Derecho Penal

La bicicleta constituye vehículo a los fines de la agravante del robo. Concepto de vehículo y de lugar público.
Delitos Contra la Propiedad - Jurisprudencia Provincial

Causa N° 34.847 caratulada “N., O. M. s/ recurso de casación”.

Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. rta. 12 de febrero 2009.

/// la ciudad de La Plata, a los 12 días del mes de febrero de dos mil nueve, reunidos en Acuerdo, los señores jueces de la Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Alberto Mahiques y Fernando Luis María Mancini, con la presidencia del primero de los nombrados, para resolver en la causa N° 34.847 caratulada “N., O. M. s/ recurso de casación”; practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: MAHIQUES – MANCINI.
1°) Que el Tribunal en lo Criminal n° 3 del departamento judicial de Bahía Blanca condenó, con fecha 5 de junio de 2008, a M. O. N. A la pena de tres años de prisión y costas, como coautor penalmente responsable del delito de robo calificado en los términos de los arts. 167 inc. 4°, en relación al 163 inc. 6° del C.P.
2°) Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de casación el señor defensor oficial, doctor Pablo A. Radivoy, denunciando violación a lo dispuesto por los arts. 1, 210, 318, 367 inc. 1° y 2°, y 373 del C.P.P. en cuanto a la acreditación de la autoría; y errónea aplicación de la agravante del art. 167 inc. 4° del C.P., e inobservancia de lo dispuesto por el art. 42 del C.P.
3°) Que el señor fiscal adjunto ante estos estrados, doctor Jorge Armando Roldán presentó informe a fs. 50/51, abogando por el íntegro rechazo del recurso.
4°) Que superado el trámite previsto en el artículo 465 del C.P.P., tras deliberar, y sometido el recurso a consideración del tribunal, se plantearon y votaron, en el orden de intervención de los señores jueces, doctores Mahiques – Mancini, las siguientes cuestiones:
Primera: ¿es admisible el recurso de casación interpuesto? segunda: ¿qué decisión corresponde adoptar?
A la primera cuestión, el señor juez doctor Mahiques dijo:
I) Que el presente recurso es interpuesto en tiempo oportuno contra una sentencia definitiva dictada por un Tribunal en lo Criminal, habiendo agregado el recurrente copia de la documentación pertinente, manifestando los motivos y las normas en que funda su reclamo, por lo que éste cumple con los requisitos formales establecidos por los arts. 450 y 451 del C.P.P.
Que asimismo, y por imperio de lo normado por el 454 inc. 1° del mismo digesto de forma, el impugnante se encuentra legitimado para recurrir.
Que por ello corresponde, declarar admisible el recurso de casación interpuesto (arts. 456 y 465 inc. 2° del C.P.P.) por lo que a esta primera cuestión voto por la afirmativa.
A la primera cuestión, el señor juez doctor Mancini dijo:
Que adhiero al voto del señor juez preopinante por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor Mahiques dijo:
I) Que mediante sentencia de fecha 5 de junio de 2008, el Tribunal en lo Criminal n° 3 del departamento judicial de Bahía Blanca condenó a M. O. N. a la pena de tres años de prisión y costas, como coautor penalmente responsable del delito de robo calificado en los términos de los arts. 167 inc. 4°, en relación al 163 inc. 6° del C.P.
II) Contra dicha resolución interpuso recurso de casación el señor defensor oficial, doctor Pablo A. Radivoy, denunciando violación a lo dispuesto por los arts. 1, 210, 318, 367 inc. 1° y 2°, y 373 del C.P.P. en cuanto a la acreditación de la agravante del art. 167 inc. 4° del C.P., e inobservancia de lo dispuesto por el art. 42 del C.P.
Criticó en primer lugar los fundamentos del sentenciante para descartar el relato del encartado, siendo que la calificación de mendacidad sobre sus dichos, la sustentan únicamente por el relato que prestó el preventor S., quien según el a quo habría relatado una situación distinta respecto de la aprehensión que se hiciera sobre su asistido.
Añadió que tal conclusión es producto de una arbitraria y absurda valoración de la prueba, por cuanto existen otros elementos que acreditan y corroboran la sincera exculpación de N., como así también una serie de irregularidades y omisiones en la instrucción de la causa, que bien podrían haber servido para sustentar el relato del encartado.
Agregó luego, que el relato exculpatorio de su defendido fue corroborado por el menor J. D. C., pese a lo cual el sentenciante no le dio crédito a sus dichos con la sola argumentación de que dicho testigo impresionó como sumamente inverosímil y falaz, circunstancia que demuestra sin dudas la arbitrariedad de la sentencia en la valoración de ese elemento de prueba, por cuanto no se indica cuales serían los elementos objetivos por los que se considera inverosímil y falaz el relato de C..
Destacó asimismo, que la Fiscalía actuante omitió recibir declaración testimonial a M. A. V. D., fue aprehendido junto al encartado N. Y quien bien podría haber acreditado también, las circunstancias exculpatorias que brindó su asistido; además señaló el recurrente que el mencionado testigo ni siquiera suscribió el acta policial.
