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Homicidio: figura agravada por el vínculo.

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Vínculo de adopción.

Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, causa nº 53772, caratulada “M., R. A. s/ Recurso de Casación”, rta. 11 de mayo 2013.

 

C.53772

En la ciudad de La Plata a los once días del mes de mayo de dos mil trece, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces integrantes de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Alberto Mahiques, Fernando Luis María Mancini y Jorge Hugo Celesia, desinsaculados para resolver el recurso de casación interpuesto en la presente causa nº 53772 del registro de este Tribunal, caratulada “M., R. A. s/ Recurso de Casación”, practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: MANCINI – CELESIA - MAHIQUES.

ANTECEDENTES

El Tribunal en lo Criminal n° 2 del departamento judicial La Plata condenó, con fecha 30 de marzo de 2012, a R. A. M. a la pena de diez años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, como autor penalmente responsable de los delitos de amenazas calificadas por el uso de arma en concurso real con homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa.

Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de casación la señora Defensora Oficial, doctora Cecilia Dolores Sicard.

Cumplidos los trámites de rigor, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES

Primera: ¿Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto?

Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Mancini, dijo:

I. A fs. 28/33 la señora Defensora expresa los motivos que sustentan la vía casatoria.

a. Como primer motivo de agravio denuncia violado el principio de congruencia (arts. 374 del C.P.P. y 18 de la C.N.).

Explica que al arribarse a la discusión final en el debate el señor Fiscal, luego de describir la materialidad ilícita del delito de amenazas calificadas, manifestó “... luego de ello y previo a la intervención de su progenitor que pretendía el cese de su actuar le asestó con ese cuchillo un puntazo ocasionándole una herida cortante de 6 cm en la zona del cuello que pudo ser contenida por la asistencia que tuvo la víctima...”.

Indica que el señor Fiscal entendió que la materialidad así descripta debía encuadrarse dentro de los términos del art. 90 del C.P. y seguidamente señaló los elementos de prueba que sustentaron su conclusión.

Por otro lado menciona que el a quo, al responder al interrogante planteado en la cuestión primera del veredicto, sostuvo “... lo que motivó que el mismo sujeto agrediera con un arma blanca y con la intención de darle muerte a su padre H. A. M., quien recibió una herida cortante a la altura del cuello, que puso en peligro su vida...”.

Funda su denuncia en la imposibilidad que detentaba el sentenciante para resolver más allá de la secuencia fáctica contenida en la descripción del hecho que el juzgador realizó al momento de formular su alegato (en la que no mantuvo la intención del acusado de dar muerte a la víctima).

Advierte que la afectación al derecho de defensa en el caso surge evidente.

Expone que esa parte coincidió, al formular su alegato final, con la fiscalía en cuanto que el hecho del que resultara víctima H. M. debía quedar descripto como el acusador lo hizo y que debía encuadrarse dentro del delito de lesiones graves como lo peticionó el Ministerio Público Fiscal.

En este tren refiere que nada más debía discutirse al respecto, como así también que no se introdujeron –porque respecto de ello no había acusación- contrargumentos relativos a la no verificación en el ánimo del imputado de la intención de causar la muerte, no se discutió la prueba que sobre el punto pudiera resultar atinente y no se alegó al respecto porque no había hipótesis incriminante que destruir en tal sentido.

En consecuencia entiende que la decisión del Tribunal de extender la descripción de la materialidad ilícita incluyendo el elemento subjetivo de la tentativa de homicidio, constituyó la sorpresa que la imposición de la congruencia como principio pretende evitar.

Por lo dicho solicita se case el decisorio impugnado, condenando a Roberto Marin por el delito de lesiones graves, como fuera solicitado por el Ministerio Público Fiscal al concluir el debate.

b. Como otro motivo de agravio plantea erróneamente aplicado la calificante contenida en el art. 80 inc. 1º del C.P. y violado el art. 18 de la C.N.

Alega que en el caso, dado que el causante es hijo adoptivo de la víctima, no puede aplicarse la agravante contenida en el art. 80 inc. 1º del C.P. toda vez que éste no reviste el carácter de descendiente aludido por la norma habida cuenta que el legislador tuvo en miras el vínculo de sangre entre víctima y victimario.

De esta manera sostiene que en el decisorio en crisis se realizó una interpretación analógica de la ley penal, extendiendo ilegítimamente el alcance semántico de la expresión “ascendiente”.

Sustenta su posición en los proyectos de reforma del art. 80 inc. 1º del C.P. (Expediente 0696-D-2007 –Trámite Parlamentario nº 11-, iniciado en la Cámara de Diputados y el proyecto S-1498/07).

