Derecho Penal

No basta la mera designación para la defensa sino que precisa ser eficaz (irrelevancia de la suspensión en la matrícula).
Derecho Procesal Penal - Jurisprudencia Nacional

Causa Nº 8544, caratulada: “Valle, Angela Patricia s/recurso de casación”.

Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, rta. 3 de julio 2008.

Reg. Nº 12.233
//la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 3   días del mes de julio de 2008, se reúne la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por el doctor Juan C. Rodríguez Basavilbaso como Presidente y los doctores Liliana E. Catucci y Raúl R. Madueño como Vocales, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto por  la Defensa Pública Oficial de Angela Patricia Valle, en esta causa N̊ 8544, caratulada: “Valle, Angela Patricia s/recurso de casación”, de cuyas constancias RESULTA:
  1̊) Que el Tribunal Oral en lo Criminal n̊ 27 de esta ciudad condenó a Angela Patricia Valle, por resultar autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en concurso ideal con falsificación de documento privado, reiterado en cuatro oportunidades, a la pena de dos años de prisión, cuyo cumplimiento se dejó en suspenso, y al pago de las costas (arts. 5, 26, 29, inc. 3̊, 45, 54, 55, 173, inc. 7̊ y 292 del C.P., arts. 403, 530 y 531 del C.P.P.N.).
  Impuso a la nombrada, como reglas de conducta, fijar domicilio y someterse al cuidado del Patronato de Liberados que corresponda por el término de dos años (art. 27 bis, inciso 1̊ del C.P.).
  Contra dicha sentencia interpuso recurso de casación el defensor público oficial de la nombrada Valle; concedido, fue mantenido en esta instancia (fs. 351/363 vta., 366/378 vta., 379/380 vta. y 388).
 
  2̊) Que el asistente técnico provisto por el estado encauzó su protesta en los incisos 1̊ y 2̊ del art. 456 del código de rito. Expuso los siguientes agravios:
  a) Nulidad de todo lo actuado desde la indagatoria de Patricia Valle por haber sido asistida por el Dr. Alejandro Juan Valle que se encontraba suspendido en la matrícula desde el año 1993, por falta de pago, lo que afectó el debido proceso y la defensa en juicio de la nombrada (art. 18 de la C.N.y arts. 167, inc. 3̊, 168, párrafo 2̊, 172 y 104 del C.P.P.N. y 18 de la Constitución Nacional.
 
