Derecho Penal

Se trata de dos hechos de violación cuando los dos participantes acceden carnalmente a la víctima y se apoyan mutuamente en el tramo activo ajeno.
Delitos Contra la Integridad Sexual - Jurisprudencia Provincial

Causa N° 34.821, caratulada: “D. R. Y J. G. T.s/recurso de casación”.

Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. rta. 24 de abril 2009.

En la ciudad de La Plata, a los 24 días del  mes de abril de dos mil nueve, reunidos lo  integrantes de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Jorge Hugo Celesia y Fernando Luis María Mancini (arts. 2,440 y ccdtes del C.P.P. y 6,16 ccdtes de la ley 11982), bajo la presidencia de primero de los nombrados, con el objeto de resolver en esta causa N° 34.821 y su acumulada 34.83 seguida a D. R. Y J. G. T., los recursos de casación interpuestos; practicado e sorteo correspondiente, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: CELESIA - MANCINI.

ANTECEDENTES

     El Tribunal lo Criminal 2 en de Departamento Judicial Mar del Plata resolvió en la causa N° 2171-1613, con fecha 13 de junio de 2008 condenar a J. G. T. a la pena de trece años de prisión, accesorias legales y costas y D. R. a la pena de trece años y cinco meses de prisión, accesorias legales y costas, por haber sido hallados coautores penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal gravado por la concurrencia de dos personas y por uso de arma -dos hechos-, en concurso real con robo calificado por el uso de arma.

     Contra dicho resolutorio interpuso recurso de casación el Defensor de D. R. a fs. 44/49 del legajo n° 34.821, mientras que el Defensor de J. G. T. presentó su queja a fs. 47/53 del expte. n° 34.833.

     Hallándose las causas en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió  plantear y votar la siguiente: 


C U E S T ION


     ¿Corresponda hacer lugar a los recursos de casación interpuestos?

     A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Celesia dijo:

     a.I) A fin de brindar una respuesta ordenada a los planteos defensistas, comenzaré por analizar los agravios el legajo 34.821 traídos en correspondiente al imputado R.

     Como primer motivo casatorio alegó el disconformado la errónea aplicación de los arts. 1, 359, 374 sexto párrafo, 375 inc. 1° del C.P.P., 18 de la C.N. y 15 de la C. Pcial.

     Cuestiona el recurrente que el tribunal, acogiendo la pretensión del fiscal, incorporara como  parte integrante del hecho la circunstancia de haberse utilizado un arma blanca, a pesar de no haber formado ella parte de la materialidad ilícita descripta en la requisitoria de citación a juicio, vulnerándose el principio de congruencia, el derecho de defensa en juicio y el debido proceso legal.

     Afirma que la interpretación que le dio el tribunal al art. 359del C.P.P. es errónea, habiendo incurrido en la contradicción de afirmar, por lado, que la fiscalía no ha alterado de manera sustancial la plataforma fáctica relativa a lo hechos de abuso sexual y, por otro, en cuanto a empleo de un arma blanca, que bastaba con que hubiere sido conocida por la defensa a pesar de n haberse descrito en la requisitoria.

     En cuanto a esta última circunstancia, afirma que el hecho de que el fiscal de instrucción no hubiere reparado en el empleo de un arma blanca y sí lo hiciera el fiscal de juicio no le otorga mayor trascendencia.

     En ese contexto, afirma que el art. 359 del C.P.P. sólo permite relevar aquellas circunstancias que surgieren en el curso del debate y no antes, sin que pueda considerarse al .momento de los alegatos como un momento oportuno para la producción de nueva prueba relativa a la novedosa circunstancia, pues la etapa de producción de la misma ya se encuentra a esta altura concluida.

     Concluye afirmando que corresponde casar el fallo y descartar la agravante prevista en el art. 119 cuarto párrafo inc. d en cuanto al uso de arma, disminuyéndose, en consecuencia, la pena impuesta a R.

     En la oportunidad del art. 458 del C.P.P. la Defensora Oficial ante este tribunal manifestó a fs. 57 su voluntad de desistir de la celebración de la audiencia de informes, a la vez que solicitó en el memorial acompañado a fs. 59/61 el acogimiento del recurso interpuesto por su par de la instancia, agregando un nuevo motivo de agravio, por vía de los arts. 203 y 434 C.P.P., relativo a la determinación de la pena.

