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Realización de audiencia de prueba y descargo oral para conceder el beneficio de la libertad asistida al amparo de la ley 12.256.

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Legajo Nro. 869/C formado respecto del condenado MATIAS EZEQUIEL QUISPE.

Juzgado de Ejecución Penal nro. 2 de Quilmes Provincia de Buenos Aires. rta. 21 de abril 2009.

///lmes, 21 de abril de 2009.
AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:
Para resolver la realización del juicio oral respecto de QUISPE MATIAS EZEQUIEL (de nacionalidad argentina, nacido el 9 de abril de 1981, hijo de Marta Mercedes Quispe, Dni n° 34,489,705) y la posibilidad de acceder a la libertad asistida en términos de libertad condicional prevista por el art. 104 de al ley 12.256 en el presente legajo n° 869/C de trámite ante este Juzgado de Ejecución Penal n° 2.
Que a fs. 54 el nombrado sentenciado solicitó en audiencia personal celebrada con el suscripto (fs. 54) el inicio de los trámites relativos al beneficio actualmente en trámite; encontrándose agregados a fs. 45/49; 59/60/62 y 66/74 los informes necesarios a fin de resolver la incidencia planteada en autos.
A fs. 63 consta agregada acta, personalmente rubricada por Quispe, donde el mismo expresamente consiente la realización de juicio oral y público para resolver la incidencia mencionada.
Corresponde fundamentar la posición a asumir, la que, desde ya adelanto, propiciará la realización de juicio oral y público para resolver la incidencia planteada en el presente legajo de ejecución penal.
Conforme la nueva redacción de artículo 105 del C.P.P.B.A.. “Resoluciones”, según ley 13.943, prescribe que “...Cuando el Juez o Tribunal deba resolver planteos o peticiones que, por su naturaleza o importancia, tengan que ser debatidos o requieran la producción de pruebas, se podrá convocar a una audiencia para que las partes formulen sus alegatos oralmente, debiéndose adoptar las resoluciones judiciales de la misma forma dentro del término legal correspondiente...” En base a ello y por considerar el suscripto importante, que las cuestiones relativas a la procedencia o no del beneficio aquí solicitado (libertad asistida en libertad condicional -art. 104 ley 12.256-) sean tratadas mediante la realización de un debate -oral y público-; ello así a fin de salvaguardar las garantías procesales de los penados y en cumplimiento -entre otros- de los principios de simplificación, celeridad procesal, sumados a un proceso penal transparente y
 efectivo, es que dispondré la realización de la mecionada audiencia .
Por otro lado, el Principio de Judicialización de la Ejecución Penal, incorporado por la ley nacional de ejecución penal (arts. 3 y 4 ley 24.660) y por la ley 12.256 en sus arts. 3° y 10 y, recepcionado por la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el fallo “Romero Cacharane, Hugo s/Ejecución penal del 09/03/2004 importa que las decisiones que alteren de alguna forma la determinación de la pena (en este caso cambio significaría cambio en las condiciones de de cumplimiento) sean tomadas por un juez ú órgano juridical independiente en el marco de un proceso penal en el que se respeten las garantías propias del mismo. Con este principio -considerado rector en el ámbito de la ejecución penal- se ha ampliado el ámbito de actuación del derecho procesal a la etepa de ejecución de la pena privativa de libertad. Al respecto nuestro máximo Tribunal en el fallo mencionado refiere “...Que a su vez, este control judicial
 permanente durante la etapa de ejecución tiene como forzoso consecuente que la vigencia de las garantías constitucionales del proceso penal se extienda hasta su agotamiento...”
Así, al regir las garantías de un debido proceso penal, especialmente la jurisdiccional, conlleva necesariamente a que se apliquen los principios de oralidad, publicidad, contradicción, inmediación y celeridad.
