Instituto de Estudios Penales | Bahia Blanca |

En los casos de Homicidio agravado por el vínculo o alevoso, no se requiere la acreditación del motivo sino del dolo de matar.

E-mail Imprimir

El homicidio en estado de emoción violenta debe tener origen en una causa externa al autor con “entidad suficiente” para producir la emoción violenta.

Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, causa N° 12630  (Registro de Presidencia Nº 44098), caratulada “B., C. M. s/ recurso de casación”, rta. 4 de octubre 2011.

A C U E R D O
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, a los 4 días del mes de octubre de dos mil once, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces, doctores Ricardo Borinsky y Víctor Horacio Violini (artículo 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en la causa Nº 12630  (Registro de Presidencia Nº 44098), caratulada “B., C. M. s/ recurso de casación”, conforme al siguiente orden de votación: VIOLINI-BORINSKY.
A N T E C E D E N T E S
1) El Tribunal en lo Criminal Nº 4 de La Plata condenó a C. M. B. a prisión perpetua, accesorias legales y costas,  como autor responsable de dos hechos de homicidio calificado por el vínculo y alevosía, cometido con arma de fuego, en concurso real entre sí (artículos 12, 19, 29 inciso 3°, 40, 41, 41 bis, 55 y 80 incisos 1º y 2º del Código Penal). 
2) Contra dicho pronunciamiento, interpuso recurso de casación la Defensa Particular, denunciando arbitrariedad en la valoración de la prueba.
En apretada síntesis, denuncia diversas contradicciones en las que habría incurrido el “a quo”, rescata los relatos de los testigos que declararon en la etapa sumarial, y afirma que se interpretaron erróneamente las palabras del imputado.
Asimismo, explica los conceptos relativos al estado emocional y a los trastornos mentales transitorios, y agrega que no se realizó un peritaje de parte por no haberse contado con los medios económicos para ello.
En conclusión, solicita se case  la sentencia impugnada, se proceda a peritar la conducta del imputado y se revise en su totalidad la sentencia impugnada.
3) Radicadas las actuaciones en esta Sala con trámite común (fs. 75), las partes desistieron de informar oralmente, acudiendo a los respectivos memoriales sustitutivos.
A fs. 80, la Defensa particular mantuvo el recurso interpuesto.
Por su parte, a fs.81/82 el Fiscal Adjunto, solicitando su rechazo.
Por último, a fs. 87 la defensa acompañó los informes psicológicos elaborados por su parte.  
4) Encontrándose la Sala en condiciones de dictar sentencia definitiva, se plantean y votan las siguientes,
C U E S T I O N E S
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C I O N
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Violini dijo:
I.-
La defensa solicita, en el petitorio, se realicen pericias sobre el encartado, sin cita legal que apoye tal tesitura, y sin explicar la esencialidad y pertinencia del pedido, visto los requisitos impuestos por el artículo 457 del Código Procesal Penal para la excepcional procedencia de la producción de prueba en la instancia de casación.
No acreditado el cumplimiento de la exigencia legal, el pedido se torna improcedente (artículos 457 del rito).
Tampoco corresponde evaluar la documentación acompañada en carpeta separada por el defensor, pues ella se habría confeccionado por una persona que dice llamarse Aldo Raúl Becce, ser psicólogo, residente en Italia, donde además desempeñaría funciones de juez de Menores.
Vale decir, que la persona propuesta para suscribir un examen que se pretende utilizar como elemento de prueba es una persona de la que sólo se aporta un curriculum vitae donde no consta copia certificada de título habilitante en la materia, ni matrícula para el ejercicio (artículo 244 del Código Procesal Penal), no ha aceptado el cargo en legal forma (artículo 247 del rito) y además, ha realizado su dictamen sin tener contacto directo con el imputado, incurriendo de este modo en un vicio igual o peor que el que el recurrente reprocha a los peritos psiquiatras (haber entrevistado a B. en una sola oportunidad).
Es que el pretendido “informe psicológico” trasluce en realidad un cuestionamiento al modo como resolvió el tribunal (por ejemplo, a fs. 3), tarea por cierto a más propia de un abogado defensor que de un perito psicólogo. Ello de por sí determina la impertinencia del documento para ser considero como un “informe”.