  Señaló que al prestar declaración indagatoria Valle aportó los datos de los testigos París y Rodríguez (fs. 111/4), útiles para demostrar la modalidad de trabajo que existía en esa administración de consorcios, medida no propuesta por la defensa durante la instrucción (art. 199 del cod. cit.), ni tampoco en la etapa del art. 354 del mismo cuerpo legal. Agregó el recurrente estatal que el juez de primera instancia no investigó los hechos y circunstancias pertinentes referidas por la imputada (art. 304 del C.P.P.N.), indicando que el defensor particular no propuso esa diligencia durante la instrucción (art. 199 de ese cuerpo legal), ni tampoco en la etapa que prevé el art. 354 del mismo ordenamiento ritual y cuando la ofreció -el defensor público oficial- le fue rechazada por extemporánea. Eran pruebas -dijo- que de haberse materializado hubiera cambiado el resultado del proceso, defecto que lo vicia de nulidad absoluta y que pueden y deben ser declaradas cualquier momento del proceso e inclusive de oficio (art. 167, inc. 3̊, 168, párrafo, 2̊ del C.P.P.N.).
  b) Prescripción de la acción penal pues  “...transcurrió con exceso el máximo del tiempo con el que está conminada la imputación formulada”, en función de lo cual  solicitó la  absolución de la acusada por los presuntos delitos que fueron materia de imputación (arts. 59, 62 y 67 del C.P.) -fs. 369 vta.-).
  c) Nulidad del rechazo, por extemporánea, de la convocatoria de los testigos Néstor Rodríguez y Graciela Pais, quienes podrían declarar sobre el ámbito laboral en que se desempeñaba la causante, y la modalidad de trabajo en la administración. Rodríguez, a su vez, podría haber dicho si había tenido un conflicto laboral, similar al de la imputada, y que ocasionó su desvinculación con la empresa. Testigos vitales, pues dejaron de estar en relación de dependencia con la mencionada administración, y pueden declarar con libertad sobre lo que ocurrió realmente (fs. 369 vta./370).
  Dado que el resultado de la medida denegada podría haber cambiado el resultado final del proceso, se encuentran afectados directamente el principio de favor rei, el de defensa en juicio y el debido proceso.
  d) Arbitraria valoración de la prueba, asentada en que Valle negó haber realizado la maniobra defraudatoria que se le atribuyó, al explicar que las firmas correspondientes a los mencionados endosos de los cartulares fue realizada con autorización de su empleador, y con el fin de efectivizar el pago de la parte del sueldo que se le abonaba “en negro”.
  Por otra parte, agregó el defensor impugnante que los dichos de Gasso y Caldirola no alcanzaron para sostener la imputación a Valle. Tampoco pueden tener cabida los de sus ex-compañeros de trabajo, actuales empleados de la mencionada sociedad, por su interés en permanecer en ese lugar. Además, todos se encontraban condicionados por lo expuesto en la instrucción y, en particular, el empleador por los problemas laborales y civiles que le ocasionaría el pronunciarse en sentido similar a la justiciable. Reiteró la falencia de haber producido las declaraciones de los ex empleados de la  administración antes mencionados, propuestos por la defensa pública oficial ante el tribunal oral.
 
  Finalmente, el recurrente adujo que en el fallo se efectuó un análisis parcial y fragmentario de la versión de su defendida, omitiendo considerar prueba conducente para la co-rrecta solución del caso, por lo que carece de la debida fundamentación (conf. en razón de brevedad, fs. 370/375 vta.).
  e) Afectación del principio de in dubio pro reo, ante la falta de certeza respecto de la intervención de la nombrada Valle en los hechos, no obstante lo cual se la condenó. Dijo que la libre convicción debe asentarse en datos exteriores de los cuales se extraiga una conclusión de certeza que resista el contralor sobre la logicidad del razonamiento y que no se contradiga con los postulados normativamente impuestos en orden al cargo de la prueba (ver fs. 376 vta./378).
 
  f) Atipicidad de la conducta de Valle, por haber obrado de acuerdo a las directivas de su empleador, por lo que no existió el perjuicio requerido como elemento constitutivo de la figura de la administración infiel. Análoga es la situación en torno de la supuesta falsedad documental, pues si el endoso se materializó con conocimiento y en cumplimiento de directivas dadas por el empleador, que contemporáneamente extendía otro cheque para el proveedor, no podía existir perjuicio alguno. En consecuencia, el accionar de la imputada resulta atípico por carecer de los elementos objetivos y subjetivos que requieren los arts. 173, inc. 7̊ y 292 del C.P..
  g) Arbitrariedad en la mensuración del monto de la pena, por falta de proporcionalidad con otros delitos por no haberse tenido en cuenta que desde la fecha de los hechos Valle no tuvo ningún tipo de problema judicial o policial, que el perjuicio apenas ascendía a $ 4.500, por su condición de madre sostén del hogar, circunstancias todas que como atenuantes debieron haber incidido en la imposición de una pena condicional. Todo lo cual tornaba razonable una sanción cercana al mínimo legal previsto para las figuras penales que se le endilgaron.
  Finalizó solicitando que en el caso hipotético de que no se haga lugar a los agravios expuestos se reduzca la pena a su mínima expresión y se mantenga su imposición en suspenso.
 
