Instituto de Estudios Penales | Bahia Blanca |

Extremos de la prisión preventiva para menores.

“G., L. O. s/. inf. art. 189 bis C.P. ”.

Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº x Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rta. 27 de febrero 2008.

Buenos Aires, 27 de febrero de 2008.

        AUTOS y VISTOS:

        Para resolver en la presente causa nº XXXX/08 (interno nº XXXX/D) “G., L. O. s/. inf. art. 189 bis C.P. ” en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº x.

        RESULTA:

        En la fecha con la presencia de la Dra. XX, a cargo de la Fiscalía en lo Contravencional y de Faltas nº XX, de la Asesora General Tutelar Dra. L. C. M.,  del imputado L. O. G., asistido por el Sr. Defensor Oficial Dr. X. X. se llevó a cabo la audiencia de prisión preventiva prevista en el art. 173 del CPPCABA, que se instrumenta en el acta precedente y que ha sido registrada en soporte informático.
        I.
        Aportada por las partes se tiene por incorporada la siguiente prueba: acta secuestro y acta de detención y notificación de derechos, actas de las declaraciones de los preventores: Subinspector C. A. y Agente D. M., actas de las declaraciones de los testigos del procedimiento, informe médico que indica que G. estaba en estado de normalidad al momento del hecho, informe pericial llevado a cabo por la Comisaría 32 que dice que el arma es apta para el disparo.  Informe actuarial de la fecha, respecto de la captura dispuesta por el Tribunal Oral de Menores 3, el informe del Registro Nacional de Reincidencia respecto de L. O. G. o C. I. G. o C.I.M. y constancias de las diligencias llevadas a cabo por la Comisaría de Lanús para constatar el domicilio denunciado por el imputado.
        Durante el transcurso de la audiencia, a pedido del Defensor Oficial se le recibió declaración testimonial a X.X., paraguaya, nacida el 23 de junio de 1962, soltera, empleada doméstica, con domicilio XX 784 L. O., Pcia. de Buenos Aires, quien fue interrogada por el Sr. Defensor Oficial y por la Sra. Fiscal, en tanto la Sra. Asesora General Tutelar se abstuvo de hacerlo, conforme se registra en el  archivo de audio reservado en soporte magnético.
        II.
        La Sra. Fiscal solicitó se dicte la prisión preventiva de L. O. G. con relación al hecho ocurrido el 27 de febrero de 2008, aproximadamente a las 5,00 hs. en S. e I. de esta ciudad, oportunidad en la cual en presencia de dos testigos a G. se le secuestró de la cintura de la bermuda que llevaba puesta el revolver calibre 32 largo, marca Pasper nº 11914, con cuatro balas del mismo calibre, dos de ellas percutadas, sin que tuviera autorización legal para portarlo.  
El hecho fue calificado como portación de armas de uso civil sin la debida autorización legal –art. 189 bis, inc. 2º párrafo tercero del Código Penal-.
        Para acreditar, con el grado de provisoriedad propio de esta etapa procesal, la materialidad del hecho y la responsabilidad del imputado G., requirió que se incorporara como prueba las constancias del caso, que son: acta secuestro y acta de detención y notificación de derechos, actas de las declaraciones de los preventores: Subinspector C. A. y Agente D. M., actas de las declaraciones de los testigos del procedimiento, informe médico que indica que G. estaba en estado de normalidad al momento del hecho, informe pericial llevado a cabo por la Comisaría 32 que dice que el arma es apta para el disparo.
        Con relación a la existencia del suceso objeto de análisis, afirmó que en base a la flagrancia en la que había sido aprehendido G., ninguna duda le cabía al respecto, como así tampoco y en virtud de la misma flagrancia no le cabían dudas sobre la autoría de G..
        Luego de haber acreditado la existencia del hecho, justificó el pedido de la medida cautelar objeto de la audiencia, con la solicitud de incorporación como prueba del: informe actuarial de la fecha, respecto de la captura dispuesta por el Tribunal Oral de Menores 3, que da cuenta además que L. O. G estuvo alojado en el “Instituto M. Rocca” hasta el 24 de noviembre de 2007, fecha en la que le fue otorgada una licencia y que nunca se reintegró. Los informes del Registro Nacional de Reincidencia y las constancias relativas a la constatación del domicilio del imputado, llevadas a cabo por la Comisaría de Lanús que señalan que es desconocido en el lugar.
