Derecho Penal

    

       

 Sección a Cargo de Diego Iglesias   

          

Retroactividad de la jurisprudencia más desfavorable (diferencia con la irretroactividad legal)-(Jurisprudencia Española)
Jurisprudencia Penal Internacional

STS 7171/2008. Tribunal Supremo Español.

Sala de lo Penal, rta. 11 de diciembre de 2008.

Roj:STS  7171/2008
Órgano:Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
Sede:Madrid
Sección:1
Nº de Recurso:11329/2008
Nº de Resolución:898/2008
Fecha de Resolución:11/12/2008
Procedimiento:PENAL - PROCEDIMIENTO ABREVIADO/SUMARIO
Ponente:JOAQUIN DELGADO GARCIA
Tipo de Resolución:Sentencia
Resumen:

*Se desestima recurso de casación contra auto que no aprobó el licenciamiento
definitivo de un penado aplicando la doctrina de nuestra sentencia de 28.2.2006 (caso
Henry Parot). 

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a once de Diciembre de dos mil ocho.  

En el recurso de casación por infracción de ley y de precepto constitucional, que ante
este tribunal pende, interpuesto por el condenado Sebastián representado por la
procuradora Sra. Del Rey Estévez contra el Auto dictado el 17 de septiembre de 2008
por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Burgos, que acordó no aprobar el
licenciamiento definitivo de dicho condenado, los componentes de la Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo, que al margen se expresan, se han reunido para su deliberación
y fallo. Ha sido parte el Ministerio Fiscal y ponente D. Joaquín Delgado García. 
I. ANTECEDENTES

1.- La Audiencia Provincial de Burgos, Sección Primera, con fecha 17 de septiembre del
presente año, dictó Auto en ejecutoria 52/1996, Rollo de Sala 9/93, dimanante del
sumario núm. 3/93 del Juzgado de Instrucción núm 1 de Burgos, que contiene los
siguientes ANTECEDENTES DE HECHO: 
Coruña) por el que se anunciaba que "en próximas fechas se elevará a esa Autoridad la
propuesta de licenciamiento definitivo del penado Sebastián ", fijándose como fecha
para ello la de 18 de diciembre de 2008, en virtud de la aplicación al mismo de las
redenciones ordinarias y extraordinarias. Las penas impuestas al citado penado suman
un total de doscientos setenta y tres años, dos meses y dieciséis días (noventa y
nueve mil setecientos veintiún días, 99.721-, días La comunicación del Centro
Penitenciario se realiza por si fuese aplicable al presente caso lo dispuesto en la
sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28 de febrero de 2006 . 

En fecha 29 de agosto de 2008 se dictó providencia, por la que se tenía por evacuado
el traslado conferido al Ministerio Fiscal y por designado, para el incidente y defensa
del interno Sebastián , al Letrado D. Ángel de la Fuente Fernández, y para su
representación a la Procuradora de los Tribunales Dª Luisa Fernanda Escudero Alonso,
dándoles traslado de lo actuado a efectos de que, en el término de cinco días, emitan
el correspondiente informe, siendo dicha providencia notificada en fecha 2 de
septiembre de 2008 y concluyendo el periodo de alegaciones concedido en fecha 10 de
septiembre del mismo año. 
En fecha 10 de septiembre de 2008 por la Procuradora de los tribunales Dª Luisa
Escudero Alonso se presenta escrito de alegaciones, indicando que no es de aplicación
al presente caso la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2006 por las
razones que en dicho escrito se señalan y solicitando la aprobación del licenciamiento
definitivo de Sebastián para la fecha de 18 de diciembre de 2008>>. 

2.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: 

El cómputo de las redenciones, ordinarias o extraordinarias que proceda aplicar al
interno Sebastián en el cumplimiento sucesivo y siguiendo el orden de gravedad de las
penas objeto de cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal de
1973 , se realizará individualmente en cada una de ellas, fijándose el límite máximo de
cumplimiento en treinta años efectivos, por lo que el centro Penitenciario deberá
practicar nueva propuesta del licenciamiento definitivo, llegado el momento.  

