Derecho Penal

    

       

 Sección a Cargo de Diego Iglesias   

          

Constitucionalidad art. 12 C.P., regula consecuencias civiles con fulcro en la privación de la libertad. Encuentra fundamento en la tutela del sujeto privado de su libertad.
Derecho Penal Parte General - Jurisprudencia Provincial

Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires.

Causa N° 38.114, caratulada "M., D. E. s/ recurso de casación", rta. 26 de agosto 2010.  

 En la ciudad de La Plata a los 26 días del mes de agosto del año dos mil diez, siendo las ........... horas, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Horacio Daniel Piombo, Benjamín Ramón Sal Llargués y Carlos Ángel Natiello, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 38.114 de este Tribunal, caratulada "M., D. E. s/ recurso de casación". Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: NATIELLO - PIOMBO (art. 451 in fine del C.P.P.), procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:

    A N T E C E D E N T E S
 I.- Llegan los autos a consideración del Tribunal como consecuencia del recurso de Casación deducido por el señor Defensor particular, Dr. Wenceslao Raúl Méndez, contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Mar del Plata que, el 23 de marzo de 2009 condenó a D. E. M. a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas, con más declaración de reincidencia, por resultar autor responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada.
 II.- Denuncia el defensor en primer lugar que la resolución recurrida contiene una absurda valoración de la prueba en punto a la acreditación de la autoría responsable de su pupilo.
 Dice que el testimonio del denunciante se encuentra viciado por haber visto a su defendido momentos antes del debate ingresando esposado y acompañado por miembros del servicio penitenciario. Refiere en este sentido que la individualización de su defendido se efectuó vulnerando disposiciones específicas del código ritual, no habiéndose adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier contacto previo entre acusador y acusado.
 Solicita por ello la absolución de su asistido.
 En segundo lugar y en forma subsidiaria se agravia al denunciar que se han ponderado circunstancias agravantes no solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, y se han descartado atenuantes propuestas por el acusador público y acompañadas por la defensa, como el escaso valor de los bienes sustraídos, por lo que solicita que se disminuya considerablemente la pena impuesta.
 Finalmente con cita de doctrina, postula la declaración de inconstitucionalidad del artículo 12 del Código Penal en cuanto impone como pena accesoria la incapacidad civil del penado.
 Dice que ello resulta inhumano y violatorio de las convenciones de derechos humanos incorporadas a nuestra Constitución Nacional en virtud de lo prescripto por el artículo 75 inciso 22 de la misma.
 En razón de lo expuesto, solicita que se case la sentencia y se resuelva de acuerdo a los planteos realizados.
 III.- Concedido el recurso a fs. 24, sorteada la Sala a fs. 26, notificadas las partes, el señor Fiscal ante este Tribunal de Casación Penal, Dr. Carlos Altuve, mediante memorial obrante a fs. 33/38, se pronunció por el rechazo de la impugnación en todos sus términos.
 IV.- Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, por lo que este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
  
   C U E S T I O N E S
1ra.) ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
2da.) En su caso, ¿resulta procedente?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
La recurrida es sentencia definitiva en los términos del artículo 450 del ceremonial, se han cumplido las mandas del artículo 451 del mismo cuerpo  en punto a anunciar el recurso y traerlo en tiempo y se invocan motivos de los contemplados en el art. 448 todos del rito penal.
Voto por la afirmativa.

A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Piombo, dijo:
 Adhiero al voto del doctor Natiello expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
 Voto por la afirmativa.
 
