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DEDUCE RECURSO DE APELACIÓN

Sr. Juez a cargo del Juzgado en lo Correccional nro. 10:

Frank Herbert, Agente Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 20 de Bahía Blanca, en la causa nro. 2.020, caratulada “Puzzo, Mario por infracción al art. 42 bis de la ley 8.031”, a V.S. me presento y respetuosamente digo:

Que en legal tiempo y forma vengo por el presente a interponer recurso de apelación contra la resolución de fs. 17/18, en cuanto resuelve decretar la nulidad del secuestro obrante a fs. 10 vta. respecto del revólver calibre 22 marca Italo Gra, Serie nro. 5100 y la de todo lo actuado en su consecuencia.

En primer lugar debe señalarse, que esta parte entiende que las teorías que han pretendido distinguir cualitativamente los delitos de las contravenciones, han fracasado. Entiendo por ende que, delito y contravención se distinguen sólo cuantitativamente (ver en éste sentido Soler, Sebastián, “Derecho Penal Argentino”, Tea, 1989, pág. 289; Zaffaroni, Eugenio Raúl, “Manual de Derecho Penal. Parte General”, Ediar, 1999, 5ª edición, pág. 104).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado: “La distinción entre delitos y contravenciones o faltas no tiene una base cierta que pueda fundarse en la distinta naturaleza jurídica de cada orden de infracciones para establecer un criterio   seguro que permita distinguirlos” (Fallos 205:173, citado en Soler, ob. cit., pág. cit.)

Tal conclusión implica soslayar que a todo efecto las contravenciones poseen sólo un menor contenido de injusto, mas no calidades diferentes a las del delito. La legislación contravencional es así, el medio penal más adecuado para la prevención de delitos, puesto que tipifica conductas menos graves, pero que frecuentemente se tratan de pasos previos a la comisión de un tipo penal, no en vano Binder ha sostenido que este marco legal no implica otra cosa que la tipificación de los actos preparatorios de las figuras normadas por el Código Penal (Binder, A. “Introducción al Derecho Procesal Penal”, Ad-hoc, 2ª edición, 1999, pág. 90).

Ello permite la injerencia de la pena preventiva antes que se cometan conductas más graves, como ser los delitos, dejando a salvo las garantías constitucionales.

En este entendimiento, deviene plenamente viable la ampliación de pesquisa a lo largo de la diligencia de allanamiento a los fines de efectuar el secuestro de elementos distintos de aquellos por los que se librara la orden (“D’Acosta” C.S.J.N. 1-9-87, D. 554. XX, Fallos: 310:85, en Revista de Derecho Penal, Rubinzal Culzoni, 2001-1, pág. 508), puesto que lo que no está permitido es el libramiento de órdenes de registro generales e indeterminadas que transformen la orden en una pesquisa genérica, en una auténtica “expedición de pesca” (CNCCorr., Sala I, 11-6-2001, “Pignataro, Luis Ángel”, c. 15.039, en Revista de Derecho Penal, Rubinzal Culzoni, 2001-2, pág. 455/456).

Asimismo, en este sentido el Tribunal de Casación Penal de la Provincia ha dicho que “... si el fiscal o la policía al ejecutar una orden de allanamiento se encuentra con material incriminatorio no detallado en la orden, sea vinculado al delito que se investiga u a otro diferente sobre el cual proceda actuar, tienen facultades bastantes para secuestrarlo.” (Sala I, sent. del 17/10/2000 en causa 902, “Recurso fiscal en causa 664 del Departamento Judicial Mar del Plata”, citado en Piombo, Horacio Daniel; “Jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires”, Volumen II, Lexis Nexis, 1999, pág. 52).

Para reforzar este criterio en el caso que nos ocupa, diremos que conforme surge del acta de allanamiento, la policía se topó con el arma en cuestión al efectuar el registro autorizado (estaba sobre una silla en una habitación –fs. 10 vta.-, la que se debía registrar a los efectos de cumplir con el cometido ordenado por el Juzgado de Garantías, cual era el de constatar la presencia de menores y de actos violatorios a la ley 12.331 –fs. 8-). Es lo que se ha denominado como la doctrina de “a simple vista”, que tanto la jurisprudencia como los autores doctrinarios han sostenido como posible solución para estos casos: “Si al ejecutar una orden de allanamiento la policía de topa, inadvertidamente, con elementos demostrativos de la comisión de un delito (o contravención, agregamos, toda vez que como vimos no existe distinción cualitativa entre ambos), parece razonable que ella esté autorizada a secuestrar lo que ha encontrado” (Carrió, Alejandro, “Garantías constitucionales en el proceso penal”, Hammurabi, 2000, pág. 305). Y también: “...en los casos en que en el transcurso de un procedimiento el funcionario policial advierta por accidente o a franca o a simple vista –mientras requisaba en busca de lo ordenado por el juez- evidencias que hagan presumir la comisión de otro delito”, el secuestro será válido (Cám. Nac. Crim. y Corr. Fed. Cap. Fed., Sala II, “Ramirez Sanchez”, JA 1992-III-186, citado en Carrió, ob. cit, pág. 306).

De modo tal que entiendo que la resolución que declara la nulidad del secuestro del arma debe ser revocada. Y habiéndose indicado entonces los motivos en que se funda el recurso, solicito se eleven las actuaciones a la Excma. Cámara del fuero, a sus efectos.

Dios guarde a V.S.

Unidad Funcional de Instrucción y Juicio nro. 20
Bahía Blanca,   15  de junio de 2003.

(Los Nombres y Apellidos que se muestran en los escritos  son ficticios, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia).

 


 
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