Derecho Penal

La declaración de inimputabilidad es excepcional. Corresponde la prueba a quien la alega.
Derecho Penal Parte General - Jurisprudencia Provincial

Causa Nº 35.018.

Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. rta. 3 de MARZO 2009.

           
            C-35.018/II
En la ciudad de La Plata a los tres días del mes de marzo del año dos mil nueve, reunidos en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Fernando Luis María Mancini y Carlos Alberto Mahiques, para resolver el presente recurso de casación interpuesto en favor de J. A. S. en la presente Causa Nº 35.018 de trámite ante este Tribunal; practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: MANCINI – MAHIQUES- (Art. 451 in fine del C.P.P. según ley 13.812).

                A N T E C E D E N T E S

 Llegan los presentes autos a este Tribunal como consecuencia del recurso de casación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial, Dr. Diego Rodríguez, respecto del pronunciamiento recaído en las Causas Nro. 2559 y 2560 del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 2 del Departamento Judicial Morón, por el que se condenó a J. A. S. a la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con falsa denuncia.
Efectuadas las vistas correspondientes, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar la siguiente:

                C U E S T I O N E S

Primera cuestión: ¿Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto?
Segunda cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Mancini dijo:
I. Como primer motivo de agravio, plantea la inobservancia del art. 34 inc. 1ro. en el entendimiento de que S. habría actuado sin poder comprender la criminalidad de su conducta ni dirigir sus acciones atento a su estado de ebriedad.
En ese sentido, trae a colación los dichos del propio acusado en cuanto refirió estar alcoholizado y no recordar mayores datos del hecho, a la vez que cita también la declaración de la víctima en cuanto refirió que su atacante parecía encontrarse ebrio y no estar “en su sano juicio”.
Por otra parte, cita largos pasajes de lo declarado por el perito médico forense, Dr. Gallego, quien habría referido que S. tenía rasgos epileptoides y aconsejaba la realización de un electroencefalograma para determinar si era epiléptico.
Luego de efectuar extensas citas del fallo cuya revisión pretende, el recurrente efectúa una exposición teórica respecto de la fórmula mixta consagrada en el art. 34 inc. 1º del C.P., tras lo cual cita la obra de Vicente Cabello al respecto. Efectúa también citas a manuales de psiquiatría forense referidos a diversos tipos de epilepsias.
Continúa su exposición reiterando pasajes ya expuestos de la versión brindada por su asistido en oportunidad de declarar a tenor del art. 308 del C.P.P., aludiendo principalmente a la ingesta de alcohol que habría tenido ese día.
A partir de la versión ensayada por S. y las referencias efectuadas por la víctima en cuanto manifestó que creía que el sujeto se encontraba borracho, fuera de sí, y con una botella de plástico cortada en la que creía que había una bebida alcohólica, sostiene que la sentencia sería arbitraria en tanto se afirmó que no se encontraba fehacientemente acreditado que su asistido hubiera consumido alcohol.
Por otra parte, se agravia de que el Ministerio Público no haya probado la imputabilidad del acusado, en el entendimiento de que es a ese órgano a quien le incumbe la carga de la prueba. Estima desacertado que el Tribunal haya entendido lo contrario, y trae a colación el art. 64 del C.P.P. en cuanto establece el examen mental obligatorio para el imputado en los casos que previstos por la norma.
Sostiene que la omisión de haber solicitado esa medida resulta atribuible al Ministerio Público Fiscal, y que ella no puede pesar en contra de su asistido. Afirma que sostener lo contrario implicaría una indebida inversión de la carga probatoria
Afirma que el grado de toxicidad en el que se encontraba S. habría provocado una anulación de su razón, sufriendo lagunas mentales. Todo ello lo lleva a sostener que no pudo comprender la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones.
Continúa el desarrollo del recurso efectuando extensas citas de jurisprudencia, aunque sin explicar cómo se vinculan a los extremos fácticos del caso en concreto, tras lo cual efectúa referencias teóricas en relación al principio de inocencia. Finaliza la exposición del motivo de agravio solicitando la absolución de su defendido, al menos por aplicación del principio “in dubio pro reo”.