Pero además, el mencionado Becce parte de la base de la absoluta veracidad del relato del encartado, soslayando dos puntos esenciales: el primero, que esa declaración debe ser sometida a juicio, a efectos de constatar su verdad o falsedad; y segundo, que los jueces apreciaron la declaración del imputado en forma personal, mientras que el pretendido perito sólo ha dictaminado a partir de lo extractado en la sentencia o de las notas cursadas por B., sin tomar contacto directo con el mismo, y en consecuencia, sin haber analizado el lenguaje corporal y gestual que acompaña su discurso, y que nunca puede ser subestimado en un examen de tipo psicológico, como bien debe saberlo el señor Becce. 
Por lo expuesto, concluyo entonces que la documental acompañada resulta inatendible, al no cumplir con los requisitos impuestos por la legislación de la provincia de Buenos Aires, y al derivar sus conclusiones de un modo incompatible con las exigencias de un dictamen pericial. En todo caso, el análisis de la causa por parte del señor Becce puede constituir un tema de interés en claustros académicos, pero en los términos en los que ha redactado su presentación, la misma no puede ser considerada ni una pericia ni un informe, máxime cuando ni siquiera se han indicado los métodos, científicamente comprobados, aplicados al presunto estudio del tema (artículos 210, 244, 247, 373, 457 del rito).
II.-
Se ha tenido por cierto y probado en autos que el 26 de mayo de 2009, siendo aproximadamente las 7, 30 horas, en la estancia “El Rosario”, sita en Ruta 36, km. 79 de Oliden, partido de La Plata, una persona de sexo masculino disparó una carabina marca Mahely, modelo M-11 del calibre 22, primero contra su madre, que se encontraba de espaldas, y luego contra su hermano, quien se encontraba en el corral, distante de la casa, y también desde atrás y a corta distancia, provocando la muerte de ambos.
III.-
El recurso parte de la denuncia de “contradicciones” en la argumentación de la sentencia que en realidad, no son tales, desde que el recurrente sólo opone un criterio distinto al sostenido por el tribunal, en el proceso de interpretación de la prueba, temperamento que no supone, por parte del “a quo”, la construcción de un silogismo inválido.
Sentado ello, adelanto al acuerdo que en mi opinión, la sentencia impugnada resiste la crítica.
 Es que en el curso del debate, se puso de manifiesto la falsedad de la versión del encartado, relativa a que en la propiedad se había cometido un robo (o intentado cometer), y a resultas de ello habrían resultado las muertes de la víctimas.
Así, el oficial Amaya relató que al constituirse en el lugar, verificó que la tranquera se encontraba cerrada con candado, y que no había en el lugar signos de violencia, dado que ni siquiera los cuerpos presentaban ataduras.
José Amondarain, por su parte, reprodujo el relato que le efectuara el encartado, esto es, que mientras transportaba un balde de leche desde el corral hasta la cocina, observó a dos hombres encañonando a su hermano, y luego, al mirar por una ventana, a otros dos, apuntando a su madre, por lo que escapó, dando aviso de lo que estaba ocurriendo. El testigo recordó que B. nunca preguntó por el estado de sus familiares, y que comprobó personalmente que desde la ventana a que aludiera el encartado no es posible visualizar el interior de la cocina, salvo que uno se aproximara mucho, en cuyo caso, necesariamente debió haber sido visto por los hipotéticos agresores.
A lo expuesto, el tribunal adunó los resultados de las respectivas autopsias, incorporadas por lectura, y las declaraciones de las profesionales médicas.
En lo particular, rescató los dichos de la doctora Tinto, quien afirmó que las víctimas fueron “sorprendidas en sus quehaceres” (fs. 24), y que a su juicio no advirtieron la presencia del agresor, que las sorprendió por la espalda, motivo por el cual ninguna de las dos presentaba signos de lucha o defensa, extremo que por cierto, no se compadece con la mecánica del hecho  relatada por el encartado.
Por este carril, la pericia balística determinó que las vainas servidas incautadas, como asimismo el proyectil extraído del cuerpo de Carlos B., presentaron signos de compatibilidad con la carabina secuestrada en autos, no siendo posible establecer similitudes con el extraído del cuerpo de Juana P. en virtud de la deformación que sufriera el mismo, de lo que cabe colegir que éstas fueron ultimadas con el arma que se encontraba en el domicilio.
Lo expuesto no deja lugar a dudas en punto a que las víctimas fueron ultimadas por una persona que, lejos del teórico ladrón, se encontraba dentro de la casa con autorización de aquellas, amén de que conocía bien el lugar.  Atento la hora de comisión del hecho, el indicio de mendacidad en que incurriera B., y la circunstancia de que no se ha alegado que otra persona se hallara en el lugar, forzoso es concluir que la autoría material del hecho corresponde al encartado.
