Derecho Penal

    

       

 Sección a Cargo de Diego Iglesias   

          

La competencia en la estafa se determina por el lugar de la disposición patrimonial. Distinción entre la figura de estafa y del art. 302 C.P..
Delitos Contra la Propiedad - Jurisprudencia Nacional

Causa “M., A. H. y/o P., A. E. ".

Corte Suprema de Justicia de la Nación. rta. 30 de abril 1996.

M., A. H. y/o P., A. E.

DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIóN. - La presente contienda negativa de competencia finalmente trabada entre el Juzgado Criminal y Correccional Nº 1, del Departamento Judicial de Azul, con asiento en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 3, se inició con motivo de la denuncia formulada por L. E. C. contra A. H. M. y A. P.
 


La imputada habría adquirido en esta ciudad video juegos y accesorios y entregado en parte de pago un cheque contra el Banco Integrado Departamental Coop. Ltdo. -filial Tandil, que al ser presentado al cobro fue rechazado por no tener fondos acreditados en cuenta.
 


El magistrado a cargo del juzgado de instrucción provincial declinó su competencia en favor del fuero criminal de esta ciudad, al entender que el hecho encuadraría en el delito de estafa (art. 172 del cód. penal) que se habría consumado en la Capital Federal.
 


El señor Juez Nacional en lo Criminal de Instrucción, por su parte, rechazó ese criterio con base en que, a su modo de ver, el delito a investigar es el previsto en el art. 302 de cód. penal y, por ende, de competencia de la justicia en lo penal económico, a la que remitió las actuaciones (fs. 29).
 


El señor Juez a cargo del Juzgado en lo Penal Económico Nº 3, no aceptó la competencia atribuida (fs. 33), al entender que el hecho encuadraría en las previsiones del art. 302 del cód. penal, y declinó su competencia en favor de la justicia con jurisdicción en el domicilio de banco girado.
 


El magistrado provincial insistió en su incompetencia y elevó las actuaciones a la Corte (fs. 40).
 


Según mi parecer, del tenor de la denuncia advierto que la entrega de documento pudo constituir el ardid determinante de la estafa, por lo que resultaría de aplicación lo resuelto por V.E. en el sentido de que cuando la entrega de un cheque que resultó rechazado por cuenta cerrada, fue realizada en pago de una operación, al momento de hacerse efectiva y en la sede del damnificado, cabe concluir que ese hecho constituyó prima facie el ardid determinante del acto de disposición de la víctima y, en consecuencia, corresponde investigar el presunto delito de estafa al magistrado con jurisdicción en el lugar donde se entregó el valor (Comp. Nº 7, L.XXIV, in re: Bosco, Héctor Horacio s/defraudación del 4 de febrero de 1992).
 


Sobre la base de las consideraciones vertidas, estimo que debe continuar conociendo en esta causa el magistrado nacional. Buenos Aires, 29 de noviembre de 1995. - Angel Nicolás Agüero Iturbe.
 


Buenos Aires, abril 30 de 1996. - Autos y Vistos; Considerando: 1º Que la presente contienda de competencia se trabó entre el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 1 del Departamento Judicial de Azul, Provincia de Buenos Aires, y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 3 con motivo de la denuncia que había efectuado L. E. C. en la que dio cuenta de que, con motivo de una venta de mercaderías realizada en su comercio, recibió en pago un cheque que al ser presentado a su cobro fue rechazado por falta de fondos (fs. 3/3 vta.).
 


2º Que a fs. 26 el juez provincial remitió las actuaciones a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional por entender que el hecho denunciado encuadraba en la figura del art. 172 del cód. penal.
 


Por su parte, el magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 24 no compartió aquel criterio ya que, en su opinión, el hecho en examen se encontraba previsto en el art. 302 del cód. penal, lo que imposibilitaba su intervención, por lo que remitió las actuaciones a la Justicia en lo Penal Económico (fs. 29/29 vta.).
 


3º Que, por su parte, el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 3 rechazó el planteo y devolvió las actuaciones a la justicia local sobre la base de que el cartular motivo de la denuncia, había sido entregado en virtud de una deuda preexistente, por lo que correspondía intervenir al juez con jurisdicción en el domicilio del banco girado (fs. 33/33 vt.).
 


Con la insistencia del magistrado provincial a fs 40/40 vta., quedó formalmente trabada la contienda de competencia en los términos del art. 24, inc. 7º del decretoley 1285/58.
 


4º Que esta Corte ha establecido, al resolver un conflicto de competencia similar al presente, que en los supuestos en que la fecha del cheque -que era la contraprestación de la entrega de mercaderías resultaba posdatada, debía resolverse que la acción del imputado no debía ser encuadrada prima facie en el delito del art. 172 del código penal sino en el art. 302 de ese cuerpo de leyes y que, en consecuencia, no correspondía declarar competente al juez del lugar en que se había realizado la operación sino al magistrado con jurisdicción sobre el domicilio del banco girado (confr. sentencia dictada en la causa Competencia 106.XXVI. Berduc, Miguel Enrique su denuncia, del 15 de marzo de 1994 y su cita, entre otros).
 