Subsidiariamente, como un segundo motivo de agravio, plantea una errónea calificación del hecho, argumentando que debió considerarse un robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no fue acreditada.
Entiende que en torno a la existencia de un arma con aptitud habría un vacío probatorio, y para fundamentar esa afirmación efectúa citas a diversas pruebas de las que no surgiría esa contingencia.
Sostiene que más allá de lo declarado por la víctima, si verdaderamente su asistido hubiera efectuado disparos, lo lógico sería que se hubieran encontrado rastros balísticos de impacto de proyectiles en las casas que se encontraban detrás de la supuesta persona que se intentó agredir.
A partir de allí, manifiesta que la existencia de un arma apta surge de los solitarios dichos de la víctima, los que por otro lado no le resultan “del todo creíbles”. Estima, entonces, que la prueba señalada resulta insuficiente a fin de acreditar fehacientemente la circunstancia puesta en tela de juicio.
Afirma que los únicos disparos que se efectuaron fueron los de la víctima O. S., lo que surgiría claramente del impacto de proyectil sufrido por S. y “de la sensación de que la versión de O. S. en parte creíble y conteste con la declaración prestada por quien asisto, resulta en relación a los disparos acomodada, poniendo en cabeza de S. el haber efectuado disparos de arma de fuego y haberse llevado un reloj de su propiedad quizás a fin de justificar que disparó contra la persona del enjuiciado todos los proyectiles de su arma reglamentaria.”
Como tercer motivo de agravio denuncia la errónea aplicación del art. 245 del Código Penal.
Entiende que la condena impuesta por el Tribunal respecto del delito de falsa denuncia vulneraría la garantía que protege al imputado contra la autoincriminación.
Reclama la absolución de su defendido pues afirma que la condena por las expresiones falaces o mentirosas que tendieron a ocultar lo sucedido viola el principio de prohibición de autoincriminación.
Finaliza la exposición de este motivo de agravio efectuando un desarrollo teórico en relación al citado principio y realiza diversas citas jurisprudenciales relacionadas con el tema.
Como último motivo de agravio cuestiona el monto de pena impuesto, al entender que resultaría arbitrario, pues nada justificaría que en el caso los jueces se hayan alejado del mínimo de la escala penal aplicable. Sostiene que la sentencia en este aspecto no se encontraría fundada (Art. 106 del C.P.P.).
Concretamente, solicita que se compute como agravante el grado de toxicidad alcohólica que presentaba su defendido al momento del hecho, circunstancia que fue descartada por el “a quo” en el entendimiento de que no se habría encontrado acreditada. Argumenta respecto de los motivos por los que la ebriedad debe operar como diminuente de la sanción y cita jurisprudencia al respecto.
Por otra parte, y a la luz de los rasgos epileptoides presentados por el imputado, sostiene que la imputabilidad disminuida debe ser tenida en cuenta para dosificar el reproche penal.
Luego de efectuar una extensa exposición dogmática sobre la individualización de la pena, finaliza este aspecto de la queja peticionando que, en atención a las pautas diminuentes cuya ponderación se reclama y la inexistencia de pautas aumentativas, se imponga el mínimo legal de la escala penal aplicable en el caso.
A fs. 107/110, la Sra. Defensora ante esta Alzada, Dra. Ana Julia Biasotti desistió de la audiencia de informes y mantuvo el recurso originario en todos sus términos.
Sin perjuicio de ello, y en forma complementaria al recurso, encuentra otro motivo por el que el monto de pena resultaría, en el caso, arbitrario.
Sostiene que si los jueces tuvieron por acreditado un delito menos que el Ministerio Público Fiscal, e incorporó la consideración de cuatro atenuantes más que las originariamente propuestas por la acusación, entonces al tiempo de fijar la pena no parecería razonable que sólo haya impuesto 6 meses menos de prisión que lo solicitado por el Fiscal.
Entiende que en ese sentido la sentencia no se encontraría debidamente fundada pues el Tribunal no habría relacionado el monto de pena escogido con la magnitud del injusto, al no brindar ninguna razón que justificara haber disminuido tan sólo seis meses de la pena de prisión solicitada por el Ministerio Público Fiscal.
