Instituto de Estudios Penales | Bahia Blanca |

Archivo de la I.P.P ( IV)

INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA 45.000


///hía Blanca, 27 de marzo de 2006.


AUTOS Y VISTOS: La Investigación Penal Preparatoria nro. 45.000 y CONSIDERANDO:

                    Que del hecho denunciado en autos surgen diversos extremos a considerar teniendo para ello en cuenta las distintas consecuencias legales que les cupen a los mismos:


                    I. Respecto al inmueble sito en calle 20 nro. 143/45 de éste medio, se anoticia en torno a una conducta defraudatoria ideada por Eneas Romano en torno a la administración de aquel bien, propiedad de Antoine Gea. En tal sentido, cabe referir que dicha conducta ya fue juzgada en su oportunidad por el Juzgado de Transición nro. 10 Departamental, en causa nro. 4-74.000 (ver resolución obrante a fs. 190/193), con lo que la reinstauración de dicha problemática en esta sede importa perturbar la seguridad jurídica debilitando la incolumnidad de la cosa juzgada (ne bis in idem), y la necesidad de poner fin en algún momento a la discusión y la obligación de administrar justicia a pesar del conocimiento imperfecto del caso, son limitaciones del poder penal material y formal del Estado, garantía esta por cierto que fluye de nuestra carta magna (art. 75.22° -art. 14.7° de la Declaración Universal de Derechos Humanos) y de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (art. 25).


                    II. En lo tocante a las presuntas falsificaciones de escrituras nro. 32 y 45 del año 1997 otorgadas por el escribano Amilcar Helesponto (conforme surgiría prima facie de los informes del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires -fs. 37/40), y ello sin ingresar a la utilización de las mismas que será tratamiento de consideraciones por separado, de conformidad con la penalidad que fluye de la figura estipulada por el primer párrafo del art. 292 del digesto punitivo nacional, la pena en expectativa para el delito que se trata, posee un máximo de seis años de prisión.

                    En orden a las conducta analizadas, es dable observar que desde su configuración han transcurrido nueve años, superando de tal forma el valladar obstativo que impone la prescripción de la acción penal para éste supuesto (art. 62.2° del C.P.), con lo que nos enfrentamos en el presente supuesto a la imposibilidad material de la prosecución de la acción.


                    III. Se anoticia en torno a una presunta maniobra defraudatoria que habría dado como resultado el desapoderamiento de una oficina ubicada en calle 30 nro. 341 de este medio.

                    Caben dos reflexiones acerca de este punto, en primer lugar no consta en autos que dicho inmueble haya formado parte del conjunto patrimonial de Antoine Gea, que es en definitiva el objeto que hace a la télesis de la denuncia de Helena Troy, y en segundo lugar, el asiento registral responde al 17 de diciembre de 1998, con lo que nos hallamos ante un obstáculo procedimental de igual tenor al detallado en el acápite II de este dictamen, esto es, la prescripción de la acción para el delito de que se trata, pues el digesto punitivo prevé para las conductas defraudatorias establecidas en el art. 173, pena de seis años de prisión como tope máximo, habiendo transcurrido con holgura el límite del art. 62.2° del C.P., a ello se aduna lo ya adelantado acerca de la carencia de elementos probatorios que hagan a la existencia del hecho denunciado pues del informe dominial de fs. 85/86 no surge que Antoine Gea fuese titular del inmueble en cuestión.


                    IV. Yendo al examen de la operatoria generada respecto del inmueble sito en el barrio residencial “Los Títeres”, surge de autos que la operatoria denunciada como defraudatoria tuvo origen el 12 de septiembre de 1996, sin ingresar a la posibilidad de la falsificación del instrumento privado obrante a fs. 22/23 por cuanto se trataría del medio por el que se instrumentaría la defraudación ulterior, restando por ello en virtud de los principios propios del concurso aparente de leyes absorbida tal conducta por la más gravosa y completa del desbaratamiento de los derechos acordados (art. 173.11), deviene palmaria la prescripción de la acción penal para el evento sub examine a la luz de la manda legal del art. 62.2° del C.P., pues ha transcurrido un plazo de nueve años y medio desde la comisión del hecho delictual, superando los seis años para la concreción del obstáculo material precitado.


                    V. Se resalta la situación del inmueble ubicado en calle 40 nro. 626 de esta ciudad, el que según certificado de dominio obrante a fs. 114/ 117, pertenece al aquí imputado desde el 12 de diciembre de 1998, habiendo transmitido el dominio un año después, según asiento nro. 6, ello reconduce a examinar que la posible acción defraudatoria en perjuicio del patrimonio de Antoine Gea habría acaecido con anterioridad a la fecha detallada en primer término, una vez más nos enfrentamos al valladar que impone la prescripción de la acción penal para el caso que nos convoca pues entre la conducta defraudatoria y el momento actual habrían transcurrido más de siete años, y siendo el máximo de la pena en expectativa del delito de que se trata seis años (art. 173.11° del C.P.), la manda legal del art. 62.2° impone la restricción a la prosecución de la acción penal para éste punto.