     Por su parte, el Sr. Fiscal Adjunto de casación coincidió con la defensora en desistir de la celebración de la audiencia de informes, solicitando, además, el rechazo del recurso salvo e cuanto a la errónea aplicación del art. 45 del C.P., pues entiende erróneo que se haya atribuido a lo imputados los delitos contra la integridad sexual en calidad de coautores, en cuyo punto acompaña a la contraparte al proponer  que se los considere partícipes necesarios por la porción de los hechos donde no tuvieron una participación activa, pero haciendo la aclaración que no corresponde modificar consecuentemente la pena, toda vez que la norma citada determina que los partícipes necesarios sufrirán la misma conminación que el autor de hecho.

     El agravio no puede prosperar.

     Tal como surge del acta de debate (ver fs. 15 vta.), el fiscal de juicio recurrió a la herramienta procesal contenida en el art. 359 del C.P.P., partir de la cual se lo habilita a ampliar la materialidad ilícita llevada a juicio en los casos en que surgieran durante el debate hechos que integren el delito continuado atribuido, o circunstancias agravantes de calificación no contenidas en el requerimiento fiscal pero vinculadas al delito que las motiva.

  En el sub examen, el fiscal solicitó la ampliación de la base fáctica en virtud de haber surgido durante el debate, específicamente, a partir de la declaración de la víctima C., que durante el acceso carnal y el robo no solo fue intimidado con un arma de fuego sino también con un cuchillo.

     En primer lugar, cabe aclarar que el art. 359 el ritual al señalar sin limitaciones al "curso del debate" como el momento procesal en que puede adquirir virtualidad la ampliación de requisitoria, permite considerar tanto la etapa de producción de la prueba como la de su ponderación, toda vez que, no solo no media ninguna limitación legislativa para así interpretarlo, sino que resulta lógico, hasta y esperable, luego que de valoración de la prueba el agente fiscal concluya que los corrimiento hechos sufrieron algún corrimiento o modificación encuadrable en los supuestos de la norma en crisis.

     Por otro lado, desde una visión en perspectiva del proceso, la etapa de los alegatos se encuentra regulada en el art. 368 del C.P.P. conjuntamente con las demás disposiciones relativas a los actos de debate (sección segunda "Actos del debate", del capitulo II "Debate", del título I "procedimiento común", del libro III "Juicios"), lo cual permite afirmar, en armonía con los principios generales que regulan nuestro sistema de enjuiciamiento, que los alegatos no tiene otra oportunidad procesal para producirse más que “en el curso del debate” .

     Superada la critica referida al momento procesal oportuno para solicitar la ampliación de la requisitoria, corresponde analizar si el caso de autos encuadra en alguno de los supuestos del art. 359 del C.P.P.

No se trata, el sub examen, del supuesto en que el fiscal de instrucción pasa por alto una circunstancia que luego releva su par en el juicio, toda vez que, de la huérfana constatación por parte de los funcionarios policiales y de los testigos de actuación que participaron del procedimiento de registro en la habitación de uno de los encartados donde tuvo lugar el acceso carnal, de la existencia de un cuchillo sobre una de las camas, corroborada con la fotografía N°4 incorporada por lectura al debate, no resultaba factible deducir lógicamente que dicho adminículo había sido utilizado para intimidar a la víctima, lo cual recién cobró virtualidad con los dichos juramentados de la misma vertidos durante el debate, por lo tanto, hasta aquí puede afirmarse que se trata el hecho valorado por fiscal de una circunstancia novedosamente surgida en el debate.

      Cabe ahora preguntarse si la misma configura una agravante de calificación, en cuyo punto adelanto mi respuesta afirmativa.

      Si bien en el caso de autos la novedosa circunstancia, consistente en que los imputados intimidaron a la víctima con un cuchillo, presenta la particularidad de encuadrarse en las agravantes de los arts. 119 cuarto párrafo, inc. d) y 166 inc. 2° del C.P. ya contenidas en el requerimiento en virtud de la intimidación con un arma de fuego declarada por el damnificado, ello no obsta a la pretendida aplicación del art. 359 del ritual, toda vez que el hecho de que ambas circunstancia coincidan en las normas en las cuales se fundó el juicio de reproche, no permite soslayar que la surgida en el debate -empleo de un arma blanca- no era sino un acontecimiento histórico hasta es momento desconocido para los imputados, que vinculado al hecho central tiene la capacidad de atribuir responsabilidad con independencia de la y confrontada.

