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El homicidio calificado por la codicia (art. 80 inc. 4º del C.P.) se ciñe a que el fin delictuoso funcione como motivo determinante del resultado muerte, siendo suficiente la decisión de llevar a cabo el acto.

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Necesidad de existencia de ultrafinalidad.

Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal de la pcia. de Buenos Aires, causa Nº  13.781 (Registro de Presidencia nº 44.768), caratulada “O., A. J. s/ Recurso de Casación”, rta. 11 de octubre 2011.

En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, a los 11 días del mes de octubre de dos mil once, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces, doctores Victor Violini, y Daniel Carral (artículo 451 del C.P.P.) con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en la presente causa nº 13.781 (Registro de Presidencia nº 44.768), caratulada “O., A. J. s/ Recurso de Casación”, conforme el siguiente orden de votación CARRAL-VIOLINI.
    ANTECEDENTES
    Llegan estas actuaciones para conocimiento del Tribunal a raíz del recurso de casación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial contra la sentencia dictada con fecha 3 de septiembre de 2010, por el Tribunal en lo Criminal nº 6 del Departamento Judicial de Morón, a través de la cual se condenó a A. J. O. como autor responsable del delito de homicidio agravado por codicia, hecho cometido en perjuicio de F. R., a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso.   
    El impugnante embate a la sentencia a través de dos niveles de agravios; cuestiona –en primer término- la validez del pronunciamiento condenatorio dado que “…la génesis de las presentes actuaciones, deviene como consecuencia directo de los dichos de R. V.…”, sobre quien pesa prohibición de declarar de acuerdo a lo estipulado por el artículo 234 del C.P.P.. Y en segundo lugar, alega que la acusación parcial es nula, vicio que –desde su punto de vista- se traspoló a la sentencia, específicamente sostiene “…la descripción fáctica que no se condice con la calificación legal…”; además, en el mismo punto afirma que el Tribunal no acreditó la concurrencia de la agravante.
     Radicado el recurso en la Sala (fs. 79), se notificó a las partes (fs. 79/vta).
      A su turno, la Fiscalía propugna el rechazo del remedio casatorio intentado, en el entendimiento de que “…no existe acto procesal alguno que pueda reputarse nulo y que afecte la validez del proceso…”; en esta línea de ideas, destaca que no medió incorporación por lectura al debate de la declaración prestada por V. en el marco de la investigación, tampoco el nombrado fue citado como testigo, circunstancia por la cual ninguna consecuencia puede acarrear la nulidad reclamada por el impugnante.
      Agrega que, “…el hecho imputado originario al incuso y que describiera el señor Represente del Ministerio Público Fiscal en oportunidad de formular su alegato durante el debate guarda debida correlación con aquel que se tuviera por debidamente probado en la sentencia, pues el hecho en su propia esencia no ha sido modificado por lo que no existe menoscabo alguno al derecho de defensa del encausado…”.
     Por último, dictaminó que el encuadre legal del injusto en trato se encuentra acreditado. Al respecto, sostiene que, “…el fundamento de la agravante prevista en el cuarto inciso del artículo 80 del Código Penal en la mayor preversidad del agente que se revela en el bajo motivo de us obra, pues el móvil…”.
     Por su parte, la Sra. Defensora ante esta sede, manifestó mantener los motivos de agravio que articuló el recurrente. Y, agregó cuestiones atinentes al monto de pena impuesto y, planteó en subsidio “…para el caso de divisibilidad de la pena…” se trate como pauta atenuante la personalidad del acusado.
     Encontrándose la causa en condiciones de ser resuelta en forma definitiva se plantean y votan las siguientes
    CUESTIONES    
     Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
    Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
    VOTACION
    A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