  3̊) Que, durante el término de oficina, el Fiscal General ante este Tribunal, a cargo de la Fiscalía n̊ 1, consideró que en el caso se lesionó el derecho de defensa en juicio de Valle, por todo lo expuesto por el recurrente, debiendo anularse la sentencia recurrida, lo que torna abstractos los restantes agravios (fs. 390/391 vta.).
  A su turno la defensora Pública Oficial ante este Tribunal coincidió con su colega de la anterior instancia en los agravios expresados.
  4̊) Que, superado el trámite previsto por el art. 468 del C.P.P.N., tras deliberar (art. 469 del mismo texto legal¬) y sometido el recurso a consideración del Tribunal, se plantearon y votaron las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Fue realmente ejercida la defensa en juicio? SEGUNDA: ¿Hubo inobservancia de normas procesales sancionadas bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad en la sentencia? TERCERA: ¿Se encuentra vigente la acción penal? CUARTA: ¿Qué pronunciamiento corres-ponde dictar?
  PRIMERA CUESTIÓN:
  La doctora Liliana E. Catucci dijo:
  Respecto de la declaración indagatoria de Valle prestada a fs. 111/114 vta.
  En ese acto procesal el defensor particular de Patricia Valle aceptó el cargo en legal forma prestando juramento de desempeñarlo bien y fielmente, exhibió la credencial del Colegio Público de Abogados donde constaba que estaba inscripto en el Tomo 33, Folio 682, y constituyó domicilio en Perú 1549, Dpto., “C” de esta ciudad.
 
  En dicha oportunidad la encausada Valle, como primer acto de defensa, dijo que se negaba a renunciar a su trabajo, pues tenía la certeza de que nada malo había hecho y, que esa clase de episodios ya lo habían soportado los ex-empleados Graciela Paéz o País y Néstor Rodríguez, de quienes desconocía sus domicilios.
  El Secretario del Tribunal Oral en lo Criminal n̊ 27, a fs. 233 informó que el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires hizo saber que el Dr. Alejandro Valle, inscripto en el Tomo y Folio indicados, estaba  suspendido en la matrícula desde el 18 de junio de 1993, por falta de pago; y que las contribuciones adeudadas estaban en ejecución.
 
  Sobre este tema este Tribunal lleva dicho que: “Si el letrado en cuestión fue suspendido en la matrícula -mero trámite administrativo- por no haber abonado las cuotas pertinentes del colegio público de abogados, esa circunstancia resulta irrelevante para el normal ejercicio de su ministerio por no tratarse de una sanción de exclusión” (esta Sala, in re: “Garros Calvo, Jorge s/recurso de queja”, causa n̊ 761, Reg. n̊ 935, rta. el 27 de febrero de 1996). Además, que: “La nulidad de la declaración indagatoria aparece declarada en el sólo beneficio de la ley, vale decir, sin que exista un fin práctico y real que la justifique, si fue dictada por la falta de pago, por parte del defensor de la imputada, de las cuotas inherentes al sistema de colegiación, extremo éste que por su naturaleza administrativa no gravita en modo alguno sobre su idoneidad profesional, traducida en la capacidad de transmitirle a su asistida -desde una perspectiva técnica- aquellos elementos que obraren en su favor o funcionaren en su detrimento (C.N.C.P., Sala II, in re: “Frasca, Karina Vanessa s/recurso de casación”, causa n̊ 5051, Reg. n̊ 6709, rta. el 2 de julio de 2004).
  Más allá de ese obstáculo administrativo la forma de ejercicio de su ministerio exhibe carencias que demuestran que no ha ejercido la defensa mínima de los derechos que le asistían a su cliente, y ponen  de manifiesto un estado de indefensión.
  En efecto, en coincidencia con lo señalado por el señor Fiscal General ante este Tribunal, se desprende de la lectura del expediente que la defensa particular de Patricia Valle omitió ofrecer oportunamente los testigos mencionados  por su defendida durante la declaración indagatoria, para apuntalar su postura exculpatoria (art. 199 del mismo cuerpo legal). Esas citas tampoco fueron evacuadas por el juez de instrucción (art. 304 del C.P.P.N.). Menos aun recurrió el auto de procesamiento de Patricia Valle (fs. 123/6 vta.), no dedujo excepciones, ni se opuso a la elevación de la causa a juicio requeridas por el fiscal (fs. 167/72) y la querella (ver fs. 175) -art. 349 del C.P.P.N.-; y, finalmente, no ofreció prueba en la etapa que prevé el art. 354 del C.P.P.N. (fs. 181 y ss.).
 
