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Garantía del juicio previo.

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El individualizar una agravante no pedida por la fiscalía vulnera la bilateralidad y defensa en juicio. Identidad conceptual (no gramatical) entre lo pedido y lo resuelto.

Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, causa N° 55.814, “R, M. C. s/ Recurso de Casación”, rta. 30 de mayo 2013.

ACUERDO

En la ciudad de La Plata a los 30 días del mes de mayo del año dos mil trece, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Horacio Daniel PIOMBO y Ricardo R. MAIDANA, bajo la presidencia del segundo de los nombrados, para resolver en la causa N° 55.814, “R, M. C. s/ Recurso de Casación”, conforme el siguiente orden de votación: MAIDANA – PIOMBO.

 

ANTECEDENTES

El 11 de septiembre de 2012 los jueces del Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca condenaron a M. C. R. a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de lesiones graves, en los términos de los artículos 45 y 90 del Código Penal.

Contra dicho pronunciamiento, el Defensor Particular, Dr. Leonardo Gómez TALAMONI, interpuso el recurso de casación que figura a fojas 39/45 del presente legajo.

Declarado el remedio admisible y tenida por desistida la audiencia de informes a fs. 61/vta., la causa se encuentra en estado de dictar sentencia, por ello la Sala VI del Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes:

 

CUESTIONES

Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?

Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

 

A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor MAIDANA, dijo:

Sostiene el Defensor Particular que el fallo inobserva la ley sustantiva (art. 448 inc. 1 del C.P.P.), causándole gravamen la pena impuesta. Expone los argumentos que, a su criterio, provocan que se descalifique el decisorio, enunciando a tal efecto un quebrantamiento de las formas esenciales del proceso, pretendiendo que se declare la nulidad, por ausencia de motivación, en el punto que sustenta la sanción aplicada. Denuncia que el tribunal ha incumplido con la obligación de fundamentar, es decir, dar por escrito las razones que justificaron su juicio lógico. Menciona que la condena supera varios años el mínimo de la escala y que se computaron agravantes no pedidas por el Ministerio Público. Hace reserva de caso federal.

Cabe poner de resalto que, limitándose las críticas contenidas en el recurso a la fundamentación que hizo el A Quo respecto al quantum punitivo impuesto a R. sin que exista ningún otro cuestionamiento, a ello habrá de acotarse la decisión a adoptar, sin perjuicio de remarcar que el principio dispositivo y acusatorio ciñen la tarea de los magistrados al punto que deben determinar la medida de culpabilidad, en base a las circunstancias agravatorias y/o atenuadoras de la responsabilidad que hayan traído las partes en la discusión final del juicio, a excepción de aquello que favorezca al incusado (arts. 18 CN, 371 cuarto párrafo y c.c. del C.P.P.).

En torno a la nulidad de la sentencia por falta de fundamentación en la graduación de la pena, debo referir que tal pretensión no es plausible de ser acogida, en tanto el tribunal invocó las normas que rigen el caso y efectuó el cómputo de distintas pautas aumentativas y diminuentes de la culpabilidad de R. por el hecho atribuido, las cuales fueron objeto de análisis para determinar el monto fijado y satisfacen la exigencia de adecuada motivación (cfr. fallo en copias a fs. 32vta./33).

Y más allá de la crítica expuesta por la parte, lo cierto es que el fallo refleja en su conjunto el iter lógico singular que siguió el tribunal para fundar la extensión de la respuesta punitiva en el caso concreto, razón que impide acceder receptar la acusación de vicio o defecto atento que la remisión a aquellos extremos es el sustento de lo resuelto (arts. 171 Constitución Provincial y 106 del C.P.P.).

Pasando al segundo de los motivos de agravio, respecto las agravantes no pedidas por el Ministerio Público, cabe recordar que la exigencia de un “juicio previo” implica que nadie pueda ser penado sin la sustanciación de un procedimiento imparcial, regular y legal en el que se resguarden los derechos individuales del imputado, en especial la inviolabilidad de la defensa. Y en el marco de ese contradictorio, regido por el principio acusatorio y dispositivo, es que se construyen los elementos que fundamentan la sentencia según un debido proceso de ley.

Esta garantía no sólo se proyecta para tener por verificados los extremos del hecho y participación, sino que se extiende al proceso de cuantificación de la sanción. De ese modo, hay un deber de correlación y la resolución no puede apartarse de lo que fue objeto del debate.

