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Extinción de la acción penal por prescripción, interrupción por auto que cita a prestar declaración indagatoria.

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Causa N° 26.811, “Armando, Ricardo A.”.
Sala II Cámara Nacional de Casación Penal, rta. 30 de octubre 2008.

Buenos Aires, 30 de octubre de 2008.

El Dr. García dijo:
I.- 1) La sala 2ª de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal, en la causa 26.811 de su registro, con fecha 25/7/2008, resolvió confirmar el auto de fs. 34/36 mediante el cual se decidió no hacer lugar a la excepción de prescripción de la acción penal interpuesta por la defensa de Ricardo A. Armando (conf. fs. 95/97 vta.).
Contra esa decisión, el Dr. Nicolás D'Albora, asistiendo al imputado, interpuso recurso de casación a fs. 107/114, el que fue concedido a fs. 119/120.
2) El recurrente sustentó la admisibilidad de la impugnación argumentando que la decisión atacada acarrea perjuicios de imposible o tardía reparación ulterior y que, en las condiciones de este proceso, implica una violación de la garantía constitucional a ser juzgado en un plazo razonable, cuestión federal que impone la intervención de esta Cámara en su carácter de tribunal intermedio.
Indicó que el pronunciamiento impugnado carece de la fundamentación exigida por el art. 123, CPPN. en tanto se apartó de las constancias de la causa al prescindir arbitrariamente de los términos utilizados por el magistrado instructor al suscribir el auto obrante a fs. 2048/2049 de la causa principal, de fecha 25/11/2002. En tal sentido, explicó que si bien en dicho auto se señaló en primer término que se citaría a prestar declaración indagatoria su asistido, en el siguiente párrafo se decidió "llámese sólo por el momento" a otros imputados, descartando de ese modo llamar al resto, entre quienes se encuentra el nombrado Armando.
A base de ello, afirmó la defensa que "no existió siquiera una convocatoria aprestar declaración indagatoria, con lo cual las disquisiciones efectuadas por V.E. en cuanto a que el llamado no se halla condicionado a su notificación, ni a que sea en el mismo auto que se fije día y hora de la citación, ni tampoco a la materialización de la audiencia (...) no resultan aplicables a este proceso porque, sencillamente, el juez decidió no llamar a indagatoria al defendido (...)".
También alegó el recurrente la errónea aplicación del art. 67, párr. 4º, inc. b, CPen., por entender que se consideró llamado a indagatoria a una providencia que no reunía las características exigidas por el legislador. En esa dirección, señaló que la acción de "llamar" prevista en la norma mencionada "importa un acto de transmisión de un dato -citación- por parte de una persona -juez- a otra -imputado-. Si el dato nunca se transmite, por decisión unilateral del transmisor en ciernes, no hay llamado". Y agregó que "si el legislador hubiese querido atribuir efecto interruptivo al decreto que ordena la indagatoria, más allá de su comunicación al imputado, no hubiese utilizado el vocablo llamado sino simplemente mencionado, por ejemplo, al decreto de citación".
En apoyo de su postura, invocó la decisión de la Corte Suprema en la causa 1740, U. XLII, "Cuatrín, Gladys M. y otros s/ contrabando", sent. de 8/4/2008. Sostiene que allí la Corte habría establecido doctrina según la cual se entiende que para que el llamado a prestar declaración indagatoria interrumpa la acción penal debe haber tenido efectos concretos sobre el justiciable. Y tachó de aparentes los fundamentos expuestos por la Cámara a quo para apartarse de dicha doctrina.
Por último, indicó el recurrente que el examen efectuado por los sentenciantes para estimar que no existió en el caso una violación al plazo razonable de duración del proceso carece de la fundamentación exigida por el art. 123, CPPN., en tanto la referencia a la complejidad del sumario resulta ser un conjunto de afirmaciones genéricas y dogmáticas, además de que el proceso avanzó con relación a otros imputados. Agregó que se soslayó el examen de la conducta del imputado y la diligencia de las autoridades competentes en la conducción del proceso.