Expresó en el mismo andarivel, que al momento de procederse a la detención de N., éste se encontraba junto a tres personas más, sin que se discriminara o documentara sobre sí efectivamente una sola de ellas vestía la camiseta de Olimpo.
Afirmó entonces, que no puede lógica ni razonablemente sostenerse que la prueba utilizada por el sentenciante sea suficiente como para dar por acreditado con el grado de certeza necesario, que su defendido sea el autor material de los hechos. Y que cuanto menos debería haberse hecho jugar en su favor el beneficio de la duda al que alude el art. 1 del ritual.
Denunció por otro andarivel la errónea aplicación de la calificante a la que alude el art. 167 inc. 4° en relación al art. 163 inc. 6° del C.P.
Sostuvo al respecto que al caso de las bicicletas no se le puede aplicar el fundamento por el que se agrava el delito de robo –y que citan los jueces votantes- refiriéndose a la circunstancia de ser vehículos “cuya utilización normal importe tenerlos que dejar en los lugares indicados en la norma”, puesto que como naturalmente se sabe, las bicicletas no se corresponden con esa necesidad, normal en los automóviles o ciclomotores –de tener que ser dejados en la vía pública y exponerlos así a un mayor grado de vulnerabilidad, sino que es más normal y posible que puedan ser dejadas a resguardo en lugares de índole privado.
Denunció por último la inobservancia de lo dispuesto por el art. 42 del C.P.
Expresó sobre el punto, que tal como surge de la base fáctica, el escaso tiempo transcurrido entre la sustracción del rodado y la aprehensión de su defendido –la que se hiciera prácticamente sin solución de continuidad-, son demostrativas de que el encartado no ha gozado efectivamente del poder de disponer libremente de la cosa.
Que por dichas razones, solicitó la casación de la sentencia recurrida y la recalificación del hecho en la figura de robo simple en grado de tentativa.
III) A fs. 50/51,se expidió el señor fiscal adjunto ante este Tribunal de Casación Penal, doctor Jorge Armando Roldán, abogando por el íntegro rechazo del recurso.
IV) Que adelantando la solución a la que arribaré, soy de la opinión de que el recurso no puede prosperar.
Corresponde consignar en primer término, que el tribunal a quo tuvo por debidamente acreditado que el día 7 de septiembre de 2005, siendo aproximadamente las 12:00 hs., el aquí encartado, junto al menor L. N. M. y previo violentar el candado que aseguraba la bicicleta, propiedad de C. L. M., la que se encontraba asegurada contra un caño de cesto de basura, sito en la calle J... M... n° 1... de la ciudad de Bahía Blanca, sustrajo la misma.
V) Que dichas conclusiones se hallan debidamente motivadas, y encuentran adecuado respaldo en las diversas piezas probatorias analizadas por el sentenciante, revistiendo  particular importancia a tales efectos, los testimonios de la víctima C. M., y del preventor G. S..
Que a ello, el sentenciante sumó para formar convicción sincera sobre la existencia del hecho y la autoría del encartado N., el acta de procedimiento de fs. 1., el de inspección ocular y croquis de fs. 7 y 8, y el dictamen técnico de fs. 10.
Consignó el a quo que la duda que oportunamente planteó el defensor, y reedita en esta instancia casatoria, a partir del relato de la damnificada en cuanto manifestó que uno de los sujetos que le sustrajo la bicicleta tenía la camiseta de Olimpo, pero que no le pudo observar el rostro, no era tal.
Expresó así, que resultó de singular importancia el testimonio del preventor S., quien afirmó que habían recibido vía radial aviso de la sustracción de la bicicleta con las características físicas de sus autores, por lo que encontrándose patrullando por el lugar, observaron la presentencia de dos jóvenes que respondían a los datos señalados, llevando uno de ellos colocada la camiseta de Olimpo, por lo que proceden a su detención, siendo este último el imputado N.
Añadió entonces el a quo, que la versión del encartado resultaba mendaz y su intento de “mezclarse” con el grupo resultaba estéril, por cuento el mismo fue divisado en la bicicleta junto al menor M. Mientras que respecto al relato del testigo C., quien refirió que N. Se encontraba en el grupo de cuatro personas, las que estaban tomando cerveza en la esquina cuando apareció un sujeto al que desconocía con una bicicleta ofreciéndola en venta, sostuvo el a quo que le impresionó como sumamente inverosímil y falaz.
VI) Que no es suficiente descalificar la prueba antes reseñada y a su valoración por arbitraria o ilógica, sin demostrar los vicios lógicos del razonamiento del a quo y la incidencia que lo mismos tuvieron en la confección del dictamen.
Que así entonces, se advierte que el agravio traído en el recurso constituye un mero intento de introducir, por esta vía casatoria, una inadecuada reinterpretación de la prueba. Que aquellos exponen simplemente una distinta y personal valoración de los hechos, cuestionando aquellas circunstancias fácticas que el tribunal de grado tuvo por probadas, y que le permitieron tener por acreditada tanto la materialidad ilícita como la autoría responsable del imputado N..