En síntesis considera que subsumir el supuesto de autos en la hipótesis del art. 80 inc. 1º importa una violación al principio de legalidad contenido en el art. 18 de la C.N.

Por ello solicita se case el decisorio a nivel de la calificación legal desplazando la calificante por el vínculo.

II. A fs. 45/50 la señora Defensora Oficial Adjunta ante este Tribunal de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, desiste de la celebración de audiencia de informes y presenta memorial (art. 458 in fine del C.P.P.).

Mantiene expresamente el recurso de casación postulado y peticiona en idéntico sentido.

Añade fundamentos en torno alegada violación al principio de congruencia y evoca nuevo motivo de agravio circunstancias extraordinarias de atenuación en los términos del art. 80 in fine del C.P.

Menciona doctrina y jurisprudencia en apoyo a sus peticiones y en consecuencia solicita el haga lugar a los planteos efectuados en el recurso de origen y en el presente memorial.

A fs. 51/53 el señor Fiscal Adjunto ante este Tribunal de Casación Penal, doctor Fernando L. Galán, hace uso de la facultad que le confiere el art. 458 in fine del C.P.P.

Presenta memorial abogando por el íntegro rechazo del recurso de casación impetrado y de los nuevos motivos de agravio postulados ante esta instancia casatoria.

III. Corresponde ahora me expida sobre los cuestionamientos que integran el remedio incoado.

a. El agravio a través del cual la defensa estima conculcado el principio de congruencia, no debe prosperar.

Conforme emerge las constancias del presente legajo, al establecer los lineamientos de la acusación, el señor Fiscal de juicio expresó que intentaría acreditar que “... el día 18 de agosto de 2010 y momentos después de las 2 de la mañana en el interior de la vivienda ubicada en calle … E/… Y … DE L. P., una persona de sexo masculino y previo discutir con su esposa N. T. la agredió físicamente y la amenazó con un cuchillo tipo Tramontina con mango de plástico color negro, luego de ello y previo a la intervención de su progenitor para que cese le asestó a éste último una herida cortante de 6 cm en la zona del cuello con la clara intención de darle muerte, propósito que no logró por razones ajenas a su voluntad y ante la asistencia de la víctima...” (v. fs. 1vta./2).

Luego, al momento de la discusión final el representante del Ministerio Público Fiscal tuvo por legalmente acreditado, en lo que aquí resulta de interés, que “... luego de ello y previo a la intervención de su progenitor que pretendía el cese de su actuar le asestó con ese cuchillo un puntazo ocasionándole una herida cortante de 6 cm. en la zona del cuello que pudo ser contenida por la asistencia que tuvo la víctima...” (v. fs. 7 vta. del presente legajo).

A su turno la señora Defensora Oficial  dijo respecto del hecho que tuvo como víctima al señor M., coincidir con  el señor Fiscal en cuanto a la modificación de la materialidad ilícita y el impacto que ello tiene en la calificación legal y entendió “... que no está acreditado el elemento subjetivo de la tentativa que es la dirección directa hacia la comisión del un ilícito, en este caso un homicidio. Como expresara la propia víctima el hecho ocurre en medio de una discusión violenta con la mujer de M., el estado de alcoholización del que da cuenta a fs. 8, el estado de alteración que refirieron G. y R. y que ha alterado su conducta, no al extremo de la inimputabilidad pero si que condicionó la conducta como también dijeron los oficiales que describieron los momentos previos a la aprehensión en que estaba sentado en la cocina con un cuchillo y dispuesto a autoagredirse, todo nos habla de una conducta errática que seguramente ha sido producto de la alcoholización y la existencia de la previa discusión con su mujer pero de ninguna manera una conducta dirigida a producir la muerte del Sr. H. M....”.

Finalmente, al tratar la cuestión primera del veredicto, el sentenciante sostuvo “... lo que motivó que el mismo sujeto agrediera con un arma blanca y con la intención de darle muerte a su padre H. A. M., quien recibió una herida cortante a la altura del cuello, que puso en peligro su vida.”, para finalmente expresar “Me aparto en cambio, del factum” traído por el Sr. Agente Fiscal de Juicio por el hecho que lo tuviera como victima al Sr. H. A. M., tal como ha quedado descripto precedentemente, cuestión sobre la que me he de extender en el apartado correspondiente. Debiendo aclarar que éste apartamiento no viola de manera alguna el principio congruencia, toda vez que los hechos se mantuvieron incólumes desde el inicio de la investigación y sobre ellos ha versado el debate.”.