 A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
I.- Tal como lo expresa el Ministerio Público Fiscal ante este Tribunal, estimo que el recurso resulta insuficiente puesto que se dirige a conmover los hechos fijados por el "a quo" sin la demostración de absurdo ni la denunciada violación a las normas procesales que rigen la apreciación de la prueba, única vía para que este Tribunal pueda ingresar al conocimiento de cuestiones que, como las traídas, resultan privativas de los jueces de mérito.
Del análisis de autos surge que los sentenciantes meritaron razonadamente la prueba colectada (ver fs. 3/6), y concluyeron sin absurdo ni duda que D. E. M. fue el autor de los hechos delictivos por los que fuera condenado.
A contramano de lo que afirma la defensa el "a quo" encuentra sobradamente probada la participación de M. en los delitos que se le enrostran, valorando para ello los dichos del funcionario policial Ortiz, en consonancia con lo declarado en el debate por la víctima. Y en punto a este último, dijo que "...declaró con solvencia y seguridad, sin dar indicios de animadversión hacia el acusado y que su testimonio ha sido coherentemente sostenido a lo largo del tiempo. La declaración dada en el debate es concordante con las declaraciones escritas que obran a fs. 6 (descripción del hecho, arma y autor) y fs. 58 (reconocimiento de un arma semejante a la antes descripta)..." (ver fs. 5vta/6).
Y más allá de la teoría del máximo rendimiento recursivo que cita el recurrente, sentada a partir del fallo "Casal", la circunstancia de que el Tribunal "a quo" haya asignado valor decisivo a lo declarado por ciertos testigos, no es materia discutible en esta sede que se ocupa del control de legalidad y logicidad del fallo, dado que esa actividad judicativa reposa en un conjunto de datos aprensibles a través de los instrumentos críticos del testimonio, es decir la evaluación de la forma y modo de la exposición, continente del declarante, concordancias y contradicciones con las demás piezas probatorias, etc., que sólo pueden ser avaluados por quienes perciben "propio sensibus" la prueba rendida en el debate (cfr. Sala I, causa  3262, "Cepeda", entre otras).
Lo dicho sella la suerte del reclamo en el punto.
II.- Igual suerte ha de correr el segundo de los agravios, ya que no se advierte como lo esgrime el defensor particular que se hayan computado agravantes no solicitados por el Ministerio Público Fiscal al momento de los alegatos, en franca violación al artículo 371 del Código Procesal Penal.
En efecto, tal como surge de fs. 2 el Agente Fiscal valoró como pauta de agravación la "innecesaria violencia ejercida sobre la víctima", extremo que recogió el "a quo" y describió con más detalle al expresar los insultos (violencia verbal), "...empujones y puntapiés, toda violencia innecesaria puesto que no hubo actos de resistencia de la víctima. ..." (ver fs. 7vta.).
De la misma manera el sentenciante desechó correctamente como pauta atenuante el escaso valor de lo sustraído, ya que quedó acreditado que la escasez del botín obedeció a cuestiones extrañas a la voluntad de M., y que si no se apoderó de más cosas fue porque no pudo (ver fs.7)
Finalmente la defensa no ha podido demostrar que el "a quo" en las cuestiones cuarta y quinta del veredicto haya incurrido en infracción legal alguna al escoger un monto de pena que no resulta arbitrario ni desproporcionado para el hecho que se tuvo por probado.
III.- En último lugar postula el defensor la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 del C.P., en punto a la incapacidad civil accesoria de la pena privativa de la libertad por más de tres años, por tratarse a su entender de una pena accesoria que implica la muerte civil del encausado.
 Para determinar la presente cuestión debemos analizar cuál es la naturaleza jurídica del instituto en cuestión. Las incapacidades civiles de las que habla el art. 12 del Código Penal son una consecuencia de la condena carente de carácter punitivo, con connotaciones eminentemente tutelares, que concluyen cuando se reputa cumplida la condena o, según el caso, el Tribunal optara por aplicarlas por tres años más. El alcance de dicha medida nos coloca frente a una incapacidad de hecho relativa, por lo cual el penado no pierde su capacidad jurídica, ya que la misma se refiere a un número restringido de actividades. El penado no puede ejercer la patria potestad, que en su caso pasará a la madre de los hijos menores (art. 264 2da. parte del Cód. Civil). No obstante, se ha decidido que puede actuar en juicio de tenencia de hijos, como manifestación de su derecho potencial a la patria potestad, cuyo ejercicio como refiriera simplemente se encuentra suspendido. Esta suspensión, por otro lado, no lo priva del derecho de contraer matrimonio sin necesidad de autorización especial alguna, ni a reconocer hijos naturales.
 Asimismo, el condenado queda privado de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos inter vivos. Esos actos debe realizarlos, en su nombre, el curador que se le indique. Como se trata de incapacidades relativas, expresamente enumeradas, no pueden extenderse a otros supuestos no previstos por la ley. Se impone allí la interpretación restrictiva, avalada también por el argumento a contrario de que el penado sólo está privado de disponer de sus bienes por actos inter vivos, lo que también lo faculta para testar.
 No obstante el carácter tuitivo y no represivo del instituto, al ser inherente a las penas aplicadas, la relación con ellas es estrecha, lo que tiene influencia decisiva en cuanto a la duración. Comienzan a regir desde la fecha de la sentencia firme, y cesan cuando el penado cumple con su condena. Las limitaciones, como ya dijera, sólo se refieren a los derechos enumerados por la ley, por lo que puede realizar todos los demás actos de la vida civil.
 Entiendo a partir de lo expuesto que debe considerarse a esta previsión como la regulación de algunas de las consecuencias civiles ocasionadas por el hecho de encontrarse privado de la libertad durante un lapso prolongado de tiempo, las que encuentran fundamento en la tutela de los derechos del sujeto privado de su libertad, por lo que no se observa la concreta violación al bloque de constitucionalidad conformado por la Carta Magna y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos incorporados por la reforma de 1.994, concretamente los arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 10 del P.I.D.C.y P., y 5 ap. 6to. de la C.A.D.H.
 Y este último extremo es un requisito sine qua non para fulminar una norma con la declaración de inconstitucionalidad, que representa la sanción de máxima gravedad prevista en el ordenamiento jurídico.
 En este sentido es doctrina de este Tribunal que la declaración de inconstitucionalidad sólo procederá cuando la repugnancia entre la norma en cuestión sea manifiesta, clara e indudable con el bloque legal antes mencionado, y nada de ello ha acontecido.
 Como ya he reseñado la incapacidad prevista por el art. 12 del C.P. sólo implica una incapacidad de hecho relativa, y lejos está de prever la "muerte civil" alegada por el recurrente, instituto que por lo demás, no fue receptado por el maestro Vélez Sarsfield al momento de elaborar la legislación civil.
 En razón de todo lo expuesto, no habiéndose acreditado las violaciones legales denunciadas, voto por la negativa.
 
