Derecho Penal

    

       

 Sección a Cargo de Diego Iglesias   

          

Quien se encontraba huyendo de las fuerzas policiales, las que estaban obrando en legítimo ejercicio de sus funciones, no puede sostenerse que tuviera como única posibilidad de actuación la de apoderarse ilegítimamente de un bien.
Derecho Penal Parte General - Jurisprudencia Provincial

Imposibilidad de construir un estado de necesidad exculpante en el transcurso de una huída.

Causa n° Nº 30.571, caratulada “F., A. D. s/Recurso de casación interpuesto por agente fiscal”.

Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, rta. 13 de abril 2010.

En la ciudad de La Plata, a los 13 días del mes de abril de dos mil diez, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Alberto Mahiques y Jorge Hugo Celesia, con la presidencia del primero de los nombrados, para resolver en la presente causa Nº 30.571, caratulada “F., A. D. s/Recurso de casación interpuesto por agente fiscal”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: MAHIQUES – CELESIA.

      En cuanto interesa a los fines de este pronunciamiento, el tribunal en lo criminal Nº2 de Dolores dictó con fecha 3 de julio de 2007 veredicto absolutorio respecto de A. D. F., en orden al delito de robo agravado por ser de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa por el que fue acusado, cometido el 23 de enero de 2003.

      Contra dicha sentencia interpuso recurso de casación la señora agente fiscal a cargo de la fiscalía de juicio N°2 departamental, doctora Gabriela García Cuerva.

      Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió  plantear y votar la siguiente cuestión:

     ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

      A la cuestión planteada, el señor juez doctor Mahiques dijo:

     I) La recurrente alegó la errónea aplicación del artículo 34 inciso 2° última parte del Código Penal, cuestionando que el tribunal de grado haya considerado que la conducta que se tuvo por demostrada, llevada a cabo por el imputado F., estuvo amparada por la causal de inculpabilidad prevista en dicha norma.

     Sostuvo asimismo que para aplicar dicho precepto el sentenciante incurrió  en una vulneración de los artículos 210 y 373 del Código Procesal Penal, al valorar en forma absurda la prueba producida en el debate. Destacó al respecto que, tal como lo tuvo por probado el propio tribunal de juicio, F. estaba siendo perseguido por funcionarios policiales que trataban de aprehenderlo ya que circulaba con una pistola 9 mm. en sus manos.

     Indicó  también que la decisión impugnada resulta contraria a la doctrina jurisprudencial expuesta por esta Sala en el fallo dictado en la causa N°20.673.

     II) En la oportunidad prevista en el artículo 458 del Código Procesal Penal, la señora defensora oficial adjunta ante estos estrados, doctora Ana Julia Biasotti, desistió de la celebración de la audiencia oral de informes, y presentó memorial donde postuló el rechazo del recurso en trato.

     Igual temperamento con relación a la realización de dicha audiencia adoptó  el señor fiscal ante esta sede, doctor Carlos Arturo Altuve, quien también presentó memorial donde requirió la admisión de la impugnación.

     III) Habida cuenta la naturaleza y contenido de la queja traída a conocimiento de esta instancia casatoria, he de comenzar señalando que el tribunal de grado tuvo por demostrada la base fáctica objeto de juzgamiento, en los siguientes términos:

     “...el día 23 de enero de 2003, siendo aproximadamente las 17:00 hrs., un varón que llevaba un arma en sus manos y que era perseguido por personal policial por la calle Mendoza de la localidad de La Lucila del Mar, al doblar por calle Jujuy y recorrer unos treinta metros, con el objeto de eludir a aquél, saltó un paredón e ingresó a un predio ubicado a la altura del numeral 180 de la calle Neuquén, donde se encuentran emplazados varios dúplex.

     En ese preciso momento, el matrimonio conformado por Carlos Sergio Kapcitzky y Silvia Edith Molina se encontraba bajando del rodado marca Renault Megane chapa patente CRA-813 que habían dejado estacionado en la explanada existente frente al dúplex N°4 y se disponían a entrar a la vivienda.

     El sujeto se dirigió hacia ellos, logrando ingresar al inmueble a pesar de la resistencia que le opuso Kapcitzky. Una vez allí, simulando poseer un arma, obligó a la pareja a que le entregaran las llaves del vehículo.

     Con ellas se dirigió hasta donde se encontraba estacionado y pretendió  apoderarse ilegítimamente del mismo dándole arranque para alejarse del lugar, no pudiendo lograr su cometido, en razón de no haber sabido activar el mecanismo de ignición, por lo que fue sorprendido dentro el habitáculo por uno de los funcionarios que venía en su persecución”.

     Vale indicar que también se ha tenido por demostrado que el autor del suceso referido fue A. D. F.

     IV) El tribunal sentenciante fundó su decisión desincriminante en la aplicación al caso del artículo 34 inciso 2° última parte del ordenamiento sustantivo, entendiendo que la amenaza que en ese momento sufría el acusado de ser aprehendido, constituyó para él “un mal grave e inminente” que debía evitar, y que la forma que tuvo para lograrlo fue la de adoptar la conducta antes reseñada.

     V) Ahora bien, corresponde hacer lugar al reclamo de la parte acusadora, pues se verifica en el caso una errónea aplicación del artículo 34 inciso 2° última parte del Código Penal, en tanto contempla la hipótesis del estado de necesidad exculpante, también llamado disculpante.

     La no punibilidad de una conducta con sustento en el estado de necesidad exculpante, que se presenta en nuestro régimen legal cuando por causa de una amenaza de sufrir un mal grave e inminente el sujeto sacrifica o lesiona un bien jurídico de igual o mayor entidad al suyo propio amenazado, encuentra fundamento en la anulación del ámbito de autodeterminación de ese sujeto, lo cual impide exigirle una conducta distinta de la adoptada.