Notifíquese al Ministerio Fiscal y partes personadas y remítase testimonio al Centro
Penitenciario de Teixeiro para constancia y a los efectos legales de formular nueva
propuesta de licenciamiento definitivo llevar a cabo en su momento. 
Así, por este auto, contra el que cabe recurso de casación en virtud del artículo 988 de
la LECr y Disposición Adicional Quinta, 7º, de la LOPJ (Auto del Tribunal Supremo de
fecha 7 de abril de 2008 ), lo acordamos, mandamos y firmamos.>> 

- Con fecha 18 de septiembre por dicha Audiencia se dictó AUTO DE ACLARACIÓN que
contiene la siguiente PARTE DISPOSITIVA:  

de diciembre de 2008" debe decir 18 de diciembre de 2008. 
Notifíquese al Ministerio Fiscal y Procuradora personada, así como al interesado y
póngase en conocimiento del Centro Penitenciario de Teixeiro (A Coruña).>>  

3.- Notificado el auto a las partes, se preparó recurso de casación por la
representación de Sebastián , que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala de
lo Penal del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y
resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.  
4. El recurso interpuesto por la representación de dicho condenado se basó en los
siguiente MOTIVOS DE CASACIÓN: Primero.- Al amparo del art. 852 LECr violación del
precepto constitucional del art. 24.1 CE que protege el derecho a la tutela judicial

efectiva, del art. 17 que salvaguarda el derecho a la libertad y del art. 118 que obliga
al cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes. Segundo .- Al amparo del art.
852 de al LECr , violación del precepto constitucional del art. 24.1 CE tutela judicial
efectiva, del art. 17 que salvaguarda el derecho a la libertad y del art. 118 que obliga
al cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes, así como el art. 9.3 de la CE
principio de seguridad jurídica. Tercero .- Al amparo del art. 852 LECr violación art. 9
CE en cuanto prescribe la irretroactividad de la norma sancionadora desfavorable, así
como del art. 14 y 17 de la CE y del art. 25.2 de la misma. Cuarto .- Al amparo del art.
849.1 LECr , inaplicación art. 76 CP de 1995 . 
5.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, impugnó todos los motivos, la
sala lo admitió a trámite y quedaron conclusos los autos para señalamiento sin
celebración de vista pública cuando por turno correspondiera. 

6.- Hecho el correspondiente señalamiento se celebró la deliberación y votación el día
11 de diciembre del año 2008. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Como ya hemos indicado en los antecedentes, nos encontramos con un
recurso de casación interpuesto contra un auto por el que la Sección Primera de la
Audiencia Provincial de Burgos deniega la aprobación del licencimiento definitivo del
penado Sebastián para el 18.12.2008, al tiempo que ordena un nuevo cómputo con
arreglo a unos criterios de cumplimiento sucesivo de cada pena por orden de su
gravedad conforme al Código Penal de 1973 fijando el límite máximo de cumplimiento
en treinta años. Asimismo ordena al centro penitenciario que, en su momento, realice
una nueva propuesta de licenciamiento definitivo. 
Con tal resolución la Audiencia Provincial de Burgos aplica la doctrina de la conocida
sentencia de esta sala de 28.2.2006 dictada en el caso del terrorista Henry Parot.  

Para justificar la admisión a trámite de este recurso, decimos que ello es en base a lo
específicamente dispuesto en el art. 988 LECr que permite impugnar en casación por
infracción de ley los autos dictados para fijar, en su caso, los límites de cumplimiento
de las penas en aplicación de la regla 2ª del art. 70 CP anterior (ahora art. 76 CP 1995
). Entendemos que los autos para fijación de las fechas de excarcelación, en estos
casos en que se plantean cuestiones íntimamente ligadas a esos temas de
determinación de tales límites legales para cuantificar las penas a cumplir, ha de
reconocerse la facultad de recurrir en casación expresamente prevista en tal art. 988
LECr (auto de esta sala, estimatorio de un recurso de queja, de fecha 7.4.2008 ).  
Dicho condenado recurre ahora en casación por cuatro motivos. 

SEGUNDO.-  En  el  motivo  1º,  al  amparo  del  art.  852  LECr  ,  se  alega  infracción  de
precepto constitucional con referencia a los arts. 24.1, 17 y 118 CE , en cuanto que es
obligado el cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes. 