Hizo reserva del caso federal.
3) Que se dejó debida constancia de haberse realizado la audiencia prevista en el art. 465 bis, CPPN., con la presencia del doctor Nicolás D'Albora por la defensa y el doctor Claudio Fernández en representación del Banco Central de la República Argentina.
II.- Ya he tenido oportunidad de señalar que si bien las decisiones que deniegan la excepción de prescripción de la acción no son susceptibles de revisión por la vía del recurso de casación en tanto no están comprendidas entre las enunciadas en el art. 457, CPPN., no puede invocarse ese óbice cuando la cuestión de prescripción se presenta en relación con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y la duración del proceso penal permite considerar prima facie la posibilidad de su afectación (conf. mi voto en la causa 9166 de esta sala, "Berazategui, José M. y otro s/ recurso de casación", Reg. n. 13.063, resuelta el 12/8/2008).
Entiendo que en el caso el recurrente ha dado prima facie suficientes argumentos para considerar admisible el recurso de casación.
III.- Según surge de las constancias de la causa, se imputa a Ricardo A. Armando el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, previsto en el art. 173, inc. 7, y 174, inc. 5, CPen., hecho que habría se habría ejecutado entre los meses de marzo y junio de 1998 (conf. fs. 34/34 vta.). Conforme a dicha calificación legal, el plazo de la prescripción de la acción penal es en el caso de 6 años según el reenvío que el art. 62, inc. 2, CPen. hace a aquellas disposiciones.
La cuestión debatida remite a resolver si el decreto dictado por el magistrado instructor el 25/11/2002 (obrante a fs. 2048/2049 vta. de la causa principal y en copias a fs. 146/147 del presente), constituye el acto interruptivo del curso de la prescripción previsto en el art. 67, inc. b, párr. 4º, CPen., texto según ley 25990.
En ese acto el juez dispuso, en cuanto aquí interesa: "(h)abiéndose concluido con la sistematización y análisis exhaustivo de la totalidad de la documentación remitida oportunamente por la Fiscalía Federal n. 4 y existiendo elementos de convicción suficientes para entender que las personas imputadas en el requerimiento de indagatorias de fs. 1382/1416, deben ser escuchadas en declaración indagatoria, conforme el grado de sospecha requerido en el art. 294, CPPN., cítese a las siguientes personas a dichos fines, en orden al delito previsto y reprimido en el art. 174, inc. 5, en función del art. 173, inc. 7, CPen.: (....) 42) Ricardo A. Armando (...) Advirtiendo que la abultada cantidad de imputados imposibilita la fijación de todas las audiencias en un mismo acto, llámese sólo por el momento a Elías Farah, Enzo Ignazi, Jesús Asiain, Jorge Armando y Oscar Federico, decretando la celebración de dichos actos los días 10, 12, 16, 18 y 20 de diciembre, a las 10:00 hs...". En total había dispuesto allí recibir declaración como imputados a 71 personas, pero fijado audiencias sólo respecto de 5 de ellas.
Al rechazar la excepción de prescripción opuesta, el tribunal a quo asignó efecto interruptor del curso de la prescripción a esa decisión judicial afirmando que "el efecto que la ley vigente acuerda a la primera convocatoria del imputado en los términos del art. 294 del código de forma no se halla condicionado por su notificación, ni a que sea en el mismo auto que se fije día y hora de la citación, ni tampoco a la materialización de la audiencia (...). Ello, por cuanto ninguna de estas circunstancias priva a la decisión del carácter que le es propio, ni de su innegable aptitud para enderezar la investigación e impulsar procesalmente el sumario respecto del encausado a cuyo respecto se dispone".
