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Habiendo entendido en casos de internación psiquiátrica dos organismos (debe evitarse el doble control jurisdiccional). Debe entender quien primero intervino.

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Causa Nro. 9350 del Registro de esta Sala, caratulada: “GONZÁLEZ, Cristian Fabián s/recur­so de casación”.

Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, rta. 18 de mayo 2009.

REGISTRO NRO.   11.799 .
AUTOS Y VISTOS:

/// la ciudad de Buenos Aires, a los   18                      días del mes de

mayo del año dos mil nueve, se reúne la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por el doctor  Augusto M. Diez Ojeda como Presidente y los doctores Gustavo M. Hornos y Mariano González Palazzo como Vocales, asistidos por el Secretario de Cámara doctor Matías S. Kallis, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 57/61 de la presente causa Nro. 9350 del Registro de esta Sala, caratulada: “GONZÁLEZ, Cristian Fabián s/recurso de casación”; de la que RESULTA:

            I. Que el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nro. 10 de esta Ciudad, en la causa Nro. 10.354/08 de su Registro, con fecha 7 de marzo de 2008, resolvió -en lo aquí pertinente- DECLARAR INIMPUTABLE a Cristian Fabián González, de acuerdo a lo previsto en el art. 34, inc. 1°, del C.P. (punto dispositivo I), SOBRESEERLO de acuerdo a lo previsto en el art. 336, inc. 5°, del C.P.P.N. (punto dispositivo II) e IMPONER como MEDIDA DE SEGURIDAD la internación del nombrado en la Unidad Nro. 20 del Servicio Penitenciario Federal, debiendo permanecer anotado a exclusiva disposición del Juzgado de Ejecución Penal que resulte desinsaculado (punto dispositivo III) - (copia obrante a fs. 29/30).

            II. Que el Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nro. 2 de esta Ciudad, en el legajo Nro. 102.243 del Registro de la Secretaría Única, ante un pedido de la señora Defensora Pública Oficial para que se delegue el control de la internación a la Justicia Civil, con fecha 5 de mayo de 2008, resolvió MANTENER la MEDIDA DE SEGURIDAD bajo la modalidad de internación oportunamente dispuesta (fs. 55/55 vta.).

            III. Que, contra dicha decisión, la señora Defensora Pública Oficial, doctora Virginia Sansone, interpuso recurso de casación a fs. 57/61, el que fue concedido a fs. 66/66 vta. y mantenido a fs. 70 por el señor Defensor Público Oficial ante esta Cámara, doctor Juan Carlos Sambuceti (h), sin la adhesión del señor Fiscal General ante esta instancia, doctor Juan Martín Romero Victorica.

            IV. Que la recurrente encauzó sus agravios en la vía casatoria prevista por el art. 456, inc. 2°, del C.P.P.N..

            Afirmó que la resolución impugnada resulta arbitraria, por cuanto el sentenciante a quo, mediante la sola remisión al concepto de peligrosidad -y sin otra argumentación- resolvió mantener una medida de seguridad que, en la práctica, se traduce en el padecimiento de una pena.

            Recordó en su escrito recursivo que, de las constancias que obran en autos, se desprende que González fue declarado incapaz en sede civil y que interviene en el control de esa declaración el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 8 de esta Ciudad.

            Refirió que, luego de dictada la interdicción por el juez civil, el declarado insano cometió un hecho por el que fue declarado inimputable, internado en la Unidad Nro. 20 del S.P.F. y que el contralor de dicha medida de seguridad fue delegada al Juez de Ejecución Penal. Aclaró, así, que el encartado pasó a ser controlado simultáneamente por dos jueces, uno en su aspecto físico (jurisdicción penal) y otro en su aspecto patrimonial (jurisdicción civil).

            Ante tal circunstancia de doble control, reclamó que se delegue el seguimiento del tratamiento a un sólo órgano y que tal cuestión debe resolverse de acuerdo al principio de intervención mínima, que indica que debe prescindirse de la intervención punitiva estatal, siempre que se pueda recurrir a medios menos lesivos. En este sentido, estimó que las medidas de política social propias del derecho civil resultan más adecuadas y favorables a la finalidad perseguida. Remarcó que si el fin de control sobre los enfermos mentales es curarlos, el derecho penal adquiere un carácter subsidiario, por el que tiene que ceder su lugar de control social y dejar espacio para que de ello se encarguen otras instancias estatales más adecuadas, que ya se encuentran actuando con anterioridad.

