Derecho Penal

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Condiciones de detención como trato cruel inhumano o degradante (orden judicial para que se revean las condiciones en plazo imperativo).
Ejecución Penal - Jurisprudencia Nacional

“JUZGADO DE EJECUCION DE CONDENA E/ OFICIO N° 14/08 S/ INSPECCION REALIZADA EN UNIDAD PENAL N° 1 –ART. 208 C.P.P. (2° SEMESTRE 2.008) S/ SOLICITA AUDIENCIA”, Expte. J-1050-08.

Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, rta. 9 de diciembre 2008 (Extracto –Diario Judicial-).

VIGESIMO OCTAVO: Visto: El Expte. J-1050-08; y CONSIDERANDO: Que la titular del Juzgado de Ejecución de Condena de la Provincia de Corrientes, Dra. María Teresa Zacarías de Gonzáles, eleva Acta de Inspección efectuada en la Unidad Penal N° 1, de fecha 9 de Diciembre de 2.008, en autos “JUZGADO DE EJECUCION DE CONDENA E/ OFICIO N° 14/08 S/ INSPECCION REALIZADA EN UNIDAD PENAL N° 1 – ART. 208 C.P.P. (2° SEMESTRE 2.008) S/ SOLICITA AUDIENCIA”, Expte. J-1050-08.
Que el Dr. Luis Cochia Bread, como Juez Subrogante del Juzgado de Instrucción N° 6 de esta ciudad, en autos “HABEAS CORPUS COLECTIVO A FAVOR DE LOS INTERNOS DE LA U.P. N° 6 PRESENTADO POR LA SRA. DEFENSORA OFICIAL N° 3 – CAPITAL “Expte. N° 19.43, por Resolución N° 820 del 3 de julio de 2008 hizo lugar a la acción de hábeas corpus colectivo a favor de la totalidad de los internos de la Unidad N° 6 de Procesados General José de San Martín, ordenando las más urgentes medidas para la satisfacción de las necesidades básicas de la vida humana; comprendiendo la provisión de agua potable, indumentaria de cama e higiene, reparación de las instalaciones edilicias en general, en especial cañerías e instalaciones eléctricas, con la finalidad de revertir la actual situación de falta de higiene, insalubridad, deterioro y hacinamiento en la que se encuentra la población del establecimiento que incluye al personal del servicio penitenciario y a las personas que asisten a ese lugar, la que fue notificada al Sr. Ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia.
Similares deficiencias se presentan en la Unidad Penal N° 1 conforme lo informado por la Sra. Juez de Ejecución de Condena, como ser: celdas sin ventanas y sin luz natural, cables de electricidad expuestos, instalaciones sanitarias en mal estado, abundamiento de mal olor y moscas, escasa circulación de aire, calor excesivo, algunos alojados no poseen colchones, deficiencias edilicias de todo tipo como en las mamposterías caídas o por caer, emanación de olores fétidos de los desagües, los condenados se hallan sucios, con barba y con sus ropas en pésimo estado, pues no se cuenta con las necesidades básicas de higiene y limpieza, como un lugar de descanso y alojamiento digno o en condiciones humanas de habitabilidad; actualmente existe una población de 451 internos lo que supera la capacidad de la Penitenciaría. Lo mismo ocurre en las Alcaidías del interior de la Provincia: superpoblación carcelaria, hacinamiento, estado deplorable de conservación e higiene, falta de ventilación, etc.
Todo lo expuesto tiene como consecuencia directa el aumento de la violencia con peligro para la integridad física y psíquica –y la vida misma- de los internos y también del personal penitenciario o policial.
Oportunamente y en cada caso denunciado, desde el Poder Judicial, se articularon los instrumentos institucionales con la finalidad de poner en conocimiento al titular del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de Corrientes, para que se implementen políticas conducentes a solucionar las condiciones arriba señaladas. El Estado Provincial se encuentra obligado con normativa de rango supranacional a través del art. 75, inc. 22 de la C. N., como por ejemplo el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece la obligación general de los Estados Partes de respetar los derechos y libertades en ella consagrados y el pleno ejercicio de toda persona que está sujeta a su jurisdicción, lo que implica el deber de adoptar las medidas de seguridad necesarias para su protección. Estas obligaciones se tornan aun más evidentes con relación a las personas privadas de su libertad que están bajo custodia estatal (conf. caso Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Bulascio vs. Argentina) con las respectivas responsabilidades, por lo que resulta evidente que no se están cumpliendo con los estándares jurídicos fijados en materia penitenciaria por la