IV.- Sin perjuicio de que no se ha suscitado controversia en torno a la ley aplicada, observo que al momento de los hechos objeto del presente proceso regía el texto del art. 67, CPen. según ley 23077, cuyo párr. 4º, según ley 13569, disponía que "(l)a prescripción se interrumpe por la comisión de otro delito o por la secuela del juicio". Sin embargo, al momento de dictarse la resolución que rechazó la prescripción, y del pronunciamiento de la recurrida queda confirmó, había entrado ya en vigencia el nuevo texto legal introducido por ley 25990, que fue el aplicado al presente. La sucesión de leyes en el tiempo impone determinar, de manera previa al estudio de la cuestión debatida, cuál es la ley aplicable a tenor del art. 2, CPen., porque sólo fijado el alcance de las leyes sucesivas podría decidirse si debe aplicarse la vigente al momento del hecho, o si es más favorable a la situación del imputado la ley que la sucedió. Y ello es imperioso aun cuando en el caso no se ha suscitado controversia en torno a la ley aplicada, pues por imperio de su deber de sujeción a la ley, el tribunal debe establecer la recta interpretación y alcance de cada ley sucesiva con independencia de las alegaciones de las partes, según lo sintetiza el principio iura curia novit.
En esa tarea, comienzo por recordar que de acuerdo a la interpretación del alcance del concepto "secuela de juicio" que expuse por primera vez en esta Cámara en la causa 9166 de esta sala, "Berazategui, José M. y otro s/ recurso de casación" (reg. n. 13.063, resuelta el 12/8/2008) -a cuyas consideraciones remito en razón de brevedad- el curso de la prescripción admite "una única oportunidad de interrupción ", la que identifiqué con "el momento en que un órgano del Estado formula oficialmente cargos contra el imputado, notificándolo de los hechos de la imputación ". E incluso admití que puede haber actos anteriores que tengan igual contenido de información y de promoción de la persecución contra una persona determinada, como por ejemplo, el acto de la aprehensión misma con motivo de la imputación, en tanto "como declaración formal del Estado, presenta al imputado por primera vez una imputación circunstanciada dirigida contra él".
Conforme a esa interpretación, la decisión dictada por el magistrado instructor el 25/11/2002 podría tener efecto interruptor del curso de la prescripción de la acción penal, en tanto allí se dispuso citar a todos los imputados para comunicarles los hechos imputados y darles oportunidad de prestar declaración indagatoria, sin perjuicio de que ante la imposibilidad de fijar todas las audiencias en un mismo acto, se llamó sólo a 5 de ellos, entre los cuales no se encontraba Ricardo A. Armando. Es que aun cuando en el decreto mencionado no fue fijada concretamente la oportunidad en que el nombrado debía presentarse a fin de prestar declaración indagatoria, se trató de un acto formal declarativo de la existencia de sospecha a su respecto y, por lo tanto, de la formulación oficial de cargos en su contra.
Por su parte, el art. 67, párr. 4º, CPen., texto según ley 25990, establece como uno de los actos interruptivos del curso de la prescripción que taxativamente enumera "(e)l primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado" (conf. inc. b). A diferencia de la interpretación que he sostenido respecto del concepto "secuela de juicio" en el marco del anterior texto legal, el texto hoy vigente se refiere a un llamado concreto a prestar declaración y no a la simple decisión oficial de formular la imputación y dar noticia de ella. En esas condiciones, una decisión de citación que no fija fecha para la audiencia no puede considerarse un "llamado".
Partiendo de una interpretación desde el lenguaje mismo "llamado" es la acción de llamar, o sea, "dar voces a alguien o hacer ademanes para que venga o para advertirle algo" ("Diccionario de la Lengua Española", 22ª ed., www.rae.es). Desde esta perspectiva, resulta claro que si el juez ordena la recepción de declaración pero no determina concretamente el día y la hora en que el imputado debe comparecer para ser oído en indagatoria, ni dispone que se lo cite, no puede sostenerse, conforme a la buena fe en el uso del lenguaje que lo "ha llamado" a tal efecto (conf. en similar sentido, Pravia, Alberto, "Los actos de corrupción y la nueva ley sobre interrupción de la prescripción de la acción penal", ED 211-851; Hairabedian, Maximiliano y Zurueta, Federico, "La Prescripción en el Proceso Penal", Ed. Mediterránea, Córdoba, 2006, p. 162).