            En definitiva, solicitó que se delegue el seguimiento de la internación y su eventual cesación a la justicia civil.

            V. Que durante el término de oficina previsto por los arts. 465, primer párrafo y 466 del C.P.P.N., a fs. 72/72 vta., se presentó el señor Fiscal General ante esta Cámara, doctor Juan Martín Romero Victorica, quien solicitó que se rechace el recurso interpuesto.

            Consideró que la decisión adoptada por el señor Juez de Ejecución Penal se encuentra ajustada a derecho, por cuanto se funda en lo informado por el Cuerpo Médico Forense, que concluyó que González padece un Síndrome Esquizofrénico Descompensado, resultando peligroso para sí y/o para terceros. Atento tal circunstancia, entendió que resulta claramente aplicable lo dispuesto por el art. 34, inc. 1°, segundo párrafo, del C.P.

            VI. Que, en idéntica oportunidad procesal, a fs. 73/75 vta. se presentó el señor Defensor Público Oficial ante esta Cámara, doctor Juan Carlos Sambuceti (h.), quien solicitó se haga lugar al recurso incoado.

            En abono a su pretensión, señaló que mientras su asistido se encuentre bajo tratamiento no existe ese peligro “para sí y/o para terceros”, por lo que, a su entender, resulta arbitrario el fundamento para mantener una medida de seguridad bajo la modalidad de internación.

            Afirmó que las medidas de seguridad, a diferencia de las penas, en la medida en que se alejan del criterio de culpabilidad y se acercan al de peligrosidad, son fruto del pensamiento del derecho penal de autor. Asimismo, puso de relieve que, pese a todos los esfuerzos realizados por diferenciar a las medidas de seguridad de las penas, aquéllas, en cuanto implican una privación coactiva de la libertad, no pasan de ser una particular categoría de pena, incluso con menores garantías y límites, pues pueden extenderse indeterminadamente, hasta el resto de la vida del enfermo.

            Reconoció como cierto que este tipo de internación coactiva se encuentra previsto tanto el derecho civil como el derecho penal, para los supuestos en los que exista posibilidad de que la persona se dañe a sí misma o dañe a terceros. Sin embargo, remarcó que la normativa prevista por el ordenamiento civil es menos gravosa que la regulada en el derecho penal, por lo que solicitó se haga lugar a lo solicitado en el recurso deducido.

            VII. Que celebrada la audiencia prevista por el art. 468 del C.P.P.N., de lo que se dejó constancia en autos, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: Augusto M. Diez Ojeda, Mariano González Palazzo y Gustavo M. Hornos.

            Y CONSIDERANDO:

            El señor juez Augusto Diez Ojeda dijo:

            I. Inicialmente corresponde señalar que el recurso de casación interpuesto es formalmente admisible, toda vez que la sentencia recurrida resulta impugnable en esta instancia a la luz de lo previsto por el art. 491 del C.P.P.N., los planteos esgrimidos resultan encuadrables dentro del motivo previsto por el inciso 2° del art. 456 del C.P.P.N., y se cumplieron los recaudos formales de temporaneidad y de autofundamentación exigidos por el art. 463 del código ritual.

            II. Ingresando en el tratamiento de la cuestión, en primer lugar corresponde destacar que, a fs. 51/52 del presente incidente, luce glosada una copia de la declaración de incapacidad efectuada respecto de Cristian Fabián GONZÁLEZ, a tenor del art. 141 del Código Civil. Tal resolución, dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 8 de esta Ciudad, con fecha 11 de septiembre de 2007, al margen de implicar la incapacidad para ejercer los actos que en dicho código se enuncian, dispuso el nombramiento de Elsa FOGOLIN, madre del causante, como curadora definitiva.

            Con posterioridad, el 5 de marzo del corriente año, el nombrado GONZÁLEZ fue protagonista del hecho que originó las presentes actuaciones. Realizada la respectiva pericia médica (cfr. copia de fs. 28/28 vta.), el señor Juez de Instrucción interviniente resolvió declararlo inimputable, sobreseerlo y disponer -como medida de seguridad- su internación en la Unidad Nro. 20 del S.P.F. (cfr. copia de fs. 29/30).

            Atento lo transcripto, y por las razones que seguidamente expondré, considero que en el presente caso corresponde disponer el cese del control penal de la medida de seguridad dispuesta y dar la correspondiente intervención al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 8 de esta Ciudad, que ya había intervenido con anterioridad, para que se aboque al seguimiento del estado de salud de Cristian GONZÁLEZ.