Más aún, cuando el relato efectuado en debate, relativo al “infierno” que debió vivir, autoriza la conclusión.
Al respecto, también es necesario señalar al recurrente que el tipo penal en trato (homicidio calificado por el vínculo y por alevosía) no requiere la acreditación del motivo para matar, sino sólo la producción dolosa de la muerte.
O lo que es lo mismo, a diferencia de las figuras en las que el motivo de la muerte es una circunstancia típicamente relevante (como los cometidos por precio, o por odio racial o religioso), en casos como el presente, la ley sólo requiere la acreditación de la conducta homicida, no exigiendo la acreditación de las razones que llevaron a cometerla.
Por otro lado, y respondiendo a los agravios de la defensa en este punto, debo señalar que en definitiva, si al momento de declarar ante el tribunal, el imputado admitió haber mentido acerca del presunto robo y dijo haber escuchado el tiro que matara a su hermano y haberse visto portando el arma (fs. 30 vta y 31), desconociendo lo que sucediera con su madre, como dijera más arriba, ello implica una tácita confesión  sobre la autoría material de los hechos, que en consecuencia, y aunado a la prueba reseñada, torna abstractos los agravios referidos a la errónea valoración de los dichos de Amondarain, a la ausencia  de estudios o constataciones que determinan el tamaño de la ventana o las distancias dentro de la finca, o el peso que deberían tener las testimoniales prestadas durante la etapa preliminar, y con ello, el agravio contra la autoría material no progresa (artículos 120, 373, 448, 450, 451, 459 del Código Procesal Penal).
IV.-
El recurso argumenta alternativamente (extremo que le quita claridad expositiva) un supuesto de intensa emoción y de trastorno mental transitorio (ver fs. 46/47 y 49/50) que no termina de especificarse en el petitorio.
Pese a ello, y entendiendo que se persigue alternativamente o bien una mutación en la calificación, o bien una absolución, cabe efectuar algunas consideraciones respecto del tratamiento de la prueba dado en el recurso.
Éste hace especial hincapié en la declaración del testigo Amondarain, pero en mi opinión, su relato no puede ser atendido con la entidad que pretende el recurrente.
Es que Amondarain se limitó a señalar que la occisa “no habría aceptado” la identidad homosexual del imputado, como así también que conociéndolo, lo consideraba incapaz de esgrimir un arma.
Como puede apreciarse, el relato no trasunta eventos o circunstancias que el testigo haya “percibido” por sus sentidos, sino sólo una apreciación personal que éste se forjara del carácter de B. y de su círculo familiar; ello, en contra de lo sostenido por R., quien manifestó que su madre lo aceptaba plenamente, de Barone, quien expresó que el mismo encartado le manifestó que disparaba la escopeta por la noche para amedrentar a posibles intrusos, y en definitiva, del peritaje psicológico que obra a fs. 52/55 de esta causa, dando cuenta de los rasgos narcisistas, de posicionamiento básicamente omnipotente y de agresión encubierta que posee el acusado.
Observo también que el recurso alude, conforme los dichos de Cuello, a las personas que hostigaban al encartado, faltándole el respeto, más ninguna de ellas eran las actuales víctimas de autos, por lo que no resulta posible hacer una conexión entre aquel hostigamiento y los homicidios finalmente cometidos.
Por el contrario, el tribunal rescató los dichos de B., referidos a que su hermano lo acompaña al pueblo, en pleno conocimiento de que iba a reunirse con su pareja, y a la ocasión en que su madre lo sorprendió besándose con R., limitándose aquella a cerrar la puerta, aclarando que nunca echó a su pareja de su casa (fs. 5); ello,  como prueba de que la condición sexual del encartado era aceptada, o cuanto menos tolerada dentro de su círculo familiar.
Comparto con el “a quo” que las desavenencias parecían centrarse no tanto en la condición sexual del encartado, como en su comportamiento promiscuo, del que diera cuenta  Cuello, su anterior pareja.
Es por ello que al momento de resolver, el tribunal decidió -en tesis que comparto- que el alegado trastorno mental transitorio no resultaba creíble, si B. tiene recuerdos claros y precisos de los momentos anteriores y posteriores al hecho, armó una falsa hipótesis para explicar las muertes (a punto tal que brindó una descripción circunstanciada de los ficticios agresores), y tal trastorno mental aparece negado por la testigo Ana María Soto, quien escuchó al imputado manifestar que había sido el autor de los homicidios.