Tal como sostiene la defensa, la decisión de llamar a Ricardo A. Armando con el objeto de recibirle declaración indagatoria se produjo recién mediante el decreto dictado el 27/8/2007 (conf. fs. 5153/5155 del principal y fs. 148/150 del presente), en el que el juez instructor, en cuanto aquí interesa, dispuso "(...) con el objeto de prestar declaración indagatoria, cítese a las siguientes personas: (...) 20) Ricardo A. Armando, audiencia para el día 10/10/2007 a las 10:00 hs.".
En la misma dirección en que me vengo expresando, cabe apuntar también que la interpretación de las normas concernientes a la prescripción de la acción penal debe ser restrictiva a fin de no desnaturalizar la voluntad del legislador de establecer un régimen de extinción de aquélla. Por lo tanto, no cabe efectuar interpretaciones analógicas para considerar subsistente la acción penal en perjuicio del imputado.
Asimismo, observo que el auto del 25/11/2002 no surtía ningún efecto respecto del imputado porque no lo citaba a comparecer ni lo emplazaba a realizar ninguna conducta ni cumplir con ninguna carga. Sus facultades para comparecer al proceso y designar defensor estaban concedidas por la ley, con independencia de ese decreto, desde mucho antes, a saber, desde el mismo momento en que había sido indicado en la causa (conf. arts. 72 y 73, CPPN.). Por otra parte, nada le imponía proveer a su defensa, ni el juez estaba obligado a proveerle defensor si el imputado no lo requería (art. 107, párr. 2º, CPPN.).
Con lo dicho me aparto de los precedentes de esta Cámara (conf. sala 1ª, causa 7790, "Miguel, Néstor R. s/ rec. de casación", reg. n. 10.454, resuelta el 9/5/2007; sala 2ª, -con diferente integración-, causa 5965, "Bossi, Carlos s/ rec. de casación", resuelta el 11/10/2005, reg. n. 8004), pues si bien podría concordar con su doctrina en lo que respecta al antiguo texto del art. 67, CPen., cuando se trata de la redacción incorporada por la ley 25990, la restricción interpretativa impone una solución contraria.
Por otro lado, las consideraciones efectuadas resultan además una buena precaución contra el desvío de poder (conf. Corte Sup., Fallos 316:365, voto del doctor Petracchi), porque si bien la ley no exige que el decreto de citación a prestar declaración indagatoria sea fundado (conf. arts. 122, 123 y 294, CPPN.), se previene a los jueces de que deberán disponer la audiencia de declaración indagatoria sólo cuando tengan elementos suficientes para llamar al imputado a tales fines, en los términos aquí expuestos, y se inhibe que el dictado de la decisión de recepción de declaración indagatoria tenga por único fin provocar el efecto interruptor del curso de la prescripción y no el fin intimación del hecho y de oportunidad de defensa que la ley asigna a la declaración misma.
Finalmente observo que en la audiencia el letrado que se ha presentado por la querella representando al Banco Central ha invocado y pretendido que la cuestión debía ser resuelta según lo declarado por esta misma sala -con otra integración- en la causa 5106, "Agnese, Hugo s/ recurso de casación" (resuelta 14/7/2004, Reg. n. 6739). Sin embargo, entiendo que la doctrina de esa sentencia no es conducente para la decisión del presente caso, pues mientras que en aquélla se trataba de determinar el alcance del anterior texto legal, y en particular, del término "secuela de juicio", de lo que aquí se trata es de establecer el alcance del art. 67, inc. b, CPen., introducido por ley 25990, que ha modificado el régimen de interrupción del curso de la prescripción, y que expresamente se refiere al primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado. Sólo una vez que se establece el alcance de esta disposición puede decidirse si es igual o distinto que el alcance del término "secuela de juicio", y en su caso, cuál es la .disposición más benigna en los términos del art. 2, CPen.