En función de ello, solicita que se declare la nulidad parcial del veredicto en orden a la determinación de la pena, y no resultando necesaria la sustanciación de un nuevo debate, solicita que se reduzca sensiblemente el monto de pena impuesto al imputado S.
Por su parte, a fs. 112/114, el Sr. Fiscal Adjunto ante esta Alzada, Dr. Jorge Armando Roldán, también desistió de la audiencia y en su memorial peticionó el íntegro rechazo del recurso.
II. Entiendo que el recurso impetrado no debe prosperar.
Así, en primer lugar, corresponde señalar que el agravio mediante el cual se denuncia la inobservancia del art. 34 inc. 1º del C.P.P. resulta improcedente pues el planteo que ahora se reedita fue abordado en el fallo de manera suficiente sin que los argumentos del recurrente logren conmover lo allí resuelto.
En efecto, fue correctamente descartado el alegado estado de inimputabilidad pues si bien es cierto que la víctima declaró durante el debate que creyó que su atacante estaba ebrio, en la sentencia se especifica asimismo que admitió que esa fue la impresión que le dio pues “de otra manera no se explicaba lo sucedido”. Por otro lado, también refirió que su atacante no poseía aliento etílico “ni caminaba tambaleándose como resulta típico en un borracho”.
Otro dato que encuentro de interés en la declaración de la víctima es que expresamente manifestó que sólo suponía que el imputado podía estar borracho, ya que lo vio con cara de trasnochado y con una botella en la mano. Señaló también que no existieron otros elementos que le permitieran concluir que el sujeto no estaba en su sano juicio pero fue la impresión que tuvo él.
Sumado a ello, los magistrados tuvieron en cuenta que la botella de plástico a la que había hecho alusión la víctima (y de la cual tampoco pudo afirmar fehacientemente que contuviera una bebida alcohólica) nunca fue hallada, sin que tampoco se haya comprobado cual era su real contenido.
En cuanto a la declaración del inculpado, los jueces especificaron los motivos por los que no les mereció plena credibilidad al encontrar su versión dudosa y contradictoria. En efecto, tuvieron en cuenta que la amnesia afirmada en su declaración “…resulta parcial y sospechosa, puesto que recuerda lo que le conviene a su relato exculpatorio y nada en relación a las circunstancias que lo comprometen; de manera que no habiéndose probado adecuadamente la ingesta alcohólica y mucho menos tampoco falta de memoria, entiendo que el punto de la Defensa no ha sido acreditado, ni siquiera duda mediante, ya que está claro que el relato de su cliente sólo constituyó un vano e ineficiente intento de mejorar su comprometida situación procesal, que lo llevó incluso a denunciar un delito que nunca existió para resguardarse y justificar la herida que presentaba en uno de sus pies…”
En función de esas circunstancias no parece arbitraria la sentencia en cuanto rechazó el alegado consumo de alcohol por parte del inculpado, pues para ello los jueces siguieron un camino lógico inobjetable, analizando cabalmente la prueba reunida y explicitando los motivos tenidos en cuenta para así decidir, todo lo que demuestra apego a lo normado por los arts. 106, 210 y 373 del rito.
Por otra parte, tampoco puede prosperar el agravio a partir de la afirmación que la defensa efectúa en el sentido de que el “a quo” habría invertido indebidamente la carga de la prueba cuando sostuvo que “…en mi opinión, tratándose de una causa de inculpabilidad, debe ser acreditada por quien la alega…”.
En efecto, comparto plenamente dicha afirmación pues no resulta suficiente invocar una causa de inimputabilidad genéricamente sino que es necesario probar que ésta se haya encontrado presente verdaderamente al momento del hecho y que haya impedido al agente comprender la criminalidad del acto o dirigir su conducta. Entonces, atento al carácter excepcional de estas causales, es necesario que se arrimen al proceso elementos de prueba suficientes a fin de acreditar su existencia, pues esta situación excepcional no se presume sino que debe ser comprobada, correspondiendo la carga de la prueba a quien la alega.
