Derecho Penal

Alcances típicos de la insignificancia.
Derecho Penal Parte General - Jurisprudencia Nacional

Causa nro. 32.365 “Morales Sandoval, Sergio Maximiliano y otro”. 

Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correcional - Sala V, rta. 20 de junio 2007.

Buenos Aires, 20 de junio de 2007.
Y VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Concierne conocer y decidir a los suscriptos en la presente causa, en virtud del recurso de apelación deducido por la defensa contra el auto de fs. 88/91, mediante el cual se decretó el procesamiento de Sergio Maximiliano Sandoval -o Luis Aranda, o Sergio Maximiliano, o Sergio Morales, o Sergio Maximiliano Sandoval-, en orden al delito de robo simple, más la calificante prevista en el art. 41 quáter del C.P.
II. Dos han sido los motivos sobre los cuales la defensa ha estructurado su objeción a la decisión revisada.
En primer término adujo que la prueba incorporada al expediente resultaba insuficiente para arribar al procesamiento de su asistido y, en segundo lugar, bregó por la aplicación al caso del denominado “principio de insignificancia”, pues, a su juicio, la conducta desplegada sobre el objeto en el cual recayó el delito investigado -estuche de una cámara fotográfica- había significado una afectación tan nimia que no llegaba a vulnerar el bien jurídico tutelado propiedad. Citó, en apoyo a su postura, jurisprudencia de esta Cámara y reconocida doctrina nacional.
III. En primer término, cumple manifestar que los elementos de cargo reunidos durante la instrucción son suficientes para sustentar una decisión que no requiere, como parece exigirlo la defensa, un grado de convicción absoluto sobre la existencia de un hecho delictivo y la intervención del imputado en él.
Por caso, y en esa línea, cabe reparar en los dichos del policía Marcelo Liva (fs. 1), quien, a instancias de ambas víctimas, detuvo a los dos sujetos que sustrajeron el elemento antes mencionado, y, además, en las declaraciones ofrecidas por éstas últimas (fs. 11 y 13), quienes relataron el hecho de manera clara, luego describieron y finalmente indicaron al personal policial, a los agresores que llevaron adelante el robo. Las fotografías de fs. 30/31 y las actas de fs. 4 y 5, permiten concluir que los sujetos finalmente habidos -en las inmediaciones y poco tiempo después, por cierto- se ajustan perfectamente a la descripción que efectuaran las damnificadas en las ya apuntadas declaraciones de fs. 11 y 13.
En dicho contexto, la versión exculpatoria ensayada por el individuo encausado no puede ser admitida por esta Sala de Cámara.
IV. Resta, pues, abordar el restante motivo de agravio.
La cuestión -para nada novedosa-, es similar a aquella que este Tribunal tratara, con la actual conformación, en la causa n° 29.197 (“Rivas, María Beatriz”, rta. 26/5/06). Los argumentos, pues, serán análogos a los esgrimidos en aquella ocasión.
Con carácter liminar, es de remarcar que la figura en análisis -robo-, a los fines de su aplicación, no distingue graduación alguna en lo que respecta a la lesión del bien jurídico tutelado -propiedad-. Es que la protección hacia tal derecho es tan amplia que éste se verá afectado, más allá del valor económico que la cosa en sí posea.
En definitiva, el bien jurídico se lesiona o no se lesiona y, si se lesiona, la acción quedará subsumida, en principio, en el tipo penal. Y eso ocurrirá más allá del valor económico que el bien posea.
Ello así dado que el bien jurídico que protege el tipo penal del artículo 164 del C.P. es la propiedad y ésta se afecta con la simple sustracción de la cosa: es indiferente el mayor o menor valor que posea; éste, en todo caso, hará que la vulneración sea mayor o menor en el patrimonio, pero en nada obsta a la afectación de la propiedad que, como se dijo, no acepta graduación. 