En tal sentido, si el sentenciante computa pautas aumentativas no contenidas en la petición del acusador, la defensa no tuvo oportunidad de discutir ni resistirlas, provocando la vulneración del derecho de defensa y de los principios de congruencia, contradicción, bilateralidad y dispositivo que tornan inválida la aplicación de la pena.

Bajo este orden de ideas, el tribunal evaluó la concurrencia de múltiples circunstancias agravantes, las cuales enunció bajo el argumento de 1. “peligrosidad puesta de manifiesto en la conducta violenta desplegada contra quien lo une vínculos personales de más de quince años de convivencia, y con quien posee tres hijos menores de edad en común”; 2. “el aprovechamiento del alto grado de sometimiento y dependencia que tiene sobre la víctima”; 3. “la reiteración de conductas agresivas desplegadas contra su concubina en presencia de sus hijos menores de edad”; 4. “el desprecio total sobre el perjuicio que les ocasiona a los menores presenciar dicha violencia”; 5. “la falta de arrepentimiento por las conductas desplegadas”; y 6 “la falta de registro de la gravedad de los hechos que ocasionó que lleva la posibilidad de reiterar las conductas de violencia, ya que minimiza los problemas de pareja y no las valora en su magnitud”.

Como contrapartida, emerge con meridiana claridad que esos criterios que determinaron el monto fijado por el A Quo, no lucen del todo idénticos a los solicitados por el señor Fiscal Dr. Eduardo A. Quirós, quien los circunscribió a los siguientes: “La extensión del daño causado, las lesiones producidas a la víctima que demandaron una larga internación con riesgo cierto para la misma, la peligrosidad del imputado que se traduce en la ferocidad en el ataque y los elementos utilizados, la cronificación de las golpizas, ya que la golpeó en diversas oportunidades y sin tener en cuenta que lo vieran sus hijos, no midió en ningún momento el perjuicio que podía causarle a los menores. Destacó los dichos de la psicóloga Maidana, quien comentó que J. le refería que ya tenía reacciones violentas, consecuencia de las situaciones vividas, la falta de arrepentimiento y la falta de registro de la gravedad de lo que pasó” (acta de debate –en copias- a fojas 13).

En definitiva, el confronte arroja que el representante del Ministerio Público peticionó una serie de agravantes que no guardan perfecta “identidad gramatical” a las receptadas en el fallo. Sin embargo, la plasticidad sintáctica utilizada por el A Quo a fin de computarlas, no puede configurar un defecto que habilite la descalificación del punto en controversia.

No es la igualdad del lenguaje ni la simetría semántica lo que exige la ley, sino que entre lo pedido y lo resuelto exista una correlación conceptual y material de la realidad de las cosas, de modo que el tribunal no incurra en “ultra petita” ni tampoco sean violadas las garantías del justiciable.

Bajo estas consideraciones, sólo parcialmente asiste razón a la defensa, y ello se pone de manifiesto en el cómputo “[d]el aprovechamiento del alto grado de sometimiento y dependencia que tiene sobre la víctima”; circunstancia, ésta, singular, específica y particular de la que se advierte que no fue materia de acusación a la hora de peticionar la fiscalía su cálculo como criterio aumentativo de culpabilidad.

La tarea del juzgador al dosificar el quantum punitivo se halla constreñida a las pautas que sean requeridas en la discusión final del juicio, por lo que no es válida la sorpresiva ponderación de una circunstancia, de carácter agravante, sin sustento en lo debatido en la audiencia previa, aún cuando pueda inferirse que sea procedente según los términos de los arts. 40 y 41 del C.P.

Por eso, media una razón para descalificar -en ese exclusivo tramo- al decisorio como acto jurisdiccional válido por exceder la materia discutida en el juicio y producir indefensión en el encausado, con expresa transgresión a lo establecido en el artículo 371 cuarto párrafo del Código Procesal Penal.

Así las cosas, cabe asumir competencia positiva y abordar el monto de la sanción que corresponde imponer al causante, lo que se liga conjuntamente con la necesaria reevaluación del punto que obliga el descarte de uno de los agravantes.