Abocándome especificamente a lo previsto para nuestra jurisdicción, el C.P.P.B.A. -mas allá del citado art. 105 según ley 13.943 Título V Actos Procesales, Capítulo 2- sólo regula para la etapa de ejecución el trámite incidental a través de su art. 498 (ley 11922). Es decir la sustanciación de una incidencia se desarrolla sólo de manera escrita, agregándose informes del servicio penitenciario, sin la debida fundamentación de las opiniones vertidas en los mismos por parte de los funcionarios o profesionales intervinientes; muchas veces contradictorios y con valoraciones sacadas de contexto de lo manifestado por el interno al entrevistárselo que justifican -a su criterio- la continuidad del encierro; donde el Ministerio Público Fiscal sólo se vale de ellos para emitir su dictamen al respecto y la defensa recibe una serie de documentación cargosa para realizar una simple contestación escrita. A todo esto debemos sumarle que a la persona
 privada de libertad no se le reconoce el derecho a ser oída previo a resolver su solicitud; es decir la misma no tiene intervención alguna en el incidente.
Así, el principio de legalidad y debido control judicial de esta etapa pueden verse vulnerados si las cuestiones traídas a estudio no se sustentan y resuelven mediante la vía incidental adversarial y acusatoria, con una participación mas activa del Ministerio Público con la oportunidad de producir prueba sobre los hechos que se traten en una audiencia oral y pública, la defensa en el rol tutelar de su defendido para contradecir o no la postura de su contraparte, oír al detenido y que el Juez en su rol de tercero imparcial resuelva acorde a la ley, la Constitución Nacional y los Tratados internacionales, es decir siguiendo los lineamientos del debido proceso legal conforme lo previsto por el art. 18 de la C.N.
Por último, debo mencionar la importancia que reviste en esta etapa de ejecución, el principio de inmediación, como derivado del de oralidad., toda vez que me permitiría dictar veredicto con un conocimiento amplio no solo de la situación o la persona del justiciable, sino también de los operadores penitenciarios y su ámbito de interrelación diario.
Corresponde establecer el criterio que se adoptará a fin de la realización del debate oral y publico, ello en atención a lo previsto por el art. 338 del C.P.P.B.A.-según ley 13.943-
Sin perjuicio de encontrase debidamente notificado el imputado y las partes, del Juzgado y magistrado interviniente en la presente causa (fs. 42 vta., 53 y 55 vta.), corresponde hacer saber a las mismas que el Dr. Facundo Federico Merlini, dirigirá la audiencia oral a realizarse en autos; secretaría a cargo del Dr. Leandro Bacigaluppo, resultando auxiliares letrados los Dres. Andrés Edgardo Fernandez y María Victoria Ciccioli.
Asimismo, corresponde citarlas a juicio por el plazo individual de diez (10) días a fin que interpongan las recusaciones que estimen pertinentes y ofrezcan las pruebas que pretendan utilizar en el debate; pudiendo las partes retirar por secretaría la causa por el término de cuarenta y ocho horas (48 hs.) para tal fín, lo que así resolveré.
Asi, en virtud de todo lo expuesto:
RESUELVO:
I) DISPONER LA REALIZACION DE UN DEBATE ORAL Y PUBLICO a efectos de resolver respecto a la solicitud de LIBERTAD ASISTIDA EN TERMINOS DE LIBERTAD CONDICIONAL (art. 104 ley 12.256) conforme lo requerido por el condenado QUISPE MATIAS EZEQUIEL.
II) Hágase saber a las partes y al sentenciado que el Dr. Facundo Federico Merlini, dirigirá la audiencia oral a realizarse en autos; secretaría a cargo del Dr. Leandro Bacigaluppo, resultando auxiliares letrados los Dres. Andrés Edgardo Fernandez y María Victoria Ciccioli.
III) CITESE a juicio por el plazo individual de diez (10) días a fin que las partes interpongan las recusaciones que estimen pertinentes y ofrezcan las pruebas que pretendan utilizar en el debate; pudiendo las mismas retirar por secretaría la causa por el término de cuarenta y ocho horas (48 hs.).