     Cuando el artículo 359 establece la posibilidad de ampliar el requerimiento en el caso de que surjan del debate circunstancias agravantes no contenidas en el requerimiento fiscal, no toma como parámetro decisivo la identidad o no con la calificación legal, sino que, por el contrario, teniendo siempre como norte la conservación de la congruencia en lo hechos, lo que considera relevante es la aparición de circunstancias fácticas vinculadas al hecho principal hasta ese momento no imputadas, es decir, lo que debe verificarse como no contenido en el requerimiento para la viabilidad de la ampliación no es ya la cita legal correspondiente a una determinada agravante, sino la descripción fáctica de la circunstancia real que la sustenta.

     Lo que interesa a la congruencia no tiene que ver con la calificación legal sino con el respeto a la identidad entre la materialidad ilícita por la que el imputado es llevado a juicio y la finalmente enrostrada en el fallo, a fin de garantizar la contradicción para el correcto ejercicio del derecho e defensa (art. 374 del C.P.P.).

     Así, luego de que el fiscal echara mano a la herramienta del art. 359 del C.P.P., ninguno de los defensores solicitó la producción de nuevas pruebas, ni a esta altura manifestaron cuales se habrían visto impedidos producir efectos ni de que perjudiciales ello le habría ocasionado.

     En esta línea, resulta contundente la precisión introducida por el Tribunal en la cuestión previa del veredicto (ver fs. 21 vta. del recurso), donde se dejó constancia que los magistrados expresamente le hicieron saber a los imputados el contenido de la circunstancia agravatoria en crisis, así como a las defensas técnicas, habiendo éstas manifestado no hacer uso del derecho que el art. 359 del C.P.P. le acuerda.

     Por todas estas razones, el agravio no merece tener favorable acogida.

      Arts. 359, 368 y 374 del C.P.P.

      II) Como segundo motivo de agravio alega el disconformado la errónea aplicación del art. 55 de C.P. al haberse considerado que los delitos d índole sexual concurren realmente entre sí.

     Afirma que la declaración de los imputados en cuanto reconocen que tuvieron relaciones sexuales con la víctima primero uno y después el otro, no permite tener por configurada la comisión de dos delitos en concurso real, sino tan solo uno.

     Con cita que de doctrina, sostiene que la participación activa de ambos imputados en el acceso carnal queda comprendida en la agravante fundada e la comisión por dos o más personas aplicada en el presente caso.

     Subsidiariamente, cuestiona que el tribunal le atribuyera a su asistido los dos delitos en calidad de autor, pues, a todo evento, en uno sí habría participado activamente, pero en el otro sólo en calidad de participe necesario al intimidar a la víctima con el cuchillo mientras su compañero la accedía carnalmente.

     Solicita, en definitiva que se case el fallo por los motivos expuestos y se disminuya la pena impuesta a R.

     El agravio merece ser parcialmente atendido.

     Tal en como tengo dicho en la causa n° 23.174/23.176 "Camirotte y otros s/recurso de  casación", "La figura del abuso sexual con acceso carnal constituye un delito de propia mano, desde que sólo puede tener acceso carnal y, por ende, realizar la acción típica, el individuo que penetra con su aparato genital en la vagina, en el ano o en la boca del sujeto pasivo", de tal manera, los hechos acreditados por el a quo, sin controversia en ese extremo por parte de la defensa, relativos a que ambos encausados accedieron carnalmente a la víctima C., amen de haber prestado una colaboración mutua durante el tramo activo ajeno intimidando nombrado con un cuchillo (ver fs. 34 vta. del recurso), permiten afirmar que se trató de dos hechos de violación independientes que concurren materialmente entre sí, tal como lo consideraron los jueces de mérito.

