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Alcances de las circunstancias extraordinarias de atenuación.

Causa N° 12936, caratulada “A. V., P. s/ recurso de casación”.

Sala II del Tribunal de Casación penal provincia de Buenos Aires, rta. 10 de abril 2008.

En la ciudad de La Plata a los diez días del mes de abril de dos mil ocho, reunidos en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Fernando Luis María Mancini, Jorge Hugo Celesia y Carlos Alberto Mahiques, bajo la presidencia del primero de los nombrados, con el objeto de resolver en esta causa N° 12936 del registro de este Tribunal, caratulada “A. V., P. s/ recurso de casación”, estando representado el Ministerio Público Fiscal por la Señora Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Alejandra Marcela Moretti y el imputado por los Sres. Defensores Particulares, Dres. Manuel Beccar Varela (h) y José María Salinas.
Habiéndose efectuado el sorteo para establecer el orden en que los señores Jueces emitan su voto, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: MANCINI-MAHIQUES-CELESIA.


A N T E C E D E N T E S

El Tribunal en lo Criminal N° 5 del Departamento Judicial Lomas de Zamora condenó a P. A. V. a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de Homicidio agravado por el vínculo en los términos de los arts. 12, 29 inc. 3°, 45 y 80 inc. 1°del C.P., por el hecho ocurrido el día 6 de marzo de 2000 en la localidad de Banfield, Partido de Lomas de Zamora.
La Defensa Particular del imputado A. V. interpuso recurso de casación contra el aludido decisorio.
Cumplidos los trámites de rigor, esta causa se encuentra en condiciones de ser resuelta, por lo que el Tribunal decidió tratar y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

Primera: ¿Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado A. V.?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el Señor Juez doctor Mancini, dijo:
I. A fs. 39/58 la Defensa Particular del imputado A. V. expresó los motivos que sustentan la presente impugnación.
    Denuncia inobservancia de los arts. 210 y 373 del C.P.P. y errónea aplicación de los arts. 40, 41 y 80 "in fine" del C.P.
    Sin cuestionar la materialidad ilícita ni la autoría endilgada al imputado de autos, el recurrente centra su embate en la crítica a la desestimación que –por mayoría- efectuara el tribunal de mérito respecto a la concurrencia de circunstancias extraordinarias de atenuación.
    Argumenta que tanto el Fiscal, como los representantes del Particular Damnificado y los Jueces que integran el Tribunal tuvieron por acreditado que la relación matrimonial entre A. V. y la víctima se hallaba deteriorada por el prolongado período de serias desaveniencias, que –a criterio del impugnante- hicieron que se resintieran en grado sumo los sentimientos de respeto, afecto y consideración que naturalmente vinculan a los esposos.
    Señala que, en virtud de la prueba producida y la valoración que de ella se efectuara en la tercera cuestión del veredicto, no quedaron dudas en cuanto a que el matrimonio de A. V. no era tal, destacando que la víctima S. M. le hizo saber de modo explícito a su marido, más de un año antes del hecho, que quería divorciarse, permitiéndole que se enterara que tenía una relación sentimental irregular con su socio en el trabajo C. V., al dejar en su escritorio de trabajo en el domicilio conyugal los mails de fs. 269/272, poniendo también en conocimiento de su marido los diálogos procaces que, vía chat y correo electrónico, mantuvo con el italiano F. M.
    Agrega que los testimonios de la vecina L. F., del psiquiatra Duarte y del abogado R. fueron muy ilustrativos acerca de la inexistencia del vínculo conyugal.
    Destaca que, en la tercera cuestión del veredicto, el Dr. Pianta (al que adhirieron los restantes integrantes del tribunal), consideró que “...Si bien no tengo dudas de que la relación marital se hallaba seriamente deteriorada, no puedo a dicha situación otorgarle el alcance que le diera la defensa, quien resaltó en su alegato el afán del esposo de salvar el matrimonio y el de la esposa por terminarlo. La contradicción surge evidente, pues nadie podría razonablemente intentar salvar lo que no existe...”. Agrega que, no obstante haberse determinado que A. V. es imputable, el Juzgador estableció que es portador de una personalidad psíquicamente disminuida.
    Seguidamente, el impugnante efectúa una extensa transcripción del voto del Dr. Pianta en la cuestión relativa a la calificación legal y critica la postura mayoritaria en ese mismo acápite por considerar que el Dr. Piume (al que adhirió el Sr. Juez Dr. Dellature) es contradictorio en su razonamiento toda vez que, habiendo adherido al Dr. Pianta en la tercera cuestión del veredicto, pretende luego que no se advierten pautas objetivas que demuestren que el vínculo matrimonial no existía y que mantenía su vigencia desde la perspectiva del imputado, argumentando –entonces- que la imputabilidad disminuida no configuraba la atenuante extraordinaria.
    El impugnante considera que el Dr. Piume incurre en contradicción insalvable toda vez que, pese a admitir (con su adhesión) que el vínculo matrimonial no existía como consecuencia de una relación seriamente deteriorada, concluye que tales especiales circunstancias deben computarse en las pautas de los arts. 40 y 41 del C.P. y no como causas extraordinarias de atenuación.