Nos dice que el tema tratado en el auto recurrido ya quedó resuelto en la sentencia
dictada por la referida Sección Primera de la Audiencia Provincial por la que se condenó
a Sebastián como autor de un delito de rapto en concurso medial con otro de violación
y otro de asesinato por alevosía, en ambos con las circunstancias agravantes de
reincidencia y despoblado, imponiendo respectivamente las penas de veinte y treinta
años de prisión.  
Conviene expresar aquí que, conforme nos dice el auto recurrido en su página 3, hay
otras muchas condenas contra el aquí recurrente, por sendos delitos de robo con
violencia, lesiones, asesinato, violación, etc., con un total de penas de prisión que
llegaría hasta el año 2135 si no fuera por los expresados límites (pág. 4 del citado auto
recurrido). 

Cita el recurrente, en apoyo de la tesis aquí mantenida, los términos en que razona la
referida sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos que dice así:  

"No cabe disponer en la sentencia, como propugna la acusadora privada, prohibiciones
de beneficios penitenciarios que no dependen de los delitos cometidos, sino de la
respuesta personal al tratamiento rehabilitador, como tampoco arbitrar expedientes
que frusten el propósito del Legislador que no es otro que proscribir la cadena
perpetua y las privaciones de libertad inhumanas y contrarias a los fines de reinserción
social...". 
Pero, como se deduce del texto que acabamos de reproducir, nada resuelve en tal
fundamento  de  derecho  la  sentencia  de  la  audiencia,  lo  que  se  corrobora  si
examinamos el fallo de la misma sentencia donde nada consta sobre este punto.  

No tiene razón el recurrente. 

No hubo violación del art. 24.1 CE, ni tampoco del 17 ni del 118 de la misma ley
fundamental. 

Desestimamos este motivo 1º. 

TERCERO.- 1. Ahora, vamos a examinar unidos los restantes motivos 2º, 3º y 4º,
porque en ellos se plantean diferentes cuestiones que se repiten en uno y otros.  

El motivo 2º se acoge también al cauce procesal del art. 852 para denunciar
igualmente infracción de los arts. 24.1, 17 y 118 CE y añadiendo otro más de la misma
norma, el art. 9.3 en cuanto que garantiza el principio de seguridad jurídica. 

El motivo 3º, por la misma vía del citado art. 852 , alega vulneración del principio de
legalidad, previsto en el citado art. 9 CE en cuanto que prescribe la irretroactividad de
la norma sancionadora desfavorable con citas también de los arts. 14, 17 y 25.2 de la
referida CE . 

El motivo 4º, amparado en el nº 1º del art. 849 LECr , dice que hubo infracción de ley
por no aplicación del art. 76 CP 95 . 

2. Contestamos así a las referidas cuestiones: 

A)  En  principio  tendría  razón  el  recurrente  en  cuanto  a  lo  que  dice  respecto  de  la
aplicación del art. 76 CP actual, si realmente existieran datos en el presente
procedimiento respecto de todas y cada una de las condenas contra él dictadas al
parecer por diferentes tribunales españoles. Constan en las páginas 3 y 4 del auto
recurrido, como ya se ha dicho, el gran número de delitos cometidos por dicho
Sebastián , algunos de singular gravedad; pero no conocemos las penas impuestas por
esas infracciones, salvo las que acordó la Sección Primera de la Audiencia Provincial de
Burgos en la sentencia que es objeto de la ejecutoria en que se dictó el auto recurrido
que condenó a 30 años de reclusión mayor por asesinato y a 20 años de reclusión
menor por el concurso medial entre un rapto y una violación. 