Ello da por tierra con esos aspectos lacunares controvertidos, que de todos modos no aparecen como creíbles, y que por cierto, tampoco menciona la pericia psicológica de fs. 52/55, por lo que el agravio en este punto no progresa (artículos 210 y 373 del ritual).
Pero además, en todo, caso, no acreditados los extremos que el imputado dice haber padecido (“un infierno”, en sus propias palabras), no es posible considerar que la ira se encuentra  justificada conforme las circunstancias del caso, a efectos de legitimar la procedencia de un homicidio emocional.
Es doctrina de este Tribunal que “El estado emocional típico de la figura del art. 81 inc. 1º del C. Penal debe tener origen en una causa externa al autor con entidad suficiente (el subrayado me pertenece) para producir emoción violenta, de modo que si bien la ira puede en ocasiones llevar a ese estado, no lo abastece la que proviene exclusivamente de la intemperancia del autor” (Sala II, causa Nº 3260, “M., M. A.”, del 6-4-02).
También se ha explicado que “La emoción no excusa por sí, sino a su vez tiene que ser ella misma excusada por algo distinto. Para buscar la excusa no debe partirse del estado emocional, sino llegarse a él, comenzando con el análisis de la situación objetiva (... y por ello) El súbito furor o el propósito de hacer expiar la afrenta, aún inmediatos al acto de provocación, no constituyen emoción violenta. El raptus irae no entra en dicho concepto” (Sala I, Causa Nº 12.284, “O., M.A.”, del 27-9-07).
A la luz de estos conceptos, y aún dejando de lado el peritaje psiquiátrico cuestionado por la defensa, surge del practicado por las peritos psicólogas Arcuschin y Badaloni que el imputado sólo efectúa una autocrítica superficial, no responsabilizándose ni implicándose con las coyunturas de su vida pasada; como se dijo, resulta ser una persona narcicista, con baja tolerancia a la frustración, señalando que los sentimientos experimentados eran la angustia, la frustración y el agobio, pues el acusado sentía que “tanto la madre como su hermano representaban una carga, ya que dependían de él, que era quien trabajaba” (fs. 54 y vta), amén de los problemas que habría generado su identidad sexual.
De lo expuesto derivo (contra lo sostenido en el recurso), que dicho dictamen no resulta necesariamente beneficioso para el imputado, dado que, en mi opinión, la entidad de dicho estado emocional no se encuentra acreditada, y no encuentro tampoco, atento la tolerancia que parecen haber esgrimido las víctimas, que en caso de que tal perturbación haya existido, pueda considerarse que las circunstancias del caso la tornaban excusable, visto que la cuestión de la identidad sexual aparece contaminada con problemas más mundanos y cotidianos, como los relativos a la distribución del trabajo.
En consecuencia, estimo que el agravio deviene insuficiente en este punto, y ello determina su decadencia (artículos 210, 373, 448 del rito).
V.-
Atento el carácter fijo de la pena de prisión perpetua, sólo he de agregar, a mero título de obiter dictum, que no resulta válido computar como  pauta agravante a la mendacidad en que incurriera el imputado.
Ello así, puesto que a contrario de lo sostenido en el veredicto, considero que no es correcta la afirmación relativa a que la Constitución ampara el derecho al silencio, pero no a mentir.
Es que si bien es posible computar como atenuante la confesión del encartado por la colaboración que supone con el proceso de averiguación de la verdad, no parecería ajustado a derecho que se evaluara en su contra la “mendacidad”, atento a que el imputado no está obligado a colaborar con la justicia, ni su declaración está sometida a juramento.
En otros términos; si el imputado no tiene la obligación jurídica de facilitar la tarea del Estado en la administración de justicia, y si su mendacidad no se encuentra sancionada ni jurídica ni administrativamente (a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con los testigos), entonces la valoración negativa que se hace de esa falta a la verdad tiene un carácter puramente moral.