IV) Notifíquese al Sr. Defensor oficial en su público despacho; al Sr. Representante del Ministerio Público Fiscal mediante cédula de notificación -con copia certificazda de la presente-, autorizándose a personal del Juzgado a efectuar el diligenciamiento de la misma y al interno mediente oficio de estilo. 
 
 
VEREDICTO
 
Quilmes, 27 de mayo de 2009.
Para resolver respecto a la incidencia de LIBERTAD ASISTIDA en términos de libertad condicional previsto en el art. 104 de la ley 12.256 respecto del interno QUISPE MATIAS EZEQUIEL, apodado “puki”, nacido el día 9 de abril de 1981, DNI n° 34.489.705 hijo de Marta Mercedes Quspe, soltero, empleado, Prio. del Registro Nacional de Reincidencia n° 01731769 y del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires n° 1170441.
Oídas que han sido las partes y de conformidad a lo dispuesto por el arts. 25 y 498 del C.P.P. y 104 de la ley 12.256
RESUELVO:
1) CONCEDER LA LIBERTAD ASISTIDA EN TÉRMINOS DE LIBERTAD CONDICIONAL (art. 104 ley 12.256) al interno QUISPE  869/C respecto a la pena°MATIAS EZEQUIEL en el presente legajo de condenado N impuesta en la causa N° 1067/2006 (N° 2240) el 30 de diciembre de 2008 por el Tribunal Oral Criminal n° 1 departamental de siete años años de prisión, accesorias legales y costas (que tramitara ante el Juzgado de Garantías n° 1 n° 17.931 y ante la UFI n° 16 en la IPP n° 226.870) la que deberá hacerse efectiva en el día de la fecha, VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL NUEVE (27-5-09) de no mediar orden privativa de libertad emanada de Juez competente, previo certificar los antecedentes que pudiere registrar y labrado del acta compromisotria de estilo, quedando sometido a las condiciones previstas en el art. 106 de la ley 12.256, debiendo concurrir a la sede de este Juzgado el día jueves 28 de mayo de 2009 a las 10.00 hs. a fin de labrar acta comromisoria de
 estilo, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de revocársele el beneficio que se concede, debiendo el Patronato cumplir un férreo control post penitenciario fundamentalmente apuntalando la continuidad de los estudios secundarios por finalizar y en un plazo no mayor a los treinta días informar sobre la necesidad de someter a Quispe a un tratamiento vinculado con las adicciones.
II) DISPÓNGASE se le haga entrega al nombrado de la totalidad del Fondo de Reserva que tenga acreditado a su nombre o en su caso se lo provea de una suma de dinero en el caso que no posea fondos propios (arts. 110 y ss. de la ley 12.256).
III) DISPONER LA LECTURA de los fundamentos del presente veredicto para el próximo día lunes 1 de junio de 2009 (01-6-09) a las 11:00 hs.
 
 
 
 
 
 
 
 
///lmes Aires, 1 de junio de 2009.-
AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en este legajo Nro. 869/C formado respecto del condenado MATIAS EZEQUIEL QUISPE, (argentino, nacido el 9 de abril de 1981, hijo de Marta Mercedes Quispe, D.N.I 34.489.705, Prio Policial 1.170.441, y del Registro nacional de Reincidencia n° 01731769).
Y CONSIDERANDO:
Que el día 27 de mayo se celebró el debate oral y público, conforme lo previsto en el art. 338 C.P.P- según ley 13.943- con la presencia del Sr. Fiscal, Javier Mendoza y de la Defensora Oficial Dra. Noemí Perez y del Dr. Sebastian Videla, ambos en representación de Matías Ezequiel Quispe a fin de resolver sobre la posible inclusión del nombrado al régimen de Libertad Asistida en términos de Condicional (art. 104 Ley 12.256) respecto de la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas, en orden al delito de lesiones leves en concurso real con robo agravado por su comisión con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada dictada en la causa n° 1067/2006 del Tribunal Oral en lo Criminal n° 1 Dptal.