Lo que pretende el recurrente en varios de estos motivos, particularmente en el 4º, es
que, como no correspondería en ningún caso pena superior a 20 años de prisión,
habría de aplicarse el límite máximo de cumplimiento de 25 años por aplicación del
apartado a) del art. 76.1 CP actual, y no el de 30 años previsto en la regla 2ª del art.
70 CP anterior. Y ello habría de ser así por lo dispuesto en el art. 2.2 CP que ordena la
retroactividad de la ley penal más favorable, como excepción al principio general de
irretroactividad de las leyes de este orden (art. 2.1 ). Pero aquí nosotros no podemos
pronunciarnos en este sentido, porque lo ahora alegado por el recurrente como base
para aplicar tal pretendida retroactividad no aparece acreditado: tendría que constar
en alguna resolución judicial aportada al presente procedimiento, que si existiera ya
habría sido citada por la defensa del recurrente. Por otro lado, bien pudiera ocurrir que
la pena correspondiente, según el CP ahora en vigor, habida cuenta de los muchos y
graves delitos cometidos, por alguna de la mencionadas infracciones pudiera ser
superior a esos 20 años de prisión del citado apartado a) del art. 76.1 , con lo cual el
límite máximo de cumplimiento, sería como mínimo el de 30 años del apartado b) del
mismo art. 76.1 . Además, no cabe decir que 25 años de prisión sin beneficio de
redención de penas por el trabajo sea pena más favorable que 30 años de reclusión
mayor con tal beneficio penitenciario. 
B) Se pretende también aquí por el recurrente que la doctrina de la sentencia de esta
sala de fecha 28.2.2006 , la relativa al referido Henry Parot, que es la del auto
recurrido, no debió aplicarse al caso, porque ello constituye una vulneración de ese
principio de irretroactividad de la ley penal que solo tiene su excepción en la
retroacción de la norma más favorable a la que acabamos de referirnos. Ciertamente la
doctrina de la mencionada sentencia de 28.2.2006, adoptada por el pleno de esta sala
con un voto particular de tres magistrados, a la que luego nos referiremos con más
detalle, es menos favorable para el reo que la aplicada con anterioridad a tal resolución
judicial; pero tal doctrina no es una ley, sino una interpretación de la ley diferente de
la que había prevalecido hasta entonces con efecto vinculante para los demás órganos
judiciales, no solo por provenir del pleno de esta Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo, sino porque -dicho sea con los debidos respetos a los compañeros firmantes
del mencionado voto particular- tiene en su favor lo dispuesto en el art. 75 CP actual
(equivalente de la regla 1ª del art. 70 CP anterior) cuando nos habla del cumplimiento
sucesivo de las diferentes penas impuestas por las diversas infracciones cuando no
puedan cumplirse simultáneamente. Tal expresión "cumplimiento sucesivo" es un
argumento fundado en la ley penal que sirve para dar cobertura jurídica a aquello que
nos parece como solución más justa, particularmente en los casos como el presente (o
el de Henry Parot) en los que las penas totales impuestas superan con mucho los 30
años de prisión que tiene que cumplir el penado por los límites fijados en tal art. 76.1
CP . Recordamos aquí que tales penas impuestas a Sebastián habrían quedado
extinguidas, por el total acordado para cada delito, en el año 2135, según nos dice el
auto recurrido en su página 4. Por lo demás, nos remitimos a las muchas razones
expresadas en la tan repetida sentencia de 28.2.2006 y también a lo que nos dice la
más reciente de 14.11.2008 (nº 734/2008).  
C) Se dice que ha sido vulnerado el derecho a la seguridad jurídica del art. 9.3 CE
como consecuencia de ese cambio en la jurisprudencia del Tribunal Supremo al que se
vuelve a calificar de irrazonable, lo que también habría de infringir el derecho a la
tutela judicial efectiva del art. 24.1 de la misma norma fundamental. Entendemos que
basta examinar el contenido de tal sentencia de 28.2.2006 del pleno de esta sala para
comprender que tal irrazonabilidad no existió. Concretamente en su fundamento de
derecho 4º se argumenta cómo el límite de treinta años es solo eso, un límite para el
cumplimiento de las penas, no es una nueva pena a la que aplicar los beneficios
penitenciarios. Estos habrán de aplicarse sucesivamente por orden de gravedad a cada
una de las penas hasta alcanzar ese límite, a partir del cual se tendrán por cumplidas
todas. No es necesario decir más en este momento para dejar de relieve la
razonabilidad de tal argumentación. Nos remitimos a todo el texto de la mencionada
resolución y particularmente a dicho fundamento de derecho 4º que trata este tema
con la atención que merece. Se podrá no estar de acuerdo con lo que se dice allí, como
pone de manifiesto el referido voto particular; pero en modo alguno cabe hablar de
irrazonabilidad. Con ello contestamos también a lo que aquí se dice respecto del
derecho a la igualdad del art. 14 CE , cuya vulneración se denuncia en base a la misma
argumentación. Como dice el párrafo penúltimo de la tan repetida sentencia de
28.2.2006 , los cambios jurisprudenciales motivados suficientemente no infringen tal
derecho del art. 14 (SSTC 4 
D) También se habla en estos motivos que estamos examinando (2º, 3º y 4º) de
lesión del art. 25.2 CE . Se dice que con tantos años de prisión se vulnera la finalidad
de reeducación y reinserción social del penado. Contestamos simplemente diciendo
que tal finalidad, como reiteradamente viene diciendo el Tribunal Constitucional, no es
la única que ha de perseguirse con las penas privativas de libertad. Además, tal norma
constitucional no engendra un derecho fundamental para el penado. Nos remitimos en
este punto al párrafo 3º del fundamento de derecho 3º de dicha sentencia de
28.2.2006 y a las dos sentencias del Tribunal Constitucional que allí se citan, la 2/1987
y la 120/2000 . 
Desestimamos también estos motivos 2º, 3º y 4º.  