Constitución Nacional y diversos Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional.
Dan cuenta de ello las siguientes actuaciones: Expedientes Administrativos del Superior
Tribunal de Justicia; J-557-08, comunicado por Oficio N° 470, del 26/06/08. J-488-08, con Oficio N° 461, del 20/06/08. F-117-08 “FISCAL GENERAL COMUNICA EN AUTOS:
DEFENSOR OFICIAL PENAL DE BELLA VISTA S/ COMUNICA CARENCIA EN BELLA VISTA DE LOCALES POLICIALES DESTINADOS AL ALOJAMIENTO, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”, remitido al Ministerio por Oficio N° 409, del 03/06/08. Expte. N° C-50-08, “CAMARA CRIMINAL –SANTO TOME- ELEVA RECLAMOS DE INTERNO DE ALCAIDIA” Oficio N° 94, del 03/03/08. F-275-07 “FISCAL GENERAL E/ INFORME EN AUTOS: FISCAL DE INSTRUCCIÓN N° 5 DRA. MARIA GRACIELA FERNANDEZ CONTARDE S/ INFORME UNIDAD PENITENCIARIA N° 6”. Oficio N° 52, del 18/02/08. J-674-07, “JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y CORRECCIONAL –MONTE CASEROS- S/ DISCONFORMIDAD MANIFESTADA POR DETENIDOS ALOJADOS EN LA UNIDAD DE ORDEN PUBLICO DE LA ALCAIDIA DE M. CASEROS” Oficio N° 999, del 28/09/07, J-389-07 “JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y CORRRECCIONAL PASO DE LOS LIBRES… S/PROCESADOS ALOJADOS EN ESA DEPENDENCIA” Oficio N° 644, del 25/06/07. J-66-07 “JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 5 E/ INFORME DE LA CARCEL DE PROCESADOS GENERAL SAN MARTIN U 6 AÑO 2007” Oficio N° 167, del 07/03/07. J-62-07 “JUZGADO DE MENORES N° 1 /// S/ INFORME VISITA REALIZADA A INSTITUTO DE INTERNACION DE MENORES” Oficio N° 150 del 06/03/07. También se formalizaron numerosas actuaciones administrativas en el año 2006 y anteriores, de similar tenor a las mencionadas precedentemente.
Ha dicho la Corte Suprema que “estas dolorosas comprobaciones, que es deber del Tribunal destacar, no encuentran justificativos en las dificultades presupuestarias que se traducen en la falta de infraestructura edilicia, la carencia de recursos humanos, la insuficiencia de formación del personal o las consecuentes excesivas poblaciones penales “ …. “Las carencias presupuestarias, aunque dignas de tener en cuenta, no pueden justificar transgresiones de este tipo. Privilegiarlas sería tanto como subvertir el Estado de Derecho y dejar de cumplir los principios de la Constitución y los convenios internacionales que comprometen a la Nación frente la comunidad jurídica internacional, receptado en el texto actual de aquella (art. 5°, inc. 2° de la Convención Americana sobre derechos humanos” (Fallos 318: 2002), citado en el caso “Verbistky”.
Sin obviar las gestiones y proyectos que dan cuenta los medios periodísticos de esta ciudad sobre la posible construcción de una unidad carcelaria en la ciudad de Paso de los Libre y otra en cercanías de la ciudad de Corrientes, que sería de competencia federal y provincial, lo cierto es que dichas obras, de concretarse, será en muchos años ya que deben elaborarse los proyectos, obtener el financiamiento, realizar las licitaciones públicas y luego ejecutar las obras, cuando que las situaciones arriba mencionadas requieren soluciones inmediatas;
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de expedirse respecto a estas situaciones como en el caso “Verbitsky, Horacio s/ Habeas Corpus”, dispuso: “Instruir a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y a los tribunales de todas las instancias para que, en sus respectivas competencias y por disposición de esta Corte Suprema, con la urgencia del caso, hagan cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención que importe un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado Federal”. Instrucción que puede hacerse extensible al Superior Tribunal de Corrientes.