    Considera que la creencia de A. V. en cuanto a que podía remontar el matrimonio hace precisamente a su condición psíquica disminuida que fuera admitida por el Dr. Piume y que es esa disminución psíquica la que le permitió al Dr. Pianta rechazar la postura del recurrente en orden a que Pablo luchaba por sostener el matrimonio y Silvana no, dado que no había por qué luchar porque el matrimonio no existía.
    En definitiva, alega que resulta ilógico y absurdo sostener que A. V. dijo que él quería luchar por el matrimonio y que –entonces- para él existía el vínculo para fundar el rechazo de la concurrencia de circunstancias extraordinarias de atenuación, haciendo pié –para postular la aplicación de la atenuación extraordinaria al caso concreto- en las circunstancias señaladas por el Dr. Pianta.
    Seguidamente, el recurrente cita doctrina y jurisprudencia que –en su criterio- avala su postura, destacando que se acreditó la presencia del requisito positivo de tal atenuación extraordinaria, consistente en las relaciones sentimentales entre V., A. y M. con la víctima de autos.
    Añade que a estas supuestas “infidelidades” debe añadirse que la relación matrimonial se hallaba destruida desde hacía muchos años, sin que los cónyuges mantuvieran relaciones sexuales, y que el único sostén de la misma era la insistencia de su pupilo, sea que respondiera a su intención de mantener su familia o por salvaguardar su egocentrismo y su baja tolerancia a la frustración.
    Seguidamente, el recurrente relaciona el carácter extraordinario exigido por la atenuante prevista en el último párrafo del art. 80 del C.P. con la excusabilidad de la emoción violenta, señalando que –en el caso- la figura prevista en el art. 81 del C.P. no se configura por ausencia de ese estado psíquico emocional.
    Propone que las circunstancias extraordinarias de atenuación significan todas aquellas que permitan –por su génesis- ser determinadoras de un estado de emoción violenta excusable, estado que, al no manifestarse en su consistencia e intensidad, excluyen e impiden la aplicación de la figura prevista en el art. 81 del C.P.
    Entiende que, en el caso concreto, el hecho motivador se configura por las relaciones que la víctima mantenía con otros hombres –probadas por el intercambio de correos electrónicos a los que ya aludiera- que debe considerarse extraordinario, fuera de lo común o de las reglas naturales. Que, aún cuando, en la actualidad, las relaciones de familia y el valor de la institución matrimonial puedan considerarse deteriorados, debe tenerse en cuenta que la infidelidad es uno de los hechos provocadores de la aplicación de las circunstancias extraordinarias de atenuación, conforme la doctrina y jurisprudencia que cita en su recurso.
    Entiende que pese a lo “común” que pueda significar la infidelidad en la sociedad actual, debe considerársela objetivamente como una ofensa y que el siguiente plano de análisis debe vincularse con el caso concreto del autor para establecer la repercusión de esa circunstancia objetiva en su subjetividad.
    En tal sentido, argumenta que el hecho no debe resultar normal o neutro para el autor sino que debe ser captado subjetivamente por quien actúa como un insulto o un agravio por parte del pariente o cónyuge, erigiéndose –asimismo- como determinante de la conducta homicida.
    En el caso concreto, sostiene que si bien la infidelidad no fue el motivo directo e inmediato del homicidio, su relación causal con la ruptura del matrimonio –pese a los intentos de A. V. por mantener el vínculo vigente- es lo que lo llevaron a una reducción de su ámbito de autodeterminación, en el contexto de un conjunto de acontecimientos probados tales como la infidelidad ya referida, la falta de relaciones sexuales por más de tres años, la relación matrimonial seriamente deteriorada, los intentos de suicidio (reales o no), la pérdida de respeto entre cónyuges (evidenciada por el maltrato, los insultos y por la abierta actitud de la víctima al mantener comunicaciones telefónicas y vía internet, de tenor romántico y sexual), las numerosas comunicaciones telefónicas entre la víctima y V. (cotidianas y hasta en horarios insólitos tal como surge del listado de llamados que fuera incorporado por su lectura) y la imposibilidad de enviar el correo electrónico de despedida a su hijo el día del hecho.
    El quejoso considera que estos acontecimientos objetivos y externos son los que actuaron subjetivamente en el autor y resultaron la causa directa de la comisión del hecho disvalioso ocurrido el 6 de marzo de 2000.
    Añade que las circunstancias mencionadas captadas subjetivamente por A. V. provocaron una disminución de la culpabilidad de su pupilo que fue puesta de relieve en el pronunciamiento en crisis al analizarse la imputabilidad del autor, desde que –en ese acápite del pronunciamiento- se estableció que “...P. A. V. actuó en la emergencia con un estado de reducción de su ámbito de autodeterminación que no llegaba a la inculpabilidad...”.    
Señala que el rechazo de la existencia de circunstancias extraordinarias de atenuación sólo pudo deberse, de conformidad con la doctrina que cita en su escrito recursivo, a la concurrencia del  estado de emoción violenta previsto en el art. 81 del C.P.