III. FALLO

NO HA LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN formulado por Sebastián contra el auto
dictado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Burgos con fecha diecisiete
de septiembre de dos mil ocho por el que se acordó no aprobar el licenciamiento
definitivo de dicho recurrente que se había fijado para el 18 de diciembre de 2008. Le
condenamos al pago de las costas de esta alzada.  
Dada la situación de prisión en que al parecer se encuentra dicho condenado,
comuníquese por fax el contenido del presente fallo a la mencionada Audiencia
Provincial a los efectos legales oportunos. En su día se devolverá la causa con
certificación de esta sentencia.  

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo
pronunciamos, mandamos y firmamos . Joaquín Giménez García Andrés Martínez
Arrieta José Ramón Soriano Soriano Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre Joaquín
Delgado García  
PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado
Ponente Excmo. Sr. D Joaquín Delgado García , estando celebrando audiencia pública
en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario
certifico.

Voto Particular

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL EXCMO. SR. MAGISTRADO D. JOAQUÍN GIMÉNEZ
GARCÍA, a la sentencia 898/2008 de 11 de Diciembre, Recurso de Casación nº
11329/2008P , interpuesto por Sebastián , contra el auto dictado por la Audiencia
Provincial de Burgos, de fecha 17 de Septiembre de 2008 .  
1- Los hechos. 

La Audiencia Provincial de Burgos por auto de 4 de Junio de 1997 y como último
Tribunal sentenciador del interno, Sebastián efectuó una acumulación de las diversas
condenas que le fueron impuestas, y fijó como límite máximo de cumplimiento de las
distintas penas privativas de libertad impuestas treinta años, en aplicación del Cpenal
de 1973, dejando extinguidas las que excedieran de dicho límite temporal, fijándose
como inicio de cumplimiento el 2 de Noviembre de 1993 y como fecha de extinción el 9
de Noviembre de 2022. A la hora de determinar el día del licenciamiento definitivo, se
informó al Tribunal por la Administración Penitenciaria que la extinción de dicha pena
de 30 años se iba a producir el 18 de Diciembre de 2008 de efectuarse el cómputo
interpretando la pena de 30 años como pena nueva, resultante y autónoma sobre la
que operarían los beneficios penitenciarios del anterior Cpenal de 1973. 
Caso  de  efectuar  el  cómputo  de  conformidad con la nueva doctrina sentada por esta
Sala Casacional en el caso Parot --STS 197/2006 de 28 de Febrero --, el nuevo
cómputo tendría por consecuencia que la nueva fecha de licenciamiento sería el 9 de
Noviembre de 2022 --lo que vendría a suponer un cumplimiento efectivo de pena de
unos veintinueve años--.  
La Audiencia en la resolución citada y recurrida ante esta Sala de 17 de Diciembre de
2008 , extendió los efectos de la doctrina del "caso Parot" y acordó no aprobar el
licenciamiento del recurrente Sebastián previsto para el 16 de Diciembre de 2008 y
ordenó efectuar nueva propuesta de licenciamiento, efectuándose el cómputo de las
resoluciones ordinarias y extraordinarias de la forma indicada en la STS del "caso
Parot", 197/2006 . Esta es la resolución que ha sido recurrida en casación por el
interno indicado. 
2- La sentencia de la mayoría.  

Recurrida en casación la resolución de la Audiencia Provincial de Burgos por el interno,
la sentencia de la mayoría rechazó todos los motivos y confirmó la resolución
recurrida.

3- Mi voto disidente.  

Estoy en contra de la decisión de la mayoría, desde el respeto a lo decidido. 

Se trata de una disidencia coherente con la expresada en su día a la sentencia del
"caso Parot", 197/2006 de 28 de Febrero .  

