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No existe competencia del órgano de conocimiento para el contralor de la pena de ejecución condicional: competencia del Juzgado de Ejecución.

Alcances del Acuerdo 3562 de la S.C.J.B.A. Alcances de la reforma introducida por la ley 14.296 a la ley 12.256 de Ejecución Penal bonaerense. Télesis de la función del Juez de Ejecución y de la etapa de contralor.

Tribunal en lo Criminal nro. 1, legajo de ejecución nro. 13602  formado en la causa nro. 596/11, o.i. 2516, rta. 6 de febrero 2012.

//hía Blanca,  6 de febrero de 2012.-

AUTOS y VISTOS:
Por recibido, el legajo de ejecución nro. 13602  formado en la causa nro. 596/11, o.i. 2516 del registro de este Tribunal en lo Criminal nro. 1.

Y CONSIDERANDO:
A) Que con fecha 7 de septiembre de 2011, se resolvió condenar a Fernando Ariel Escobar a la pena de 6 (seis) meses de prisión de ejecución condicional, imponiéndosele reglas de conducta por el término de 3 (tres) años.

B) Que a fs. 29, una vez firme la sentencia de prenota, se dispuso la remisión de las copias pertinentes para el seguimiento del penado en la etapa de ejecución de la pena al Juzgado de Ejecución Departamental (art. 497 del C.P.P.B.A.).

C) A su tiempo, el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Ejecución Departamental resolvió declarar la incompetencia en razón de la materia para entender en la causa nro. 596/11 del registro de este Tribunal (fs. 32).
En prieta síntesis, los argumentos esgrimidos por el magistrado de precita hallan fulcro en los siguientes estándares: a) que la ley 14.296 vino a modificar varios artículos del ritual penal provincial y de la ley 12.256 de Ejecución Penal provincial, dando una nueva inteligencia a la normativa referente a la ejecución penal y normativa penitenciaria; b) que en lo relativo a las condenas de ejecución condicional se ha reformado por la ley de mentas el art. 510 del C.P.P.B.A., de donde, ahora, la revocación de la condena de ejecución condicional debe ser dispuesta por el Juez o Tribunal que haya dictado el veredicto y sentencia –extremo que no discutimos acá, y de hecho este órgano ha aceptado tal andarivel-, pero, agrega, el contralor de tales condenas no debe efectuarlo el órgano de ejecución sino el de conocimiento que impusiera la pena “…no existe razón o fundamento alguno para la intervención de los Jueces de Ejecución Penal en tale procesos hasta tanto un pronunciamiento revocatorio convierta a la pena de ejecución condicional en una de cumplimiento efectivo…” (fs. 31 vta.) –esta última consideración es la que habrá de discutirse en las líneas que sigue-; y c) la inteligencia en lo relativo al contralor de las penas de ejecución condicional, el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Ejecución Penal, la extrae de una interpretación –por demás- forzada de diversos tópicos que se pasan a explicar: el art. 4° de la ley 14.296 dispuso la creación en el ámbito del Juzgado de Ejecución de una Secretaría de Control la cual, entre otras funciones estaría a cargo del control del cumplimiento de las cargas y/o reglas de conducta impuestas en el marco de la condena condicional; en parigual el art. 7° de la ley de reformas dispone que sus disposiciones regirán en forma inmediata y se aplicarán aun respecto de los procesos, incidentes y recursos en trámite; que con posterioridad a la sanción de la ley 14.296, el 28 de septiembre de 2011 la Suprema Corte de Justicia Bonaerense dictó el Acuerdo 3562 a través del cual declaró la invalidez del art. 1° de la ley mencionada en cuanto modifica diversos artículos del C.P.P.B.A., todo ello en el hontanar de la atribución de funciones a la Secretaría de Control de Ejecución; el argumento se basaba en lo siguiente: “Tal función se aprecia como una actividad de neto carácter administrativo, dado que la determinación específica de los organismos o instituciones en las que se desarrollaran las tareas –así como el modo de ejecución de las mismas-, deben regirse por criterios de política criminal y de utilidad social que resultan ajenos al Poder Judicial. Es que, si bien los tribunales deben fijar reglas de conductas (arts. 27 bis y 76 bis, Código Penal), la efectiva concreción de las mismas es una tarea administrativa, y, como tal, ajena al ámbito jurisdiccional, que claramente se incardina en el ámbito de competencia del Poder Ejecutivo. Similar temperamento cabe efectuar respecto a las funciones de control de cumplimiento de las reglas, cargas, condiciones y/o restricciones impuestas judicialmente (arts. 169, 182, 198 y 221, ley cit.), así como las de efectuar intimaciones ante incumplimientos en que incurran los condenados, comunicando los mismos a las autoridades pertinentes (art. 223, ley cit.), toda vez que tales funciones, en definitiva, tienen la entidad de convertir al Poder Judicial –a través de sus dependencias- en el encargado del control del cumplimiento real y efectivo de las sentencias que dicta, debiendo velar por su efectiva materialización, tarea esta última que debe caracterizarse como administrativa. Cabe agregar respecto a dicha cuestión que el ejercicio de las funciones de control asignadas a la Secretarías -teniendo en cuenta la relevancia que tendrían las mismas en la evaluación de las condiciones de cumplimiento de las penas-, afectaría potencialmente a la imparcialidad objetiva del Poder Judicial (C.I.D.H., caso “Apitz Barbera vs. Venezuela”, sent. del 5 de agosto de 2008; T.E.D.H. “Piersack v. Bélgica”, sent. del 1° de octubre de 1982, Serie A, N° 53, y “De Cubber v. Bélgica, sent. del 26 de octubre de 1984, Serie A, N° 86; C.S.J.N. Fallos 328:1491).”.

