Derecho Penal

Prórroga de prisión preventiva para delitos de lesa humanidad por complejidad de la causa.
Derecho Procesal Penal - Jurisprudencia Nacional

Causa N° 47.064 caratulado: “Doctor Juan Antonio Piñero – Conjuez Federal s/ Su comunicación en Expte. N° 243/84 ‘Caballero Humberto Lucio y otros s/ Tormento Agravado (art. 144 ter, 1°y 2° párrafos Código Penal – incorporado por Ley 14.616 )’”.

Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, rta. 23 de diciembre 2008. 

///SISTENCIA, a los  veintitrés  días del mes de diciembre del año dos mil ocho.-

VISTO:
Este expediente registro de Cámara N° 47.064 caratulado: “Doctor
Juan  Antonio  Piñero  –  Conjuez  Federal  s/  Su  comunicación  en  Expte.  N°  243/84
‘Caballero  Humberto  Lucio  y  otros  s/  Tormento  Agravado  (art.  144  ter,  1°y  2°
párrafos  Código  Penal  –  incorporado  por  Ley  14.616  )’”,  proveniente  del  Juzgado
Federal de Primera Instancia de esta ciudad; y


CONSIDERANDO:

1.- Que las presentes actuaciones arriban a conocimiento de este
Tribunal  en  virtud  de  lo  dispuesto  por  el  Señor  Conjuez  Federal,  Dr.  Juan  Antonio
Piñero,  mediante  Interlocutorio  N°  158/2008  de  fech a  19 de diciembre del corriente
año,  por  el  que  comunica  que  en  el  expediente  de  referencia  ha  resuelto  “…
PRORROGAR la Prisión Preventiva respecto de los siguientes procesados GABINO
MANADER  (…),  JOSE  FRANCISCO  RODRIGUEZ  VALIENTE  (…),    JOSE  MARIA
CARDOZO  (…),  y  de  HUMBERTO  LUCIO  CABALLERO  cuyos  demás  datos  de
identidad personal de todos ellos se encuentran acreditados en autos ,(art. 1° de la
Ley 24.390) por el término de un (01) año a contar desde la fecha de la presente “
(sic).
Asimismo,  dispone  la  elevación  de  lo  resuelto  a  esta  Cámara
Federal  de  Apelaciones  y  la  pertinente  comunicación  al  Honorable  Consejo  de  la
Magistratura.
2.-  Que,  tras reseñar en el auto de mención los antecedentes de
la  causa  en  cuestión,  el  a  quo  señala  en  primer  término  la  situación  legal  de  los
prenombrados, de cuyo contexto surge el cumplimiento por parte de los mismos de
los dos años de encierro cautelar que constituye el plazo ordinario de duración de la
prisión preventiva de conformidad a lo reglamentado por la ley de fondo. Asimismo,
el Inferior alude a la confirmación por esta Alzada de los autos de procesamiento con
prisión  preventiva  -  y  sus  respectivas  ampliaciones  -  dictados  oportunamente  en
relación a los citados imputados. 
Por  lo  demás,  el  Señor  Conjuez  Federal  hace  referencia  a  los
planteos  de  excarcelaciones  denegados  a  los  procesados  en  aquella  instancia,
resoluciones  que  posteriormente  fueran  confirmadas  por  esta  Alzada,  exponiendo
puntualmente las circunstancias del caso que – a su criterio – permiten prorrogar el
plazo  establecido  por  el  art.  1°  de  la  Ley  N°  24.39 0  (y  su  modificatoria,  Ley  N°
25.430),  reseñando  los  criterios  jurisprudenciales  de  nuestro  más  Alto  Tribunal  en
ese sentido.
Señala  el  a  quo  además  los  diversos  requerimientos  de
instrucción  judicial  que  se  encuentran  –  respecto  de  los  mencionados  en  la
resolución  que  se  comunica  –  en  plena  etapa  de  instrucción  sumaria,  como  así
también  a  que  “próximamente  se  procederá  a  resolver  respecto  del  trámite  de
clausura y posterior elevación a juicio de aquellos hechos ya resueltos tanto en esta
instancia  de  instrucción  como  en  la  Excelentísima  Cámara  Federal  de  Apelaciones
de  esta  ciudad…”  (sic),  y  concluye  destacando  que  no  puede  desatenderse  la
gravedad de la infracción y el concurso real atribuido a su respecto a los efectos de
establecer  si  el  plazo  de  detención  ha  dejado  de  ser  razonable,  agregando  que  “la
ley  24.390  no  derogó  las  normas  contenidas  en  el  Código  Procesal  de  la  Nación
vinculadas al instituto de la excarcelación, por lo que habiéndome expedido sobre el
particular  en  los  respectivos  incidente,  los  que  a  su  vez  fueran  confirmados  por  la
Alzada, reitero los argumentos que sostuvieran dichos decisorios.” (sic).
3.-  Puesta  a  examen  la  cuestión  venida  a  conocimiento  –  en
ejercicio  del  contralor  establecido  por  el  art.  1°  de  la  Ley  24.390  –,  este  Tribunal
entiende que la prórroga de la prisión preventiva dispuesta por el Inferior en relación
a los encausados, debe ser convalidada. Ello, por las consideraciones que siguen.
a) Así, en atención a los fundamentos vertidos por el a quo, surge
que los procesados en las actuaciones de referencia han cumplido el plazo ordinario
de encierro cautelar establecido por la normativa legal reglamentaria del art. 7.5 de la
Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  (Pacto  de  San  José  de  Costa
Rica).
b) Asimismo se advierte de los antecedentes citados por el Señor
Conjuez,  que  los  motivos  determinantes  para  disponer  la  prórroga  que  se  consulta
devienen de la materia y características de los hechos involucrados los que denotan
la  complejidad  de  la  causa  en  que  ellos  se  investigan  –  teniendo  en  cuenta  las
nuevas instrucciones de sumarios judiciales a su respecto –, la proximidad a la etapa
de clausura y elevación a juicio oral en relación a los hechos resueltos y confirmados
por  esta  Alzada,  decisiones  que  –  vale  la  pena  destacar  –  han  alcanzado  firmeza
tras lo resuelto por la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal en fechas
12  de  noviembre  y  5  de  diciembre,  ambos  del  año  en  curso,  al  rechazarse  los
recursos de queja deducidos por las respectivas Defensas; así como la vigencia de
las  denegatorias  de  las  excarcelaciones  oportunamente  decididas  (conf.  arts.  316
siguientes y concordantes del código de rito).
 