Si bien de lo reseñado puede apreciarse del factum descripto en la acusación fiscal y el descripto por el a quo en la cuestión primera del veredicto, una modificación del hecho materia de acusación al fijar la materialidad ilícita (art. 374 del C.P.P.), lo cierto es que esta variación no implicó una violación al principio de congruencia, como derivado de la garantía de defensa en juicio.

Al introducir el sentenciante el elemento subjetivo de la tentativa de homicidio abarcó una realidad de los hechos penalmente relevante que, en el caso, no se tradujo en un tramo de conducta respecto de la cual el imputado se vio privado de efectuar las defensas pertinentes.

Tal como se vio párrafos más arriba la defensa articuló las herramientas tendientes para consolidar la postura fiscal expresada durante los alegatos, expresando los fundamentos por los cuales entendía adecuada la materialidad ilícita relatada por la acusadora y el consecuente encuadre legal, lo que termina por evidenciar que no medió corrimiento del objeto procesal que produjera sorpresa o disminuyera de algún modo el derecho de defensa.

Entonces, así las cosas, en la sentencia no hubo apartamiento del hecho acusado, debiendo recordarse que el denominado “principio de congruencia” no puede ser empleado como un latiguillo facilista que se esgrime sin mayor cuidado para hacer pie sobre diferencias presuntamente trascendentes, con la finalidad de apuntar a desajustes formales que sustenten pedidos de nulidad que, no son otra cosa que solicitudes de invalidez por la invalidez misma.

No debe olvidarse que es regla primordial para el análisis del asunto es la demostración de que medió una sorpresa que deterioró el derecho de defensa, provocando un perjuicio al procesado, lo que a todas luces no sucedió en el caso.

En definitiva los sucesos que dieron sustento y sentido a la materialidad ilícita descripta en el fallo no se diferencian de modo sustancial de aquellas desarrolladas en el planteo acusatorio, razón por la cual la integridad del acontecimiento histórico no fue mutado de manera tal que importe transgresión al principio denunciado.

Por lo expuesto este tramo del recurso debe ser rechazado.

2. Distinta suerte correrá la queja relativa a la errónea aplicación de la agravante prevista por el art. 80 inc. 1º del C.P.

En el caso que nos ocupa la agravante en trato toma en cuenta el menosprecio del autor al vínculo de sangre, persiguiendo el homicidio entre parientes (parricidio), sin limitar el grado del vínculo dentro de la línea de ascendencia y descendencia, ni respecto de la calidad de su origen (puede tratarse tanto de vínculos legalmente constituidos como de los de puro carácter natural). Cualquier otro parentesco por natural o por afinidad que no sea propio de las líneas ascendentes o descendentes queda fuera de la agravante y deja la figura en el tipo del art. 79 del Cód. Penal.

En este escenario tampoco quedan comprendidos en la agravante los adoptantes y los adoptados, ya que, pese al vínculo de familia que la ley crea entre ellos, no pueden considerarse ascendientes y descendientes en el sentido del art. 80, inc. 1º del C.P.

No se me escapa que el art. 14 de la ley 19.314 de adopción y el art. 240 del C.C., modificados por las leyes 23.264 y 24.779, establecen que la adopción plena confiere al adoptado una filiación que sustituye a la de origen, asignando al adoptado los mismos derechos y obligaciones que al hijo legítimo del adoptante.

Sin embargo la normativa penal bajo estudio no hace referencia al parentesco en línea recta sino a los ascendientes y descendientes, y los adoptivos (padre o hijo) no lo son (vinculum iuris).

Es decir, la ley civil equiparó escenarios entre hijos, forjando vínculo pero no descendencia (vinculum sanguinis) y, si nos atenemos a la letra de la ley es necesario mencionar que un ascendiente es la persona de la que desciende o procede otra (cfr. Diccionario de la Real Academia Española, Ed. Santillana, 2005), no pudiéndose dar otro marco a la cuestión que el sanguíneo.

Para la doctrina, la exclusión del parentesco por adopción se sustenta en la Exposición de Motivos del Proyecto de 1891. Autores como Soler consideran que los términos “legítimo o natural” que contenía el Código anterior, fueron suprimidos para que no se tomara en cuenta este último en el sentido del Derecho Civil y no se viera que la causal de agravación pueda ser otra que la del vínculo natural.

El Código Penal admite el parricidio impropio al incluir al cónyuge, cuya vinculación no es de sangre. De allí se advierte que cuando el legislador quiso hacer referencia al vínculo legal, lo hizo expresamente como el en caso mencionado.

Entonces, por apego al principio de legalidad y la consecuente prohibición de la analogía, puede afirmarse que no se admiten otros supuestos de homicidios agravados por el vínculo –conforme la normativa vigente al momento del hecho- que los ascendientes y descendientes sanguíneos y los del cónyuge, resultante de la celebración del matrimonio civil.