        Señaló también como requisito para la procedencia de la medida impetrada que previamente L C G había sido impuesto del hecho, y se había negado a declarar.  
        En fundamento de su postura argumentó que la conducta procesal desarrollada por el imputado en el Tribunal Oral de Menores 3 y su fuga del “Instituto Manuel Rocca”, al que debía haberse reintegrado luego de la licencia, eran indicios suficientes que le permitían suponer, en los términos previstos por los arts. 170 del CPPCABA y del art. 50 de la ley penal juvenil, el peligro de fuga y la procedencia de la medida pedida.  
A ello, según su postura, hay que agregar que el menor G carece de arraigo, pues personal policial se había constituido en el domicilio que el propio imputado aportó (xxx 554 Villa J., L., Pcia. de Buenos Aires), y no hubo persona que dijera conocerlo, y que pudiera verosímilmente darle la idea que tuviera una familia.  Afirmó que le resultó imposible contactarse con la madre, con quien dijo el menor que vivía.
También estimó que era una circunstancia relevante para justificar la medida solicitada, que en el proceso en trámite por ante el Tribunal Oral de Menores 3 hubiera dado tres nombres distintos, y que careciera de documentación personal, pues con ello se hacía más difícil aún su identificación y la posibilidad cierta de someterlo al proceso.
Por último indicó que lo dicho por la testigo M. B, durante la audiencia, le planteaba interrogantes sobre la existencia de un núcleo familiar, pues si bien puede ser que exista un domicilio, tiene serias dudas en cuanto a la posibilidad del supuesto núcleo familiar para contener al menor, a lo que debe sumar que tampoco tiene acreditado el vinculo familiar que se relata.  Y que le quedaba la sensación de que no hay pertenencia a un grupo familiar que lo pueda contener. Además señaló que hay discrepancia en lo que manifestó anteriormente el imputado,  que dijo que vivía con la mamá, y ahora, de los dichos de la testigo, aparecen hermanos convivientes.  Ratificó entonces el pedido de la prisión preventiva.
III.
A su turno el Sr. Defensor Oficial, en la presentación de su caso, dijo que se oponía al pedido de prisión preventiva, porque a su entender la fiscalía no había probado ninguno de los presupuestos necesarios para el dictado de esa medida excepcional, ni había acreditado la vinculación de su asistido G con el hecho descrito, ni había justificado debidamente la existencia del peligro de fuga.  Ofreció como prueba el testimonio de A. M, quien dijo era la tía del imputado, ex esposa del hermano de la madre.
 Señaló que no se acreditó el grado de vinculación del menor con el hecho, no vinieron a la audiencia los testigos del procedimiento. Sólo existen papeles por escrito, lo que impide conocer los pormenores del procedimiento. La fiscal no acompañó informes del RENAR, ni pericial sobre el arma, ni sobre las balas secuestradas, que a su modo de ver es la única forma de acreditar la aptitud para el disparo, pues el informe del armero de la Comisaría 32 es insuficiente para ello.
También dijo que discrepaba en cuanto a que se haya acreditado el peligro de fuga, toda vez que el imputado desde el principio de esta causa dijo que vive donde efectivamente lo hace. Vino a la audiencia Agripina Maqueda Benítez, tía del imputado y ella fue suficientemente clara en cuanto al tema de la constatación del domicilio y el problema de la numeración, quien además acreditó suficientemente donde vive su asistido L. G.  
  Tampoco se advierte, que sentido tendría que la defensa se ocupe de traer a la Sra. A M. B. a la audiencia, si no es que ella tiene algún vínculo con L. G., el cual ha explicado suficientemente, el que además se infiere porque sólo de esa única manera se puede entender que una persona viaje desde Lanús hasta el lugar de la audiencia casi inmediatamente, cuando fue llamada por la Defensoría, con las complicaciones y gastos que ello implica.