A partir de allí, pierde eficacia asimismo el planteo mediante el cual se denuncia que la fiscalía no arbitró los medios a fin de realizar el examen mental previsto en el art. 64 del C.P. o el estudio sugerido por el perito forense. Nótese que  justamente en virtud de la ausencia de esos exámenes traídos a consideración por la defensa es que tampoco resulta posible tener por verificada la causal de inimputabilidad prevista en el artículo 34, inciso 1°, del Código Penal.
Por otro lado, ya he sostenido con anterioridad que la manda del artículo 64 del Código Procesal Penal se encuentra orientada a obtener un dato indispensable para determinar la capacidad procesal del sujeto -no la imputabilidad- con el fin de lograr actos procesales válidos. O sea que el examen psiquiátrico allí previsto es una medida de carácter preventivo que tiende a descubrir la posible existencia de síntomas concretos de anormalidad, cubriendo así los casos de incapacidad generados antes del proceso y brindando, al órgano jurisdiccional interviniente, un panorama más completo de la personalidad y de las características psíquicas del autor. Su producción no está impuesta por la ley como condición para que pueda pronunciarse condena, y tal circunstancia es coherente con el sistema probatorio de la convicción sincera (arts. 209, 210 y ccdtes. del C.P.P.), pues ésta última es incompatible con una regla procesal que sólo admita que el juez invoque, como motivo para apontocar una tal convicción, una determinada evidencia; vale decir, entonces, que el artículo 64 no puede ser equiparado a una regla de prueba legal que, omitida o irregularmente realizada, impida el convencimiento del Juzgador merced a otras probanzas que pudieren resultar aptas para generarlo.
En cuanto al electroencefalograma aconsejado por el médico forense a partir de los rasgos epileptoides presentados por el encartado,  cabe decir que el recurrente ni siquiera alega haber intentado  arbitrar los medios para su realización a fin de demostrar su tesis, pues no sobra reiterar una vez más que la anormalidad psíquica no se presume, debiendo probarla en cada caso quien la alega.
Por último, cabe señalar que las extensas citas jurisprudenciales y dogmáticas efectuadas por el recurrente no se encuentran, en su exposición, vinculadas al caso concreto pues no se explica de qué manera resultan aplicables en autos, lo que patentiza aún más la insuficiencia del recurso en este aspecto. No debe perderse de vista que cuando la parte alude a los efectos del alcohol sobre personas epilépticas, o cuando señala las consecuencias que la ebriedad tiene sobre la imputabilidad de los sujetos, parte del supuesto de que efectivamente el imputado habría consumido alcohol, pero desentendiéndose de que esa circunstancia fue descartada de manera irreprochable por los magistrados, sin que se haya logrado conmover lo resuelto sobre el punto. En función de ello surge evidente que la exposición del agravio queda a mitad de camino, lo que termina de sellar su suerte adversa.
Lo dicho hasta aquí alcanza para rechazar este tramo de la impugnación.
En cuanto al agravio mediante el cual se pretende una recalificación del hecho como constitutivo de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no fue acreditada, tampoco merece prosperar.
Sintéticamente, el recurrente sostiene que no se encontraría probada la aptitud de disparo del arma empleada en el hecho. Sin embargo, esa circunstancia surge palmaria del testimonio prestado por la víctima O. S., minuciosamente recreado en la primera cuestión del veredicto.
En efecto el citado testigo, en lo que aquí importa, refirió expresamente que, tras su reticencia para entregar el reloj y el dinero que le requería el imputado amenazándolo con un arma de fuego, éste efectuó un disparo “hacia arriba que le pasó a su izquierda, no impactando en su persona, pero por el sonido creía que le pasó cerca”. También declaró que tras descubrir la condición de policía de O. S. y al momento de tratar de evadirse, el acusado “corrió a la calle disparando hacia él (…) le disparó hasta que no le quedaron municiones, puesto que vió cuando percutaba sin proyectiles”
Pese a que la defensa reconoce la indicación de la víctima, de todas maneras denuncia un cuadro de orfandad probatoria en orden a la aptitud del arma, sosteniendo que resultarían insuficientes los solos dichos de la víctima, alegando al mismo tiempo que no resultarían del todo fiables. No obstante ello,  pierde de vista el principio de libertad probatoria que rige en nuestro actual proceso penal (conf. art. 209 del rito) en virtud del cual todos los hechos y circunstancias relacionados con el objeto del proceso pueden ser acreditados por cualquiera de los medios de prueba establecidos en el código (entre los cuales se encuentran, expresamente, los testigos del hecho, a partir del art. 232 del C.P.P.), u otros no previstos expresamente, siempre que no supriman garantías constitucionales o afecten el sistema institucional (supuestos estos últimos que no se encuentran verificados en el caso que nos ocupa).