Que a fs. 55 se dió inicio al trámite de Libertad Asistida en término de condicional, requiriéndose los informes correspondientes a la Unidad Penitenciaria n° 1- Olmos-, los cuales fueron agregados a fs. 59, como así también lo fueron los antecedentes del Ministerio de Seguridad de la Pcia de Buenos Aires y del Registro Nacional de Reincidencia (conf. fs. 66/75)
En oportunidad de la celebración del debate oral y público, el Sr. Fiscal solicitó que no se haga lugar a la solicitud de Libertad Asistida en términos de condicional y se ordene el cambio a un régimen abierto en principio sin salidas transitorias, para posteriormente ser evaluado e incluirlo en este régimen, basando su negativa puntualmente sobre dos aspectos: la conveniencia de permanecer por un espacio de tiempo (indeterminado) bajo un régimen de mayor flexibilidad previo a la futura soltura y la necesidad de que se realicen tareas de pre-egreso como condición determinante para la soltura, tareas que se omitieron, conforme el art. 105 de la Ley 12.256. Asimismo el Dr. Sebastian Videla, al momento de alegar y en representación de Quispe entendió que se encontraban reunidos los requisitos exigidos por ley. Solicitó se le conceda la libertad asistida al Sr. Quispe, argumentando como primera cuestión que se debe tener en cuenta, para evaluar
 el instituto el desempeño de su asistido a lo largo de toda su vida carcelaria, agregó que se trata de su único encierro y sin soslayar los informes penitenciarios que entiende no reflejan concretamente el excelente desempeño que su ahijado procesal ha tenido intramuros hasta el día de la fecha, lo cierto es que son lo suficientemente buenos para garantizar la libertad de su asistido. También expresó que ha mantenido, dentro de un régimen cerrado, conducta ejemplar diez, aún en circunstancias en que la unidad n° 1 hubo de estar superpoblada, lo cual duplica el compromiso asumido. Dijo además que dentro de las posibilidades que tiene la unidad Quispe agotó prácticamente las posibilidades máximas de inserción, trabajando, estudiando, no habiendo participado en ningún hecho sucedido en la Unidad lo que demuestra la fuerte decisión que ha orientado su accionar intramuros. Rescató las conclusiones del informe social obrante a fs. 31 haciendo hincapié (con base en la declaración brindada por la Licenciada Ema Balmaceda) en la factibilidad del abordaje de Quispe por parte del Patronato de Liberados para atender sus necesidades básicas como aquellas que surgieran ante la hipotética necesidad de que el mismo tuviera que realizar un tratamiento contra las adicciones. También entiende la Defensa que Quispe cumple con las previsiones de los arts. 4 y 5 de la ley 12.256, capitalizando el tiempo de encierro en actividades útiles para él y la sociedad. Por último refiere, con cita en un fallo de la sala de la Exma. Cámara de Casación Penal, que no se puede poner en cabeza de Quispe, respecto de la falta de tratamiento en base a la adicción que el mismo tendría, una omisión estatal y que están dadas a futuro las condiciones para que su defendido pueda recibir ayuda, reiterando en consecuencia se conceda la Libertad Asistida en términos de Condicional solicitando se haga lugar a la pretensión defensista.
Que conforme se desprende de los informes remitidos por la Unidad Penitenciaria n° 1 del S.P.B, Quispe fue calificado con conducta EJEMPLAR DIEZ Y CONCEPTO BUENO, no registrando sanciones disicplinarias. Asimismo conforme lo informara el Sub jefe de Vigilancia y Tratamiento, Alcaide Mayor Fermanelli, Quispe mantiene un buen trato y respeto con el personal penitenciario, y se muestra predispuesto al diálogo, no infringiando las normas establecidas para una buena convivencia. En lo que respecta al área laboral el nombrado estuvo trabajando desde abril de 2006 hasta marzo de 2007, momento en que es dado de baja por incumplimiento, respecto de su inclusión en el área educativa, se destacó que Quispe ingresó en la unidad con los estudios secundarios incompletos, cursando el segundo año industrial en la especialidad Electromécanica.