5º Que del examen de las constancias de la causa, que se encuentran fotocopiadas en el presente incidente, surge únicamente que la compraventa de la mercadería habría ocurrido en el mes de agosto del año 1993. (confr. declaraciones del apoderado del denunciante, fs. 3/3 vta., y de este último, fs. 19/19vta.).
 


Tan escueta mención es claramente insuficiente a los fines de individualizar, conforme a la doctrina recordada en el considerando anterior, la figura penal prima facie aplicable y el magistrado competente en el caso.
 


En tales condiciones y de acuerdo con conocida jurisprudencia del Tribunal (confr. Competencia 13.XXXI Unión del Sudeste S.A. s/ley 23.771 y art. 302 del C.P., resuelta el 18 de julio de 1995), corresponde remitir las presentes actuaciones al juez que previno a fin de que éste en primer lugar, determine si el cheque entregado por la denunciada era o no posdatado.
 


Por ello, oído el señor Procurador General, se declara que deberá entender en la causa en la que se originó este incidente el Juzgado en lo Criminal y Correccional nº 1 del Departamento Judicial de Azul, Provincia de Buenos Aires al que se le remitirá. Hágase saber al Juzgado en lo Penal Económico nº 3. - Julio S. Nazareno. - Eduardo Moliné OConnor. - Carlos S. Fayt. - Augusto César Belluscio (en disidencia) - Enrique S. Petracchi. - Antonio Boggiano. - Guillermo A. F. López. - Gustavo A. Bossert. - Adolfo Roberto Vázquez (su voto).
 


VOTO DEL SEñOR MINISTRO DOCTOR DON ADOLFO ROBERTO VáZQUEZ. - Considerando: 1º Que la presente contienda de competencia se trabó entre el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 1 del Departamento Judicial de Azul, Provincia de Buenos Aires, y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 3 con motivo de la denuncia que había efectuado L. E. C. en la que dio cuenta de que, con motivo de una venta de mercaderías realizada en su comercio, recibió en pago un cheque que al ser presentado a su cobro fue rechazado por falta de fondos (fs. 3/3 vta.).
 


2º Que a fs. 26 el juez provincial remitió las actuaciones a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional por entender que el hecho denunciado encuadraba en la figura del art. 172 del cód. penal.
 


Por su parte, el magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 24 no compartió aquel criterio ya que, en su opinión, el hecho en examen se encontraba previsto en el art 302 del cód. penal, lo que imposibilitaba su intervención, por lo que remitió las actuaciones a la Justicia en lo Penal Económico (fs. 29/29 vta.).
 


3º Que, por su parte, el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 3 rechazó el planteo y devolvió las actuaciones a la justicia local sobre la base de que el cartular motivo de la denuncia, había sido entregado en virtud de una deuda preexistente, por lo que correspondía intervenir el juez con jurisdicción en el domicilio del banco girado (fs. 33/33 vta.).
 


Con la insistencia del magistrado provincial a fs. 40/40 vta., quedó formalmente trabada la contienda de competencia en los términos del art 24, inc. 7º del decretoley 1285/58.
 


4º Que de las constancias agregadas al presente no surge con claridad que se haya practicado en autos una investigación suficiente que permita individualizar los hechos sobre los que versa y encuadrarlos, prima facie, en alguna figura determinada por lo cual esta Corte se encuentra impedida de ejercer las facultades previstas por el art. 24, inc. 7º del decretoley 1285/58.
 


En tales condiciones y de acuerdo con reiterada jurisprudencia del Tribunal (confr. Competencia 13.XXXI. Unión del Sudeste S.A. s/ley 23.771 y art. 302 del cód. penal, resuelta el 18 de julio de 1995), corresponde remitir las presentes actuaciones al tribunal que previno.
 


Por ello, oído el señor Procurador General, se declara que deberá entender en la causa en la que se originó este incidente el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 1 del Departamento Judicial de Azul, Provincia de Buenos Aires, al que se le remitirá. Hágase saber al Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 3. - Adolfo Roberto Vázquez.
 


DISIDENCIA DEL SEñOR MINISTRO DOCTOR DON AUGUSTO CéSAR BELLUSCIO. - Considerando: Que por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador General, a los que cabe remitirse en razón de brevedad, se declara que deberá entender en la causa en la que se originó este incidente el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 3, al que se le remitirá, para que a su vez lo envíe al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 24, conforme con los términos del dictamen que antecede. Hágase saber al Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 1 del Departamento Judicial de Azul, Provincia de Buenos Aires. - Augusto César Belluscio.
 
 


   
 

 

 
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