Por otro lado, cuando cuestiona la credibilidad del testigo, lo hace en base a consideraciones meramente subjetivas convenientes a sus intereses, por cierto, pero que en modo alguno encuentran apoyatura en las constancias de la causa.
En función de ello y frente a la categórica afirmación respecto de la aptitud del arma de fuego que efectuó la víctima, no aparece arbitraria la calificación jurídica establecida en el fallo, motivo por el que propongo al acuerdo asimismo el rechazo de este motivo de agravio.
Tampoco podrá ser acogida la queja enderezada a cuestionar la aplicación del art. 245 del C.P.
No advierto que la condena impuesta por el “ a quo” respecto del delito de falsa denuncia vulnere la garantía mediante la cual se prohíbe la autoincriminación.
En tal sentido, comparto plenamente lo sostenido por el a quo al dar respuesta al mismo planteo que ahora se reedita. Si bien la defensa afirma que no puede condenarse sin vulnerar ese principio por las expresiones falaces o mentirosas que tendieron a ocultar lo sucedido, pierde de vista que, en el caso, el acusado no fue llamado a declarar como consecuencia del primer hecho cometido  y en el marco de esa declaración vertió dichos autoincriminantes, mientras ejercía su derecho constitucional de defensa en juicio. Por el contrario, se encuentra acreditado que S. concurrió adrede y por propia voluntad a efectuar una denuncia penal con la intención de justificar la herida de bala sufrida y tener así una coartada para, eventualmente, mejorar su suerte procesal en caso de que se le iniciara una causa por el hecho cometido ese mismo día. Como se advierte, no merece reparos la afirmación del a quo en el sentido de que este segundo injusto cobró independencia del primero por lo que no puede afirmarse entonces la violación al principio invocado por el recurrente.
 En función de ello, propicio sin más el rechazo de este tramo de la impugnación.
Igual suerte adversa ha de correr el agravio dirigido a cuestionar el monto de pena impuesto.
Si bien el recurrente argumenta que la pena resultaría arbitraria y que la sentencia en este aspecto no se encontraría fundada, ello no ocurrió en el caso puesto que los magistrados especificaron los motivos tenidos en cuenta para individualizar la pena a imponer al imputado S.
Concretamente, descartaron la valoración de circunstancias agravantes y ponderaron como atenuantes la ausencia de condenas penales anteriores, el buen concepto vecinal, la corta edad del imputado, los rasgos epileptoides informados a fs. 185,  la buena conducta del procesado durante su estado de prisionización y la confesión que realizó respecto del delito de falsa denuncia de las actuaciones principales.
En primer lugar se advierte, en relación a uno de los puntos que ahora se discuten, que el Tribunal al justificar la imposición de la pena ha cumplido de manera irreprochable las exigencias referentes a la fundamentación, contenida en el art. 106 del C.P.P., al haber expresado de manera suficiente los motivos ponderados a la hora de imponer la pena escogida. A partir de allí, que no pueda predicarse -como pretende el recurrente- una falta de fundamentación en el decisorio.
E independientemente  de la posibilidad alegada por la defensa, de imponer una pena menor, lo cierto es que la pena dictada por el Tribunal Oral se determinó respetando los arts. 40 y 41 del C.P. a la vez que el art. 106 del rito, por lo que las genéricas y dogmáticas afirmaciones del recurrente devienen ineficaces a fin de lograr la modificación de la misma.
