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La conformidad fiscal es vinculante para el juez en el otorgamiento de la suspensión de juicio a prueba (sólo sujeto a examen de razonabilidad).

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Causa nro. 554/08 "C., Emanuel Raúl por tenencia de estupefacientes".

Juzgado Correccional nro. 1 de Bahía Blanca, rta. 3 de septiembre 2008.

Causa nro. 554/08 "C., Emanuel Raúl por tenencia de estupefacientes"
Nro. de Orden
Libro de Interlocutorias nro. X
Bahía Blanca, 3 de setiembre de 2008.-


AUTOS Y VISTOS:
Los de la presente causa nro. 554/08 para resolver acerca de la suspensión del proceso a prueba solicitado por el imputado Emanuel Raúl C..
RESULTA:
Que en la audiencia prevista por el art. 338 del rito (fs. 172) el imputado junto con la Sra. Secretaria de la Defensoría Oficial Nro. 1, Dra. Julieta Stordeur, solicitaron la suspensión del proceso a prueba, ofreciendo en concepto de reparación del daño la suma de veinte pesos ($20) más doce pesos ($12) en concepto de multa.
Que el representante del Ministerio Público Fiscal manifestó que se oponía al beneficio solicitado en virtud de las características del hecho y la gravedad de la tenencia que permiten presumir la posiblidad de comercialización, más allá de que no fue materia de acusación y por la existencia de otras causas elevadas a juicio que permiten inferir la comisión de otros delitos por parte del imputado.
Y CONSIDERANDO:
Que para la procedencia de la suspensión del juicio a prueba se requiere la conformidad fiscal (arts. 76 bis, cuarto párrafo del CP y 404 del CPP). La opinión del representante del MPF, manifestando su consentimiento u oposición a la procedencia del instituto en el caso concreto, en el último supuesto debe ser -desde luego- fundada (art. 56 del CPP) y debe basarse en razones político-criminales referidas a la conveniencia de la persecución del imputado, por caso basándose en las modalidades, naturaleza o gravedad del hecho, la peligrosidad de su autor, el aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima, etc. En ello, debo aclarar nada tiene que ver la naturaleza criminal o correccional de la causa en relación a la pena conminada en abstracto por las distintas figuras.
La ley procesal viene en apoyo de nuestra postura al disponer que el órgano judicial competente podrá conceder el beneficio, contando con el acuerdo del Fiscal (art. 404 del CPP, según ley 13.260), sin efectuar distinción alguna.
Que ello es así, dado que el instituto de la suspensión del proceso a prueba constituye una manifestación del llamado principio de oportunidad en la persecución penal y conforme lo dispuesto por el art. 120 de la C. Nacional el MPF tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, y le compete exclusivamente el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública (arts. 6 CPP y 17 inc. 1 de la ley 12.061).
Que en cambio, el análisis acerca de si se dan los requisitos y presupuestos legales para la procedencia del beneficio, más allá de que pueda existir un dictamen fiscal no vinculante al respecto, constituye un tema de la órbita exclusiva y excluyente del órgano jurisdiccional que no puede renunciar a efectuar el correspondiente control de legalidad, al igual que establecer la razonabilidad del ofrecimiento reparatorio (cfr. causa de este Juzgado nro. 1250/03 resoluc. del 28/4/04 "Barletta"). En un sistema marcadamente acusatorio -el que viene dado desde el diseño constitucional- el juez no puede entrometerse en las incumbencias del fiscal, pero tampoco a la inversa.
Que en la dirección indicada sostiene Alberto Bovino que la opinión del fiscal se debe limitar a la formulación de un juicio de conveniencia y oportunidad político-criminal, en un caso concreto, acerca de la continuación o la suspensión de la persecución penal, y agrega que "el consentimiento fiscal, para no usurpar la función de control de legalidad, atribución propia de la función jurisdiccional, debe tener por objeto necesariamente, algo distinto a las exigencias legales, cuya verificación exige el control judicial" ("La suspensión del procedimiento penal a prueba en el Código Penal argentino", Editores del Puerto, 2001, págs. 157/159).
Que en mi opinión, si se tratara solamente de la verificación de los extremos legales no tendría sentido que el fiscal preste consentimiento pues -como dijera- el control de legalidad corresponde al juez. Por otro lado, al margen que el Código Penal se inmiscuye en un tema procesal, debo destacar lo dispuesto por el digesto adjetivo provincial en el art. 404 ya citado.
Que la oposición fiscal, en base a razones de política criminal, podrá no ser compartida por el órgano jurisdiccional, pero éste -tercero imparcial- no puede usurpar una función que le resulta ajena, en un sistema que se caracteriza por una importante división de tareas e incumbencias. La mentada oposición no descoloca a la defensa desde que, el Agente Fiscal, en el ejercicio de la acción penal no debe dictaminar automática y rutinariamente, sino analizando el caso con miras a racionalizar eficazmente su intervención conforme criterios de oportunidad y en defensa de los intereses de la sociedad (arts. 56 y 334 del CPP; 1, 17 inc. 1., 27 y concordantes de la Ley 12.061). En esa tarea, la oposición a la procedencia de la suspensión del proceso a prueba es una de las posturas que puede adoptar el representante del MPF (manteniendo el ejercicio de la acción), en el entendimiento que la causa debe seguir su curso hacia el juicio oral o abreviado.
Que el Tribunal de Casación Penal de la Pcia. de Bs. As. se ha pronunciado en el sentido de la presente resolución, al sostener:"El art. 76 bis CP postula un único trámite en el que el consentimiento fiscal es elemento imprescindible, toda vez que la suspensión del juicio a prueba, constituye un modo de extinción de la acción penal que aspira a lo ideal del decisorio gestado mediante el acuerdo de voluntades entre ofensor y ofendido, realizado éste con aquiescencia del titular de la acción que así resigna ese acuerdo, la voluntad del Estado -a través del MPF-es la que debe primar en una solución que pone en juego la posibilidad de disponer de la acción penal" (TCP Bs. As., Sala I, causa 2695 del 16/3/04, en La Ley Buenos Aires nro. 10, noviembre de 2004, págs. 1118/19, el subrayado me pertenece).
Por ello, RESUELVO: I. NO HACER LUGAR A LA SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA, solicitado por EMANUEL RAUL C. en la presente causa, por no haber prestado su consentimiento el Ministerio Público Fiscal (art. 76 bis del CP y 404 del CPP).
II. Atento lo resuelto en el apartado precedente y las cuestiones tratadas en la audiencia preliminar mencionada precedentemente, RESUELVO:
a) Atento la ratificación de los escritos presentados por las partes (fs.168/171) téngase por admitidas las mismas, en consecuencia a ello las partes peticionantes deberán disponer su diligenciamiento.(arts. 338 y 339 segundo párrafo del C.P.P.).
b) De conformidad con lo establecido en el primer apartado del art. 339 del C.P.P.-ley 11.922-, desígnase la audiencia del día 03 de noviembre de 2008 a las 9,30 horas, para que se de comienzo al debate público del juicio oral. Al efecto, líbrese oficio para la notificación del procesado C. EMANUEL RAUL a la Comisaría que corresponda. y a la Secretaría General de la Fiscalía General a fin se remita el efecto nro.11.760 NOTIFIQUESE.


 
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