 A su entender no se dan los supuestos previstos por los arts., 170 del CPPCBA y 50 LPJ, primero porque no se acreditó suficientemente la falta de arraigo, segundo porque resulta fundamental, para resolver la cuestión, lo previsto en el art. 170 inc. 2 que habla de la magnitud de la pena y de la imposibilidad de ejecución condicional como elementos, y en este caso no se dan ninguno de los dos requisitos, porque la posible pena que en todo caso se le pueda llegar a imponer, claramente puede ser de ejecución condicional.  Además, como es un proceso contra un menor, debemos esperar para la imposición de condena por lo menos un año, por lo cual la imposición de pena, aparece más que remota y lejos está de una imposibilidad de ejecución condicional.  A ello se le debe sumar que el tipo penal imputado tiene establecido un máximo de cuatro años, por lo que entonces no supera los ocho años previsto en el mismo inciso como otro de los requisitos necesarios para que prospere la medida.  Pero además, el art. 50 de la ley 2451, claramente nos dice que la detención cautelar de una persona menor de dieciocho años solo procede cuando no apareciere suficiente la adopción de otra medida menos grave y por un período mínimo necesario, siempre que el delito prevea pena privativa de libertad y el juez estimare que no procederá condena de ejecución condicional, cuestión que obsta a la aplicación de la prisión preventiva.
Por último el Sr. Defensor indicó que en la Ciudad de Buenos Aires no existen lugares de alojamiento adecuados a la normativa vigente para poder cumplir con la medida restrictiva de libertad respecto de un menor.
        IV.        
        La Sra. Asesora General Tutelar de la Ciudad, Dra. L. M. indicó, que compartía en un todo lo expresado por el Sr. Defensor Oficial,  que no hay caso que se le pueda imputar al menor L.G..  Además que el pedido de prisión preventiva excede las medidas restrictiva de la libertad, sin cumplir con los requisitos de proporcionalidad, en un sistema de responsabilidad penal juvenil.  Dijo que la Convención de los Derecho del Niño claramente plantea la inconveniencia del dictado de una medida de esta especie y que se debía hacer una interpretación restrictiva del art. 26 de la ley penal juvenil.
Los argumentos que se han sostenido en cuanto a los diferentes nombres no es un indicio de peligro de fuga, porque ello además sucedió en otro proceso. En cuanto al domicilio, está probado, por los dichos de A. M. que si tiene un domicilio, las constancias de la policía son que tocaron el timbre y nadie respondió, pero nada más.  
Advirtió que este sería el primer caso en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en la que se pide la prisión preventiva de un menor de edad, que es la medida más gravosa, la que hizo saber que no podría operar, porque el pedido se tornaría abstracto, ya que no existe institución donde llevarla a cabo.
        Agregó que no esta probado el peligro de fuga ni el entorpecimiento en el proceso, pues cualquiera que haya caminado por un barrio pobre del conurbano sabe lo difícil que es hasta notificar una cédula, lo que resulta un hecho de la realidad.
Dijo que le parecía muy peligroso que cuando se sospecha que no hay un núcleo familiar, se dude porque no se entiende cual es el tipo de familia y los vínculos, que se clarifica si se entiende al núcleo familiar en sentido extenso, como lo hacen las normas no solo de derecho de infancia sino también las de derechos humanos y aún en el derecho de familia, entendiendo como el vínculo con el que las personas se relacionen entendiéndolas como su familia, más allá del vínculo legal que entre ellos exista.  
        Indicó que la Sra. Fiscal no acreditó las condiciones excepcionales para solicitar la prisión preventiva, ni tampoco la proporcionalidad que justifique su adopción con relación a las demás medidas alternativas previstas en el conjunto de la legislación vigente.
        V.
        Invitado a manifestarse, el imputado L. O. G., dijo que no quería decir nada.
        Y CONSIDERANDO:
        VI.
        A fin de dar respuesta al pedido de la Sra. Fiscal y a fin de resolver sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada, corresponde primero analizar la verosimilitud del hecho invocado y luego la posibilidad de peligro de frustración del proceso que la adopción de la cautelar pretende evitar, todo ello conforme la prueba producida en la audiencia, en atención a los alegatos formulados por las partes, que sucintamente se refirieron en los párrafos anteriores, pero que de forma más extensa se encuentran registrados en el archivo de audio, conservado en soporte magnético y analizado conforme las reglas de la sana crítica, esto es un razonamiento que respete las reglas de la lógica y la experiencia.
        VII.