Puntualmente, se descartó como atenuante el grado de toxicidad alcohólica alegado en el entendimiento de que no se habría encontrado acreditada. Ahora bien, lo resuelto al tratar el primer motivo de agravio me exime de formular mayores precisiones al respecto, para no incurrir en innecesarias reiteraciones, ya que la decisión que se tomó en cuanto a la falta de acreditación de un estado de ebriedad no logró ser rebatida por la defensa.
En cuanto a los rasgos epileptoides presentados por el imputado, como se vio, fueron ponderados por el sentenciante, aunque no con los alcances pretendidos por el Sr. Defensor, pues como se sostuvo en la sentencia no resultaron suficientes a fin de sostener la presencia de una “imputabilidad disminuida”, teniéndose en cuenta que no resultó acreditado con certeza el diagnóstico de una enfermedad psiquiátrica. No debe perderse de vista, que esta última consideración tampoco fue contrarrestada por el recurrente, lo que asimismo sella su suerte adversa.
Téngase presente que la parte, en gran medida, se ha limitado a reeditar cuestiones ya planteadas sin encargarse de rebatir los fundamentos tenidos en cuenta en el fallo a fin de descartarlas, acudiendo en gran medida a efectuar una extensa exposición dogmática sobre la individualización de la pena, pero que resulta ineficaz por su excesiva generalidad a fin de demostrar yerro en lo resuelto pues no demuestra la infracción a las normas que rigen la dosificación del reproche (Arts. 40 y 41 del C.P.).
Vale recordar que resulta facultad de los magistrados de juicio el seleccionar el monto y especie de pena a imponer –siempre que se ajusten a los parámetros impuestos en la escala aplicable-, sin que se advierta violación a tales límites ni irrazonabilidad en el ejercicio de tal potestad, a la luz de las circunstancias computadas por el “a quo” en los términos de los arts. 40 y 41 del C.P.
Es que el sistema de atenuantes y agravantes establecido en la ley de fondo no se traduce en un aumento o disminución de cantidades fijas de pena, pues el art. 41 señala una serie de pautas según las cuales el Juzgador debe fijar la pena dentro de los límites de la escala penal sin quedar sujeto a moldes tasados en torno al quantum de pena a aplicar, siempre que tal operación, reitero, respete los límites impuestos por la escala, extremos éstos que se verifican en el caso particular.
Por todo ello estimo que debe rechazarse también este motivo de agravio.
Finalmente, en cuanto la queja esbozada por la Sra. Defensora ante esta instancia, entiendo que corresponde su rechazo por inadmisible atento a su extemporaneidad (Art. 451 del C.P.P.).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Mahiques dijo:
Adhiero al voto del Sr. Juez doctor Mancini en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Mancini dijo:
En función de los argumentos brindados en el desarrollo del presente voto, propongo al acuerdo el íntegro rechazo del recurso impetrado en favor del imputado S., sin costas (Arts. 106, 210, 373, 448, 451, 530 ss y ccdtes.  del C.P.P y arts. 40, 41, 55, 166 inc. 2do.-párrafo segundo-, 245, ss y ccdtes. Del C.P.).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Mahiques dijo:
Adhiero al voto del Sr. Juez doctor Mancini en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Vista la forma como ha quedado resuelta la cuestión votada en el acuerdo que antecede, corresponde que este Tribunal dicte la siguiente
S E N T E N C I A
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal
R E S U E L V E:
RECHAZAR el recurso interpuesto por la defensa de J. A. S. contra la sentencia emanada del Tribunal Orla en lo Criminal Nro. 2 del Departamento Judicial Morón, por la que se condenó al nombrado a la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas por haber sido encontrado autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con falsa denuncia, por los motivos expuestos en el tratamiento de la primera cuestión planteada. Sin costas en esta instancia. (Arts. 106, 210, 373, 448, 451, 530 ss y ccdtes.  del C.P.P y arts. 40, 41, 55, 166 inc. 2do.-párrafo segundo-, 245, ss y ccdtes. Del C.P.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase a la instancia.
FERNANDO LUIS MARIA MANCINI – CARLOS ALBERTO MAHIQUES
Ante mi: Gonzalo Santillán

 

 
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