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Peculado: extremos típicos.

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Sala III del Tribunal de Casación Penal pcia. de Buenos Aires.

Causa N° 11.416 caratulada “C., M. C. s/ Recurso de Casación”, rta. 6 de agosto 2013.

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, el seis de Agosto de dos mil trece se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo Borinsky, Víctor Horacio Violini y Daniel Carral, con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 11.416 (Registro de Presidencia Nº 40.445) caratulada “C., M. C. s/ Recurso de Casación”, conforme al siguiente orden de votación: VIOLINI – BORINSKY-CARRAL.

A N T E C E D E N T E S

1º) El Tribunal en lo Criminal N°6 de Lomas de Zamora condenó a M. C. C. a la pena de dos años de prisión “en suspenso” e inhabilitación absoluta perpetua, con costas, imponiéndole las condiciones del artículo 27 bis del Código Penal por el término de dos años, por considerarla autora responsable del delito de malversación de caudales públicos (artículo 263 en función del artículo 261 del Código Penal).

2) Contra dicho pronunciamiento, interpuso recurso de casación la Defensa Particular (fs. 19/20 vta.).

Denuncia genéricamente el impugnante la errónea aplicación de la norma y una interpretación arbitraria del tribunal de juicio para acreditar el hecho que se le imputó a su asistida.

Sostiene que no se configuró el delito de malversación de caudales públicos pues siempre existió, por parte de su pupila, voluntad de custodiar el bien y poner a entera disposición del accionante laboral, tan es así que el objeto aún continúa en custodia de ésta.

Agrega que tampoco se ha acreditado un perjuicio económico.

Concluye diciendo genéricamente que no se puede condenar a través de presunciones y que ante la duda debe estarse a favor de su asistida.

3) Radicadas las actuaciones en esta Sala se notificó a las partes (fs. 29/30).

Así, la Sala se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?

Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión planteada el señor juez doctor Violini dijo:

El sentenciante tuvo por acreditado que M. C. C. fue nombrada depositaria judicial de un chiffonier de algarrobo -entre otros elementos-, a la orden de los autos “S., M. A.  c/ F. S. A. y otra s/ Despido”, de trámite por ante el Tribunal del Trabajo Nº1 de Lomas de Zamora y que al serle requerido, la nombrada no hizo entrega al haber dispuesto de éste, violando la custodia que se le había conferido.

Lo justificó a través de la denuncia de fs. 1/2 de M. Á. S. -incorporada al debate con la anuencia de las partes-, de la que surge que el 29 de octubre de 2001 en el domicilio de la denunciada, en la que funcionaba una mueblería de su propiedad, se procedió al embargo de varios bienes entre los cuales se hallaba un chiffonier de algarrobo con dos puestas y dos cajones, ordenado todo ello, en los autos caratulados “S., M. Á.  c/ F. S. A. y otra s/ Despido. Expediente …..” en trámite por ante el Tribunal del Trabajo Nº1 de Lomas de Zamora, constituyendo -en lo que interesa- a la imputada como depositaria judicial. Que el 28 de noviembre de 2002 se procede a realizar el secuestro, e informa el Oficial de Justicia que no se encuentra en chiffonier. Que el 28 de febrero del corriente año, se la intima a la inmediata restitución del mueble, mediante cédula ordenada por el juez Baloira titular del Tribunal del Trabajo Nº 1 de Lomas de Zamora.

Se aúna al cuadro cargoso la fotocopia del certificada del expediente nº ….. del Tribunal del Trabajo Nº 1 referido, donde consta que la imputada fue debidamente intimada constituida en depositaria judicial de ese bien –entre otros-, haciéndole saber las penalidades a las que se enfrentan los depositarios infieles (fs. 4/vta.) y posteriormente, fehaciente y debidamente intimada de que debía poner a disposición los mismos.

A fs. 7/8 surge del mandamiento de secuestro -incorporado al debate- que el Oficial de Justicia el 28 de noviembre de 2002 se constituyó en el domicilio de calle J. H. … de E. y no se encontró el mueble en cuestión.

Valora también el sentenciante las constancias obrantes a fs. 9/10 de las surge la debida notificación efectuada por el Tribunal del Trabajo referido, -cédula cursada al domicilio constituído- a los efectos de que la imputada en el término de veinticuatro horas coloque a disposición del perito martillero el mueble de mentas, sin que la nombrada diera respuesta alguna.