Esta, por lo demás, ha sido la postura sostenida por este Tribunal que en reiteradas ocasiones ha explicado que “Cabe casar parcialmente el fallo en cuanto computa la mendacidad como agravante (...) puesto que esa actitud no agrega un ápice a la cuantía del injusto o de la culpabilidad. No es por mentiroso que se ha procesado  L., sino por la muerte de otra persona, y esa condición (...) no representa un dato que pueda merecer sanción penal” (Sala I, causa Nº 5365, “Ledesma, José Luis”, del 12-6-03); y que “Aun cuando la garantía de autoinculpación no hace referencia expresa en sus formulaciones normativas a la posibilidad de mentir cuando se declara, lo cierto es que castigar esa mentira con una agravación de la pena, fuerza de manera inaceptable los límites del derecho de toda persona de no ser obligada a declarar contra si misma (Sala III, causa Nº 10.118, “Villafañe, Augusto Emiliano, del 6-2-03).
Tampoco procede la escala del artículo 41 bis, prevista, como se encuentra, para penas divisibles, por lo que corresponde corregir la sentencia en este punto (artículo 462 del Código Procesal Penal).
VI.-
En función de lo que antecede, propongo rechazar, con costas, el recurso interpuesto, condenar a C. M. B. a prisión perpetua, accesorias legales y costas de primera instancia, como autor responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo y alevosía, y regular los honorarios profesionales del letrado de la defensa, doctor Carlos Nicolás Malpeli, por su actuación ante esta Sede, en una suma equivalente al veinte por ciento (20%) de los fijados en origen (artículos 18 de la Constitución Nacional; 12, 19, 29 inciso 3°, 55 y 80 incisos 1º y 2º del Código Penal; 210, 373, 448, 450, 451, 454 inciso 1º, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 530, 531 y 534 del Código Procesal Penal; 28 “in fine” del decreto 8904/77). 
Por lo expuesto, a esta primera cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Borinsky dijo:
Adhiero al voto del doctor Violini, por sus fundamentos y a esta primera cuestión también me pronuncio POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión planteada, el señor juez doctor Violini dijo:
Tal como ha quedado resuelta la cuestión precedente, corresponde rechazar, con costas, el recurso de casación interpuesto, condenar a C. M. B. a prisión perpetua, accesorias legales y costas de primera instancia, como autor responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo y alevosía, y regular los honorarios profesionales del letrado de la defensa, doctor Carlos Nicolás Malpeli, por su actuación ante esta Sede, en una suma equivalente el veinticinco por ciento (25%) de los fijados en origen (artículos 18 de la Constitución Nacional; 12, 19, 29 inciso 3°, 55 y 80 incisos 1º y 2º del Código Penal; 210, 373, 448, 450, 451, 454 inciso 1º, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 530, 531 y 534 del Código Procesal Penal; 28 “in fine” del decreto 8904/77).ASI LO VOTO.-
A la segunda cuestión planteada, el señor juez doctor Borinsky dijo:
Adhiero al voto del doctor Violini, por sus fundamentos. ASI LO VOTO.
Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo, dictando  la Sala la siguiente,
S E N T E N C I A
I) RECHAZAR, con costas el recurso interpuesto.
II) CONDENAR a C. M. B. a prisión perpetua, accesorias legales y costas de primera instancia, como autor responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo y alevosía
III) REGULAR los honorarios profesionales del letrado de la defensa, doctor Carlos Nicolás Malpeli, por su actuación ante esta Sede, en una suma equivalente el veinticinco por ciento (25%) de los fijados en origen.
Rigen los artículos 18 de la Constitución Nacional; 12, 19, 29 inciso 3°, 55 y 80 incisos 1º y 2º del Código Penal; 210, 373, 448, 450, 451, 454 inciso 1º, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 530, 531 y 534 del Código Procesal Penal; 28 “in fine” del decreto 8904/77.
Regístrese, notifíquese y remítase a origen.

Fdo: Ricardo Borinsky - Víctor Horacio Violini
Ante mí: Andrea K. Echenique

 

 

 

 

 


 
You are here: Home Derecho Penal Parte Especial Delitos Contra las Personas Jurisprudencia Provincial En los casos de Homicidio agravado por el vínculo o alevoso, no se requiere la acreditación del motivo sino del dolo de matar.

 Consultas

Las consultas pueden realizarse a info@iestudiospenales.com.ar. No se responderán cuestiones atinentes a accionares delictivos y procedimientos a seguir en su caso.   

Artículos de Doctrina.

El Instituto de Estudios Penales invita a estudiantes de derecho y abogados, a realizar trabajos personales propios de la temática penal o filosófico penal. Presione aquí para mas información.

 Facebook

El Instituto de estudios penales posee su cuenta en facebook, si desea hacer consultas por esta vía presione aquí.