  Los vicios expuestos son señalados por destacada doctrina en relación a la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos, prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Garantía que no puede ser quebrantada ni por el legislador ni por el tribunal... En el proceso penal es una garantía que corresponde a todos los particulares que intervengan haciendo valer intereses jurídicos, más precisamente al imputado, al querellante y a las partes civiles, pero muestra mayores exigencias con respecto al primero.... Esto es así porque la defensa penal no puede evitarse ni impedirse: de ahí la irrenunciabilidad de la defensa técnica. Proveer de ella a quien no pueda o no quiera ejercitarla constituye un deber para los órganos del Estado: nombramiento del defensor oficial (C.S.J.N., Fallos 237:158).
  Son pues manifestaciones irrestrictas  de la defensa del imputado durante todo el desarrollo del proceso penal, hacer valer sus intereses materiales y las garantías formales.
  Es de recordar que la elección de defensor de confianza y la posibilidad de que se le nombre de oficio cuando se den las circunstancias para ello, se complementa con la imposición para el tribunal de nombrarle el defensor oficial para proveer a la defensa técnica cuando el imputado no pueda o no quiera elegir una de su confianza.
  Por otra parte también le compete ofrecer pruebas para confirmar su inocencia o acreditar circunstancias de menor responsabilidad; al menos durante el juicio, sólo es lícito limitar la prueba en el caso de impertinencia o de superabun-dancia; alegar para contradecir los fundamentos de las pretensiones dirigidas en su contra: discusión, informes, inte-rrogatorios a testigos y peritos, análisis y méritos.
  Intervenciones a través de las cuales se asegura el ejercicio de la defensa.
 
  Sin duda puede advertirse en la doctrina y en la ley  una clara evolución hacia la idea operativa de que el derecho de defensa debe garantizarse a través de la amplia participación del defensor. Esto es lo que se entiende como “defensa técnica” (Vázquez Rossi, La defensa penal), que aparece como imprescindible complemento e integración de la defensa material. La asistencia, asesoramiento, contralor y representación letradas se configuran como un requisito esencial del debido proceso y como el necesario contrapeso de la intervención de la fiscalía, lo que, como hemos visto, se consagra en las recientes Constituciones y aparece en el esquema de garantías de los instrumentos internacionales. En general los digestos otorgan facultades para el pleno ejercicio del ministerio de la defensa, permitiendo el conocimiento de las actuaciones, la libre comunicación entre el defensor y defendido, estableciendo la necesariedad de su intervención en determinados actos fundamentales, la proposición de diligencias probatorias y el control de las mismas, las alegaciones y el planteamiento de recursos (conf. Jorge Claría Olmedo, “Derecho Procesal Penal”, Tomo I, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2001, págs. 70/73).
 