Se decía en el voto particular, conjunto, firmado por el exponente y dos compañeros
más de la Sala, que: 

a) La pena refundida a consecuencia de la acumulación, opera como una nueva pena
final resultante, sobre la que a su vez podría operar el beneficio de resolución de penas
previsto en el art. 100 del Cpenal de 1973 así como también se computará para la
concesión de la libertad condicional.  
b) Esta concepción de que la pena resultante era una única pena final, en la que se
fundían todas las impuestas, fue de forma constante y unánime el criterio
jurisprudencial prácticamente durante toda la vigencia del Cpenal desde el inicio de la
vigencia del texto refundido de 1944 mantenido en el "texto revisado de 1963"
aprobado por sentencia de 28 de Marzo de 1993 , así como en el "texto refundido"
aprobado por Decreto 3096/73 de 14 de Septiembre . 

c) La generalizada reducción en un tercio aproximadamente de penas privativas de
libertad operada en el texto original del Cpenal de 1995 --las numerosas y posteriores
reformas en el orden punitivo, han desdibujado este dato-- tenía como finalidad
"compensar" la eliminación de los beneficios de la redención de penas por el trabajo
del art. 100 del anterior Cpenal, y prueba de ello es que la pena máxima de prisión en
el Cpenal de 1973 (art. 70) que era de treinta años, pasó en el art. 36 del vigente
Código a 20 años, es decir un tercio inferior, y lo mismo puede observarse en la
Disposición Transitoria Undécima del Cpenal en el que se fija la tabla de equivalencia
entre las penas del anterior y del actual Código. Más aún, el espíritu de la reforma de
la Ley Orgánica 7/2003 de 30 de Junio , sobre cumplimiento íntegro y efectivo de las
penas y que dio nueva redacción al art. 78 Cpenal, solo se comprende desde la forma
de cómputo de las distintas penas de prisión impuestas a una misma persona que se
sostiene, de suerte que una vez refundidas, constituía la pena resultante, una nueva y
única pena que sustituía a la suma de todas las anteriores.  
d) La jurisprudencia de esta Sala y de la totalidad del resto de los Tribunales fue
uniforme en la interpretación tanto del Cpenal de 1973 como del actual en el sentido
que se postula hasta la novedosa interpretación ofrecida en la resolución del caso Parot
y a tal respecto me remito a las referencias jurisprudenciales citadas en el voto
particular en relación a los dos Códigos. 
e) También se hace referencia en el voto particular de aquella sentencia a la
jurisprudencia "ad casum" que había motivado el giro jurisprudencial, motivado tanto
por "....el sanguinario historial del recurrente...." como por el "eco" de tal factor en los
medios de comunicación, que vertebró un verdadero populismo punitivo. La ampliación
de esta interpretación a otros casos, como el presente, ha robustecido mi disidencia en
igual medida.  
El criterio sentado en la sentencia 197/2006 ha quedado consolidado al haberse
dictado otras resoluciones de esta Sala en el mismo sentido y ha quedado ampliado
porque la nueva doctrina se ha aplicado a situaciones pretéritas y en relación a
penados que tenían ya refundida la condena en fijación del periodo máximo de
cumplimiento de treinta años, y sobre ellos se había efectuado la liquidación de
condenas de acuerdo con las previsiones del Cpenal de 1973, que, recordémoslo era
ajeno a la actual filosofía de "cumplimiento íntegro de las penas". Como resoluciones
de esta Sala que siguen la doctrina Parot, se pueden citar las SSTS 924/2006 de 29 de
Septiembre , Auto de Inadmisión de 11 de Octubre --Recurso Casación 10538--, y STS
734/2008 de 14 de Noviembre . Esta última sentencia de la Sala --violador Vall
d'Hebron-- no solo admitió la recurribilidad del auto de licenciamiento definitivo dictado
por la Audiencia correspondiente, en la que no se había admitido el nuevo cómputo de
las penas impuestas según la sentencia del "caso Parot", sino, que admitiendo el
recurso formalizado por el Ministerio Fiscal, declaró nulo el auto de licenciamiento y
con remisión de las actuaciones a la Audiencia Provincial de Barcelona, acordó el
dictado por ésta de nueva liquidación con arreglo a tal doctrina. Es de consignar que
dicha resolución contó con un voto particular adverso.  
En el presente caso, se está en un momento procesal anterior en la medida que ya la
Audiencia Provincial de Burgos no aprobó el licenciamiento propuesto por el Centro
Penitenciario, o para ser más exacto, el Centro Penitenciario efectuó dos propuestas
alternativas de licenciamiento. Una conforme a la doctrina anterior al caso Parot, y otra
de acuerdo con dicha doctrina, en esta situación la Audiencia Provincial de Burgos en el
auto de 17 de Septiembre de 2008 acordó que por el Centro Penitenciario se efectuase
una propuesta de licenciamiento efectuando el cómputo de 30 años que como máximo
debía cumplir el penado, de acuerdo con la doctrina Parot y es esta resolución la que
ha sido impugnada por el interno. 
Fijado por auto de 4 de Junio de 1997 de la Audiencia Provincial de Burgos que el
máximo de cumplimiento del penado Sebastián era de 30 años, de acuerdo con el
Cpenal de 1973 "....dejando extinguidas sin cumplir las que procedan y excedan de
dicho límite temporal....", es claro, a mi juicio, que esa pena máxima no es un marco
teórico en el que resulta irrelevante la forma de efectuar el cómputo con tal de no
rebasar dicho límite, sino que cuando se efectuó el mismo existía una doctrina
jurisprudencial consolidada en el sentido ya expuesto, y de acuerdo con ello se fueron
efectuando los descuentos por beneficios penitenciarios de suerte que el resultado fue
que el del licenciamiento del recurrente debía ser para el día 18 de Diciembre de 2008.  
Que por sentencia de esta Sala 197/2006 de 28 de Febrero --caso Parot--, se
inaugurase un nuevo cómputo en contra del reo, no autoriza, a mi juicio, extender
hacia atrás, dicha interpretación sin quiebra del principio de irretroactividad de las
normas penales perjudiciales.  