        Por ello, con las pruebas aportadas por la Sra. Fiscal, es decir, las actas de procedimiento y de secuestro, las actas de las declaraciones del personal policial que previno en el hecho y de los testigos del procedimiento, tengo por cierto, con el grado de certeza propio de esta etapa del proceso, que el día 27 de febrero de 2008, aproximadamente a las 5,00 hs. en S. D. e I. de esta ciudad, L. O. G.  llevaba puesta en la cintura del pantalón bermudas que vestía, el revolver calibre 32 largo, marca Pasper nº 11914, con cuatro balas del mismo calibre, dos de ellas percutadas, sin que tuviera autorización legal para portarlo.
        La aptitud para el disparo del arma descrita surge de momento suficientemente acreditada con el informe pericial producido por el armero de la Policía Federal  E.
        La flagrancia que ha motivado la acción preventora de la Policía Federal, de momento, resulta una circunstancia más que relevante para suponer, en principio, que LOG podría ser el autor del hecho endilgado y que conforme lo informado por el médico legista en el informe pericial incorporada no existen elementos para suponer que no hubiere comprendido el acto o dirigido sus acciones.
        Tampoco resulta necesario, por lo menos en esta etapa procesal, acreditar que LOG no tenía autorización legal para portar armas, pues por el solo hecho de ser menor de edad le está impedido obtenerla.
        No alcanza la objeción formulada por el Sr. Defensor Oficial en cuanto a la ausencia de testigos, primero porque el Sr. Defensor no planteó una clara objeción al procedimiento policial, pues tan solo esbozó la posibilidad de la existencia de un procedimiento irregular, hipótesis que no justificó más que con argumentos retóricos, ajenos a los hechos precisos vinculados al proceso.  Entiendo al respecto que la mera suposición hipotética, carente de sustento fáctico, sobre la irregularidad procesal no resulta de entidad suficiente como para enervar por si la legalidad del proceso.  En este sentido, la amplia facultad probatoria con que la defensa también cuenta, le permite acercar a la audiencia elementos de prueba que sostuvieran su tesis, lo que no hizo, por cuanto entonces su idea quedó solo amparada por supuestos carentes de sustento material, que de momento no tendrán acogida favorable.  Es así que no se advierte, conforme la prueba producida, elementos que permitan invalidar la actuación policial.
        Así entonces tengo por acreditada, en principio, la materialidad del hecho y la responsabilidad de LOG y la calificación legal que al hecho le asignó la representante del Ministerio Público Fiscal, portación de armas de uso civil sin la debida autorización legal –art. 189 bis, inc. 2º párrafo tercero del Código Penal-,
        VIII.
        Corresponde analizar el peligro de fuga para que la medida requerida tenga acogida favorable.
        En consonancia con lo alegado por la Sra. Fiscal, los elementos aportados no son suficientes para tener por cierto el arraigo de LOG en el domicilio de P , Villa J., Pdo. de L., Pcia. de Buenos Aires.
        Los dichos de la testigo A, quien dijo fue pareja de R, hermano de la madre de  LG, y que el domicilio de LG efectivamente es el de P. 544. Que la madre de Leandro actualmente está en la localidad balnearia de  S. B. cuidando a la persona con quien trabaja y que L vive con la mamá, y con sus hermanos E (21 años), C (18 años), E (8 años) y D (2 años). He de señalar que la testigo refirió que conocía que L G se había fugado del Instituto Rocca.
No resultan suficientes para tener por cierto el arraigo del nombrado y sobre todo la certeza de que se someterá al proceso y no intentará eludir la acción de la justicia. De la impresión que recogí en la audiencia ninguna duda me cabe que la testigo no dijo más que lo que la defensa le solicitó que dijera, para poder con ello el esforzado defensor, sostener su oposición al pedido fiscal.
        Además de la falta de arraigo, esto es un domicilio cierto donde efectivamente LG pueda ser hallado cada vez que sea necesario para el proceso, existen serios y fundados motivos para suponer que en caso de mantenerlo en libertad intentará eludir la acción de la justicia, pues esa fue la conducta que recientemente llevó a cabo en el proceso en trámite por ante el Tribunal Oral de Menores 3, que adecuadamente certificó la fiscalía y que el Sr. Defensor Oficial claramente omitió referir, por cuanto no existe siquiera alguna explicación que la justifique y con la cual se invalide la idea de que esa conducta tuvo como única finalidad la de substraerse de la acción judicial.

