Derecho Penal

    

       

 Sección a Cargo de Diego Iglesias   

          

Hallándose debidamente tutelada la víctima, no corresponde imponer tratamiento por alcoholismo al imputado. conculca el principio de reserva y la moral autorreferente del individuo.
Medidas de Coerción - Jurisprudencia Nacional

Causa Nº 37.769 caratulada “S., G. A. s/ recurso de casación”.

Sala VI de la Cámara del Crimen de Capital, rta. 26 de octubre 2009.

///en la ciudad de Buenos Aires, a los   26  días del mes de octubre de 2009,se reúnen los integrantes de esta Sala VI, y la Secretaria  autorizante, para
resolver  la  apelación  interpuesta  a  fs.  156/158vta.  por  la  defensa  de  L.  P., contra los puntos I, II, III y IV de la resolución de fs. 150/154, donde se lo procesó en orden al delito de lesiones dolosas, se trabó embargo sobre sus bienes por la suma de $ 4.000 y se dispuso la prohibición de acercamiento al  lugar  de  residencia,  trabajo,  estudio,  esparcimiento  o  de  habitual concurrencia de C.  C.  durante la sustanciación del proceso, y la asistencia médica y psicológica que corresponda a través de los organismos públicos pertinentes para  el tratamiento de su adicción  al  alcohol,  de  lo  que  deberá dar cuenta cada quince días, también durante la sustanciación del legajo.

AUTOS:

En la audiencia la recurrente sostuvo sus agravios, y efectuada la deliberación, estamos en condiciones de expedirnos.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

Del procesamiento:
I.- Se imputa a L. P. que el 22 de abril de 2009,  en el  interior  de  la vivienda  ……………. de esta  ciudad  habría tomado de  la cabeza  a  C.  C.  -  su  pareja  -,  golpeándola  contra  el  marco  de  la  puerta  y provocándole un corte en el párpado superior derecho. 

II.-  C.  C.  (ver  fs.  1/1vta.,  10/12,  41/42,  87/88,  y 139/139vta.),  concurrió  inmediatamente  a  efectuar  la  denuncia,  mostrando las lesiones a la instrucción y acreditadas con el informe médico de fs. 4 y los agregados a fs. 108/110 y 111, todo lo cual da sustento a su imputación.
Además se cuenta con los legajos nro. […]/2009 y nro. […]/2009 de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -ver fs. 27/47 y 86/90-, que evidencian la situación física  y  psíquica  de  la  víctima,  destacándose  que  se  encontraba  en  una situación de “ALTO RIESGO”, dado que“… la frecuencia de los golpes ha sido  semanal,  llegando  a  repetirse  tres  veces  en  la  semana.  De  la evaluación  médica  surgen  lesiones  internas  que  podrían  ser  graves.  El denunciado  consume  alcohol  en  exceso  con  frecuencia  semanal.  El denunciado  habría  desobedecido  medidas  de  protección  dictadas anteriormente.  Los  hijos  de  la  denunciante  también  habrían  sido  víctimas de violencia física y psicológica”.- 

Por  otro  lado,  las  circunstancias  de  que  no  existan testigos del hecho no determina la ajenidad de P., pues el relato solitario de la  damnificada  no  puede  ser  descartado  de  plano,    máxime  cuando  nada permite creer que ella se hubiera autolesionado. Por el contrario la versión
del imputado (quien afirmó que mantuvieron una discusión y  que C. pudo haber  tropezado  con  una  silla  o  con  el  marco  de  la  puerta  para  luego
golpearse  contra  la  mesa  -ver  fs.  49/51-),  conforme  las  reglas  de  la  sana crítica  no  alcanza  a  conmover  tan  firme  postura  de  la  accionante.  Este Tribunal ha sostenido que la regla testis unus testis nullius no tiene acogida en nuestro derecho por lo que lo declarado por éste debe ser valorado con severidad y rigor crítico. En  tal  sentido,  sostuvimos  con  anterioridad  que   “…Cuando  lo  juramentado  tiene  cierta  solidez  es  con  los  principios acusatorio de inmediación y oralidad donde se concluirá de la manera más correcta”  (ver  causa  nro.  38.068  “Pereyra  Walter  Ceferino s/procesamiento”, rta. 23/09/09, donde se citó, causa del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 26, nro. 2256, “Aragonez, Eduardo Ramón”, rta. 30/11/06).-