Ciertamente que la jurisprudencia no es norma jurídica, pero en la medida que
completa el ordenamiento jurídico --art. 1-6º del CCivil -- debe concedérsele un cierto
valor normativo. En relación al sistema de justicia penal, el monopolio legislativo es
claro, pero ello no puede hacernos olvidar que, en última instancia, el contenido y
ámbito de una norma penal viene determinado por la interpretación que de ella hagan
los Tribunales, y, muy especialmente esta Sala II de lo Penal, que como garante del
principio de seguridad jurídica --art. 9-3º Constitución-- es el último intérprete de la
legalidad penal ordinaria.  
Pues bien, la novedosa interpretación de la doctrina Parot en cuanto supone un nuevo
ámbito y contenido de la norma penal concernida en una interpretación contra reo,
participa del principio de irretroactividad de la ley penal en la perjudicial pena al reo, y
por tanto tal interpretación no debió extenderse a situaciones anteriores, máxime
cuando tal interpretación afecta de forma directa al bien supremo de la libertad
individual, y pone en serio riesgo de vaciamiento la vocación de reinserción a que toda
pena de prisión debe responder. Dicho en otras palabras, el nuevo cómputo responde a
priorizar exclusivamente los aspectos custodiales de la pena de prisión, de suerte que
la prisión queda reducida al mero "aparcamiento" de personas en tales centros, con
desentendimiento de toda actividad reeducadora. Enlazado con ello, queda totalmente
diluido el principio de humanidad en el cumplimiento de las penas con lo que la posible
colisión con la interdicción de toda inhumanidad en el cumplimiento de las penas es
algo más que un riesgo. Baste indicar que, en el presente caso, los treinta años de
cumplimiento "teórico" impuestos al recurrente se van a convertir en veintinueve
--29-- años de cumplimiento efectivo --los que van desde el inicio del cumplimiento el
2 de Noviembre de 1993 al 9 de Noviembre de 2022--. Hasta esa fecha va a estar
recluido en prisión efectiva día tras día, pues obviamente el disfrute de los beneficios
penitenciarios del anterior Código se convierte en ilusorio en la misma medida que la

pena final de 30 años, se cumple desacumulando las diversas penas impuestas.  