Ha dicho Soler en este sentido -analizando la figura de hurto-: “Este delito, según lo hemos visto, está calificado por la ley como delito contra la propiedad, y este derecho es independiente del valor económico de cambio que el bien mismo pueda tener. No interesa en este punto averiguar si el patrimonio de una persona se integra o no con puros valores económicos; pero es indudable incluso desde el punto de vista civil, que la presencia o ausencia de valor de cambio en una cosa no altera la relación dominical. Para nosotros, basta, por lo tanto, que una cosa tenga el carácter de tal, y que esté en el patrimonio de alguien, para que pueda ser objeto de hurto, aun cuando ella carezca de valor para los demás, incluso para el ladrón.” (Soler, Sebastián; Derecho Penal Argentino, T. IV, Tea, Buenos Aires, 1956, p. 213).
Sin embargo, tal afirmación no significa que las particulares circunstancias del caso concreto, entre las que se hallará el valor económico del objeto sustraído o que se intentó sustraer, no sean tenidas en cuenta para determinar la pena aplicable al caso concreto; de hecho es un requisito establecido normativamente. Mas tal determinación corresponde a una etapa posterior del proceso penal, y será allí donde los principios de proporcionalidad y razonabilidad deberán ser aplicados, teniendo en cuenta -como ya se dijo-, entre otras cosas, el valor pecuniario del objeto sustraído.
Quedará para la anécdota que, en rigor de verdad, el estuche fue sustraído bajo la indudable creencia de que en su interior se hallaba la cámara fotográfica -su posterior descarte lo corrobora-, y que, en este sentido, cabría efectuar un serio análisis en torno a si el ánimo del autor -que no se hallaba dirigido a apoderarse de un objeto insignificante, por cierto-, no debería ser objeto de ineludible análisis en el caso presentado por la defensa.
Por fuera de ello, en el sentido expuesto párrafos más arriba se ha expedido nuestra Corte Suprema en el caso “Adami”. En esa oportunidad, si bien respecto del hurto mas con argumentos de aplicación al caso, se sostuvo: “La manera como se encuentra legislado el hurto, cualquiera que sea la magnitud de la afectación del bien tutelado que resulte como consecuencia del apoderamiento ilegítimo, en tanto no se prevén grados ni límites, hace que la conducta quede comprendida en el referido art. 162. La insignificancia sólo puede jugar cuando es tal que lleva a despojar a la cosa de ese carácter. Es que no se atiende a la entidad de la lesión patrimonial, sino a la violación al derecho de propiedad, independientemente del mayor o menor valor de la cosa, aspecto que es relevante sólo a los fines de graduar la pena.” (C.S., Fallos 308:1796).
Por otra parte, como ya lo sostuvo este Tribunal con otra integración, el principio de insignificancia, por más loable que sea la finalidad con la cual es utilizado por la doctrina y la jurisprudencia, resulta incompatible con las exigencias de la seguridad jurídica al dejar la delimitación de los casos que entran bajo su órbita en manos de quienes están llamados a decidir y de los doctrinarios, por lo que su aplicación por parte del intérprete generaría incertidumbre, ya que la dogmática se asienta en puntos de vista lógicos pero muy personales (C.C.C., Sala V, c. 12.435, rta. 11/11/99 y c. 28.155, rta. 30/11/05).
Más allá de ello, reiterando lo dicho más arriba: “…una lesión escasa sigue siendo una lesión para quien la sufre, aunque su existencia no se altere por ello. Se trataría de un criterio válido para graduar la penalidad pero no para determinar la insignificancia. Con todo, el caso contrario debe tenerse en cuenta, a efectos de no agudizar la victimización selectiva: una lesión usualmente insignificante puede ser significativa para el sujeto pasivo concreto cuando alguna circunstancia particular de éste o de su situación le haga cobrar significación para su existencia” (Zaffaroni, Eugenio Raúl, Alagia, Alejandro, Slokar, Alejandro, Derecho Penal, Parte General, pág. 472 -4,5-).