  En esa obra se sostiene que: “Una vez  puesta en acto la persecución frente a un hecho considerado delictuoso, surge para el perseguido la posibilidad y necesidad de defenderse ante la autoridad del proceso. De aquí que la actividad defensiva se manifieste formalmente en el procedimiento penal y frente a la jurisdicción, como un contrapeso al empuje de la actividad persecutoria...la actividad de la defensa se integra con el conjunto de actos realizados a lo largo del procedimiento penal para neutralizar total o parcialmente la imputación en cuanto penalmente incriminadora o atributiva de responsabilidad civil. Corresponde a quien es imputado como partícipe del hecho... La ejercerán ellos personalmente, o sus colaboradores inmediatos: defensor, representante o mandatario”.
  “La actividad de la defensa se aplica tanto al contenido sustancial como al formal del proceso. La oposición puede dirigirse al fundamento de la pretensión punitiva y también al progreso de la acción, planteando cuestiones que obstan al pronunciamiento sobre el fondo, temporal o defi-nitivamente”.
  “El aspecto más importante de esta actividad en el proceso penal es el que se refiere a la defensa del imputado. Siempre se proyecta en forma permanente respecto de la persecución penal”.
  “En definitiva resulta indispensable una adecuada regulación de la actividad de la defensa para proveer eficientemente a la vigencia del contradictorio en el proceso penal” (conf., Jorge A. Clariá Olmedo, “Derecho Procesal Penal”, Tomo II, págs. 276/282).
 
  Por su parte Alejandro D. Carrió (“Garantías Constitucionales en el proceso penal”, Ed. Hammurabi, 1994, págs. 360/ 362), recordó que según ha manifestado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en algunas oportunidades, la garantía de la defensa en juicio requiere que ella sea observada algo más que formalmente. Con otras palabras, que no basta con que una persona cuente con asesoramiento legal; ese asesoramiento debe ser efectivo -en igual sentido en el Derecho americano contempla el “effective counsel”, entro otros, conf. “Gaders v. United Sattes, 425 US 80 (1976) y “Weatherford v. Bursey, 429 US 545 (1977)-.
  Destacó el mencionado autor que el Máximo Tribunal en el precedente “Rojas Molina” (Fallos, C.S.J.N., 189:34), rovocó la condena, argumentado que “...se han violado reglas esenciales del procedimiento; el acusado ha sido condenado sin ser oído, puesto que el defensor que se le designó no ha dicho una sola palabra en defensa del acusado... Toda la estructura del Código de Procedimientos demuestra la ‘necesidad de una defensa efectiva’”.
  En dicho precedente, el Alto Tribunal con remisión  a “Cipriano Vázquez” (Fallos, C.S.J.N., 155:347) afirmó que: “no es suficiente que se llene la fórmula de la defensa con un patrocinio (en ese caso) de oficio... si en ese caso se había confirmado la condena impuesta, ello se debió a negligencia del propio Vázquez quien, a diferencia de Rojas Molina, se encontraba en libertad durante la tramitación de la causa”. El requisito de efectiva defensa fue reafirmado en pronunciamientos posteriores del Alto Tribunal (in re: “Pintos”, Fallos, C.S.J.N., 279:27, en donde se remitió al dictamen del Procurador General; “Martínez”, Fallos, C.S.J.. 310:2080; “Magui Agüero”, Fallos, C.S.J.N. 311:2502; y, “G.M.”, ED, 146-209).
 
  A los fallos reseñados por la doctrina prece-dentemente citada, se puede agregar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación también lleva dicho que “El ejercicio de la defensa debe ser cierto, de modo tal que quien sufre un proceso penal ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal, al extremo de suplir su negligencia en la provisión de defensor asegurando, de este modo, la realidad sustancias de la defensa en juicio (C.S.J.N. N.19. XXXIX, in re: “Núñez, Ricardo Alberto s/sus recursos de queja, casación y extraordinario”, T. 327, pág. 5095, rta. el 16 de noviembre de 2004; R. 333. XXXVIII, “Rodríguez, Luis Guillermo s/recurso de queja”, T. 329, pág. 1794, rta. el 23 de mayo de 2006; A. 379. XXXVII, “Alcaraz, Oscar Antonio s/p.s.a. de robo calificado -causa n̊ 30/2000- T. 330, pág. 1016, rta. el 20 de marzo de 2007; G. 2138. XL, “Godoy, Eduardo Luis s/causa N̊ 37.016", rta. el 4 de diciembre de 2007; y, D.639. XLI, “Dominguez, Alcides Armando s/causa n̊ 525, rta. el 11 de diciembre de 2007.
 