Suponer lo contrario implicaría otorgar a la ley extrapenal la posibilidad de extender el alcance punitivo de la figura,  de allí lo peligroso de hilar materias civiles con las penales y lo ambiguo que resultan los argumentos que se utilizan para apoyar la equiparación entre la muerte del padre adoptante y el natural.

La reforma del art. 80 inc. 1º del C.P., introducida por la ley 26.791 (Publicación B.O. 14-12-2012), incorporó dentro de la agravante al ex cónyuge o a la persona con se mantiene o se ha mantenido una relación de pareja, mediare convivencia o no, pero no realizó modificaciones sobre el aspecto bajo examen circunstancia que patentiza la intención del legislador de mantener el vínculo de sangre entre ascendientes y descendientes.

En virtud de lo reseñado, se constata la incursión por el a quo en apartamiento, vía interpretación extensiva, de la norma prevista en el art. 80 inc. 1º del C.P. al asimilar una regla jurídica perteneciente a una rama del derecho ajena al derecho penal y aplicarla al caso cuando dicha circunstancia no se encuentra expresamente regulada en la norma citada (arts. 1, 18 y 19 de la C.N.).

En consecuencia considero erróneamente aplicada la agravante contenida por el art. 80 inc. 1º del C.P. y postulo su exclusión.

3. Por último estimo que los planteos introducidos por la señora Defensora Oficial Adjunta ante esta Alzada en el memorial de fs. 45/50 resultan inadmisibles por extemporáneos, desde que es claro el art. 451 del rito en cuanto establece que vencido el plazo de interposición del recurso el impugnante no podrá invocar otros motivos distintos.

Por todo lo expuesto propicio al acuerdo casar parcialmente el fallo impugnado por errónea aplicación del art. 80 inc. 1º del C.P., mudar la calificación legal asignada a los hechos que se tuvieron por probados por la de amenazas calificadas por el uso de arma en concurso real con homicidio simple en grado de tentativa y reducir el monto de pena impuesto a R. A. M., el que estimo justo y adecuado fijar –de conformidad con las pautas valoradas por el a quo en los términos de los arts. 40 y 41 del C.P.- en cinco años de prisión, accesorias legales y costas del proceso. Sin costas en esta instancia (arts. 18 de la C.N., 374, 448, 460, 530, 531 y ccdtes. del C.P.P.).

Así lo voto.

A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Celesia dijo:

Adhiero al voto del señor Juez doctor Mancini, en igual sentido y por sus mismos fundamentos.

Así lo voto.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Mancini, dijo:

Conforme quedara resuelta la cuestión precedente corresponde casar parcialmente el fallo impugnado por errónea aplicación del art. 80 inc. 1º del C.P., mudar la calificación legal asignada a los hechos que se tuvieron por probados por la de amenazas calificadas por el uso de arma en concurso real con homicidio simple en grado de tentativa y reducir el monto de pena impuesto a R. A. M., el que estimo justo y adecuado fijar –de conformidad con las pautas valoradas por el a quo en los términos de los arts. 40 y 41 del C.P.- en cinco años de prisión, accesorias legales y costas del proceso. Sin costas en esta instancia (arts. 18 de la C.N., 374, 448, 460, 530, 531 y ccdtes. del C.P.P.).

Así lo voto.

A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Celesia dijo:

Adhiero al voto del señor Juez doctor Mancini, en igual sentido y por sus mismos fundamentos.

Así lo voto.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

SENTENCIA

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal

RESUELVE

 

CASAR PARCIALMENTE el fallo impugnado por errónea aplicación del art. 80 inc. 1º del C.P., mudar la calificación legal asignada a los hechos que se tuvieron por probados por la de amenazas calificadas por el uso de arma en concurso real con homicidio simple en grado de tentativa y REDUCIR el monto de pena impuesto a R. A. M., el que estimo justo y adecuado fijar –de conformidad con las pautas valoradas por el a quo en los términos de los arts. 40 y 41 del C.P.- en cinco años de prisión, accesorias legales y costas del proceso. Sin costas en esta instancia (arts. 18 de la C.N., 374, 448, 460, 530, 531 y ccdtes. del C.P.P.).

Número Único 06-00-028599-10.

Regístrese, notifíquese a la Defensa y al Ministerio Público Fiscal y devuélvase para el cumplimiento de las notificaciones pendientes.

 

FDO.: FERNANDO LUIS MARIA MANCINI -  JORGE HUGO CELESIA

Ante mi: Gonzalo Santillan Iturres

 

 


 
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