     La colaboración que mutuamente se prestaran durante la ejecución del hecho ajeno, consistente, reitero, en la intimidación armada, permite tener por configurada la agravante contenida en el art. 119, cuarto párrafo, inc. d) del C.P., en cuanto alude a la comisión por dos o más personas.

     Sin embargo, debo apartarme de la decisión adoptada por el Tribunal en cuanto atribuye a los imputados esta porción de los hechos en calidad de  coautores, toda vez que, por tratarse de un delito de mano propia el único que puede ser considerado autor es quien realiza el verbo típico, en el caso de autos quien accede carnalmente, convirtiéndose todo aquel que preste una colaboración en ese hecho ajeno en partícipe primario o secundario según la particularidades de cada acontecimiento.

     Así, coincido con el recurrente y con el Sr. Fiscal Adjunto de Casación en cuanto a que la atribución de responsabilidad a los imputados en calidad de coautores en los dos hechos contra integridad sexual, ha sido decidida en trasgresión a lo normado en el art. 45 del C.P.

     De tal manera, por el tramo de los acontecimientos históricos que se le reprocha a R. vinculado con la intimidación armada durante el acceso carnal cometido por T., debe responder en calidad de cómplice primario, sin que corresponda disminuir la pena, tal como lo señaló el fiscal ante esta instancia, en tanto el propio art. 45 del C.P. establece que a esta categoría de intervinientes les corresponde la pena establecida para el delito, que s igual a la de los autores.

     No fundándose la casación del fallo en este unto en motivos personales del imputado R. sino en una cuestión sustantiva que atañe a la calificación legal del hecho, corresponde hacer extensivo el efecto del acogimiento del agravio al coimputado T., conforme lo normado en el art. 430 del C.P.P., toda vez que, la actuación que tuvo en los hechos juzgados fue igual a la de R.

     En suma, propongo hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto a favor de R., en cuanto alega la errónea aplicación del art. 45 del C.P. en los delitos contra la integridad sexual, correspondiendo atribuir la responsabilidad del nombrado y de T., por vía del art. 430 del C.P.P. para este último, como autores y cómplices primarios, alternativamente, de los dos hechos contra la integridad sexual, calificados cada uno como abuso sexual agravado por haber sido cometido por dos personas y por el uso de arma, en concurso real (art. 119, párrafo tercero y cuarto inc. 'd' del C.P.). Sin costas en esta instancia.

     En cuanto al nuevo motivo de agravio introducido por la Defensora Oficial Adjunta de Casación, por el que se cuestiona el monto de pena impuesta a R., propongo su rechazo por extemporáneo en tanto ha sido interpuesto una vez vencido el término para recurrir establecido en el art. 451 del C.P.P., además de no permitir el contenido de la alegación, por no tener ninguna relación con los agravios traídos por su par de la instancia, la aplicación del art. 435 del C.P.P.. que permitiría ir más allá del motivo de agravio sin salirse del punto de la resolución al que éste se refiere, así como tampoco se encuentra habilitada la vía del art. 434 del mismo ordenamiento, por no advertirse en la póstuma alegación defensista concretamente dirigida a cuestionar la fijación de la pena por parte del tribunal en un monto inferior al solicitado por el Fiscal pero valorando menos agravantes que este último, ningún motivo de nulidad absoluta.

     b.I) Bajo el legajo que lleva el n° 34.833 el Defensor del imputado T. cuestionó la forma en que el tribunal valoró la prueba que lo llevó a condenar al nombrado.

     En primer lugar, controvierte que se le enrostrara el uso de un cuchillo cuando al momento de la aprehensión él no tenía ningún elemento punzo cortante en su poder.

     Sostiene que la acción voluntaria por parte de la víctima del acceso carnal de entregar el dinero, a pesar de haber visto a su padre y hermano durmiendo dentro de la casa y no pedirles ayuda, está cercana al consentimiento, lo cual convierte a la acción de los encausados en permitida, por lo que concluye que no sólo no existió abuso sino tampoco

robo.

      Cuestiona el valor que se le asignara a los dichos de la víctima C., específicamente en cuanto al modo en que se produjo el encuentro con el patrullero luego de producidos los hechos.

     Dice que en verdad todo fue inventado por C. al darse cuenta su padre del faltante de plata.