  En oportunidad de intervenir en la Sala III de este Tribunal en la causa  “Almada, Angélica y otro s/recurso de casación”, (causa n̊ 2919, Reg. N̊ 275, rta. el 4/5/2001), se señaló que: “En clara violación al debido proceso legal, el tribunal oral ha llevado a cabo un juicio abiertamente irregular y ha decidido sancionar, tácitamente, la actuación del letrado particular y la del Defensor Oficial -al no haber(se) el primero... (presentado) nunca a sus estrados y al concurrir tardíamente la segunda a estar a derecho y a ofrecer prueba de descargo- en cabeza de los imputados y en evidente perjuicio de sus derechos de defensa. Todo ello ha provocado, un notorio estado de indefensión que afecta y colisiona directamente la garantía constitucional que emana del citado art. 18 de la C.N. cuando refiere que ‘...es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”. Adviértase, como vimos, que el sentenciante sustanció un juicio oral y arribó a una sentencia condenatoria teniendo exclusivamente como base fáctica la prueba ofrecida por la acusación... y le negó a la defensa, invocando cuestiones procesales y personales, la posibilidad de presentar siquiera una prueba de descargo que hiciera a su legítimo derecho. Durante esta etapa (Libro III del C.P.P.N.) deben extremarse los recaudos para que se respete, a través de la contradicción, el derecho de defensa de los imputados. Y el responsable de velar por esa garantía y también, por ende, por un juicio justo, es el órgano jurisdiccional encargado de llevar adelante el debate; es él quien tiene el poder y deber jurisdiccional de dirección y control del proceso y tiene que procurar que éste se desarrolle en paridad de condiciones respecto de quien ejerce la acción pública y de quien debe soportar la imputación”.
 
  Asimismo, esa Sala III, en otro precedente dijo que: “Los diversos derechos y garantías que rodean al imputado, concebido como esencial sujeto con capacidad de parte dentro del moderno proceso penal, pueden englobarse dentro de la genérica denominación de derecho de defensa. Para efectivizar el derecho de defensa del imputado, igualar las posiciones con el acusado y evitar pronunciamientos injustos de se prevé la intervención de un defensor de manera tal que, su (participación) en el proceso penal, se convierte en un presupuesto de su validez, este derecho no se materializa únicamente con la designación de un defensor sino que, antes bien, ella deberá ser eficaz. Así del estudio de las actuaciones (se) desprende un tratamiento ineficaz por parte de la asistencia letrada del imputado que lo ha dejado en situación de indefensión. Esta circunstancia resulta, insostenible en el marco de un Estado de Derecho y genera la nulidad del acto jurisdiccional dictado en violación del principio constitucional indicado (in re: “Munson, Gregory s/recurso de casación”, causa n̊3531, Reg. N̊ 538.05.3, rta. el  30/06/2005 y, sus citas).
  Es de recordar que desde la asunción del cargo el Defensor Publico Oficial ante el tribunal a quo, puso de manifiesto el estado de indefensión en que se encontraba Patricia Valle (fs. 237/8), como consecuencia de la evidente inactividad de su antecesor, y solicitó diversas medidas de pruebas. Con base en ello, durante el transcurso del debate y, una vez que Valle prestó declaración indagatoria, solicitó se llame a declarar a los testigos Rodríguez y Páez o País, pues resultarían de sumo interés para confirmar el descargo de la imputada. Pese a ello el tribunal oral lo rechazó por considerarlo extemporáneo (fs 349 vta./350). Dijo, el mencionado letrado provisto por el estado que ese rechazo resultó arbitrario, que se trataba de prueba esencial, y que los testigos solicitados podrían haber declarado sin ataduras, pues no mantenían un vínculo laboral con los denunciantes (conf. art. 388 del C.P.P.N.).
 