 A la misma segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Piombo, dijo:
 Adhiero al voto del doctor Natiello expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
 Voto por la negativa.

 A la tercera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
 Visto el resultado obtenido en la votación precedente, estimo que corresponde: 1) por los fundamentos dados, rechazar el recurso interpuesto a favor de D. E. M., con costas.(Arts. 210, 373, 421, 448, 450, 451, 530 y 531 del C.P.P.; 12, 40, 41 y 166 inc. 2 in fine del C.P.); y 2) regular los honorarios profesionales al letrado interviniente, doctor Wenceslao Mendez, por la labor profesional desplegada en esta sede, en la cantidad de ocho (8) unidades jus con más los aportes de ley. Artículos 171 de la Constitución Provincial; 1, 9, 16, 31, 33 y 51 de la ley N° 8904; 1 y 12 inciso a) de la ley N° 8455 y artículo 534 del C.P.P. -ley N° 11.922- debiendo procederse como lo determina el art. 22 de la ley N° 6716.
 Así lo voto.

 A la misma tercera cuestión planteada el señor Juez, doctor Piombo, dijo:
 Adhiero al voto del doctor Natiello expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
 Así lo voto.

 Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
    S E N T E N C I A
 Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, la Sala Primera del Tribunal resuelve:
I.- Por los fundamentos dados, rechazar el recurso interpuesto a favor de D. E. M., con costas.
Arts. 210, 373, 421, 448, 450, 451, 530 y 531 del C.P.P.; 12, 40, 41 y 166 inc. 2 in fine del C.P.
II.- Regular los honorarios profesionales al letrado interviniente, doctor Wenceslao Mendez, por la labor profesional desplegada en esta sede, en la cantidad de ocho (8) unidades jus con más los aportes de ley.
Artículos 171 de la Constitución Provincial; 1, 9, 16, 31, 33 y 51 de la ley N° 8904; 1 y 12 inciso a) de la ley N° 8455 y artículo 534 del C.P.P. -ley N° 11.922- debiendo procederse como lo determina el art. 22 de la ley N° 6716.
Regístrese. Notifíquese. Remítase copia certificada de lo aquí resuelto al tribunal de origen. Oportunamente remítase.
Fdo: HORACIO D. PIOMBO - CARLOS A. NATIELLO
Ante mí: Gerardo Cires

 

 
Bahiamultimedia