     En ese contexto señala una contradicción entre lo afirmado por la Dra. Sánchez, en cuanto señaló que la víctima tuvo otras relaciones contra natura de vieja data, conforme surge del acta de debate a fs.  236 vta. del principal (fs. 14 vta. del recurso), donde refirió haber observado sobre la región anal de la víctima borramiento de pliegues por viejas cicatrizaciones, y lo declarado por la víctima en cuanto a que jamás anteriormente fue accedido por otro/s hombres.

     Por ello, solicita se revoque la resolución puesta en crisis y se absuelva a su asistido.

     En esta instancia, la defensa desistió de la celebración de la audiencia de informes, mientras que el Sr. Fiscal propició el integro rechazado de este recurso por insuficiente.

     No le asiste razón al agraviado.

     Habiendo efectuado máximo el esfuerzo revisión posible en la tarea de fiscalización del fallo condenatorio, y sin magnificar la limitación de la falta de inmediación derivada de la oralidad, no advierto en el fallo defectos invalidantes.

     En primer lugar, el empleo de un arma blanca viene fehacientemente acreditada, como ya precisara al tratar el primer motivo de agravio interpuesto por el coimputado R., mediante las declaraciones de los policías y los testigos de actuación que participaron en el registro de la habitación de uno de los encartados, quienes manifestaron concordantemente haber visto un cuchillo sobre de las camas,  la placa fotográfica que lleva el n° 4 y los dichos de la víctima C.

     Frente a ese plexo cargoso, la mera referencia de que a T. no se le secuestró  ningún adminículo con esas características resulta insuficiente, tanto por la debilidad probatoria que la misma apareja como por la evidente contradicción con las restantes probanzas, en cuanto de ellas se deriva que el cuchillo quedó en el lugar del hecho, por lo que dificilmente podría habérselo incautado al nombrado.

     No resulta absurda la conclusión sentencial en virtud de la cual se afirmó  que la relación entre los sujetos activos y la víctima no fue consentida, pues para ello se tuvieron en cuenta, además de las lesiones constatadas en el ano, las más de catorce infligidas en su cara, cabeza, cuello, extremidades y tórax, las que desde todo punto de vista resultan incompatibles con una situación de aquiescencia.

     El tribunal le asignó a la declaración de la víctima C. un valor fundamental al descartar su complacencia con los actos que padeció, por cuanto les pareció coherente y creíble a la hora de relatar el modo en que fue sometida, el temor a ser lesionada con el arma con que estaba siendo apuntada cuando se cruzaron con el patrullero, guardando entonces silencio, así como el miedo a que acometieran contra sus familiares cuando lo sus obligaron a entrar a su domicilio para que les entregara más dinero y, por ende, decidió y, por no advertir a ninguno de los ocupantes.

     Para ello valoró no sólo la forma en sucedieron los hechos, el agotamiento de la víctima por las lesiones sufridas, el temor a ser "hincada” con el cuchillo y a que su familia resultara afectada, sino también las características socio ambientales del declarante y sus particularidades psicológicas, tales como sus fallas de percepción y pobreza extrema de expresión en el lenguaje compatibles con un grado de madurez mental inferior al cronológico.

      Adunó  a ello el a quo que no encontró en el testigo una elaboración intelectual dirigida a distorsionar la realidad sea para obtener un beneficio de cualquier naturaleza o para satisfacer deseos morbosos, máxime, habiendo mantenido incólume su declaración durante los tres años que transcurrieron entre la denuncia y la audiencia de debate.

      Cerrando el cuadro cargoso, el tribunal valoró al tratar la segunda cuestión las declaraciones de los imputados, calificando de “notables” las incoherencias puestas de manifiesto por los mismos al contestar con evasivas, contradicciones y versiones poco creíbles a preguntas aclaratorias que se les formularon.  

     El grado de convicción que cada testigo provoca en los jueces de mérito configura una cuestión subjetiva perteneciente a la esfera reservada por la ley para los Magistrados del juicio quienes por su inmediación frente a los órganos de prueba, son los encargados de establecer el mayor o menor valor de las declaraciones testificales.