D) Que este Tribunal habrá de mantener el criterio fijado a fs. 29, en el entendimiento de que los argumentos esgrimidos por el Juzgado de Ejecución Penal Departamental a fs. 30/32 no pueden conmover lo antes resuelto.

E) Liminarmente cabe señalar que el Acuerdo 3562 de la S.C.J.B.A. ha declarado la invalidez del art. 1° de la ley 14.296 en cuanto modifica diversos artículos de la ley 12.256 con la finalidad de atribuir funciones a las Secretarías de Control. Fundamenta dicha decisión en que por medio de la referida ley 14.296 se han asignado funciones estrictamente administrativas –propias del Poder Ejecutivo- a dependencias del Poder Judicial, y que dicho desplazamiento se encuentra vedado por el art. 45 de la Constitución Provincial.
Ahora bien, este Tribunal considera que dicha declaración de invalidez no habilita al Juzgado de Ejecución Penal a declararse incompetente para continuar entendiendo en el contralor de una condena de ejecución condicional, ya que la invalide de las normas de la ley de Ejecución Penal bonaerense y del propio Código Procesal Penal provincial, fue declarada por la S.C.J.B.A. sólo en lo atingente a la atribución de funciones a las Secretarías de Control; secretarías, por otra parte, creadas por la propia ley 14.296 y que no alteraban el sistema concreto de contralor de la etapa de ejecución penal, sino que creaban un órgano específico dentro del órgano de ejecución, el que, por otra parte, no veía reconfigurada su competencia en modo alguno sino reestructurada sus funciones internas.
Ni la ley 14.296, ni el Acuerdo 3562 de la S.C.J.B.A., hacen mención alguna a modificación de la competencia material de los Juzgados de Ejecución con respecto al contralor o seguimiento de la modalidad punitiva y las reglas de conducta acollaradas. Cabe hacer mención que, con anterioridad a la reforma de prealusión, estaba establecido pacíficamente que el control que nos ocupa era propio del Juzgado de Ejecución.

F) Este criterio resulta acorde a lo ya resuelto por la Sala II de la Excma. Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal Departamental al resolver similares planteos –respecto del seguimiento del cumplimiento de las reglas de conducta en la suspensión del juicio a prueba-, en las causas nro. 9877/II y 9886/II (contienda de competencia con el Juzgado en lo Correccional nro. 2 Departamental), al considerar competente al Juzgado de Ejecución Penal para entender en el control y/o supervisión del instituto recién referido.
En tales oportunidades se sostuvo que se estaba efectuando una errónea interpretación del Acuerdo 3562 de la S.C.J.B.A. “Ello así, por cuanto el citado Acuerdo, en su artículo 1° declara la invalidez del artículo 1° de la ley 14.296, en cuanto modifica los artículos 169, 182, 183, 184, 185, 198, 199, 221, 222, 223 y 224 de la ley N° 12.256 y el artículo 404 de la ley N° 11.922, mas tal invalidez no lleva implícita la derogación del artículo 404 de la ley 11.922, en tanto la misma se circunscribe a la comunicación que por la reforma efectuada al citado artículo por la ley 14.296, debería efectuarse a la Secretaría de Control del Juzgado de Ejecución. La referida Secretaría de Control, ha sido creada por la ley 14.296 en el ámbito de los Juzgados de Ejecución Penal y las objeciones que surgen en los considerandos de la Acordada 3562, lo son en cuanto a la asignación de funciones estrictamente administrativas que han sido reconocidas constitucionalmente al Poder Ejecutivo. En consecuencia, la invalidez declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a través del Acuerdo 3562, no habilita al Señor Juez de Ejecución Departamental a desprenderse de las funciones que hasta el momento venía cumpliendo correspondientes al seguimiento de las suspensiones de juicio a prueba. Que, siendo ello así, esta Sala entiende que esa tarea, resulta resorte exclusivo del Juez de Ejecución Penal interviniente, toda vez que ese organismo es el encargado de efectuar el contralor de las reglas de conducta impuestas y el libramiento de las comunicaciones necesarias que permitan posteriormente al Magistrado que dispuso la suspensión del juicio a prueba, resolver definitivamente la situación del encausado.” (el resaltado en el original).
Del mismo modo, lo ha resuelto el mismo tribunal superior en el decisorio dictado en el Expte. IPP nro. 9910/II “Borello, Alejandro Martín” (incidencia con el Tribunal en lo Criminal nro. 3 Departamental), rta. 11/11/11. Si bien se refieren estos casos específicamente al instituto de la suspensión del juicio a prueba, con igual o mayor razón cabe afirmar el erróneo planteo del Juzgado de Ejecución respecto de una condena a prisión de ejecución condicional, donde no se suspende el proceso, sino la propia pena.