Poder Judicial de la Nación

c) Sumado a las circunstancias fácticas y jurídicas expuestas en el
acápite  que  precede,  la  especial  consideración  de  las  características  y  cantidad  de
delitos  atribuidos  a  los  procesados  –  pautas  prescriptas  por  el  art.  1°  de  la  Ley
24.390 –, art. 144 ter, primero y segundo párrafos del C.P. – texto según ley 14.616
–  todos  en  concurso  real  (art.  55  del  C.P.),  demuestran  la  imposibilidad  de  hacer
cesar la medida cautelar oportunamente dispuesta.
Por  otra  parte,  no  se  advierten  demoras  injustificadas  en  la
tramitación de la presente causa que tornen irrazonable la extensión de la medida de
coerción  personal  dispuesta  respecto  de  los  encausados,  y  teniendo  en  cuenta  la
vigencia  de  las  denegatorias  de  las  excarcelaciones  resueltas  a  su  respecto  (conf.
arts. 316, 319 y ccdtes del C.P.P.N.), dicha prórroga se presenta en el sub examine
como  necesaria  para  asegurar  el  cumplimiento  de  los  fines  del  proceso  penal  en
curso (averiguación de la verdad y aplicación de la ley penal sustantiva), sin que ello
implique en modo alguno convalidar demoras en el trámite de la presente que, como
se señaló supra, no se avizoran.
En  tal  entendimiento,  el  concepto  de  plazo  razonable  abarca  el
análisis  de  factores  como  las  condiciones  personales  del  imputado,  la  gravedad  de
los  hechos  y  la  complejidad  del  caso  (del  voto  del  Dr.  W.  Gustavo  Mitchell  en 
“Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ ley 24.390”, c. N° 9508 y “Scheller, Raúl Enrique y
otros    s/  recurso  de  casación”,  c.  N°  9759,  Sala  II ,  C.N.C.P.  rtas.  17  de  diciembre
próximo pasado), circunstancias ampliamente analizadas en su oportunidad por el a
quo y este Tribunal.
d)  A  más  de  lo  expuesto,  debe  en  la  especie  considerarse
especialmente el criterio esbozado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
el precedente “Bramajo” (Fallos: 319:1840, del 12/9/1996) el que fuera reiterado por
ese  Alto  Cuerpo  con  posterioridad  (Fallos:  321:1328),  por  el  cual  demuestra  su
apego a la doctrina que impide la recuperación automática de la libertad transcurrido
el tiempo prescripto por el art. 1° de la Ley 24.39 0.
4.- En función de lo arriba enunciado, y atención a la obligación de
control  que  le  incumbe  a  este  Tribunal  –  de  conformidad  a  lo  establecido  en  la
normativa  legal  aplicable  –,  es  que  SE  RESUELVE:  Convalidar  la  resolución  de  fs.
1/3  y  vta.  por  cuanto  prorroga  la  prisión  preventiva  de  los  allí  nombrados  por  el
término  de  un  año,  haciendo  saber  al  Señor  Conjuez  Federal  que  deberá  dar
cumplimiento con lo normado por el art. 9° de la Le y 24.390.
Regístrese. Ofíciese al Juzgado interviniente. Fecho, archívese.

 Fdo. Dr. José Luis Alberto Aguilar – Juez – Dra. Ana Victoria Order – Juez – Dra. Rocío Alcalá – Secretaria –
 
NOTA: De haberse dictado el Acuerdo precedente por los Sres. Jueces de Cámara 

que constituyen la mayoría absoluta del Tribunal (art. 26 Dto. Ley 1285/58 y art. 109
Regl. Just. Nac.) en razón de encontrarse vacante una vocalía.

                               Secretaría, 23 de diciembre de 2008.-

Fdo.: Dra. Rocío Alcalá – Secretaria –

 
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