En  consecuencia,  y  tal  como  fundamenta  la  juez de primera instancia, se han reunido los extremos exigidos por el art. 306 y ccds.  del  Código  Procesal  Penal  de  la  Nación,  motivo  por  el  cual  la resolución recurrida deberá ser homologada en este punto.-

Del embargo:
En  cuanto  al  monto  del  embargo,  el  artículo  518 del  catálogo  procesal,  dispone  que  debe  establecer  una  cantidad  suficiente que  permita  garantizar  la  pena  pecuniaria,  la  indemnización  civil  y  las costas,  teniendo  en  cuenta  que  estas  comprenden  el  pago  de  la  tasa  de
justicia,  los  honorarios  devengados  por  los  abogados,  procuradores  y peritos, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de
la causa.-

No  debe  pasarse  por  alto  que  los  rubros  que  se tienen  en  cuenta  al  momento  de  fijarlo  son  meramente  indicativos, indeterminados y que pueden ir variando en las distintas etapas del proceso.
En  consecuencia  la  cantidad  estipulada  en  el  punto  apelado  resulta estimativa, esto así debido a que las costas comprenden las ya devengadas y
las que podrían generar la continuación del trámite de la causa.

De la prohibición de acercamiento:
El estado procesal del legajo habilita la imposición de la medida de coerción pues su fin es la protección de la víctima frente a los  riesgos  que  le  generaría  el  mantener  un  contacto  con  el  imputado,  lo cual  no  sólo  fue  así  valorado  por  la  juez  de  grado  sino  también  por  los
profesionales intervinientes -ver informes de fs. 43/44, y 89-.

Concretamente  del  informe  psicológico  de  riesgo de  fs.  89  se  desprende  que:  “…  este  equipo  reitera  la  evaluación  de RIESGO  ALTO.    Se  evalúa  pertinente  el  pedido  de  la  denunciante, especialmente  en  la  extensión  por  un  plazo  mayor  de  las  medidas (exclusión del hogar), dado las secuelas y deterioro que presenta desde lo psicológico”.

En cuanto a lo sostenido por la defensa en que la prohibición  de  acercamiento  impuesta  conculca  las  garantías constitucionales  de  su  asistido,  tenemos  dicho  que:  “…  toda  medida  de coerción coarta derechos de la persona sometida a proceso, los cuales, por otro  lado,  tampoco  son  absolutos.”  (ver  causa  nro.  37.750,  “Nuñez Bobadilla, Carlos”, rta. 4/8/09).
 
Finalmente con relación a que la ley 26.485 no se encontraba vigente a la fecha del hecho, debe tenerse en cuenta que nuestro máximo  Tribunal,  remitiéndose  al  dictamen  del  Procurador  General,  ha expresado que “Las leyes sobre procedimiento son de aplicación inmediata, incluso, a las causas pendientes” (Fallo 327: 2703).-

Se agrega que aún con anterioridad a la sanción de esta ley el juez instructor estaba habilitado a decretar prohibiciones como la impugnada. Adviértase que el art. 310 primer párrafo del Código Procesal Penal  de  la  Nación  indica  que  “…el  juez  podrá  disponer….  Que  no concurra a determinado sitio…”, entendiendo la doctrina que “… si bien la norma habla de ‘determinado sitio’, es evidente que el singular que la ley emplea  no  tiene  el  sentido  de  ‘un  sitio  solo’;  el  juez  podrá  extender  la prohibición  a  varios  lugares,  con  criterio  discrecional”  (Solimine, Marcelo; “Tratado sobre las causales de excarcelación y prisión preventiva en  el  Código  Procesal  Penal  de  la  Nación”;  Ed.  Ad-Hoc,  Buenos  Aires
2003, pág. 203, donde se cita a Finzi Marcelo “Restricciones impuestas al imputado durante la instrucción”, pág. 260).-
Por último,  en cuanto a la duración de la medida dispuesta,  estimamos  que  lo  decidido  por  el  juez  de  primera  instancia resulta  ajustado  a  derecho,  en  virtud  de  las  constancias  del  legajo  ya analizadas previamente.