    Por último, argumenta que las pautas previstas por los arts. 40 y 41 del C.P. atienden a situaciones diferentes a las del caso, pues aluden a las penas divisibles y nada tienen que ver con las circunstancias extraordinarias de atenuación, puesto que el homicidio calificado por el vínculo tiene como únicas alternativas de condena, la prisión y la reclusión perpetuas.
    Asimismo, que los baremos previstos en las normas sustativas citadas, no alcanzan los supuestos de imputabilidad disminuida por la especial condición psíquica del autor y que casos como el presente son los que se tuvieron en cuenta al incorporarse la última parte del artículo 80 del C.P. por ley 17.567.
    Por lo expuesto, peticiona que se case la sentencia y se califique la conducta atribuida a P. A. V. en los términos del art. 80 “in fine”, en función del art. 79 del C.P., imponiéndole la pena de ocho años de prisión.    
    II. En la oportunidad de celebrarse la audiencia prevista por el art. 458 del C.P.P., la Defensa Particular mantuvo el recurso originario en todos sus términos, remitiéndose a sus fundamentos.
    La Defensa aludió, también, a incidencias ocurridas en el transcurso del debate relativas a las intervenciones de su ahijado procesal y la prueba producida que demuestran la particular estructura de personalidad del encartado de autos.
    Los Sres. Defensores Particulares, peticionaron, en el curso de su exposición que, subsidiariamente, se aplique la figura prevista en el art. 82 del C.P.
    Asimismo, destacaron que fue el propio Fiscal de Juicio quien introdujo la cuestión de las circunstancias extraordinarias de atenuación, solicitando en definitiva que se case el fallo y se califique la conducta atribuida a P. A. V. en los términos del art. 80 “in fine”, en función del art. 79 del C.P., reduciendo la pena impuesta. O –en su defecto- en los términos de la figura de homicidio agravado por el vínculo atenuado por emoción violenta.
A su turno, la Sra. Fiscal Adjunta ante este Tribunal, Dra. Alejandra Marcela Moretti, peticionó el íntegro rechazo del presente recurso.
En tal sentido, señaló que el recurrente se limita a reeditar lo alegado al cierre del debate, desentendiéndose de las razones expuestas por los jueces en el pronunciamiento en crisis.
Estimó que las circunstancias acreditadas no alcanzan el carácter extraordinario requerido en la última parte del art. 80 del C.P. Citó precedentes de esta Sala en tal sentido y añadió que el Juzgador estableció, en el terreno fáctico, que el vínculo conyugal se encontraba vigente.
En cuanto a la denunciada errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del C.P., estimó que la elección de la especie de pena de prisión de las dos que, alternativamente, vienen previstas en el art. 80 del C.P. justifica que el “a quo” actuara tales preceptos.
Por último, consideró que no puede atenderse el novedoso planteo relativo a la emoción violenta, por resultar extemporáneo y por no existir circunstancias objetivas en la causa que sustenten tal petición.
Por lo expuesto, solicitó el rechazo del recurso en todos sus términos, ante la insuficiencia del planteo que permita demostrar que la disminucuón de la capacidad de comprensión ostente un carácter tal que la torne extraordinaria o un deterioro o desnaturalización del vínculo que, aún sin desplazarlo, impida el encuadre legal de  la conducta del imputado en los términos del art. 80 inc. 1° del C.P.
III. Corresponde ahora que me pronuncie respecto del agravio traído por el impugnante relativo a la calificación legal en que se subsumió la conducta atribuida al imputado A. V., postulando la concurrencia de circunstancias extraordinarias de atenuación en los términos del art. 80, última parte del C.P.
En primer lugar, respecto a la pretendida incompatibilidad de la postura asumida por la posición mayoritaria conformada por los Dres. Piume y Dellature en el acápite relativo a la calificación legal y sus respectivas adhesiones al voto del Dr. Pianta en la tercera cuestión del veredicto, en particular en lo referente a la afirmada inexistencia del matrimonio, entiendo que el argumento esbozado por el recurrente es inatendible.
No aprecio que, en el caso, aparezca la contradicción denunciada por la defensa, pues puede perfectamente coincidirse en que –objetivamente- la relación marital se encontrara sumamente deteriorada y discrepar en relación con la significación jurídica que tal contingencia deba asumir a la luz de las previsiones del art. 80 último párrafo del C.P. a la luz de la particular subjetividad del sujeto activo del delito. En la especie, la posición mayoritaria del Tribunal de mérito consideró que, sin perjuicio del objetivo deterioro (o inexistencia) de la relación marital, no mediaban circunstancias extraordinarias de atenuación en virtud de no haberse acreditado que A. V. haya perdido el respeto por el vínculo con su esposa, al punto de señalarse expresamente que “...tan vigente estaba el vínculo conyugal para el imputado  que lo único que no estaba dispuesto a aceptar era el divorcio...” (lo destacado me pertenece y demuestra que el análisis efectuado por la mayoría respecto al vínculo fundante de la agravante del homicidio transitó por un examen objetivo –en el que se admitió su deterioro, hasta la inexistencia- y uno subjetivo relativo a la situación concreta del encartado de autos al momento del hecho, concluyéndose –en el terreno de los hechos- en que no había perdido el respeto por ese vínculo).