La conducta atribuida a Morales Sandoval, en síntesis, no puede considerarse atípica como se pide.
La discusión gira en si aquella actividad luce indiferente o no al sistema punitivo. Todo muestra que estamos en presencia de un hecho contrario a la norma jurídica y que ofrece encuadre en una descripción incriminatoria.
En mérito a lo expuesto y sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva corresponda aplicar, el Tribunal resuelve:
Confirmar la resolución de fs. 88/91, mediante el cual se decretó el procesamiento de Sergio Maximiliano Sandoval -o Luis Aranda, o Sergio Maximiliano, o Sergio Morales, o Sergio Maximiliano Sandoval-, en orden al delito de robo simple, más la calificante prevista en el art. 41 quáter del C.P.
Devuélvase al Juzgado de origen para que se efectúen las notificaciones de rigor.
Sirva la presente de atenta nota.
María Laura Garrigós de Rébori
(en disidencia)
Mario Filozof Rodolfo Pociello Argerich
Ante mí:
Federico Maiulini
La jueza Garrigós de Rébori dijo:
I. Concuerdo plenamente con la valoración efectuada por la mayoría en torno a la existencia de prueba para vincular “prima facie” al imputado, a la comisión del hecho que motivara el inicio de esta causa. Me remito, pues, a los argumentos expuestos más arriba.
Distinta es mi posición en torno al restante de los agravios, pues, a mi juicio, cabe receptar el planteo de la defensa.
II. Ya tuve oportunidad de expresar mi opinión con relación a la aplicación del principio de insignificancia como integrante de la Sala IV de esta Cámara (c. 25.788, rta.14/3/05), e incluso como miembro de este Tribunal (c. 29.197, rta. 26/5/06)
Tengo dicho al respecto, que el principio republicano que se desprende del artículo 1º de nuestra Constitución Nacional -pilar fundamental de nuestro Estado de derecho-, impone la necesidad de respetar al máximo otros principios que de él derivan, cuales son los de proporcionalidad y razonabilidad que deben regir entre la lesión a bienes jurídicos penalmente protegidos y la punición que se implementará como consecuencia de ella.
Es en ese sentido que la doctrina nacional expuso que “…dado que el derecho penal debe escoger entre irracionalidades, para impedir el paso de las de mayor contenido, no puede admitir que a esa naturaleza no racional del ejercicio del poder punitivo se agregue una nota de máxima irracionalidad, por la que se afecten bienes de una persona en desproporción grosera con el mal que ha provocado.” (Zaffaroni, Raúl Eugenio; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro; Derecho Penal – Parte General, Ediar, Buenos Aires, 2000, p. 123).
Precisan además estos autores que “La consideración conglobada de las normas que se deducen de los tipos penales, es decir, su análisis conjunto, muestra que tienden en general, como dato de menor irracionalidad, a prohibir conductas que provocan conflictos de cierta gravedad. No se trata sólo de una manifestación del principio de ultima ratio, sino del propio principio republicano, del que se deriva directamente el principio de proporcionalidad, como demanda de cierta relación entre la lesión al bien jurídico y la punición”. (Ibídem, p. 472).
Por su parte, del art. 19 de nuestra Constitución Nacional se deriva el principio de lesividad, conforme al cual, “no puede haber delito que no reconozca como soporte fáctico un conflicto que afecte bienes jurídicos ajenos”. (Ibídem, p. 120)
Ahora bien, expuestos que fueron los principios que regulan el ejercicio del poder punitivo estatal, parece claro que es al amparo de ellos que deben evaluarse los postulados del principio de insignificancia en cuanto limitador del aparato punitivo en un Estado de derecho.
Y esto es así ya que, de aceptarse una actuación al margen de estos criterios se aceptaría un ejercicio ilegítimo de ese poder estatal que se manifiesta a través del derecho penal.