     I. El Tribunal en lo Criminal nº 6 del Departamento Judicial de Morón, tuvo por acreditado que el día 30 de abril de 2007, en horas del mediodía, F. R. O. salió de su domicilio sito en calle 2 y 31 de la localidad de Trujuy, partido de Moreno y se subió a la moto conducida por el acusado que se hallaba acompañado por R. V.. De esta forma, los tres sujetos se trasladaron en la referida motocicleta hasta una arboleda ubicada al márgen de la intersección de la Avenida Roca y Autopista del Buen Ayre y, con la excusa de orinar, el imputado invitó a R. O. a que lo acompañara. Así las cosas, el nombrado accedió y ambos se internaron en una zona boscosa, mientras que V. quedó al cuidado del vehículo. Que una vez en el interior de la arboleda, el acusado le dio muerte a su acompañante con el único y mezquino fin de quedarse con la vivienda.
     Con este norte, el “a quo” consideró probada la autoría responsable de A. J. O. en orden al delito constitutivo de homicidio calificado por codicia.
     Observo que la sentencia enuncia las constancias que incorporadas por lectura al debate y, no objetadas por la defensa, sirven de sustento al fallo, a la vez que detalla los elementos de prueba que producidos en el debate apoyan el fundamento de acreditación.
     II. La envergadura del agravio introducido por el defensor en el recurso articulado –en tanto cuestiona la validez del pronunciamiento condenatorio-, amerita su tratamiento preliminar.
     Empero, previo a ingresar en el estricto análisis de la nulidad que persigue el recurrente, entiendo necesario formular algunas consideraciones en torno a la manda que el Sr. Defensor denuncia infringida y –en su caso- la consecuente repercusión sobre determinados actos procesales que –siguiendo la postura del impugnante- se encontrarían viciados de nulidad.
     Sin hesitaciones advierto que, el agravio se centra en la prohibición de declarar en contra del acusado, A. J. O., que pesa -en el caso- sobre el Sr. R. V., dado el vínculo de parentesco existente entre los nombrados –hermanos-. Ello así, conforme a las disposiciones del artículo 234 del C.P.P., cuyo texto explícitamente estipula la sanción nulificante.  
     Dicho esto, ninguna duda hay, la citada norma preve una nominación taxativa y, la restricción que impone es de carácter absoluta.
     Empero de la compulsa del legajo en análisis –acta de debate y sentencia- se desprende que, no se incorporó al juicio testimonio alguno de V., ni el nombrado prestó declaración en el curso del plenario.
    A mi modo de ver, lo antes dicho sella la suerte de la pretensión, desde que no se evidencia que la declaración criticada por el defensor forme parte del plexo probatorio evaluado en el fallo de condena.
    No obstante lo expuesto, a mayor abundamiento, debo precisar que los dichos de V. escuchados por la autoridad de la milicia y personal policial que, insisto no se erigieron en elemento de prueba cargoso, tienen plena validez como fuente de una línea investigativa en la etapa de instrucción; siempre -claro está- que no se encuentre objetado el modo de obtención, esto es: mediante coacción, intimidación y/o en violación de garantías constitucionales; circunstancia no alegada por el defensor y mucho menos acreditada en el legajo.    
     Así, frente a la presencia del interesado en el asiento de la Seccional, a fin de manifestar lo vivenciado, no es dable exigirle a los agentes del orden una inacción funcional, en atención a la manda constitucional que reclama el impugante. De no ser ello así, se encontrarían ante la disyuntiva de incumplir con los deberes que dada su función le incumben.
     III. Desde otro andarivel, el Sr. Defensor bajo el rótulo “El planteo de la segunda nulidad, junto al encaje legal aplicado”, considera -esta vez- viciada la sentencia, dado que el Tribunal “…realizó una descripción fáctica que no se condice con la calificación legal…”.
    Interpreto, por el alcance del reclamo deducido, y por alguna expresión que luce en el recurso, tal como “…se está condenando a mi asistido por un hecho que no ha sido descripto…”, que el Sr. Defensor entiende afectado el ejercicio de la defensa en juicio.
     Dicho esto, observo que el agravio no resulta novedoso, en tanto fue introducido en el alegato (fs. 41) y, según mi parecer, recibió adecuada respuesta por parte del Tribunal “a quo”, sin que se aprecie que el recurrente critique los fundamentos del oportuno rechazo, sino más bien se limitó a reeditar la cuestión en esta instancia.
     En efecto -conforme lo señaló con prudencia el Tribunal- se evidencia fácilmente que el acusado, tuvo cabal conocimiento del hecho que se le endilgó. Ciertamente, por el modo en que ha sido descripto el hecho que conformó la plataforma fáctica de imputación se aseguró la posibilidad de defensa de ofrecer una versión que pueda confrontar a la aseverada como de cargo.