Empero, más allá de que no se advierten inconsistencias lógicas entre la postura adoptada por los integrantes del órgano colegiado al descartar por unanimidad la inimputabilidad pretendida por la defensa y la que asumieran dos de sus miembros en el acápite relativo a la calificación legal, más allá de ello –decía- emerge a lo largo del pronunciamiento, considerado en su integridad, que se fijaron como probadas situaciones que perfilaban la particular estructura de personalidad del imputado en relación al contexto familiar de víctima y victimario, lo cual ha de diferenciarse de las alegaciones del recurrente relativas a la falta al débito conyugal y a la efectiva existencia de las infidelidades a las que se alude reiteradamente en el escrito recursivo, pues tales circunstancias –al menos en la latitud e intensidad que señala el quejoso- no vienen integradas al fallo como hechos acreditados, sin que se haya evidenciado absurdo ni arbitrariedad en los fundamentos que sustentan tales apreciaciones del “a quo”, parcialmente desacreditantes de las circunstancias premencionadas.
Sin embargo, resulta acreditado para los tres jueces del Tribunal “a quo” –en base a un detallado análisis de las pruebas producidas, en particular las periciales que se citan en el fallo- que P. A. V. presentaba –al momento del hecho- una personalidad con rasgos obsesivos, rigidez, irritabilidad y obstinación, con rasgos psicopáticos tales como la baja tolerancia a la frustración y el egocentrismo evidenciado por la manipulación del otro, a quien consideraba un objeto, estableciéndose que el objetivo principal del imputado en relación a su familia era “...mantenerla físicamente unida...” y que la pérdida de tal unidad familiar –en su particular concepción- implicaría un real fracaso.
También por unanimidad, se consideró fundadamente que este cuadro de personalidad implicaba, en sus relaciones interpersonales (cuyo análisis se enriqueció con datos relativos a sus actividades laborales y deportivas corroborantes de tales consideraciones) que la tolerancia del imputado a las diferencias con el prójimo “...resulta entre nula y escasa...”, destacándose además que la licenciada Neuendam señaló que el déficit de personalidad del procesado impedía “...que existiera una diferenciación en su relación matrimonial, es decir que el divorcio implicaría para A. V. la desintegración de su propio ser...”.
En este marco, resulta pertinente destacar que, en mi criterio, si bien no puede afirmarse genéricamente que las particularidades que presente la personalidad del cónyuge-victimario y –en particular- la concepción que tenga de la relevancia de la unidad familiar en su proyecto vital, conduzca necesariamente a la aplicación de la escala privilegiada del último párrafo del art. 80, en este particular caso, la incidencia de la estructura de personalidad de A. V. en la cerrada negativa de una mejor resolución a las graves desavenencias conyugales acreditadas (reitero que –según lo dictaminó una de las peritos, cuyas conclusiones fueron receptadas por unanimidad por el colegiado, “...el divorcio implicaría para A. V. la desintegración de su propio ser...”), me lleva a concluir que median las circunstancias extraordinarias de atenuación que permiten la aplicación de la escala penal prevista por la normativa invocada (art. 80 último párrafo del C.P.).
    La cerrada negativa del procesado a una ruptura del vínculo explicable a partir de las particularidades personalitarias a las que ya he aludido, aún cuando –objetivamente- se consideró acreditado el deterioro de la relación marital hasta la inexistencia, comienza a mostrar un escenario de excepcionalidad cuando, acaso paradojalmente, se pretende “...salvar lo que no existe...”. Vale señalar aquí en qué consiste la paradoja que detecto en este caso, en torno a que una subjetiva sobrevaloración del vínculo conyugal pueda considerarse como una circunstancia extraordinaria de atenuación: P. A. V., cuya capacidad de culpabilidad no puede estimarse inferior al mínimo umbral de motivación en la norma exigible para hacerse acreedor de reproche penal de conformidad con lo resuelto adecuadamente en este punto en el fallo en crisis, consideraba inaceptable a tal punto la ruptura de su matrimonio que el fracaso de la relación suponía la desintegración de su subjetividad.
En cuenta de que –en la ocasión-, y por las razones antes expuestas, el vínculo marital que unía a la occisa con P. A. V. presentaba particularidades tan inusuales, entiendo que se hace de aplicación en el caso, el último párrafo del art. 80 del C.P., en cuenta del modo en que se desenvolvió la dinámica familiar a partir de las particularidades de la estructura de personalidad del encartado, que se detalla en el pronunciamiento en crisis.
    Asimismo, desde otro punto de vista, estimo inadecuado el abordaje que la postura mayoritaria efectúa de la cuestión relativa a la concurrencia de atenuantes extraordinarias derivadas de la vigencia o no del vínculo matrimonial, desde que –en lo sustancial- hace pié –exclusivamente- en las creencias o convicciones del imputado acerca de la subsistencia de la relación, desentendiéndose de que –objetivamente- se tuvo por acreditado en el mismo pronunciamiento un grave deterioro, hasta la inexistencia, de dicho vínculo. Se ha razonado, acaso inadvertidamente, por un sendero que sustenta el mayor reproche penal en los pensamientos, creencias u opiniones del imputado A. V. acerca del estado de su relación matrimonial.
