y de requisa
personal,  fueron  labradas  cuidadosamente  a  mano  y  llama  la  atención  la descripción de los efectos de cada uno de los prevenidos, ya que se consignó la numeración de los billetes que tenían en su poder, hasta el color de su ropa interior y, en caso de que portaran documentos de identidad se agregó una  fotocopia del documento. Más adelante se agregó  la constancia de entrega  de  los  detenidos  por  el  cambio  de  cuarto,  y  se  consignó  el  estado  en que  se  encontraban.  Con  posterioridad  a  la  entrega  de  las  actuaciones  al Tribunal,  se  siguieron  recibiendo  respuestas  de  los  requerimientos  que  se hicieron en su oportunidad, todo lo que fue prolijamente caratulado y remitido.

Teniendo en cuenta estas circunstancias,  no es posible, de  momento,  descartar  una  explicación  razonable  y  diversa  a  lo  que  dijera Schiavoni con relación al acta de su declaración. 

Pero  de  no  ser  así,  y  aún  cuando  aquella  declaración perdiera  eficacia  probatoria,  el  accionar  de  las  autoridades  prevencionales relativo  a  la  detención  de  los  imputados,  que  es  previo  a  los  dichos  de Schiavoni,  no  sería  abarcado  por  ningún  vicio.  Más  aún,  el  auto  de  mérito cuestionado,  toma  los  dichos  que  el  testigo  prestara  ante  el  Tribunal  -y  el resto  de  las  pruebas  que  los  corroboran-  por  lo  que  tampoco  lo  alcanzaría vicio alguno. 
 
V.-  Finalmente,  también  sostuvieron    que  las  declaraciones indagatorias estaban viciadas porque no se les habían mencionado a los imputados, entre las pruebas de cargo, las grabaciones de las cámaras de seguridad, registradas en discos, reservados en Secretaría, y tampoco se les exhibieron las películas. Sin perjuicio de destacar que al momento de practicarse esos actos, dichos instrumentos no se podían reproducir con los artefactos del tribunal (nótese que al remitirlos a la división correspondiente se solicita  que  se  los  convierta  a  un  sistema  compatible  con  el  equipamiento del juzgado), lo cierto es que los imputados escucharon una descripción detallada del  hecho que se les  imputaba,  lo  que  les permitió ejercer acabadamente  su  derecho  de  defensa  en  juicio.  Pero  además,  la  atribución  de  responsabilidad y el cuadro fáctico no se modifica a partir de la incorporación de  estas  pruebas,  que  son  útiles  en  tanto  vuelven  a  corroborar  los  dichos concordantes de los testigos de autos, lo que siempre estuvo en conocimien-
to de los imputados.

VI.-  Las  explicaciones  anteriores  nos  llevan  a  convalidar el análisis que hizo la a quo de la prueba reunida y consecuentemente, a ratificar la decisión de mérito que adoptó respecto de Leonardo Gabriel Pra-
to, Rodolfo Luis Rojas, Juan Marcelo Osorio, Mauricio Daniel Buede, Víctor Alcides Sánchez y Rubén Enrique Sequeira.

Por  ello,  independientemente  de  las  diligencias  probatorias  que  la  Sra.  Juez  a  quo  estime  pertinente  y  útil  realizar,  corresponde mantener la situación procesal de los imputados de acuerdo en lo establecido en el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación,.

VII.-  En  cuanto  a  la  calificación  legal,  nada  habremos de  señalar  respecto  de  la  inconstitucionalidad  de  la  agravante  del  artículo 166  inciso  2,  párrafo  segundo,  del  Código  Penal  efectuada  por  Guillermo Jesús Fanego, ya que no se ha explicado claramente qué derechos o garantías se encuentran afectados en forma irremediable y cómo ello impacta sobre los  intereses  por  los  que  aboga.  Igual  solución  adoptaremos  en  relación  a los  agravios  que  dirige  contra  la  posible  aplicación  de  las  previsiones  del artículo 54 del Código Penal.

Sin embargo, sí asiste razón a  los recurrentes con relación a la significación típica del hecho II y la forma en que concurre con el hecho I.

En efecto, entendemos que sostener, en el caso, la portación compartida de  un arma de  fuego resulta  una  interpretación extremadamente  amplia  que  excede  los  límites  de  la  figura  típica.  Además,  se  ad-
vierte  de  los  dichos  de  Pablo  Daniel  Gerez  (fs.  34/vta.  y  153/156)  que habría sido Mauricio  Daniel  Buede quien tuviera el arma de  fuego secuestrada en su poder, cargada y en condiciones inmediatas de uso; por lo que, de momento, sólo corresponde endilgarle la portación del arma secuestrada a este imputado. 
También  es  del  caso  aclarar  que  tal  como  se  ha  verificado el hecho objeto del proceso, la portación del arma en cabeza de Buede concurre idealmente con la sustracción que se quería llevar a cabo. Asimismo,  dado  el  origen  del  arma  en  cuestión,  también  en  este  caso  el  encubrimiento  de  esa  circunstancia  conformaría  la  misma  unidad  fáctica  (art.  54 Código Penal).

VIII.- En cuanto al ataque que se hace del embargo impuesto a Buede, la falta de motivación autónoma del agravio hace improcedente su tratamiento y se debe declarar mal concedido el recurso.
Por todo lo expuesto, el Tribunal  RESUELVE:
I.-  Confirmar  el  auto  de  fs.  274/295vta.  en  cuanto  decreta  el  procesamiento  de  Leonardo  Grabriel  Prato,  Rodolfo  Luis  Rojas, Juan  Marcelo  Osorio,  Víctor  Alcides  Sánchez  y  Rubén  Enrique  Sequeira,
modificando la calificación legal, la que queda establecida como robo agravado por su comisión con armas y en poblado y en banda, en grado de tentativa (artículos 42, 45, 166 inciso 2° y 167 inciso 2°, en función del artícu-
lo  164  del  Código  Penal,  306  y  311  del  Código  Procesal  Penal  de  la  Nación).

II.- Confirmar el decisorio impugnado en cuanto decreta el procesamiento de Mauricio Daniel Buede, modificando la calificación legal, la que será de robo agravado por su comisión con armas y en poblado y en banda, en grado de tentativa, en concurso ideal con portación ilegítima de arma de guerra y encubrimiento agravado (artículos 42, 45, 54, 166 inciso 2° y 167 inciso 2°, en función del artículo 164 del Código Penal, 189bis,
inciso 2°, cuarto párrafo, 277 inciso 3° apartado b, en función de lo dispuesto en el inciso 1°, apartado c, del Código Penal, 306 y 311 del Código Procesal Penal de la Nación).

III.-  Declarar  mal  concedido  el  recurso  de  apelación

interpuesto a fs. 360/365 contra el punto II de la resolución de fs. 274/295.

Devuélvase y sirva lo proveído de muy atenta nota.-

María Laura Garrigós de Rébori
Mirta López González  

Ante mí: 
Mónica de la Bandera
Mauro Antonio Divito
Prosecretaria de Cámara

 
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