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Contesta Nulidades en I.P.P.

CONTESTA VISTA:


Sr. Juez a cargo del Juzgado de Garantías nro. 13:


               Frank Herbert, Agente Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio nro. 20 de Bahía Blanca, en la Investigación Penal Preparatoria nro. 100.000, a V.S. me presento y respetuosamente digo:

               Que vengo por la presente a contestar la vista conferida.

               Claramente, la requisa personal, como regla, sólo puede ser autorizada mediante decreto fundado -y siempre a condición que haya motivos suficientes para presumir que el sospechoso oculta en su cuerpo objetos relacionados con actividades delictivas-, por orden del Juez de Garantías competente, a expreso pedido del fiscal instructor (art. 225 del rito provincial). Sin embargo, para casos de urgencia, la propia ley ritual permite a los funcionarios policiales disponer requisas (art. 294.5° del precitado cuerpo legal). Entiendo que el sub examine periclita en un supuesto como éste último y lo explicaré.

               El art. 294.5° del ritual establece que podrá procederse a la requisa de una persona siempre que haya “motivos suficientes”, es dable entonces establecer si existe “causa probable” o “sospecha razonable” que justifique el accionar policial  y para ello deben considerarse la totalidad de las circunstancias del caso (en éste sentido “U.S./ Cortez”, U.S. 449-411-1981 y “Alabama v. White” de la Suprema Corte de Estados Unidos, citados ambos en “Fernández Prieto” del 12/10/1998 por nuestra Corte Suprema Nacional). Siendo necesario examinar todas las circunstancias (the whole picture) en las que se desarrolló el hecho y, basadas en ellas, determinarse si el secuestro y eventual detención de los sospechosos tuvo fundamento en la premisa de que el mismo estaba relacionado con el hecho ilícito precedente.

               El personal policial de la Subcomisaría de Saavedra ha documentado detalladamente el proceder que lo condujo a la requisa y posterior detención de los encartados (fs. 1/ 3), la interceptación de los sospechosos no devino como producto de una cábala de la prevención policial sino precisamente de un “rastrillaje por las zonas aledañas al lugar del hecho” y a posteriori de las indicaciones del testigo Mitre, es decir que se contaba en autos con un claro racconto de elementos previos, y las tareas “inmediatas” y “posteriores” dieron con los prima facie autores del injusto delictual que nos ocupa.

               Dos son los extremos a destacar en el procedimiento bajo estudio, en primer lugar la urgencia del proceder, y en segundo los motivos suficientes para la actuación.

               La urgencia se decanta insoslayablemente del marco que fluye del acta de fs. 1/ 3 ya descripta, debido a la investigación realizada previamente por el personal preventor, razonablemente hubiera devenido en impracticidad y en desmedro de una pronta solventación de la problemática el solicitar la correspondiente orden de requisa personal. Claramente una requisa personal ilegal en su inicio no puede restar validada por su resultado positivo ulterior, mas  en el marco que nos convoca no existe vulneración alguna del debido proceso (arts. 18 y 33 de nuestra magna carta y 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), pues la carencia de auto fundando del juez halla fuente, cauce y motivo en un marco formal idóneo el cual es la sospecha de la existencia de objetos criminosos en poder de los encartados y el temer la desaparición de estos, hallando fulcro todo lo antedicho en las prerrogativas del personal policial que la normativa ritualista otorga precisamente ante escenarios como éste.

               Los motivos suficientes para llevar adelante la requisa, a más de fundamentar la “urgencia”, asimismo de un análisis de la “totalidad de las circunstancias”, como ya se adelantara, estriba la imposición de la sospecha razonable que conduce a la requisa, así, no se cuenta en autos con escuetas referencias sobre la conclusión a que se arribara, sino que se logra inteligir acabadamente que la verificación del hecho ilícito se impuso a partir de una cosmogonía de eventos conducentes, claros y uniformes -ya destacados: declaración de Mitre, rastrillaje de la zona aledaña e investigación policial- que llevaron a la conclusión monolítica de que los encartados eran los sujetos que instantes antes victimizaran colocando en fragilidad sustancial a Juárez Celman y su emprendimiento comercial.

               En síntesis, contamos con un acto plenamente válido, rodeado de las premisas sustanciales y de forma que el mismo requiere, que en modo alguno puede considerarse nulo, sanción procesal que por su importancia sólo puede ser excepcional y no esgrimirse ante cada trance adverso del devenir instrumental de una causa penal.

               Por todo ello peticiono el rechazo de la nulidad impetrada y su consecuente sobreseimiento sobre los imputados de autos.

               Dios guarde a V.S.


Unidad Funcional de Instrucción y de Juicio nro. 20

Bahía Blanca, 3 de mayo de 2006.

(Los Nombres y Apellidos que se muestran en los escritos  son ficticios, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia).

 
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