Que mediante el acta- dictamen n° 129/09 confeccionada por el Depto Técnico Criminológico, éste se expide de manera conveniente con reservas de incluir al interno en el régimen de Libertad Asistida en términos de Condicional. Dicha “reserva” se encuentra especialmente fundamentada en los antecedentes de consumo de sustancias adictivas lo cual fuera motivado por la falta de contención afectiva.
Ahora bien, oídas que han sido las partes es que el presente incidente se encuentra en condiciones de resolver de manera positiva por las cuestiones que a continuación expondré.
Primeramente corresponde enmarcar desde que lugar habré de analizar la procedencia del instituto en cuestión y para ello tomaré como parámetro no solamente la ley sino, lo expuesto por la sala III de la Exma. Cámara de Casación Penal de la Provincia de Bs As tiene dicho que “ los art. 13, 14 y 17 del C.P enumeran las condiciones para la procedencia de la Libertad Condicional a saber: a) haber permanecido en detención determinado tiempo y observado con regularidad los reglamentos carcelarios; b) no ser reincidente; c) no haber sufrido con anterioridad la revocación de una Libertad Condicional...” (causa 5413 A.E.M s/ recurso de casación, registro n° 20021), y un favorable pronóstico de reinserción, ello introducido mediante la ley 25.892, modificatoria del código. En cuanto al primero de los requisitos, temporal, el mismo se encuentra satisfecho tal como se desprende del cómputo practicado a fs. 38. En segundo término, conforme las constancias obrantes en este legajo, informe de reincidencia y antecedentes, Quispe no ha sido declarado reincidente ni se le ha revocado con anterioridad una Libertad Condicional y tampoco registra una causa en trámite donde interese su detención (conf. fs. 66/74).
Así solo resta verificar si el nombrado ha observado con regularidad los reglamentos carcelarios. Tal como se consignara en párrafos precedentes el interno fue calificado con conducta diez y concepto bueno, dicha calificación le valió en virtud de la falta de sanciones disciplinarias y en el buen desempeño demostrado a lo largo de toda su internación. También se destacó que cursó en el ciclo lectivo pasado los estudios secundarios en la escuela que allí funciona y que se desempeñó laboralmente a lo largo de un año. Vale recordar a esta altura que Quispe se encuentra detenido en la Unidad n° 1 desde mayo de 2005, siendo recién anotado en condición legal de condenado en el mes de marzo ppdo, es decir estuvo casi cuatro años internado en condición de procesado y pese a no constituir una obligación, conforme lo normado en el art. 67 de la Ley 12.256 en cuanto consagra la posibilidad de que los procesados se sometan voluntariamente al “Programa de Trabajo y Educación”, éste trabajó y estudió. Pero lo cierto y fue gracias a las bondades del debate, que se supo aclarar las razones del abandono laboral de Quispe transcurrido a un año de haberlo conseguido. Y ello obedeció a que se superponían los horarios con los de la escuela que funciona dentro de la unidad, interrumpiendo las mencionadas actividades laborales. También quedó aclarado que dentro del programa educativo, Quispe realiza tareas de selección y desarmado de material informático, y que tuve la oportunidad de corroborar en su funcionamiento en ocasión de la visita carcelaria realizada el pasado 7 de mayo, junto con el Dr. Bacigaluppo.