     No es posible por la vía casatoria invalidar las impresiones personales producidas en el ánimo del juzgador al observar la declaración de los testigos y que, en definitiva, se prefieran unas en desmedro de otras, salvo que se demuestre su contradicción con las reglas de la lógica, el sentido común, el conocimiento científico o aquellas que rigen el entendimiento humano, lo cual no se ha demostrado en el sub lite.

     Por otra parte, el argumento fundado en que la víctima había sido accedida vía ya anal con anterioridad no tiene ningún apoyo formal en las

constancias de la causa, toda vez que, la reedición de alegación formulada una el debate que descansaba, presuntamente, en los dichos en la audiencia por la Dra. Sánchez, quien la víctima, resulta absolutamente insuficiente, no sólo porque de la declaración de la nombrada profesional no se dejó constancia alguna en el debate (ver fs. 6 del recurso) ni ninguna referencia sobre el punto surge del fallo, sino porque, aún cuando se hubiera acreditado que el imputado hubiera tenido lesiones anales anteriores a los hechos de la causa, ello no permitiría afirmar sin margen de duda que fueron producto de un acceso carnal, ni mucho menos, deducir el consentimiento al que alude el recurrente.

      Por el contrario, surge de la segunda cuestión del fallo que la perito afirmó en el debate que “desde su vasta experiencia en el gabinete de delitos sexuales de la policía, el cuadro examinado resulta compatible con un delito sexual, haciendo para ello una evaluación general, tanto de la violencia ejercida sobre la zona específicamente sexual, como respecto a la golpiza y el estado de excitación que presentaba la persona por ella examinada" (ver fs. 30 vta. del recurso), de manera que los datos aportados por la Dra. Sánchez, antes que resultar favorables a los imputados, sellan con contundencia el cuadro lógico que permite afirmar la falta de consentimiento.

      Por los motivos expuestos, demostrativos de la existencia de certeza en cuanto a la comisión de los hechos tal como vienen probados en el fallo, propicio el íntegro rechazo del recurso, con costas.

      Arts. 210, 373, 448, 530 Y ccdtes. del C.P.P.

      A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Mancini dijo:

     Adhiero por sus fundamentos al voto del Sr. Juez Dr. Celesia.

     Así  lo voto.

     Vista la forma como ha quedado resuelta la cuestión votada el acuerdo que antecede, corresponde que este Tribunal dicte la siguiente

SENTENCIA

     I- HACER PARCIALMENTE LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto a favor del imputado D. R. en el legajo n° 34.821, contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Mar del Plata, 2171-1613, con fecha 13 de junio de 2008, por la que se condenó a J. G. T. a la pena de años de prisión, accesorias legales y costas y D. R. a la pena de trece años y cinco meses de prisión, accesorias legales y costas, en cuanto fueron hallados coautores penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la concurrencia de dos personas y por el uso de arma -dos hechos-, en concurso real con robo calificado por el uso de arma.

     II- CASAR el fallo por haber sido erróneamente aplicado el art. 45 del C.P. en relación al art. 119, tercero y cuarto párrafo inc. “d" del C.P., correspondiendo atribuir la responsabilidad de los imputados R. y T., por vía del art. 430 del C.P.P. para este último, como autores y cómplices primarios, alternativamente, de los dos hechos contra la integridad sexual, calificados cada uno como abuso sexual agravados por haber sido cometido por dos personas y por el uso de arma (art. 119, párrafo tercero y cuarto inc. 'd' del C.P.), en concurso real entre si, sin que corresponda disminuir la pena, toda vez que la conminación penal establecida para los partícipes necesarios es igual a la de los autores (art. 45 del C. P. ). Sin costas en esta instancia para el imputado R.

     III- RECHAZAR el recurso de casación recurso interpuesto a favor del impuesto T. en el legajo n° 34.833 contra el fallo referenciado en el punto I, por los motivos expuestos al tratar la cuestión planteada en esta resolución. Con costas en esta instancia.

     Arts. 45, 119 tercero y cuarto párrafo inc "d" y 166 inc. 2° del C.P., 210, 359, 368, 373, 374, 448, 530 y ccdtes. del C.P.P.

     Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.


FDO: JORGE HUGO CELESIA – FERNANDO LUIS MARÍA MANCINI

Ante mí: Gonzalo Rafael Santillán Iturres

 
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