     No observo falencias en la descripción del hecho que efectuó el “a quo”, que permita vislumbrar vulnerado el debido ejercicio de la defensa en juicio. Al respecto, es dable destacar que en la sentencia no se omitió o dejó sin informar al imputado de los aspectos esenciales del hecho atribuido.
     La congruencia exigida entre acusación y condena impone que, en resguardo de las garantías de la defensa en juicio y el debido proceso, la base fáctica objeto de reproche penal debe encontrarse, durante todo el proceso, contenida en el denominado "objeto procesal", que no es otra cosa que el hecho que, con un menor o mayor grado de certeza acerca de su existencia, es imputado a lo largo del trámite de las actuaciones.
     No huelga aquí destacar que, el Ministerio Público Fiscal describió el suceso en lo que al extremo importa y afirmó que “…una vez en el interior de la arboleda, O., aprovechándose de la indefensión de la víctima, sorpresivamente y sobre seguro, sin ponerse en riesgo, le dió muerte, para quedarse con la posesión de la vivienda de la víctima…”. Continuó la Fiscal, y calificó el hecho que le atribuyó a O. como constitutivo del delito de homicidio agravado por codicia. Por último, y en ocasión de ejercer la réplica –conforme artículo 368 del C.P.P.- el Ministerio Público señaló que el agravante de mayor peso fue el de codicia y así lo entendió la Fiscalía, pero fue descripto también los extremos del homicidio agravadado por alevosía…”.
     Con este norte, el “a quo” tuvo por cierto que “…Que una vez en el interior de la arboleda, el varón le dió muerte a su acompañante con el único y mezquino fin de quedarse con la vivienda…”. Y, consecuentemente –en la primera cuestión de la sentencia- sostuvo que el suceso ilícito acreditado constituye el delito de homicidio agravado por codicia.
     Lo relevante, para la garantía de defensa, es que el imputado no resulte sorprendido por la imputación de una circunstancia que no haya podido tener en cuenta, y vaya que no hay tal supuesto de indefensión, que las circunstancias cuestionadas surgen de la propia base fáctica
     En definitiva, entiendo que resulta claro que no se condenó a O. por un hecho diverso respecto al que fue materia de acusación fiscal, suceso que fue descripto, en todo momento, con un razonable grado de precisión.     
     Sentado lo anterior, el principio de congruencia, como garantía derivada del derecho de defensa, que opera para impedir –en el caso- que el juzgador condene por hechos que no han sido objeto del juicio, entiendo no se encuentra afectado.
    IV.- La defensa técnica del imputado, cuestiona la calificación legal por la que viene condenado su asistido. A tal fin manifiesta que del resultado arrojado por el material probatorio obtenido durante el debate, no se logró acreditar el móvil –codicia- que califica el homicidio.
     Ahora bien, en la primera cuestión de la sentencia, el Tribunal fundó su postura respecto al encuadre legal atribuido al hecho endilgado a A. J. O., esto es: homicidio calificado por codicia; al tener por acreditado que “…los testimonios brindados en el debate por los distintos familiares del fallecido, que tras la desaparición de éste, O. no solo ocupó la finca, sino que meses después tras colocarla al cuidado de una femenina, la enajeno por la suma de pesos ocho mil, y previamente suscribió un instrumento privado (…) que resultó ser apócrifo, para darse una calidad que sabía no le pertenecía y necesaria para poder enajenar el bien y de esta forma lograr su apetito desmedido de lucro…”.-textual-. 
     Cabe recordar que el fundamento de la agravante “…tiene que ver con la mayor perversidad del agente, revelada en el bajo motivo de su obra. La codicia es el afán de lograr ganancias o provecho material mediante la obtención de dinero, bienes o liberándose de cargas u ocupando posiciones que puedan suministrar ventajas patrimoniales. En este caso el requisito subjetivo que fija el tipo es que la ventaja económica debe ser el móvil que ha decidido al agente a actuar, y basta con que éste obre con la esperanza de obtener la ventaja, aunque no la logre y aunque sea imposible en el caso concreto, pues igualmente se ha actuado por codicia.” (Código Penal Comentado y Anotado, Parte Especial, Andrés J. D´Alessio, 1ra. Edición, año 2004, Ed. La Ley, Página 15).
     Desde este andarivel, se advierte la exigencia de que la conducta incriminada se ciñe a que el fin delictuoso funcione como motivo determinante del homicidio, resultando que será suficiente una decisión, que puede darse incluso súbitamente, siempre que concurran los motivos antes señalados.