                    VI. La problemática referente a los planes de vivienda “Creta I” y “Rodas II” presentan aristas comunes por lo que es válido tratarlos en forma conjunta. Ambos planes, de los que fuera acreedor Antoine Gea, continúan en pie, aunque sin resultar hoy con derecho a ningún bien en particular, sino que simplemente se cuenta en ambos casos con acciones abonadas, pero a la espera de una decisión judicial que determine el beneficiario actual de estos (32 y 33), no se percibe perjuicio aquí a ninguna de las partes ni tampoco extremos que importen injusto delictual que habilite el ejercicio de la acción pública.


                    VII. A fs. 5 vta./6 se efectúa un detalle de siete inmuebles por la denunciante, de los cuales debemos soslayar el rolante al número “2” pues ya hemos examinado la problemática en torno al mismo en el acápite I de este dictamen, respecto de  los restantes seis, sólo se agravia la denunciante por cuanto aquellos resultan mencionados en los poderes que ataca y que obran a fs. 8/16, mas estos se hallan actualmente registrados en cabeza de Antoine Gea en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad (informe de fs. 138) y nada se dice acerca de estos y maniobra defraudatoria alguna que los incumba, sólo se refiere en forma genérica que “Todos los inmuebles... están involucrados en las maniobras reseñadas constando en los poderes inexistentes.” (fs. 5 vta.).

                    Entiendo así, que no corresponde ingresar al análisis de conductas que no se patentizan como delictivas.


                    VIII. Finalmente, se presenta un extremo de relevancia fundamental, la denunciante Helena Troy formula denuncia por cuanto entiende que los bienes sucesorios de Antoine Gea predetallados hasta aquí, fueron objeto de conductas defraudatorias en perjuicio de Flavia Troy, hija de la denunciante y heredera del patrimonio de Antoine Gea.

                    Ahora bien, la menor en cuestión, fue reconocida como hija del difunto con fecha 27 de mayo de 2002 (ver resolución de fs. 132/134 del expte. 98.000 del registro del Juzgado de 1° Instancia nro. 12 de éste Departamento Judicial), como es dable observar, el carácter de heredera de Flavia Troy fue adquirido posteriormente al otorgamiento de los supuestos poderes adulterados y de las maniobras defraudatorias en cuestión, a dicha fecha, la menor, sólo tenía una expectativa a acceder al acervo hereditario de Antoine Gea, es por ello que en un primer lugar, la heredera testamentaria de éste, Erinia Laomedonte, dispuso de los bienes.

                    Aquella expectativa, no la convierte ipso facto hoy en sujeto pasivo de una defraudación, pues éste tipo de conductas precisan hallar fulcro en un abuso de confianza, y mal puede darse esto si no existe sujeto pasivo del ilícito.

                    Puede objetarse que en estas figuras la víctima del delito es quien sufre el demérito patrimonial, aunque no necesariamente ha de coincidir con el engañado, este implosiona en la figura como sujeto pasivo de la acción, pero en modo alguno es el presente el caso.

                    Debe existir perjuicio patrimonial real y efectivo y no meramente potencial. La disposición patrimonial efectuada por el engañado deberá producir un perjuicio en su propio patrimonio o en el de un tercero relacionado de la forma mencionada, ello por cuanto no podría hablarse de perjuicio en los casos en que la conducta del sujeto engañado se traduce meramente en un peligro, pues no estamos en presencia de un delito de peligro sino de resultado (Romero, Gladys; “ Delito de estafa”,  2a edición, Hammurabi, Bs. As., 1998, pág. 325 y ss.)


                    Siendo que deviene inviable en atención a lo antedicho concluir en la existencia del hecho denunciado, es que RESUELVO: Disponer el archivo de las presentes actuaciones (art. 268 último párrafo del CPP). Comuníquese a la Sra. Jueza de Garantías interviniente y notifíquese la presente resolución al denunciante (art. 83. inc. 8 del CPP).

                              Fecho, y en cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 39, 41 y 48 del Acuerdo Nº 2.212 (modificado por el Acuerdo Nº 2.976) de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y no correspondiendo el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 22.117, remítase el presente expediente al Archivo General Departamental en calidad de ARCHIVADO (art. 48 del mencionado Acuerdo), pudiendo ser destruído pasados 15 años a partir de la fecha de la presente resolución (conforme art. 82 inc. 5 del Acuerdo citado). 
 

                           En la fecha se libró oficio de notificación al denunciante. CONSTE.
 


                         En la fecha se comunicó al Juzgado de Garantías interviniente. CONSTE

(Los Nombres y Apellidos que se muestran en los escritos  son ficticios, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia).


 
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