            Al respecto, comenzaré por señalar que es cierto que la internación psiquiátrica como “medida de seguridad” ha sido la respuesta que nuestra actual legislación penal ha previsto para los supuestos de personas incapaces de dirigir sus acciones que, representando un peligro para sí o para terceros, han cometido un hecho que, en normales circunstancias, merecería un reproche penal.

            Ahora bien, no menos cierto es que la intervención estatal prevista en los arts. 34, inc. 1°, segundo párrafo del C.P. y 76 del C.P.P.N., principalmente radica en la necesidad de brindar un adecuado tratamiento médico a personas que, hasta el momento de la comisión del hecho imputado, carecían de todo tipo de tutela por parte del ordenamiento civil respecto de su particular situación deficitaria.

            Es por ello que no corresponde que un juez penal disponga su internación y mantenga el contralor de dicha medida de seguridad en el ámbito de la ejecución penal, cuando otro juez civil ya ha intervenido previamente en relación a su incapacidad.

            Sobre el presente tópico, con acertado criterio se ha sostenido que “[l]as llamadas medidas de seguridad para las personas incapaces de delito que protagonizan un conflicto criminalizado, particularmente cuando se trata de una internación manicomial, implican una privación de libertad por tiempo indeterminado, que no difiere de una pena más que en su carencia de límite máximo y, por ende, por la total desproporción con la magnitud de la lesión jurídica causada. Así lo entendían los códigos liberales del siglo pasado y, por ello no las establecían, o bien, cuando lo hacían era sólo para suplir lo que hoy, en cualquier caso de dolencia mental grave, debe corresponder al juez civil en función de disposiciones de derecho psiquiátrico. Habiendo en la actualidad disposiciones legales de derecho psiquiátrico, no es racional sostener que una persona, por el azar de haber puesto en funcionamiento las agencias del sistema penal, resulte sometida a esa  potestad con la posibilidad de sufrir una pena indeterminada, que incluso puede ser perpetua. La agresividad de un paciente mental no depende del azar de la intervención punitiva, sino de características de la enfermedad que debe valorar el juez civil en cada caso (...) Dado que la internación de pacientes agresivos se halla legalmente regulada, no se explica una regulación diferente para quienes son objeto del poder criminalizante” (ZAFFARONI, Eugenio Raúl, “Tratado de Derecho Penal, Parte General”, pag. 70, Editorial Ediar, Buenos Aires, 2003, el resaltado me pertenece).

            Así pues, existiendo en nuestro ordenamiento legal una doble regulación respecto de una misma situación de afección psiquiátrica, no resulta razonable que el mismo aspecto de un individuo se encuentre sometido a un doble control jurisdiccional. En tales casos, una interpretación armónica de las normas civiles y penales aplicables en la materia, conlleva la necesidad de evitar una superposición de competencias judiciales.

            Por ello, a lo que se aduna, la previa intervención de la Justicia Civil respecto de la incapacidad de Cristian GONZÁLEZ, estimo que, en el presente caso, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 8 resulta ser el juez competente para supervisar el adecuado tratamiento que estimare conveniente.

            III. Por las razones expuestas, propicio al acuerdo HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto, sin costas, APARTAR al Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nro. 2 de esta Ciudad para el contralor de la medida de seguridad impuesta, y REMITIR las presentes actuaciones al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 8 de esta Ciudad, a sus efectos, poniendo al nombrado a su exclusiva disposición.

            Así voto.-

            El señor juez Mariano González Palazzo dijo:

                    Que adhiere al voto que antecede.

            El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

            Por coincidir sustancialmente con las consideraciones efectuadas en el voto que antecede, adhiero a la solución allí propuesta.

            Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal

            RESUELVE:

            HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 57/61, por la señora Defensora Pública Oficial, doctora Virginia SANSONE, asistiendo a Cristian Fabián GONZÁLEZ, sin costas, APARTAR al Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nro. 2 de esta Ciudad para el contralor de la medida de seguridad impuesta, y REMITIR las presentes actuaciones al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 8 de esta Ciudad, a sus efectos, poniendo al nombrado a su exclusiva disposición (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).

            Regístrese, notifíquese y cúmplase con la remisión dispuesta, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío. 
 
AUGUSTO M. DIEZ OJEDA

MARIANO GONZÁLEZ PALAZZO 

GUSTAVO M.HORNOS                                                                                                                                                  

Ante mí:

MATÍAS SEBASTIÁN KALLIS

Secretario de Cámara


 
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