G) Bien lo ha señalado Roxin que al fallo condenatorio le sigue la realización de la pena (ejecución de la pena en sentido amplio), etapa que se divide en: a) ejecución de la pena en sentido estricto: comienzo y supervisión general de la realización de la sentencia; y b) ejecución penal: cumplimiento de la sentencia en particular. La ejecución de la pena en sentido estricto, abarca el procedimiento que va desde la sentencia que pasa en autoridad de cosa juzgada hasta el comienzo de la pena. La ejecución de la pena privativa de libertad está fuera del proceso penal, el derecho de ejecución penal está regulado por la Ley de Ejecución Penal (en Argentina, la ley 24.660 y en la provincia de Buenos Aires por la ley 12.256) –Roxin, Claus; Derecho Procesal Penal, 25ª ed., trad. Daniel Pastor, Editores del Puerto, Buenos Aires-.
Esta etapa de ejecución, como es dable extraer de las enseñanzas del maestro de Munich, no es escindible en penas de cumplimiento efectivo o condicional. La etapa de penalidad es indisoluble y corresponde su conocimiento al Juez de Ejecución.
La pretensión del Juzgado de Ejecución local periclita en un desconocimiento y desnaturalización de la etapa ejecutiva conforme los estándares en la materia.
Adúnase a ello que, que una pena sea de cumplimiento efectivo o en suspenso, responde a una serie de valoraciones fundamentales (vide in re C.S.J.N. “Squilario, Adrián” -2006-) pero no desnaturaliza su finalidad punitiva ni su carácter penoso, de donde, la escisión que plantea a los efectos competenciales el Sr. Juez de Ejecución entre penas de cumplimiento efectivo o penas en suspenso se apontocan en el hontanar del administrativismo puro y llano que en nada desdicen los extremos funcionales del órgano en cuestión.

H) Corresponde finalmente efectuar una lectura contextual e intertextual normativa. Obsérvase así que el art. 497 del C.P.P.B.A señala que las resoluciones judiciales serán ejecutadas por el Juez de Ejecución Penal, remitiendo al art. 25 del mismo cuerpo legal debiéndose tener en cuenta que allí se señala que el Juez de Ejecución conocerá: 1.- En las cuestiones relativas a la ejecución de la pena … 4.- En los incidentes y cuestiones suscitadas en la etapa de ejecución.
Esto es congruente con las puntualizaciones ya efectuadas aquí en torno a la naturaleza de la función que cupe al órgano con competencia en la etapa de ejecución penal y a la no distinción en la modalidad de pena.
Asimismo, el art. 510 del rito (modificado por el art. 3 de la ley 14.296) establece que la revocación de la condena de ejecución condicional debe ser dispuesta por el órgano que dictara la condena, de ello se colige, sin hesitación, que si la revocación debe ser dispuesto por el órgano precedente –y la reforma sustrajo claramente esta hipótesis a la competencia del Juez de Ejecución- es porque el control previo se mantiene incólume en cabeza del órgano de ejecución. Caso contrario no se explicaría la inclusión de este tópico en el capítulo del digesto ritual dedicado a la etapa de ejecución.
Por otra parte, el Acuerdo 3562 S.C.J.B.A. señala claramente “Que refuerza lo hasta aquí señalado el hecho de que hasta el presente, las funciones asignadas a las Secretarías de Control han sido desarrolladas por el Patronato de Liberados, lo que permite advertir no sólo el carácter administrativo de las mismas, sino también que el régimen implementado mediante la Ley Nº 14.296 únicamente implica una mera transferencia de competencias, de un Poder a otro”, de donde surge con meridiana claridad que el entuerto está fijado entre las nóveles Secretarías de Control y el Patronato de Liberados, las primeras en la esfera de los Juzgados de Ejecución (Poder Judicial), el segundo en el contexto del Poder Ejecutivo. No se entiende entonces el por qué del planteo entre órganos jurisdiccionales: órgano de conocimiento y órgano de ejecución que hoy se trae.

I) Por todo lo expuesto deberá plantearse formal cuestión de competencia ante el Superior. Por ello, este Tribunal, RESUELVE: MANTENER el decisorio de fs. 29, NO ACEPTAR la competencia que el Juzgado de Ejecución Penal Departamental pretende atribuir a este tribunal a fs. 30/32 y en consecuencia ELEVAR las actuaciones a la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental  a fin de que resuelva la contienda que ha quedado planteada (art. 35.2° del C.P.P.B.A.).
Sirva la presente de muy atenta nota de elevación.


Seguidamente se cumplió con lo ordenado. CONSTE

 


 
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