Ahora bien, dicho esto, debe recordarse que nuestro ordenamiento positivo establece un sistema de penas relativas, por oposición a uno de penas fijas, donde a cada tipo legal le corresponde un marco que refleja el valor proporcional de la norma dentro del sistema y configura una escala de gravedad continua y de crecimiento paulatino, en la que el legislador establece todos los casos posibles, desde el más leve hasta el más grave que se pueda concebir, y el juez debe ubicar cada una de las controversias sometidas su conocimiento, procurando hacerlo en el segmento correcto (ZIFFER, Patricia, Lineamientos de la determinación de la pena, Ad-hoc, Buenos Aires, 1999, p. 37).

En esta línea, entonces, visto el marco punitivo dentro del cual debe graduarse la sanción (arts. 45 y 90 del C.P.), considero que al descartar una pauta agravante debe inexorablemente reducirse la pena impuesta, la que teniendo en cuenta las constancias de autos, lo alegado al respecto por las partes, los criterios agravatorios que no fueron disconformados en esta instancia, el atenuante considerado (carencia de antecedentes penales) y los parámetros contenidos en los arts. 40 y 41 del C.P., estimo pertinente fijarla en 4 (cuatro) años y 3 (tres) meses de prisión, accesorias legales y costas

Por último, cabe añadir, por otro lado, que una lectura detenida de las actuaciones resulta suficiente para corroborar la adecuación y la relación de proporcionalidad que guarda la selección de esta pena con el caso, sin que además la defensa haya señalado elementos de juicio que se hayan pasado por alto o que propicien la adopción de una decisión distinta a aquí establecida.

ASÍ LO VOTO.

 

A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor PIOMBO,  dijo:

Adhiero al voto de mi colega doctor MAIDANA, por compartir sus fundamentos, dejando sentado que si los hechos que motivan la aplicación de la agravatoria han sido discutidos y debatidos, la agravante no requerida por el Ministerio Público Fiscal puede ser asumida por el Tribunal de Grado, circunstancia que en el caso no se vislumbra, concordando de esta manera en un todo con lo decidido en el voto precedente.

ES MI VOTO.

 

A la segunda cuestión planteada, el señor juez doctor MAIDANA dijo:

En virtud del resultado al que se ha arribado en la votación precedente, corresponde hacer lugar -en parte- al recurso de casación interpuesto por el Dr. Leonardo Gómez Talamoni, sin costas en esta Alzada. En consecuencia: casar parcialmente lo resuelto en fecha 11 de septiembre de 2012 por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Bahía Blanca y reducir la pena impuesta a M. C. R., la que se fija por la presente en 4 (cuatro) años y 3 (tres) meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, como autor penalmente responsable del delito de lesiones graves (arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 90 del C.P.; 20 inc. 1, 106, 209, 210, 371, 373, 375, 421, 448, 450, 454 inc. 1, 459, 460, 530, 531 y c.c. del C.P.P.) .

Habida cuenta la reserva del caso federal efectuada por el letrado interviniente, así corresponde tenerlo presente.

ASÍ LO VOTO.

 

A la misma segunda cuestión planteada el señor juez doctor PIOMBO, dijo:

Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.

ES MI VOTO.

 

Con lo que se terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:

SENTENCIA

Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:

I. HACER LUGAR -en parte- al recurso de casación formulado por el señor Defensor Particular, Dr. Leonardo Gomez Talamoni, sin costas en esta instancia, y en consecuencia:

II. CASAR PARCIALMENTE lo resuelto en fecha 11 de septiembre de 2012 por el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 2 de Bahía Blanca, y CONDENAR a M. C. R. como autor penalmente responsable del delito de lesiones graves y REDUCIR la sanción impuesta que se fija por la presente en la PENA DE CUATRO (4) AÑOS Y TRES (3) MESES DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y PAGO DE LAS COSTAS DEL PROCESO.

III. TENER PRESENTE la reserva de caso federal que fuera formulada por el letrado interviniente, en los términos del artículo 14 de la Ley 48.

Rigen los artículos 18, 33 y 75 Inc. 22 CN; 5, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41,  45 y 90 CP; 1, 20 inc. 1, 106, 210, 371, 373, 375, 421, 448, 450, 454 inc. 1, 459, 460, 530 y 531 C.P.P.

Regístrese, comuníquese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase al Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca, a fin que acollare el presente al expediente principal que sirve de antecedente, encomendándose la notificación del causante de este decisorio.

FDO.:  Horacio Daniel Piombo - Ricardo R. Maidana.

Ante mi: Diego D.M Alcalde.

 


 
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