En efecto, la lógica de la doctrina de la que discrepo, lleva a la consecuencia de que los
beneficios penitenciarios previstos en el anterior y en el vigente Código Penal:
permisos de salida, adquisición del tercer grado penitenciario o la libertad condicional,
habrán de ser acordados individualizada y sucesivamente en cada una de las
sentencias condenatorias con lo que no se estaría en una ejecución única, sino una
ejecución sentencia a sentencia con la conclusión de que cuando en una sentencia --
pongamos la primera-- hubiese cumplido la parte correspondiente para obtener el
tercer grado, o la libertad condicional, habría que adoptar la medida correspondiente,
pero simultáneamente al tener que comenzar a cumplir la segunda condena estaría,
volvería a estar clasificado en primer o segundo grado con la contradicción que
supondría estar al mismo tiempo clasificado en tercer grado o en libertad condicional
en una condena y en prisión efectiva en la siguiente y así sucesivamente pero en todo
caso, seguiría en prisión.  
En efecto, no otra cosa se deriva del nuevo cómputo que inaugura la doctrina Parot. 

Nos dice esta resolución, textualmente, en su f.jdco. cuarto:  

"....De tal modo, que la forma de cumplimiento de la condena total, será de la manera
siguiente: se principiará por el orden de la respectiva gravedad de las penas
impuestas, aplicándose los beneficios y redenciones que procedan con respecto a cada
una de las penas que se encuentre cumpliendo. Una vez extinguida la primera, se dará
comienzo al cumplimiento de la siguiente, y así sucesivamente, hasta que se alcanzan
las limitaciones dispuestas en la regla segunda del art. 70 del Código Penal de 1973 .
Llegados a este estadio, se producirá la extinción de todas las penas comprendidas en
la condena total resultante. 
Por ejemplo, consideremos a un condenado a 3 penas, 1 de 30 años, otra de 15 años y
otra de 10 años. La regla 2ª del art. 70 del Código Penal de 1973 , que sería el
aplicable en el ejemplo, determina que el tope de cumplimiento efectivo es el límite
que represente o bien el triplo de la más grave, o al máximum de treinta años. En el
ejemplo, sería el máximo de 30 años de cumplimiento efectivo. El cumplimiento
sucesivo de las penas (de la condena total) comienza con la primera, que es la pena
más grave (la de condena total) comienza con la primera, que es la pena más grave
(la de 30 años de prisión). Si hubiera redimido (por los conceptos que sean), 10 años,
tendría cumplida la pena a los 20 años de estancia en prisión, declarándosele
extinguida; a continuación, pasaría a cumplir la siguiente pena por el orden de su
respectiva gravedad (esto es, la de 15 años) si de ésta redime 5 años, la tendría
cumplida en 10 años. 20-10-30. Ya no podría cumplir más penas, dejando de extinguir
las que procedan, como literalmente dice el Código Penal aplicado, desde que las ya
impuestas cubrieren el máximum de tiempo predicho que no podrá exceder de treinta
años....".
De acuerdo con lo expuesto, si cada pena mantiene su propia autonomía en su
ejecución, la situación personal del interno puede ser distinta según la pena que esté
cumpliendo, como ya se ha dicho, y como se cumplen sucesivamente, bien pudiera
ocurrir que en el cumplimiento de la primera condena se llegase a una fase en que
pudiera estar en tercer grado o disfrutar de la libertad condicional de darse las
condiciones previstas en el art. 98 del Cpenal 1973 ó art. 90 del actual (según sea la
aplicación uno u otro Código ), la lógica del sistema inaugurado llevaría a que el
interno concernido debería ser puesto  en  libertad  para  seguidamente
--inmediatamente-- iniciar el cumplimiento de la siguiente pena, ello convertiría pura y
simplemente en ilusorios los beneficios penitenciarios previstos en la Ley, tanto en el
Cpenal 1973 como en el vigente. 

La situación es ciertamente esquizoide y más todavía si para evitar esa específica
situación, se optase por aplicar los beneficios penitenciarios sobre la pena acumulada
considerada como pena única, porque entonces se estaría inaugurando un sistema de
alternancia en el cumplimiento de la pena, según el cual, las distintas penas a que fue
condenada una persona se acumulaban en un máximo total, cuyo cumplimiento se
ejecutaría separadamente y desacumuladamente para luego aplicar los beneficios
penitenciarios sobre la pena total nuevamente acumulada. 
Por todo ello no puedo compartir la decisión de la mayoría, y estimo que no debió ser
aplicada al caso de autos la "doctrina Parot" expuesta en la sentencia de esta Sala
197/2006 de 28 de Febrero de la que discrepé en su día, y, por ello el recurso
formalizado por Sebastián debió haber sido admitido, con la consecuencia de que el
recurrente debió haber sido puesto en libertad el 18 de Noviembre de 2008. 
Fdo.: Joaquín Giménez García

 
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