    Por lo expuesto, entiendo que el “a quo” ha inobservado el art. 80, último párrafo del C.P., por lo que –en mi criterio- corresponde calificar el hecho atribuido al imputado P. A. V. como constitutivo del delito de Homicidio Calificado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación. (arts. 80 inc. 1° y última parte del C.P.).
    Lo predicho no supone restarle entidad al grave hecho cometido por el imputado A. V., desde que, tal como surge del fallo en crisis al tratarse la cuestión vinculada con las agravantes, se evidencia a las claras que el episodio protagonizado por A. V. merece un adecuado reproche punitivo.
En definitiva, considero que –respetando las pautas valoradas por el sentenciante en los términos de los arts. 40 y 41 del C.P.- el monto de la sanción que corresponde al hecho atribuido al imputado P. A. V., a título de autor penalmente responsable, que se tuvo por acreditado en el fallo, debe fijarse en quince años de prisión, accesorias legales y costas.
El propiciado cambio de calificación legal torna abstracto el agravio relativo a la denunciada errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del C.P., sin que sobre señalar que aún cuando tales preceptos aludan a penas divisibles por razón de tiempo o cantidad, nada impide que, si el tipo penal en el que se subsumiera la conducta conmina penas privativas de la libertad indivisibles en razón del tiempo, se valoren las circunstancias referidas en dichas normas para determinar la especie de pena a aplicar si aparecieran alternativamente las de prisión o reclusión.
Sin costas en esta instancia. Rigen los arts. 40, 41, 80 inc. 1° y último párrafo del C.P., arts. 448, 460, 530, 531 y ccdtes. del C.P.P., según ley 11.922.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Mahiques dijo:
I)    Estando incontrovertidos los extremos fácticos del caso, del caso, cabe consignar, para una adecuada comprensión de la norma contenida en el último párrafo del art. 80 del CP, que su fundamento encuentra arraigo en la calidad de los motivos que generaron en el sujeto activo una razonable o comprensible disminución del respeto hacia el vínculo que lo unía con la víctima, provocando un menor grado de culpabilidad y la consiguiente atenuación del reproche.
En particular, la disposición atenuante contenida en la norma citada fue fundamentada en que la práctica judicial había demostrado que la pena fija amenazada en el art. 80 no siempre resultaba adecuada para el homicidio de parientes, ya que a menudo se presentan situaciones que sin llegar a reunir los requisitos de las figuras privilegiadas ni las de justificación, merecen un tratamiento menos riguroso que el que le daba el código antes de sancionarse dicha reforma (conf. Jorge López Bolado, “Los homicidios calificados”, Editorial Plus Ultra, Buenos Aires, 1975, ps. 69 y ss., y sus citas).
Tales circunstancias son, en efecto, aquellas cuya concurrencia genera en el agente un particular estado psíquico, con motivo del cual se ve impulsado a cometer el homicidio. Aún cuando no se encuentra equiparado a la emoción violenta, el estado psíquico o situación subjetiva que permite la aplicación de la atenuante actúa como “causa subjetiva” del crimen cometido.
II)    A su vez, la causa motora del estado psíquico consustancial a las circunstancias extraordinarias de atenuación debe revestir dos características, a) provenir de una situación externa al autor, y b) tener una capacidad intrínseca suficiente para producir tal estado.
Tradicionalmente, han sido dos los supuestos que dogmáticamente se consideran ajustados a dicha situación, respondiendo así a la naturaleza del instituto de referencia.
En el primero, aquellas circunstancias se configuran a través de situaciones generadas por el propio comportamiento de la futura víctima, desplegado en el ámbito o con motivo de la relación que la une con el sujeto activo, y que produce en éste un cierto estado psíquico compatible con la aversión, el rencor o el odio hacia el primero, pero sin configurar propiamente una emoción violenta. Se trata del “homicidio pasional”, siendo preferible esta denominación respecto de la de “homicidio emocional”, para evitar confusiones con el homicidio en estado de emoción violenta.
La segunda es aquella conocida como “homicidio piadoso”, en el cual la situación extrema o desesperada en que se encuentra la víctima produce en el sujeto activo una reacción subjetiva de negación o rechazo, que lo lleva a la decisión desesperada de quitarle la vida al otro con la finalidad de librarlo de sus sufrimientos.
III)    Por cierto, gran parte de la discusión relativa al alcance que debe otorgarse a la previsión legal contenida en el último párrafo del art. 80 del CP, gira en definitiva en torno a las verdaderas causas que legitiman la aplicación de la agravante contenida en el primer inciso de dicha norma punitiva.
La clave, en este ámbito, puede encontrarse en el propio texto del tipo penal, cuando pone de relieve que su aplicación requiere que el sujeto activo conozca el vínculo. En tal sentido, la norma dice que “se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua..., al que matare: 1. A su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son”.