     Así, debe quedar bien en claro que sólo puede decidirse la impunidad de esa conducta cuando la situación precedente torna inexigible la posibilidad de adoptar un curso de acción distinto, por haber quedado eliminada la posibilidad del sujeto activo de decidir libremente. En ese supuesto, su actuación es inculpable. Toda otra reducción del ámbito de autodeterminación que no tenga tal entidad podrá ser valorada, por caso, al mensurar la pena, pero no elimina la culpabilidad del autor ni tiene entonces por efecto su impunidad.

     A la vista de los hechos que han sido establecidos en la presente causa, arriba reseñados, no se presenta en el caso una situación propia de ese estado de necesidad exculpante que conlleve, por las razones explicadas, la impunidad de la conducta desplegada por A. F.

     Es que no puede concluirse que el nombrado, quien se encontraba huyendo de las fuerzas policiales, las que estaban obrando en legítimo ejercicio de sus funciones, tuviera como única posibilidad de actuación la de apoderarse ilegítimamente del automóvil que era propiedad de las víctimas ejerciendo para ello una violencia moral típicamente relevante en los términos del delito de robo.

     Cabe anotar como dato particularmente importante que no surge, y ni siquiera ha sido alegado, que los funcionarios policiales hayan llevado a cabo alguna acción que importara para el encausado un peligro distinto de aquel dirigido contra su libertad personal, amenazando por caso su vida o su integridad física. Por lo demás, insisto sobre la legitimidad del accionar de los integrantes de la fuerza policial, quienes habían iniciado la persecución del encausado como consecuencia del aviso que les había dado Javier Triviño sobre la presencia de un sujeto –el propio F.- que se estaba desplazando por la vía pública llevando una pistola en su mano derecha. Así surge de los testimonios brindados por el mencionado Triviño, y por el agente policial Marcelo Saúl Amado.

     A ello debe aunarse que el acusado tenía el deber jurídico de afrontar el riesgo para su libertad personal derivado de la mencionada actuación policial, situación que en el caso también concurre para revelar que su actuación no merece ser exculpada en los términos del artículo 34 inciso 2° del ordenamiento sustantivo. Ello muestra a su vez el error conceptual en el que incurrió el órgano de juicio, cuando precisamente en dirección contraria a la señalada consideró que el encausado sufría en aquel momento –en alusión a la amenaza de perder su libertad para el caso de ser aprehendido por los agentes que lo perseguían- un mal grave e inminente que “debía evitar” (ver fs. 62, el resaltado me pertenece).

     Aún cuando en ciertos y excepcionales casos la autodeterminación de su conducta por parte del sujeto activo pueda quedar neutralizada pese a existir ese deber jurídico –no siendo esa la situación que se verifica en estos autos-, lo cierto es que su presencia es un dato de innegable trascendencia a los efectos de establecer si realmente existe o no una diversa posibilidad de actuación, y consecuentemente si la conducta desarrollada merece o no ser disculpada por haber sido desplegada de manera inculpable.

     Además, no puede caerse en la confusión de que la eventual impunidad de una mera huída de las fuerzas del orden conduzca a la no punibilidad de cualquiera de las conductas que sea desplegada en el transcurso de esa huída, en la medida en que esas conductas impliquen la comisión de diversos ilícitos. Con más razón ello será así, cuanto más grave sea el delito cometido en ocasión de esa huída.

     VI) En razón de lo expuesto, corresponde declarar procedente el recurso de casación interpuesto, sin costas en esta instancia, y casar la sentencia recurrida.

     Asimismo, a efectos de no privar de instancia a las partes y debido a la naturaleza de la decisión que dio origen al presente fallo, corresponde reenviar los autos a la Presidencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores, para que se designen los jueces hábiles que deberán dictar una nueva sentencia, ajustada a lo decidido en el presente pronunciamiento, y en la que se deberán decidir las cuestiones pertinentes a partir de la identificada como cuarta en el veredicto originario (artículos 34 inciso 2° última parte ‘a contrario’ del Código Penal; 448, 449, 456, 458, 459, 460, 461, 530, 531 y 532 del Código Procesal Penal).

     ASÍ  LO VOTO.

      A la cuestión planteada, el señor juez doctor Celesia dijo:

     Adhiero al voto del señor juez doctor Mahiques, en igual sentido y por sus mismos fundamentos.

     Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal de Casación Penal resuelve:

      I) DECLARAR PROCEDENTE, sin costas en esta instancia, el recurso de casación interpuesto por la señora agente fiscal a cargo de la fiscalía de juicio N°2 departamental, doctora Gabriela García Cuerva, contra la sentencia dictada por el tribunal en lo criminal Nº2 de Dolores con fecha 3 de julio de 2007, en cuanto se decidió dictar veredicto absolutorio respecto de A. D. F. en orden al delito de robo agravado por ser de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa por el que fue acusado, cometido el 23 de enero de 2003.

      II) CASAR el fallo recurrido, y REENVIAR los autos a la Presidencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores, para que se designen los jueces hábiles que deberán dictar una nueva sentencia, ajustada a lo decidido en el presente pronunciamiento, y en la que se deberán decidir las cuestiones pertinentes a partir de la identificada como cuarta en la sentencia originaria.

     Rigen los artículos 34 inciso 2° última parte ‘a contrario’ del Código Penal; 448, 449, 456, 458, 459, 460, 461, 530, 531 y 532 del Código Procesal Penal.

     Regístrese, notifíquese, y oportunamente devuélvase a la instancia de origen.

Fdo: Carlos Alberto Mahiques - Jorge Hugo Celesia

Ante mí: Gonzalo Santillan Iturres Iturres

 
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