En virtud de todo lo expuesto se confirmará III del auto recurrido. 

De  la  imposición  de  un  tratamiento  contra  el alcoholismo:
En  este  aspecto  entendemos  que  le  asiste  razón  a la asistencia técnica de modo que la medida será revocada, especialmente, en virtud del estadio procesal en que nos encontramos.
La  imposición  de  un  tratamiento  determinado,  en este caso contra el alcoholismo, conculca el principio de reserva (artículo 19 de la  Constitución  Nacional),  al  tratar de corregir una conducta  propia del área auto-referencial del individuo que no afecta a terceros (ingerir bebidas alcohólicas),  asignándole  de  este  modo,  y  tal  como  postula  la  defensa,  un plan de vida distinto al elegido por él.-
      La  doctrina  ha  sostenido  que  :  “La  idea  de  que  el Estado  pueda  avanzar  con  su  poder  al  punto  de  pretender  “educar”  o
“curar”  a  sujetos  adultos  cuyas  conductas  anteriores  son,  en  cualquier caso,  deteriorantes  de  su  propia  salud  o  de  la  moral  autorreferente,  es decir  acciones  que  no  afectan  a  intereses  legítimos  de  terceros,  se  apoya sobre  criterios  perfeccionistas  o  paternalistas  extremos,  contrarios  al liberalismo  propio  de  nuestra  Constitución,  que  consagra  la  libertad  y  la dignidad del hombre como base de los derechos y garantías individuales….

La ilegitimidad  de la  injerencia  estatal sobre las acciones  privadas de las personas  es  parte  de  nuestra  tradición  jurídica.  El  principio  ha  sido plasmado expresamente en la Constitución Nacional en 1853, en el art. 19, cuya formulación no fue alterada por la Convención Nacional del año 1860 ni  en  las  reformas  posteriores.-“  (  ver  artículo  de  Ercolini  Juan  D.,  “El programa  educativo  de  la  Ley  de  drogas:  Un  derecho  del  imputado”, publicado en La Ley, t.2001, pág. 745 y ssgs.).-
    Por  otro lado,  también hace  a  la  cuestión la libertad de conciencia proclamada por el art. 12 de la C.A.D.H., “…que reproduce la idea liberal que sólo legitima la intromisión estatal en los individuos en la medida de la necesidad de protección de la seguridad, el orden, la salud y la moral, en todos los casos, públicas o los derechos o libertades de los demás  (art.12.2)  y  que  proclama  el  derecho  a  una  educación  moral  de
acuerdo a las propias convicciones (art. 12.3) (op. cit. pág 750).-
Así,  habiéndole  brindado  correcta  protección  a  la víctima,  lo  cual  fue  tratado  en  el  punto  anterior,  la  medida  aquí  analizada deviene  inapropiada,  ya  que  el  imputado  tiene  el  derecho  de  delinear  su propio plan de vida y por lo tanto su salud personal,  no resultando legítima
la injerencia estatal en estos ámbitos de la individualidad.-

 Por ello,  el Tribunal RESUELVE:

I.- CONFIRMAR los puntos I, II y III de la resolución de fs. 150/154 en todo cuanto fuera materia de recurso.

II.- REVOCAR el punto IV del auto de fs. 150/154.-

 Se  deja  constancia  que  el  Dr.  Gustavo  A.  Bruzzone, juez subrogante de la vocalía nro. 11 no suscribe por hallarse abocado a las audiencias de la Sala I (art. 109 del R.J.N.) Devuélvase y sirva lo proveído de muy atenta nota.

 

Julio Marcelo Lucini                                                                  Mario Filozof

Ante mí:
María Martha Carande
        Prosecretaria de Cámara

 
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