Es precisamente por la existencia de los principios analizados en los párrafos precedentes que, al momento de estudiar los casos concretos que ingresan a consideración del aparato judicial, no basta con realizar una subsunción mecánica de los hechos en los elementos del tipo penal, desprovisto de las circunstancias concretas que rodean al caso.
Es que, si bien no debe renunciarse al invalorable aporte que brinda la ciencia jurídico penal a través de la teoría del delito para el análisis de los casos que entran a la órbita de la justicia penal, no pueden aislarse en el análisis de ellos los criterios de política-criminal que, cada vez con mayor frecuencia, son incluidos en la dogmática penal para que deje de ser un sistema de compartimentos estancos de carácter abstracto que deban ser automáticamente rellenados por el juez.
Como lo señala Roxin, precisamente uno de los doctrinarios que mayores aportes ha realizado a la teoría del delito, “…cuando se trata de explicar cómo hay que tratar a alguien que se ha equivocado, de algún modo, con respecto a la prohibición de su acción o ha desistido de consumar un delito, los problemas son de naturaleza político-criminal y no pueden ser resueltos adecuadamente con el -para decirlo con Jescheck- ´automatismo de los conceptos teóricos´.” (Roxin, Claus; Política criminal y sistema del derecho penal, Hammurabi, Buenos Aires, 2000, p. 44).
Pues bien, según el principio de insignificancia, principio interpretativo limitador de la tipicidad, las mínimas afectaciones a bienes jurídicos deben quedar excluidas del tipo objetivo aun cuando formalmente quedarían encerradas por él. Ello así, en virtud de que “…las afectaciones insignificantes de bienes jurídicos no constituyen lesividad relevante a los fines de la tipicidad objetiva.” (Zaffaroni-Alagia-Slokar, op. cit., p. 471).
Es que cuando la afectación a un bien jurídico es ínfima, ninguna reacción de carácter penal puede presentarse como razonable y proporcional. Por ello, un juego armónico de los presupuestos que se desprenden de los principios constitucionales de proporcionalidad, razonabilidad y lesividad, impiden que aquellas lesiones de carácter mínimo a los bienes jurídicos puedan considerarse como lesiones jurídicamente relevantes a los fines del derecho penal.
Finalmente, habré de manifestar que la alegada inseguridad jurídica que acarrearía la utilización de este principio en tanto sería el intérprete quien, sin reglas claras -y léase por ello escritas por el legislador decidiría qué casos se encuentran contenidos por él y por lo tanto fuera del sistema penal, no resulta óbice para su utilización.
Ello es así dado que, a diario, el juez se encuentra utilizando categorías que han sido creadas y desarrolladas por la doctrina penal nacional e internacional, a veces con reglas muy claras pero otras no tanto, y no por ello se crea inseguridad jurídica si las pautas son claras y las conclusiones son una derivación razonable de ellas. Repárese por ejemplo en el error en derecho penal, no hay hasta el momento reglas que sean indiscutibles para la determinación del carácter evitable o inevitable del error y, sin embargo, nadie discute lo correcto de su utilización en el análisis de la teoría del delito.
Porque siempre es el juez quien, con su tarea interpretativa, no sólo de las normas sino también de las pruebas, conforma y dice cuál ha de ser el hecho objeto del proceso y cuál la norma aplicable al caso. Sin despreciar las capacidades técnicas de los juzgadores, es obvio que cualquier conocimiento estará influido de subjetividad y, por tanto, la pretensión de seguridad absoluta y estática, es una quimera, impropia de las ciencias sociales como el derecho.
Es por lo expuesto precedentemente que entiendo que en el caso traído a estudio del tribunal corresponde revocar la resolución impugnada y sobreseer al imputado, pues el objeto del cual se apoderó Morales Sandoval junto a un menor -esto es, un estuche de una cámara fotográfica-, es, por insignificante, inidóneo para llenar la tipicidad objetiva del artículo 164 del Código Penal.
Ese es mi voto.
María Laura Garrigós de Rébori
Ante mí:
Federico Maiulini

 
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