        Con estos elementos considero que se encuentra debidamente justificada la procedencia de la prisión preventiva, pues no aparece ninguna otra medida alternativa de las enumeradas en el art. 170 del CPPCABA, que resulte suficiente como para asegurar la presencia de G. en el proceso, con lo cual, y atento a lo reclamado por la Sra. Asesora Tutelar, la cautelar señalada aparece como proporcional con los elementos valoradas y la conducta procesal demostrada por G y justifica sobradamente la aplicación de esta medida excepcional.

        Téngase en cuenta que LG, más allá de la esforzada intención de la testigo y la defensa, carece de un núcleo familiar suficientemente estable, como para suponer que se va a mantener en un domicilio, en la actualidad su madre no está allí, y no se sabe cuándo puede regresar, lo cual desaconseja una medida alternativa.
        Es más , ni la madre de G, ni la tía sabiendo que se había fugado del Instituto Rocca el 24 de noviembre de 2007, tomaron alguna medida como para que el imputado estuviera sometido al proceso, y de ello nada dijeron ni la Defensa Oficial ni la Asesoría Tutelar.

        IX.
        Ahora bien, como dice Günther Jakobs es fácil llegar a un acuerdo acerca de un mundo ideal, pero con ello nada se ha ganado para la vida en el mundo real  , descripción que lamentablemente señala con claridad la situación que se presenta en este caso.
        
        La ley, mundo ideal, estableció la posibilidad de la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva, y con buen tino también dispuso la forma y el lugar en el que, en caso de menores, ella debía llevarse a cabo, centros especializados (arts. 83 y 84 ley 2451), pero lo cierto es que a más de cuatro meses de su promulgación, nada se ha hecho en el mundo real, los centros especializados no existen en el ámbito de esta ciudad y entonces no hay lugar adecuado donde ejecutarla.

        Ello me lleva a considerar que, si bien como dije la prisión preventiva en este caso es procedente, en caso de disponerla se tornaría abstracta porque no hay donde ejecutarla, por lo que me veo en la obligación de disponer la libertad del detenido y  optar por una medida alternativa, que si bien considero que no es la más adecuada al caso, es la única posible.

        Entre las medidas propuestas en el art. 170 y atento a la cautelar subsidiaria propuesta por la Sra. Fiscal, considero que resulta adecuado, en los términos señalados en los párrafos precedentes, obligar a Leandro Omar G. a someterse a la vigilancia de la Asesoría General Tutelar, pues, por lo ya referido, carece de un núcleo familiar que pueda llevara  cabo esa tarea, con también la obligación de presentarse en la Fiscalía cada diez días y la de no ausentarse del domicilio que denunció por más de veinticuatro horas.
        El Ministerio Público Tutelar estimo es un organismo especializado en la temática con los recursos humanos y materiales adecuados para dar adecuado cumplimiento a lo dispuesto.

        Sin perjuicio de todo lo señalado, la falencia que se advierte entre el mundo ideal y el mundo real señalada en el párrafo con el que inicié este apartado me obligan a advertir a las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales de esta Ciudad, para que en el marco de sus competencias arbitren los medios necesarios para resolverlas, pues es claro, y está de más argumentar al respecto, que situaciones como las que aquí se nos plantea no pueden perdurar por mucho más tiempo, máxime atento al inminente traspaso de mayor competencia penal.