  De todo lo expuesto se desprende, que el hecho de que el defensor particular se encuentre suspendido en la matrícula, por falta de pago, no implica “per se” la afectación de la garantía de la defensa en juicio. Pero, sí se perjudicó ese ministerio con el estado de indefensión en que se puso a la justiciable Patricia Valle a lo largo de todo el proceso, con incidencia directa en los principios de defensa en juicio y debido proceso legal, amparados por nuestra Constitución Nacional (art. 18 C.N.).
  En virtud de ello y de acuerdo a lo establecido en el art. 167, inc. 3̊ y 168, segundo párrafo, del C.P.P.N., corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la declaración indagatoria de Patricia Valle (fs. 111/114 vta.).
  En definitiva, cabe dar respuesta afirmativa al presente interrogante sometido al acuerdo.
  El Dr. Raúl Madueño dijo:
  Que adhiero al voto que antecede y, emito el mio en igual sentido.
  El Dr. Juan C. Rodríguez Basavilbaso dijo:
  Angela Patricia Valle prestó declaración indagatoria a fs. 111, oportunidad en la que designó al doctor Alejandro Juan Valle, quien la acompañó al acto, como letrado de confianza. De allí en más, no se verifica actividad alguna de la defensa en todo el trámite instructorio, esto es, mientras duró su designación; ya ante el tribunal oral, la imputada requeriría la intervención de la defensa pública oficial.
 
  Sin dejar de señalar que la circunstancia de que el letrado hubiese estado suspendido en la matricula por falta de pago no constituye, per se, menoscabo alguno a su actuación (cfr. esta Sala, causa n̊ 761, “Garros Calvo, Jorge s/recurso de queja”, reg. n̊ 935, rta. el 27/2/96, de adecuada cita en el voto precedente), no comparto la idea de que la mentada pasividad del letrado durante la etapa preliminar haya perjudicado, en el caso, el derecho de defensa de Angela Patricia Valle. Así lo pienso porque aquella inactividad ha sido tempestivamente subsanada por la intervención de la defensa pública oficial en los estadios normativamente previstos para su ejercicio; véase la profusa prueba requerida -y favorablemente proveída- en la oportunidad prevista por el art. 354 del C.P.P.N., así como la asistencia técnica efectivamente cumplida antes y durante la celebración del debate.
  Cierto es que el plexo probatorio recabado a fs. 237/238 vta. no incluyó la convocatoria de los testigos Graciela Paez o País y Néstor Rodríguez mencionados por la imputada en el acto indagatorio, bien que los apellidos nunca fueron precisados y los domicilios jamás aportados. Esta omisión que reitera la que se observa en el trámite ante el juzgado de instrucción, no implica necesariamente un déficit en el ejercicio de la defensa en tanto no se trata, en principio, de testimonios dirimentes, con lo que no es imposible descartar que su no convocatoria haya obedecido a una estrategia de la defensa pública oficial que, como se ha dicho, obró diligentemente en su cometido.
 
  Es igualmente cierto que el segundo representante de la defensa pública oficial requirió durante el debate la citación de los testigos Rodríguez y País, cuyos datos filiatorios y domicilios eran ignorados; razonablemente, el tribunal entendió extemporáneo el pedido y señaló que no se trataba de prueba nueva y que se carecía de datos suficientes para su ubicación y citación. A todo evento, será ésta una decisión opinable pero, cualquiera sea su acierto o error, no puede aparejar la nulidad de todo lo actuado desde la declaración indagatoria prestada por Patricia Angela Valle, acto, por lo demás, que no exhibe defecto formal alguno.
 SEGUNDA CUESTIÓN:
 Los doctores Catucci, Madueño y Rodríguez Basavilbaso dijeron:
   Como consecuencia de lo decidido, por mayoría, en la anterior cuestión, deviene improcedente el estudio del resto de los agravios interpuestos por la defensa pública oficial en los puntos c), d), e), f), y g) del Considerano 2̊) de la presente.
 TERCERA CUESTIÓN:
 Los doctores Catucci, Madueño y Rodríguez Basavilbaso dijeron:
   De acuerdo a la forma en que quedó decidida la primer cuestión, corresponde a este Tribunal examinar si la acción penal aún se encuentra vigente.
 