También en el caso de la Cárcel de la Provincia de Mendoza en autos “Lavado Diego Jorge y Otros c/ Mendoza, Provincia de y otros s/ Acción Declarativa de Certeza”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación intimó al Estado Nacional para que en el plazo de veinte días adopte las medidas que pongan fin a la situación que se vive en las unidades carcelarias de la Provincia de Mendoza a efectos de cumplir una Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En éste fallo en su voto concurrente, el Juez A. A. CANÇADO TRINDADE expresó “… trátase de una auténtica obligación erga omnes de protección, en favor, en el presente caso, de todas las personas recluidas en las Penitenciarías de Mendoza. Como ponderé en aquel Voto - y lo hago también en relación con el presente caso - estamos, en última instancia, ante una obligación erga omnes de protección por parte del Estado de todas las personas bajo su jurisdicción, obligación ésta que crece en importancia en una situación de violencia e inseguridad /// permanentes como la de las Penitenciarías de Mendoza… 32. A mi juicio, el desarrollo y el debido cumplimiento de dichas obligaciones erga omnes son imprescindibles para poner fin a la violencia intracarcelaria, a la impunidad y a la injusticia institucionalizada. Además, los titulares de los derechos protegidos (o sus representantes legales) son los más capacitados para identificar sus necesidades básicas de asistencia humanitaria, la cual constituye una respuesta, basada en el Derecho, a las nuevas necesidades de protección de la persona humana. En la medida en que a personalidad y la capacidad jurídicas internacionales de la persona humana se consoliden en definitivo, sin margen a dudas, el derecho a la asistencia humanitaria puede tornarse gradualmente justiciable. “ cf. A.A. Cançado Trindade, "Reply [- Assistance Humanitaire]", 70 Annuaire de l'Institut de Droit International - Session de Bruges (2002-2003) n. 1, pp. 536-540.
Que siendo una facultad y un deber de este Superior Tribunal de Justicia, en función de los arts. 18 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional; del Título Primero, “Declaraciones Derechos y Garantías” y artículo 187, inc. 9 de la Constitución de la Provincia de Corrientes y art. 23, inc. 20 del Decreto Ley N° 26/00; resulta necesario expedirse atento a la gravedad extrema de las condiciones de los internados.
Teniendo presente las reiteradas oportunidades en que se comunicaron al Ministerio de Gobierno y Justicia los múltiples reclamos de magistrados y funcionarios del Ministerio Público relacionados con las Unidades Carcelarias y Comisarías, en especial el Acuerdo N° 12, Punto Décimo tercero, del 11 de mayo de 2006 de este Superior Tribunal de Justicia, donde se efectuó una observación general de la problemática carcelaria, sin que hasta la fecha se hayan recibido del Poder Ejecutivo las pertinentes respuestas, ni tomado las medidas que denoten eficiencia, en tanto no se ha revertido la acuciante situación en que vive la población penal y las personas relacionadas a esos servicios; por lo que se torna imperioso intimar al Sr. Gobernador de la Provincia de Corrientes
Ing. Arturo Alejandro Colombi y al Sr. Ministro de Gobierno y Justicia Dr. Walter Eduardo Insaurralde, para que en el plazo de 60 días de notificado de la presente, adopten las medidas conducentes que pongan fin a la situación que se vive en las unidades carcelarias de la Provincia de Corrientes y que haga cesar toda eventual situación de agravamiento de detenciones que importe un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de contrariar el art. 18 de la Constitución Nacional; informando a este Tribunal cada veinte días las medidas dispuestas y su ejecución, bajo apercibimiento de iniciarse las acciones que pudiere corresponder; Por todo ello y oído el Sr. Fiscal General, SE RESUELVE: 1) Intimar al Sr. Gobernador de la Provincia de Corrientes Ing. Arturo Alejandro Colombi y al Sr. Ministro de Gobierno y Justicia Dr. Walter Eduardo Insaurralde, para que en el plazo de 60 días de notificados adopten las medidas conducentes que pongan fin a la situación que se vive en las unidades carcelarias y policiales de la Provincia de Corrientes y que hagan cesar toda eventual situación de agravamiento de detenciones que importen un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de contrariar los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; informando a este Tribunal cada veinte días las medidas dispuestas y su ejecución. Todo ello bajo apercibimiento de hacer /// efectivas las responsabilidades institucionales y penales que correspondan. 2) Remitir copia de la presente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos que correspondan.

 
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