Es obvio que, en un primer plano, esta previsión típica de carácter subjetivo se vincula al conocimiento fáctico de esa realidad, propio del correspondiente tipo subjetivo. Es decir, que para imputar un homicidio calificado por el vínculo se requiere que el autor conozca la realidad fáctica de su vínculo con el sujeto pasivo.
IV)    Sin embargo, y por directa derivación del principio de culpabilidad, la norma en cuestión también determina la necesidad de que el sujeto activo comprenda el alcance e importancia del vínculo, o sea, que su conciencia de la antijuridicidad del hecho alcance también a la comprensión y no tan solo de la mera existencia material del vínculo, sino también de su significado. Se está aquí, ya propiamente, en el terreno de la culpabilidad como categoría dogmática.
V)    Recapitulando, la agravante establecida en el primer inciso del art. 80 tiene como presupuesto de su aplicación tanto el conocimiento fáctico de la existencia material del vínculo –integrante del dolo típico, y previsto en la norma como un especial elemento del tipo subjetivo-, como la comprensión de su significación, importancia y vigencia, propia de la culpabilidad.
Esto último revela, a contrario, los supuestos de procedencia de la atenuación extraordinaria prevista en el último párrafo de dicha norma punitiva, pues ante la presencia de una situación especial que determine una merma notable en la aludida comprensión sobre el significado y vigencia del vínculo, se justificará dicha atenuación, en tanto pierde legitimación la aplicación de la figura agravada en trato por no encontrarse configurado el respectivo presupuesto subjetivo, antes delineado.
VI)    Ahora bien, atendiendo a la concreta base fáctica establecida en el fallo del tribunal de grado, el hecho enrostrado a P. A. V. no puede encuadrarse dentro del primero de los supuestos habilitantes de las circunstancias extraordinarias de atenuación previstas en el art. 80 último párrafo del ordenamiento sustantivo, es decir, como un “homicidio pasional”.
Al respecto, se determinó en la anterior instancia que existía un deterioro en la relación matrimonial. Así también, la existencia de correo electrónico de distinto tenor, entre la víctima y otros hombres, en el que se referían deseos de futuros encuentros, expresiones románticas y consejos de vida. Vale destacar que el a quo hizo específica referencia a que tales comunicaciones se llevaban a cabo bajo la modalidad propia de este tipo de vinculaciones, a través de la utilización de seudónimos, la imposibilidad cierta de verificar las verdaderas intenciones de quienes escriben, y sin posibilidad de realización inmediata, aludiéndose además que en un caso se trataba de una persona residente en una provincia lejana y en el otro en el continente europeo. En cuanto a la situación específica que involucra a Claudio Volkian, es dable señalar que no surge del análisis efectuado en la anterior instancia que S. M. haya mantenido con él encuentros de carácter sexual, ni así tampoco lo demuestran los impugnantes. Ninguna de estas circunstancias resulta suficiente para considerar configurada aquella situación objetiva que permita subsumir la conducta de A. V. dentro del supuesto en cuestión.
Por otra parte, el sentenciante tuvo por demostrado, con un razonamiento exento de vicios de arbitrariedad o absurdo, que las circunstancias referidas no operaron tampoco como agente desencadenante directo de la conducta homicida.
VII)    A su vez, resulta por demás evidente que el supuesto de autos resulta totalmente incompatible con el concepto de “homicidio piadoso”, lo cual exime de mayores consideraciones sobre este punto en particular.
VIII)    Queda entonces como única hipótesis la presentada por mi distinguido colega preopinante, donde el eje en torno al cual gira la propuesta de aplicación de la atenuación en trato radica en los particulares rasgos de la personalidad del encausado, y su incidencia en la cerrada negativa a una mejor resolución de las graves desavenencias conyugales también acreditadas.
En este ámbito, debo una vez más resaltar que estas graves desavenencias no alcanzan por sí mismas para configurar la situación objetiva requerida por la figura atenuada del art. 80 último párrafo, razón por la cual la procedencia de su aplicación, según la tesis bajo análisis, se centra en si la atenuación puede decidirse con exclusivo sustento en los particulares rasgos de la personalidad del sujeto. Se trata así de determinar si un estado de imputabilidad disminuida en el agente habilita por sí mismo la aplicación de las circunstancias extraordinarias de atenuación.
En principio, aunque esta situación no parece ajustarse a ninguno de los dos supuestos a los que tradicionalmente se vincula este instituto, no puede negarse ‘ex ante’ dicha aptitud, sino que debe analizarse si esta imputabilidad disminuida ha determinado una notable disminución en la comprensión sobre el significado y vigencia del vínculo, pues cabe recordar que tal situación torna inaplicable la figura agravada del art. 80 inc. 1, al no estar presente su presupuesto subjetivo.
Sin embargo, no se advierte que la particular estructura de la personalidad de A. V. haya realmente provocado una notable reducción de su comprensión sobre la vigencia, importancia y significado del vínculo que lo unía con su cónyuge, que debe a mi entender exigirse para que corresponda la atenuación extraordinaria prevista en el art. 80 último párrafo del CP. Por ende, resulta legítima la tipificación de su conducta dentro del art. 80 inc. 1 del mismo cuerpo legal.