Explica el tribunal que de los dichos de la propia imputada surge que ésta trasladó el bien en depósito judicial sin hacer saber tal circunstancia al órgano jurisdiccional y sin la debida autorización de éste. C. en su afán por exculparse explicó, que cuando fueron a retirar los muebles ella no estaba presente en el lugar, que el chiffonier se encontraba en su domicilio, sin uso y a disposición, pues el local era chico y el mueble no estaba a la venta y poseía gran tamaño, que no quisieron ir a buscarlo allí, y ella no tiene vehículo para trasladarlo, además de que nunca recibió una intimación a ese efecto. Aclara que ahora vive en L. …. de L. G., lugar donde se encuentra el mueble (fs. 8 vta.).

Agrega el juzgador, que consta a fs. 88/89 las diligencias de notificación, correctamente efectuadas por la Unidad Fiscal de instrucción en la que intima a la imputada a los mismos fines, y del informe de fs. 93 confeccionado por el Tribunal del Trabajo mencionado, con posterioridad a la antedicha intimación, en el que se hace saber que el mueble de mentas nunca fue puesto a disposición de dicha sede.

Todas estas consideraciones han determinado la responsabilidad penal de la encartada.

Es que, la imputada incuestionablemente era depositaria judicial del bien mueble en cuestión –chiffonier-, el no se halló en el domicilio cuando fue requerido por el Oficial de Justicia; luego ante la intimación cursada posteriormente por el magistrado interviniente en los respectivos autos laborales, la encartada no lo puso a disposición, y nada justificó al efecto, ello basta para tener por configurado el delito de peculado por equiparación que se le endilga.

Es que, si bien en el magro recurso deducido, el mayor argumento del recurrente es que no se configuró el delito pues siempre existió voluntad por parte de la imputada de custodiar y poner a disposición el bien de mentas, lo cierto es que el recurrente se despreocupa por completo del hecho probado y no controvertido, cual es la nula respuesta de la imputada ante la intimación efectuada por el Tribunal Laboral, posterior al frustrado secuestro del mueble, lo que denota la evidente insuficiencia e inconsistencia del recurso (artículo 451 del Código Procesal Penal).

La actividad del depositario judicial consiste en tener a buen resguardo el bien embargado y en todo momento para su adecuada conservación del mismo, en función no ya de sus intereses, sino de los del expediente judicial a cuya orden se halla trabada la medida, y justamente, la falta de entrega y disposición por parte de la imputada implica el incumplimiento de dicha obligación.

Observo que la garantía del acreedor, no ha sido puesta a disposición del juez embargante, salvo tardíamente en la audiencia de debate en la cual la imputada manifestó que el mueble “estaba en su casa, sin uso y a disposición”, sin embargo nunca puede ser considerado ello, como desincriminante de la conducta típica ya consumada.

Es que, surge palmaria la ofensa al deber de fidelidad que pesa sobre los delitos contra la fé pública, y más allá que se haya causado o no lesión patrimonial al acreedor, es evidente que en autos la imputada ha sido reticente para con la justicia en su accionar, no entregando el bien embargado en las oportunidades requeridas.

Luego, las argumentaciones vertidas en esta sede, tendientes a demostrar que el mueble siempre estuvo bajo su custodia y a disposición del tribunal, debieron haber sido puestas en conocimiento del juez embargante que es quien tenía la potestad jurídica sobre el mencionado, realizando la imputada el comportamiento inverso.

Es que el delito de malversación de caudales públicos previsto en el art. 263 del Código Penal, en los casos de depositario judicial de bienes embargados, se consuma con la sustracción de dichos bienes del ámbito de la administración, custodia o depósito, con prescindencia del perjuicio patrimonial que con ello pueda sufrir o no el embargante. A los fines del art. 261 del mismo Código, la expresión "sustraer" no exige apoderamiento ni apropiación, siendo suficiente la violación de custodia; y es indiscutible que tal violación quedó indubitablemente perfeccionada  sin perjuicio de que pudiera haberlo estado con anterioridad  cuando la imputada, luego del fracasado intento de secuestro, intimada por la autoridad judicial para que “coloque a disposición del perito martillero” el mueble embargado, hizo caso omiso a ello (fs. 9).

Desde otro orden de ideas, no dejo de advertir que no se produjo en el debate, prueba testimonial alguna.