V.- En virtud de lo expuesto, concluyo que el texto vigente del art. 67, CPen. -según la interpretación propuesta- resulta más favorable al imputado en el caso, dado que el auto dictado por el magistrado instructor el 25/11/2002 no puede ser considerado, respecto de aquél, un llamado efectuado a una persona a prestar declaración indagatoria y, por lo tanto, no puede asignársele el efecto interruptivo de la prescripción señalado en el párr. 4º, inc. b de la disposición mencionada.
Por estas razones, habida cuenta de que en la decisión recurrida no se ha invocado la existencia de otros actos procesales o hechos con efecto interruptor o suspensivo del curso de la prescripción, entiendo que la acción penal debe tenerse por extinguida respecto de Ricardo A. Armando, pues desde la comisión de los hechos objeto del presente -entre los meses de marzo y junio de 1998- hasta que se señaló fecha para que prestase declaración por decisión de 27/8/2007, había transcurrido y se había agotado el plazo de prescripción de 6 años que resulta del reenvío del art. 62, inc. 2, a los arts. 173, inc. 7, y 174, inc. 5, CPen.
VI.- En virtud de lo expuesto propongo al acuerdo: hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, sin costas, casar la decisión de fs. 95/97 vta., declarando que se ha extinguido la acción penal, por prescripción, promovida contra Ricardo A. Armando y, en consecuencia, dictar sobreseimiento en la causa, a su respecto, por la imputación que el Ministerio Público le dirigió bajo la calificación de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 62 inc. 2, 67, 173 inc. 7 y 174 inc. 5, CPen.; arts. 336 inc. 1, 470, CPPN.).
Entiendo que en el caso cabe hacer excepción al principio de la derrota fijado como regla general en el art. 530, CPPN., atendiendo a las dificultades que entraña la sucesión de leyes en el tiempo, y a las distintas interpretaciones que hay sobre la ley vigente, a lo que se suma la inexistencia de una jurisprudencia uniforme, lo que pudo haber llevado a la querella a creerse con razón plausible para sostener sus pretensiones contrarias a las del recurrente, por lo que a tenor de la última parte propongo se impongan en el orden causado.
Tal es mi voto.

El Dr. Yacobucci dijo:
Que adhiere al voto que antecede.

El Dr. Mitchell dijo:
Aun cuando la expresión "llamado" contenida en el art. 67, párr. 4º, inc. b, CPen. no corresponda interpretarla literalmente exigiendo una efectiva citación sino, a mi ver, como afectación de la persona a la causa en carácter de imputado por decisión del instructor, coincido con el voto que antecede que ese auto debe expresar una voluntad de realización actual y concreta, no pudiendo tenerse por tal una oportunidad futura e incierta.
Adhiero pues a la propuesta del Dr. García.

En mérito al resultado habido en la votación que antecede, la sala 2ª de la Cámara Nacional de Casación Penal resuelve:
Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, sin costas, casar la decisión de fs. 95/97 vta., declarando que se ha extinguido la acción penal, por prescripción, promovida contra Ricardo A. Armando y, en consecuencia, dictar sobreseimiento en la causa, a su respecto, por la imputación que el Ministerio Público le dirigió bajo la calificación de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, con costas en el orden causado (arts. 62 inc. 2, 67, 173 inc. 7 y 174 inc. 5, CPen.; arts. 336 inc. 1, 470, 530 y 531, CPPN.).
Regístrese, notifíquese en la audiencia designada a los fines del art. 455, último párrafo, CPPN. y remítase al tribunal de procedencia sirviendo la presente de atenta nota de estilo.- Luis M. García.- Guillermo Yacobucci.- W. Gustavo Mitchell. (Sec.: Gabriela García).

 
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