Que tampoco escapa al suscripto que el principal reparo otorgado por la autoridad penitenciaria, para expedirse positivamente, es la aparente adicción que padecería el nombrado, y digo aparente porque del presente legajo no surgen elementos que hagan suponer que Quispe al día de la fecha haya tenido algún episodio relacionado con dicha problemática. Es más del informe integral elaborado por el Grupo de Admisión y Seguimiento no se desprende que el equipo médico especializado haya indicado e informado a Quispe la necesidad de efectuar un tratamiento, sino que solo destacan la importancia de poder brindarle un contexto adecuado tratamental. Entonces, al haberse “aconsejado” la necesidad del mismo, lo cierto es que nunca se ha informado cuales fueron las medidas adoptadas al respecto, es decir, de que modo dicha necesidad debía ser implementada dentro del programa de tratamiento individualizado que debieron trazar. Consecuentemente, si el nombrado posee desde casi el inicio de su vida adolescente problemas de adicción del cual nunca fue tratado durante su alojamiento en la unidad, resultando ello ahora utilizado como fundamento por parte de la autoridad penitenciaria como principal elemento para denegarle el egreso anticipado, es claro que, o la adicción no lo es tanto, o desde la unidad no se gestionaron las medidas necesarias para someterlo al tratamiento correspondiente, por ello es que no se puede endilgar al interno la falta del mismo y mucho menos utilizar el mismo como fundamento para denegarle el egreso anticipado. Esta cuestión fue tratada por el Exmo Tribunal de Casación al manifestar que “un pronóstico de reincersión social desfavorable no es otra cosa que la prueba mas cabal de la incapacidad del estado para lograr tal fin, que en definitiva es consecuencia del fracaso del sistema. El estado tiene un plazo en el que tiene la obligación de aplicar el tratamiento (las dos terceras partes) para que el individuo pueda reinsertarse socialmente en forma adecuada. Una vez cumplido el mismo, la ineficacia del encargo de proporcionar dicho tratamiento no puede ser puesta en cabeza del tratado” (conf. Causa n° 24,206, Hernández, Roberto Jesus s/recurso de casación, rta 23/03/2007). Sobre este punto en particular quiero también agregar, ya que el debate, a partir del testimonio del Licenciado Fritz permitió dar luz a ciertos puntos no tan claros de los trámites que se realizan en las unidades, y es que Quispe desconocía que objetivos debía cumplir, para poder acceder a la Libertad anticipada. Es decir en ningún momento fue informado de manera expresa las actividades (educacionales, laborales, sociales, etc) que debía desarrollar y cumplir para poder egresar.
Por otro lado, con el fin de lograr mayor fuerza respecto de lo que me toca aquí resolver, he de remarcar que si se observa el gráfico de comportamiento glosado a fs. 47 se desprende claramente que Quispe desde casi su ingreso en la unidad antes mencionada supo mantener su calificación, siendo desde el último trimestre del año 2005 calificado con conducta ejemplar, evidenciando de este modo que ha utilizado dentro de sus posibilidades todas las herramientas que la administración le suministra para poder lograr una reinserción social positiva, fin exclusivo que persigue la ejecución penal, de conformidad con lo normado en el Art. 1ro. de la ley 24.660.-
Lo dicho hasta aquí responde al primer reparo puesto de manifiesto por la Fiscalía.
En segundo lugar, y respecto a las tareas de preegreso, que para el Sr. Fiscal resultan imprescindibles para resolver favorablemente, es dable afirmar que las mismas fueron ordenadas desde esta sede con fecha 17 de febrero ppdo (conf fs. 40) pero no fueron realizadas tal, como lo explicara la licenciada Balmaceda en su testimonio.
Asi las cosas y con el objeto de no hacer recaer la inactividad del estado en cabeza del condenado, es que, en el informe producido por el Área Social del Servicio Penitenciario Bonaerense y lo aportado en sendos testimonios, por la Licenciada Ema Balmaceda y la Sra. Marta Quispe, dicho trámite debe ser reemplazado.
Entonces, con las actuaciones glosadas a fs. 116/7 se pudo constatar fehacientemente el domicilio aportado por Quispe, el cual contará con la contención familiar necesaria, y con el acompañamiento del Patronato de Liberados, organismo al cual se le requerirá un férreo control post penitenciario, fundamentalmente apuntalando la continuidad de sus estudios secundarios por finalizar y en un plazo no mayor a los treinta días para que informe sobre la necesidad de someter a Quispe a un tratamiento vinculado con las adicciones.