        X.
        Por último atento al pedido de captura y la orden de internación emanada del Tribunal Oral en lo Criminal nº 3, así habrá de procederse.

        Por el mérito de los argumentos expuestos, y conforme la normativa legal citada, corresponde transcribir lo ya decidido y que consta en el acta de audiencia, así;

        RESUELVO:

I) NO HACER LUGAR a la PRISIÓN PREVENTIVA de L.O.G.

II) ORDENAR LA INMEDIATA LIBERTAD de L.O.G. en esta causa nº xxxx/08 (interno xxxx/D);

III) IMPONER a L.O.G. las siguientes medidas restrictivas a) SOMETERSE A LA VIGILANCIA de la ASESORÍA GENERAL TUTELAR de la CIUDAD AUTÓNOMA de BUENOS AIRES, b) PRESENTARSE CADA DIEZ (10) DIAS en la sede de la Fiscalía en lo Contravencional y de Faltas nº XX, c) NO AUSENTARSE POR UN TÉRMINO MAYOR A VEINTICUATRO HORAS (24 hs.) DEL DOMICILIO SITO EN P. 544, Barrio V J., L., Pcia. de Buenos Aires, debiéndose labrar el Acta Respectiva (art. 174 incs. 1, 2 y 3 CPPCABA y art. 51 ley 2451);

IV) REMITIR a L O G al “Instituto Centro de Admisión Manuel Rocca”

V) Hacer saber lo resuelto al Tribunal Oral de Menores 3, con oficio de estilo.

VI) Librar oficio al Sr. Ministro de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Sra. Presidenta de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sra. Presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a fin de hacerles saber que en el ámbito de esta Ciudad Autónoma no existen centros especializados, conforme lo previsto en el título XIII “Control de las Medidas Privativas de Libertad” de la ley 2451 y a fin de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, arbitren los medios necesarios para dar cumplimiento con la normativa legal.

VII)  Siendo las 21,50 hs. y atento lo avanzado de la hora, los fundamentos de la presente resolución serán notificados vía correo electrónico el día veintiocho de febrero del corriente año.    
 

Revista Anual del Instituto

Carlos Human, Federico Arrué, Wenceslao Fernández, Pamela Jolías, José Luis Ares, María Parsons y Adrián Gaitán.
. 
ISBN 978-987-1519-10-1 
ISSN 1853-9076 

Brun Claudio y Sette Romina, Roveta, María Carla, Pazos Crocitto José Ignacio y Mercuri Guillermo, Pella Marcelo, Ares José Luis.
.
ISBN 978-987-1519-15-6
ISSN 1853-9076

Arrué Federico, Mayta Zamora José Daniel, Pazos Crocitto José Ignacio, Elena Baquedano, Wenceslao Fernandez y Pamela Jolias..
..
ISSN 1853-9076
.
Giorgiani Gabriel, Cisnero Patricia, Sagasta Pablo, Borzi Cirilli, Federico A. y Marini, Lucía L, Mayta Zamora José D.
.
ISSN 1853-9076
 .

Montezanti Néstor Luis, Fernández Juan Pablo, Pazos Crocitto José Ignacio, Marra Lautaro, Biglia Gerardo, Mesenzani Silvia.
.
ISSN 1853-9076
You are here: Home Derecho Penal Juvenil Jurisprudencia Provincial Extremos de la prisión preventiva para menores.

 Consultas

Las consultas pueden realizarse a info@iestudiospenales.com.ar. No se responderán cuestiones atinentes a accionares delictivos y procedimientos a seguir en su caso.   

Artículos de Doctrina.

El Instituto de Estudios Penales invita a estudiantes de derecho y abogados, a realizar trabajos personales propios de la temática penal o filosófico penal. Presione aquí para mas información.

 Facebook

El Instituto de estudios penales posee su cuenta en facebook, si desea hacer consultas por esta vía presione aquí.