En razón de lo expuesto, la impugnación resulta improcedente, al no concurrir los supuestos establecidos en los arts. 448 y 449 del CPP, razón por la cual corresponde rechazarla, con costas (arts. 530 y 531 de dicho cuerpo legal).
Voto por la negativa.
A la misma cuestión planteada el señor Juez, doctor Celesia, dijo:
Los sentenciantes tuvieron por acreditada la personalidad psicopática del autor con rasgos obsesivos, marcado egocentrismo, baja tolerancia a la frustración, con tendencia a la manipulación, colocando al otro en el lugar de un objeto.
Entendieron que los contactos informáticos con otras personas del sexo masculino y la sospecha de relación sentimental con el socio amigo no operaron como un agente desencadenante directo de la conducta homicida, pero no tuvieron dudas de que la relación marital se hallaba seriamente deteriorada.
También a los señores jueces les quedó claro que el objetivo principal del inculpado en relación a su familia era mantenerla “físicamente” unida, y que con un lógico esfuerzo le fue posible internalizar los intercambios telemáticos de su esposa con personas de otro sexo porque en definitiva no implicaban una amenaza para la unidad familiar que, tal como la concebía, de perderse, implicaría un real fracaso.
Sobre la base de los hechos así establecidos, el juez del primer voto entendió que las largas desavenencias con su cónyuge que hicieron resentir seriamente en el imputado los sentimientos de respeto, afecto y consideración que naturalmente vinculan a los esposos; un quebranto de la relación matrimonial que databa de años y la valoración que el autor pudo realizar de los contactos que por medios electrónicos y telefónicos efectuara su esposa con personas del sexo masculino teniendo en cuenta que la informática resultaba el leit-motiv de su vida, repercutieron en su particular estructura psicológica como circunstancias extraordinarias de atenuación de la sanción que corresponde imponer.
Para ello sostuvo que si bien las circunstancias deben ser observadas desde un punto de vista objetivo, resulta racional vincularlas con el particular psiquismo de la persona, desde que algunos pueden no experimentar como excepcional aquello que para otros lo es.
Por ello concluyó que en un sujeto que entre otros rasgos de su psiquismo registra un marcado egocentrismo, una muy baja tolerancia a la frustración y que se vincula con sus semejantes como si estos fueran un objeto, una prolongada relación conyugal traumática opera como excepcional circunstancia de atenuación.
Por su parte los restantes magistrados sostuvieron que por la personalidad del imputado las referidas vivencias lograron reducir su ámbito de autodeterminación, pero que esa imputabilidad disminuida debe operar a nivel de los arts. 40 y 41 del C.P. porque cuando se prescribe una causal de atenuación en un tipo penal, ésta excede el marco del art. 41 y debe estarse a la especial regulación en cuanto a sus alcances.
Apreciaron que la incorporación por el legislador de una atenuación por circunstancias extraordinarias en el art. 80 inc. 1ro. del C.P. atiende a que en ciertas y determinadas ocasiones existen hechos que hacen que el vínculo tenido en cuenta haya perdido vigencia y que, en el caso de autos, si bien la relación matrimonial estaba lejos de los parámetros deseados para sostener la unión conyugal, para tener por acreditadas aquellas circunstancias extraordinarias, se debería comprobar que el autor, al momento de actuar, había perdido el respeto por el vínculo con su esposa, lo cual se rechazó “porque tan vigente estaba el vínculo conyugal para el imputado que lo único que no estaba dispuesto a aceptar era el divorcio”.
En la opinión de la mayoría las circunstancias extraordinarias de atenuación deben ser objetivamente verificables y no obstante la necesaria relación con el psiquismo del autor, no pueden basarse exclusivamente en la apreciación subjetiva de una personalidad como la del inculpado.
Pero este criterio se sustenta en la vigencia del vínculo jurídico que en el caso el inculpado no deseaba romper lo cual conduce a la consecuencia automática e inadmisible porque conculca el principio de culpabilidad de la agravación de la pena por la existencia de un determinado vínculo de parentesco y no por la particular y efectiva relación de afecto entre los cónyuges, que es lo que la ley busca preservar.
En la especie el contexto que objetivamente viene acreditado de un quebranto de la relación matrimonial que databa de años por las serias desavenencias con su cónyuge y estaba lejos de los parámetros deseados para sostener la unión conyugal, unido a la particular estructura de la personalidad del autor que no podía aceptar la ruptura del matrimonio porque el divorcio implicaría un real fracaso y desintegración de su propio ser, configuran circunstancias extraordinarias que permiten modificar la escala legal aplicable para la determinación de la pena.
Si bien la ley presume que los vínculos familiares generan sentimientos que hacen que se considere como más reprochable la decisión de matar a un pariente, el parricidio configura una estructura típica que además de proteger la vida no debería agravar la pena tomando en consideración sólo la existencia de un vínculo jurídico, sino de una concreta relación afectiva propia de ese tipo de relaciones vinculares entre las personas.