Sin embargo, entiendo que los principios de libertad probatoria en que se basa la ley de rito, permite sostener la condena por cualquier medio de prueba.

En el caso, prueba documental; es que, a consecuencia del contenido de los dichos que la inculpada expresa dentro del debate, es que el Agente Fiscal requiere la incorporación de la totalidad de la copia certificada de la totalidad de las actuaciones, la que se efectúa sin oposición de la defensa (v. fs. 2, énfasis propio).

Entiendo que por la naturaleza propia de éste tipo de delitos, suficiente es la prueba documental para acreditar la existencia del hecho y la responsabilidad de la imputada, es decir, aquello actuado en el expediente laboral. ¿Que otro dato significativo podría aportar el Oficial de justicia que comparece a efectuar el secuestro, o el que efectúa la intimación a que el bien se ponga a disposición, que no sea aquello que se plasmó en el expediente?. Tampoco la defensa propuso algún testigo, como podría ser el esposo de la imputada que se encontraba en el momento en que se pretendía secuestrar el mueble.

Coincido con aquello establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Benítez”, sentencia del 12 de diciembre de 2.006 (ver JPBA 134 páginas 192 y siguientes) en que constituye una palmaria lesión al derecho de defensa, la incorporación por lectura de declaraciones testimoniales cargosas que la defensa no tuvo oportunidad de controlar y en las que el tribunal fundó la condena, en desmedro del derecho consagrado por los artículos 8.2.f. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y 14.3.e. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Sin embargo, este no es el caso, pues aquí ninguna de las partes propuso testigos y la defensa consistió la incorporación –en medio del debate- de la prueba documental cargosa. A contrario de la doctrina citada en que se valoró la prueba testimonial de la instrucción penal preparatoria –legítimamente incorporada al debate- a pesar de la oposición de la defensa (énfasis personal).

Por las argumentaciones expuestas, y con la propuesta de retribuir la labor cumplida en esta Sede por el defensor, con un 20% de la suma fijada en la sentencia de primera instancia, propongo al acuerdo el rechazo del recurso (artículos 210, 373, 448, 451, 456, 459, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 28 “in fine” de la decreto 8904/77).

A esta cuestión voto por la negativa.

A la primera cuestión el señor juez doctor Borinsky dijo:

No parece que se halle inserta en el tipo imputado de peculado la acción de trasladar el bien del negocio en el que se vendía a su domicilio particular, sino más bien en un error de su depositaria y que genera tal traslación, que como ella dice, es comunicada a quienes van a buscar la cosa en su ausencia, en demostración de la inexistencia de sustracción, si con ello no se prueba que extrajo el bien para impedir el secuestro.

Por otras palabras, la simple remoción de la cosa en las circunstancias mencionada no autoriza a tener por cierta la sustracción imputada.

Además se suma que la notificación al domicilio constituido para que lo ponga a disposición de quien lo requiere no constituye título apto a los efectos del delito imputado, pues no supone un real conocimiento del acto que se pretende comunicar, por lo que a mi ver, por estricta aplicación del principio de la duda, corresponde casar el pronunciamiento impugnado y

 

absolver, sin costas, a la acusada del delito de peculado motivo de condena indebida. ASI LO VOTO

A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:

Adhiero al voto del doctor Borinsky, por sus fundamentos y a esta cuestión voto por la AFIRMATIVA

A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor Violini dijo:

Que de conformidad al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde casar el pronunciamiento impugnado sin costas, a la acusada del delito de peculado motivo de condena indebida (artículos 26, 27 bis, 29 inciso 3°, 40, 41, 263 en función del artículo 261 del Código Penal del Código Penal; 210, 373, 448, 451, 460, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal)ASÍ LO VOTO.

A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor Borinsky dijo:

Que vota en igual sentido que el doctor Violini.

A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor Carral dijo:

Que vota en igual sentido que el doctor Violini.

Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:

S E N T E N C I A

I- DECLARAR PROCEDENTE el recurso interpuesto , sin costas.

II- ABSOLVER a M. C. C. por delito de peculado motivo de condena indebida.

Rigen los artículos 210, 373, 448, 450, 451, 460, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal.

Regístrese, notifíquese y remítase a la Mesa Única General de Entradas para su devolución a origen.

FDO.: VICTOR VIOLINI – RICARDO BORINSKY – DANIEL CARRAL

Ante mi: Andrea Karina Echenique

 

 

 

 

 


 

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