   Ha de tenerse presente que se trata de una institución de orden público, que opera de pleno derecho por el sólo transcurso del plazo pertinente, legislada en el Código Penal, de tal suerte que debe ser declarada de oficio por cualquier tribunal, en cualquier estado de la causa, en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo, que corre y funciona en relación a cada delito aún cuando exista concurso de ellos (confr. C.S.J.N., Fallos: 312:1351, 322:717, 323:3699, 324: 3583, 327:4633).
  De otro plano, en doctrina se tiene dicho que en el caso de que el delito esté conminado con penas paralelas, se toma el plazo de la mayor, lo mismo que en el caso de penas conjuntas o accesorias. En el supuesto de concurso ideal, se toma el plazo de la pena mayor conminada (confr. Jorge de La Rúa, “Código Penal Argentino”, Parte General, 2a. Edición, 1997, pág. 1073/vta.).
  Ahora bien, teniendo en cuenta tales conceptos de la vista de las actuaciones se desprende que los hechos que se le imputaron a la encausada Valle encuadrarían “prima facie” en el delito de administración fraudulenta, en concurso ideal con falsificación de instrumento privado (cuatro oportunidades), pues tienen una escala penal máxima de seis años de prisión.
  Por otra parte, el primer llamado a prestar declaración indagatoria de Patricia Valle, que valga recordarlo mantiene vigencia, ocurrió el 20 de noviembre de 2000 (fs. 106), sin que se pueda constatar, de acuerdo a la nulidad absoluta decretada, hasta la fecha ninguna otra causal de interrupción de la prescripción,  conforme lo prevé el art. 67 del Código Penal.
  En virtud de ello y, de las pautas supra señaladas, se desprende que en el presente caso la acción penal se encuentra prescripta.
 
  En consecuencia, cabe dar respuesta afirmativa a este segundo interrogante sometido al acuerdo.
  CUARTA CUESTIÓN:
  En atención a lo decidido precedentemente, corres-ponde hacer lugar al recurso de casación, declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la declaración indagatoria de Patricia Valle (fs. 111/114 vta.); y, en su consecuencia, tener por operada la prescripción de la acción penal a su respecto y sobreseerla en la presente causa por el delito de defraudación por administración fraudulenta en concurso ideal con falsi-ficación de documento privado, reiterado en cuatro oportunidades conforme lo dispuesto en el artículo 54, 67, 173, inc. 7̊ y 292, primer párrafo, última parte, del Código Penal y el art. 336, inc. 1̊ del Código Procesal Penal de la Nación. Sin costas (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
  Por ello, y en mérito al acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE:
 
       Hacer lugar al recurso de ca-sación, declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la declaración indagatoria de Patricia Valle (fs. 111/114 vta.); y, en su consecuencia, tener por operada la prescripción de la acción penal a su respecto y sobreseerla en la presente causa por el delito de defraudación por administración fraudulenta en concurso ideal con falsificación de documento privado, reiterado en cuatro oportunidades conforme lo dispuesto en el artículo 54, 67, 173, inc. 7̊ y 292, primer párrafo, última parte, del Código Penal y el art. 336, inc. 1̊ del Código Procesal Penal de la Nación. Sin costas (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
  Regístrese, notifíquese en la audiencia a designar el día 11 de julio    de   2008 a las 1030   horas y devuélvase a su procedencia, sirviendo la presente de atenta nota de remisión.
Fdo.Juan C. Rodríguez Basavilbaso,  Liliana E. Catucci y Raúl R. Madueño. Ante mí: Javier E. Reyna de Allende. Secretario de Cámara.
 

 
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