Respecto a los informes brindados por el Servicio Penitenciario Bonaerense es claro que aquellos resultan en algunos de sus puntos inconsistentes y hasta contradictorios, y vulneran claramente el derecho de defensa en juicio, tal como lo explicara el Tribunal de Casación Penal, en el fallo “Bos, Julio Ernesto s/ recurso de queja”, resuelto el 15 de Agosto de 2008, momento en el cual se adujo que “...Resulta a todas luces contradictorio que mientras por un lado el condenado registra un concepto bueno, con conducta ejemplar diez, en los términos del Art. 101 de la ley 24.660, no habiendo registrado conflictos de adaptación al régimen, por el otro se indiquen como elementos de reserva la proclividad delictiva, una problemática con los tóxicos sin elaborar...falta de contención en el proceso de reinserción al medio social ampliado, sugiriéndose abordaje psicológico no intentado en tiempo de su detención...”, como asimismo se sostuvo que “...Se violenta el principio de defensa en juicio, ya que el interno fue anoticiado de las buenas calificaciones conceptuales..siendo que, al tratarse la posibilidad de libertad condicional, se le hizo saber que nada de lo transcurrido fue real, que registra un pronóstico de reinserción social negativo y que, por ende, no merece obtener su soltura anticipada...”, resultando la situación allí apuntada, casi idéntica a la circunstancia plasmada en el presente caso, donde el penado cuenta con buenas calificaciones, como así también estudió y trabajo, aunque en menor periodo y pese a todo esto, la autoridad penitenciaria tiene reservas en que se le otorgue su libertad, en base a requisitos que no estan establecidos por ley y que debieron ser abordados por la autoridad penitenciaria durante el encierro del condenado.
Por último, debo recordar que los informes emitidos por la autoridad penitenciaria, no son vinculantes para el juez sino sólo orientativos (C.N.C.P. Sala IV, “Cespedes Norberto Fabricio s/ recurso de casación”, rta 24/05/2006, registro n° 7497.4 “Bordón Pedro rta el 13 de abril de 2000 y “Scopetta, Juan Carlos” rto el 22 de octubre de 2003, Sala III “Arias Ariel” y “Leuwers” del 22 de junio y 14 de diciembre de 2000 respectivamente), que merecen ser evaluados, ya que si bien los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones y argumentos, si tienen el deber -en razón de su elevada función jurisdiccional y con fundamento en la garantía de la defensa en juicio- de pronunciarse expresamente sobre los puntos propuestos, en cuanto sean desicivos o relevantes en el pleito” y que es facultad jurisdiccional evaluar sus fundamentos para apreciar su razonabilidad, pues el tribunal es soberano en la valoración de los informes aún cuando verse sobre temas en los que deban expedirse expertos (conf. Fallos C.S.J. 233:147; 228:279; 229:860 entre otros).
Por ello, tomando en consideración todo lo expuesto anteriormente corresponde hacer lugar a la pretensión de la defensa oficial y disponer la inmediata libertad del interno Quispe, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25 C.P.P, 104, 511 y s de la Ley 12.256 y 13 del C.P;
RESUELVO:
I.- CONCEDER LA LIBERTAD ASISTIDA EN TÉRMINOS DE LIBERTAD CONDICIONAL (art. 104 ley 12.256) al interno QUISPE MATIAS EZEQUIEL en el N respecto a la pena impuesta en la causa N°°presente legajo de condenado  869/C 1067/2006 (N° 2240) el 30 de diciembre de 2008 por el Tribunal Oral Criminal n° 1 departamental de siete años años de prisión, accesorias legales y costas (que tramitara ante el Juzgado de Garantías n° 1 n° 17.931 y ante la UFI n° 16 en la IPP n° 226.870) la que se hizo efectiva el día VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL NUEVE (27-5-09), conforme lo resuelto por el suscripto en oportunidad de dictar el veredicto correspondiente y bajo las condiciones allí impuestas (conf. fs. 121).


 
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