Debe asimismo recordarse que el intercambio, fruto de la inmediación y de la oralidad confiere a los magistrados la libertad de apreciación de la prueba a través de la libre convicción en mérito a lo visto y lo oído en el debate, permitiéndole extraer conclusiones acerca de la veracidad y firmeza de quienes declaran en tal oportunidad procesal.
El límite de esta facultad radica precisamente en la arbitrariedad, supuesto que, como se ha dicho precedentemente, no se advierte en el caso analizado.
Resulta que aún interpretándose al recurso de casación penal con la mayor amplitud que el régimen procesal autoriza, esto es, permitiendo la revisión integral de la sentencia recurrida, de ella se encontrará naturalmente excluida la prueba recibida oralmente y no registrada, dada la imposibilidad fáctica de hacerlo en ese caso, y especialmente, la impresión personal que los testigos pueden causar en el tribunal, en la medida en que la misma haya sido fundada, requisito que en estos autos se encuentra debidamente cumplimentado (cfr. C.S.J.N., C.1757.XL “Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa –causa N° 1681-“).
VII) Que según lo señalado, la acreditación de la materialidad ilícita investigada como de la autoría responsable del nombrado O. M. N. Han sido adecuadamente fundadas, y traducen un empleo razonado de las facultades de valoración de la prueba recibida durante el juicio. Ello, por sí solo, obsta a la procedencia del reclamo, sin que alcancen para conmover la firme imputación recaída sobre el encartado, las supuestas irregularidades denunciadas por el señor defensor oficial.
VIII) Que por otro lado, y a los efectos de una adecuada delimitación del marco de revisión ante estos estrados de las posibles vulneraciones al derecho a la presunción de inocencia, debe recordarse que si la prueba de cargo existe, no puede ser tachada de ilícita y se muestra bastante para alcanzar la conclusión condenatoria en la valoración que de la misma lleva a cabo el a quo, no es posible dentro del ámbito casacional entrar en censura del criterio adoptado por el sentenciante, sustituyéndole mediante otra valoración alternativa del significado de los elementos de prueba disponibles (en tal sentido, Tribunal Supremo de España, sentencia 274/2003, rta. 26/2/2003, Ponente D. José Manuel Maza Martín)”.
En consecuencia, la pretendida vulneración al principio ‘in dubio pro reo’ carece de adecuado sustento, presentándose como un nuevo intento de lograr una improcedente reinterpretación de la prueba mediante la mera exposición de un criterio diferente por parte del impugnante, lo que impone también el rechazo del agravio en cuestión.
IX) Igual suerte adversa correrán los restantes agravios.
En efecto, toda vez que la bicicleta se encuentra incluida dentro del concepto de vehículo, debido a que dispone de un mecanismo que multiplica la fuerza empleada, y constituye un medio de traslación que se utiliza, precisamente, para el transporte de personas o cosas, nada resulta censurable en la subsunción legal establecida por el a quo.
Si además surge de la causa, que la bicicleta fue dejada por su dueña en la vía pública sujeta con candado a un poste, sin la protección directa de su dueña, ni la de terceros; es decir librada a la confianza pública; teniendo en cuenta como ya lo anticipé, que la bicicleta reviste la calidad de vehículo en los términos del art. 163, inc. 6° del C.P., y siendo que su fundamento radica en la necesidad impuesta a su propietario de dejarlo en determinadas situaciones que llevan consigo un riesgo, corresponde el rechazo del agravio analizado.
X) Que respecto al último agravio, y según la base fáctica fijada por el tribunal a quo, el hecho furtivo puesto en marcha por el encartado ha logrado alcanzar la etapa de consumación, desde que para que ella no opere el sujeto activo del desapoderamiento no debe contar con un real poder de disposición sobre los efectos sustraídos.
Las particulares circunstancias del caso permiten afirmar, sin duda alguna, señorío –aun por un breve lapso- del bien robado, en tanto –como bien sostuvo en la sentencia recurrida- los autores tuvieron poder de disposición que lo ejercieron durante varios minutos, en tanto fueron aprehendidos a varias cuadras del lugar del hecho. Por lo que se impone el rechazo del recurso en el tramo analizado.
XI) En razón de lo expuesto, el recurso planteado resulta improcedente, al no concurrir los supuestos establecidos en los artículos 448 y 449 del Código Procesal Penal, razón por la cual corresponde su rechazo, con costas (artículos 448, 449, 456, 464 inc. 3, 465, 530 y 531 del C.P.P.).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada el señor juez doctor Mancini dijo:
Que por idénticos fundamentos adhiero al voto del señor preopinante.
Que por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II de este Tribunal
RESUELVE
I) RECHAZAR, por improcedente, el recurso de casación interpuesto, con costas (artículos 448, 449, 456, 464 inc. 3, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal).
Regístrese, cúmplase con las correspondientes notificaciones y comunicaciones y oportunamente devuélvase a la instancia de origen.
FDO.: FERNANDO LUIS MARIA MANCINI – CARLOS ALBERTO MAHIQUES
Ante mí: Gonzalo Santillán Iturres

 
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