De manera tal que es apropiado considerar -en la especie- que el legitimado pasivamente “...haya realizado el hecho típico con una determinada intención, motivación o impulso...” (Los elementos subjetivos del injusto en el Código penal español, Miguel Polaino Navarrete, Universidad de Sevilla, año 1972) que permite establecer la presencia del designio especial que requiere la figura en estudio.
En parigual se ha sostenido que en esta clase de tipos penales, comunmente denominados delitos incompletos de dos actos, “…hay una hipertrofia del tipo subjetivo, o sea, que requiere algo más que el querer el resultado típico … son claras ultrafinalidades, tipos en los que se exige que la finalidad tenga una particular dirección que exceda el tipo objetivo … estos son los delitos de intención (o de tendencia interna trascendente o sobrante)…” (Manual de Derecho Penal -Parte General-, Eugenio Raúl Zaffaroni, Ed. Ediar, 2da. Edición 2006, Págs. 423/424).
Sentado lo anterior, a mi modo de ver, los argumentos expuestos por el Tribunal para decidir la calificación legal del evento que se le incriminó a O.; -puntualmente en lo relativo al dolo que requiere la especie-, evidencia la certeza que reclama un pronunciamiento de condena.
     En esta líneas de ideas, observo que las múltiples acciones que desplegó el agente con posterioridad a la muerte de F. R., y que conforme expuso el Tribunal –sintéticamente- consistieron en: ocupar –inmediatamente- la finca de la víctima, suscribir un documento privado apócrifo y, por último enajenar el bien inmueble; sirvieron de suficiente sustento al “a quo” para tener por probada la calificante en cuestión.
     A mi modo de ver, de las conductas antes descriptas se infiere, sin dudas, que O. tuvo en miras una ventaja económica y, dicho móvil decidió al agente a cometer el homicidio (requistito subjetivo que exige el tipo penal).
     En conclusión, y por las consideraciones antes señaladas, considero que el caudal probatorio fue valorado con prudencia por el “a quo” para tener por probado la calificante del delito en trato –codicia- con el grado de certeza que exige un fallo de condena-.
     V.- En función de lo expuesto, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de casación articulado, con costas y, en consecuencia confirmar el pronunciamiento dictado por el Tribunal nº 6 del Departamento Judicial de Morón, a través del cual se condenó a A. J. O., por encontrarlo autor responsable del delito de homicidio calificado por codicia, de acuerdo de acuerdo a las disposiciones de los artículos 45 y 80 inciso 4º del Código Penal, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso (artículos 18 de la Constitución Nacional, 45, 80 inciso 4º del Código Penal; 1, 2, 3, 106, 210, 359, 371, 450, 451, 452, 454, 530, 531 y 532 del Código Procesal Penal, y a esta cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Violini dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto del doctor Carral y a esta cuestión me pronuncio parcialmente por la afirmativa.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Que de conformidad al resultado que arrojó el tratamiento de la cuestión precedente corresponde rechazar, con costas, el  recurso de casación articulado y, en consecuencia confimar la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal nº 6 de Morón, por la que se condenó a A. J. O., por encontrarlo autor responsable del delito de homicidio calificado por codicia, de acuerdo de acuerdo a las disposiciones de los artículos 45 y 80 inciso 4º del Código Penal, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso.(artículos 18 de la Constitución Nacional, 40, 41, 45, 80 inciso 4º del Código Penal; 1, 2, 3, 106, 210, 359, 371, 450, 451, 452, 454, 530, 531 y 532 del Código Procesal Penal).
ASI LO VOTO.   
A la segunda cuestión el señor juez doctor Violini expresó:
Que vota en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos.
      Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
SENTENCIA
RECHAZAR, con costas, el recurso de casación interpuesto y, en consecuencia confirmar la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal nº 6 del Departamento Judicial de Morón.
Rigen los artículos 18 de la Constitución Nacional, 45, 80 inciso 4º del Código Penal; 1, 2, 3, 106, 210, 359, 371, 450, 452, 454, 530, 531 y 532 del Código Procesal Penal.
Regístrese, notifíquese y remítase a la Mesa Única General de Entradas para su devolución a origen.


Fdo:  Victor Violini - Daniel Carral

 

Ante mí: Andrea K. Echenique


 
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