Las circunstancias extraordinarias de atenuación requieren de un elemento objetivo que es un hecho o situación que altere lo ordinario de la realidad y una relación subjetiva entre ese hecho y la personalidad del autor que lo aprecia con una culpabilidad reducida por la menor exigibilidad de otra conducta, dado que es una respuesta impulsada por aquellas circunstancias.
Tratándose las circunstancias extraordinarias de atenuación de un supuesto de culpabilidad disminuida, la extraordinariedad de la circunstancia que impulsa al autor a tomar la vida del pariente, no reside sólo en la significación objetiva proveniente de su naturaleza sino en definitiva de la incidencia que en el plano subjetivo del autor ha tenido, en la cual las particularidades de su estructura psíquica debe ser un factor a tener en cuenta para determinar la aplicación de la escala penal ordinaria, porque lo contrario sería adoptar con una base determinista la idea de que cada uno es responsable de las características que lo indujeron al hecho, de su “ser así”, de su personalidad censurable, siendo que, por el contrario, la culpabilidad como principio limitador de la facultad punitiva del Estado, debe entenderse como la posibilidad del sujeto de haber podido actuar de algún otro modo, lo cual debería incluir la estructura de su personalidad o de su psiquismo en esa determinación.
La responsabilidad por el injusto no puede justificarse por más grande que sea la necesidad preventiva de penalización que se derive de la ley si se vulnera el principio de culpabilidad que exige un juicio personalizado que vincule el injusto con la exigibilidad de otra conducta y la autodeterminación del autor para establecer el grado del reproche y de la pena.
En ese juicio la personalidad del autor forma parte de la circunstancia en la que actuó y es el instrumento de interpretación de los hechos que la integran, necesario para establecer el ámbito de la decisión y el grado del esfuerzo que debió ejercer para realizar las conductas posibles.
Cuando las relaciones personales están fuertemente condicionadas por los afectos provenientes de los vínculos familiares y los agravios se magnifican por la convivencia, no sólo reviste interés la entidad objetiva de los hechos desencadenantes de las situaciones que luego se juzgan sino también las particularidades de la estructura psíquica a través de las cuales el sujeto las percibe, porque tanta incidencia tiene en esa estimativa de quién proviene el agravio como la personalidad del que lo recibe.
La disminución de la capacidad de culpabilidad del autor derivada de la perturbación de su personalidad si bien es apreciable en la determinación de la pena por la vía del art. 41 del Código Penal, puede valorarse al establecerse la existencia de una circunstancia extraordinaria de atenuación por la incidencia que la situación vivida tuvo según la apreciación del autor en la realización de la conducta.
Las circunstancias extraordinarias de atenuación en el homicidio agravado por el vínculo no configuran estrictamente un tipo penal privilegiado sino un supuesto de inculpabilidad donde a pesar del conocimiento sobre la existencia del vínculo la reprochabilidad del autor aparece reducida a una pena temporal por la dificultad para determinarse con el afecto, el respeto y la consideración que naturalmente deben existir entre los parientes debido a circunstancias que escapan al curso ordinario de esas relaciones.
Con las salvedades expuestas adhiero al voto del Dr. Mancini.
    A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Mancini, dijo:
Conforme quedara resuelta la cuestión anterior corresponde, por mayoría, declarar procedente el recurso por haberse inobservado el art. 80, último párrafo del C.P. y, en consecuencia, calificar el hecho atribuido al imputado P. A. V. como constitutivo del delito de Homicidio Calificado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, adecuándose la pena impuesta a la nueva escala penal aplicable, fijándola –de conformidad con las pautas de mensuración que se ponderaron en el fallo en los términos de los arts. 40 y 41 del C.P.- en quince años de prisión, accesorias legales y costas. Sin costas en esta instancia. (arts. 40, 41, 80 inc. 1° y última parte del C.P. y arts. 448, 460, 530, 531 y ccdtes. del C.P.P.).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Mahiques dijo:
Adhiero al voto del doctor Mancini en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Celesia dijo:
Adhiero al voto del doctor Mancini en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal de Casación Penal resuelve:
POR MAYORÍA, DECLARAR PROCEDENTE EL RECURSO POR HABERSE INOBSERVADO EL ART. 80, ÚLTIMO PÁRRAFO DEL C.P. Y, EN CONSECUENCIA, CALIFICAR EL HECHO ATRIBUIDO AL IMPUTADO P. A. V. COMO CONSTITUTIVO DEL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO POR EL VÍNCULO MEDIANDO CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE ATENUACIÓN, ADECUÁNDOSE LA PENA IMPUESTA A LA NUEVA ESCALA PENAL APLICABLE, FIJÁNDOLA –de conformidad con las pautas de mensuración que se ponderaron en el fallo en los términos de los arts. 40 y 41 del C.P.- EN QUINCE AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS. Sin costas en esta instancia. (arts. 40, 41, 80 inc. 1° y última parte del C.P. y arts. 448, 460, 530, 531 y ccdtes. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase a la instancia de origen.

FERNANDO LUIS MARIA MANCINI – JORGE HUGO CELESIA – CARLOS ALBERTO MAHIQUES

 
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