Derecho Penal

Denegatoria de excarcelación por antecedentes (que importa falta de apego a las normas), varias rebeldías y arraigo en diversos lugares.
Derecho Procesal Penal - Jurisprudencia Nacional

Causa nº 9732, caratulada “Daloe Brandanna, Rafael Horacio  s/ recurso de casación”.

Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, rta. 18 de noviembre 2008.

Registro n̊    1619/08
           
     ///n la Ciudad de Buenos Aires, a los          18      días del mes de   noviembre  de dos mil ocho, se reúnen los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, doctores Angela E. Ledesma, Guillermo J. Tragant y Eduardo R. Riggi, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora María de las Mercedes López Alduncin, con el objeto de dictar sentencia en la causa n̊ 9732 del registro de esta Sala, caratulada “Daloe Brandanna, Rafael Horacio  s/ recurso de casación”. Representa al Ministerio Público el señor Fiscal General doctor Pedro Narvaiz, y ejerce la defensa del imputado la señora Defensora Pública Oficial, doctora Eleonora Devoto.
  Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el siguiente orden: doctor Eduardo Rafael Riggi, doctor Guillermo José Tragant y doctora Angela E. Ledesma .
  VISTOS Y CONSIDERANDO:
  El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:  
  PRIMERO:
  1.- Llega la causa a conocimiento de esta Alzada a raíz del recurso de casación interpuesto por la señora Defensora Oficial ante la anterior instancia, doctora María Inés Spinetta a fs. 34/38vta., contra la resolución de fs. 31/33 vta., dictada por la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en cuanto resolvió confirmar el auto por el cual se denegara la excarcelación del imputado.
  2.- El Tribunal de mérito concedió el remedio impetrado a fs. 40/vta., el que fue mantenido en esta instancia a fs. 45.
  3.- La defensa encarrila el  recurso de casación en el motivo que prevé el inciso  2̊ del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación por considerar que la decisión contiene vicios de fundamentación que la tornan arbitraria.
  Manifiesta que “....no se ha expresado, en forma clara y concreta, las razones objetivas y subjetivas que le permitieron a esa Alzada arribar a su estimación en el resolutorio puesto en crisis.”; que “Tan sólo se ha hecho una apreciación subjetiva en punto a su condición de contumaz en otros obrados lo cual ha forzado su interpretación, que por analogía ocurrirá en este proceso”; que “...estamos ante un supuesto hecho delictivo cuyo quantum punitivo admite la posibilidad de seguir adelante la causa con el justiciable sin restricción al derecho de permanecer en libertad”; que “...es sabido que constituye una violación a la constitución nacional si se pretende utilizar la prisión preventiva como una pena y el encarcelamiento durante el proceso como una medida ejemplificadora”; y que “...denegar el beneficio excarcelatorio en la forma y por los fundamentos requeridos, constituye una clara violación al principio de inocencia.”.
  4.- Durante el término de oficina previsto por los artículos 465 primera parte y 466 del Código Procesal Penal de la Nación  se presentó la señora Defensora Oficial, doctora Eleonora Devoto solicitando se haga lugar al remedio deducido.
  Manifiesta que “...la resolución carece de fundamento porque se basó en conceptos excesivamente latos, genéricos y conjeturales....”; que “...resulta transgresora de principios constitucionales ya que soslaya aplicar el principio rector en materia de permanencia en libertad durante el proceso, es decir omite la aplicación de las normas previstas en los artículos 14, 18 y 75 inc. 22 de la C.N., los que se deben interpretar armónicamente con la norma específica, que el Código Procesal Penal de la Nación contempla en su artículo 280"; que “..siguiendo lo establecido en el artículo 3 del C.P.P.N. el juez está obligado, en caso de duda, a estar a la interpretación más favorable al imputado”; que “...al resolver, los jueces han soslayado el principio de inocencia....”; que “...la posibilidad de fuga y de entorpecimiento de la investigación son los exclusivos criterios que oponen a la libertad durante el proceso”; y que “...el encierro provisional debe responder a las reglas de necesidad, subsidiariedad, proporcionalidad e intervención mínima, las que...no se verifican en el caso concreto”.
  Finalmente, sostiene que “...la denegatoria de la excarcelación...motivada en los antecedentes penales que registra,  transgrede manifiestamente la garantía de non bis in idem...en tanto se pretende la imposición de formas más gravosas de intrusión...por un hecho que ocurrió, fue penado y cumplido en el pasado”.
  5.- Habiéndose celebrado  la audiencia de informes prevista en el  artículo 468 del ritual conforme constancia actuarial de fs. 51, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.
  SEGUNDO:
  1.- Adentrándonos en el examen de la cuestión traída a conocimiento de estos estrados, conceptuamos pertinente memorar que en la causa ̊ 6135 caratulada “Castells, Raúl s/ recurso de casación” sostuvimos que “...el artículo 319 del Código Procesal Penal de la Nación contiene las pautas que impedirán la concesión de los institutos de la exención de prisión y de la excarcelación cuando, no obstante verificarse la concurrencia de los recaudos objetivos previstos en los artículos 316 y 317, las particulares circunstancias del caso hicieren presumir que el imputado podría intentar eludir la acción de la justicia o entorpecer el curso de las investigaciones (conf. causa n̊ 4755 “Lorge, Luis s/ rec. de casación” Reg. N̊ 675 del 14/11/2003)” (Reg. N̊ 636/05, del 11/8/05).
  Asimismo, con cita de lo sostenido por la Comisión Americana de Derechos Humanos en su informe 2/97, sostuvimos que “Cuando las autoridades judiciales evalúan el peligro de reincidencia o comisión de nuevos delitos por parte del detenido, deben tener en cuenta la gravedad del crimen.  Sin embargo, para justificar la prisión preventiva, el peligro de reiteración debe ser real y tener en cuenta la historia personal y la evaluación profesional de la personalidad y el carácter del acusado.  Para tal efecto, resulta especialmente importante constatar, entre otros elementos, si el procesado ha sido anteriormente condenado por ofensas similares, tanto en naturaleza como en gravedad.” 
  Abonamos dicho criterio de la Comisión, indicando que “el ‘peligro de reiteración delictual’, nos remite a evaluar -en definitiva- la ‘peligrosidad del agente’, valorada ésta en orden a la naturaleza del delito imputado, y los motivos que lo condujeron a delinquir. Repárese en que ciertos delitos, una vez que el autor es descubierto, la posibilidad de que puedan ser vueltos a cometer es ínfima, dado que la iniciación del proceso penal suele encontrarse acompañada de otras medidas adoptadas por las autoridades estatales. Así, a modo de ejemplo, es claro que quien comete un robo tendrá más posibilidades de reincidir que quien comete un delito tributario, dado que en este segundo supuesto las autoridades -luego de comprobada la primera infracción- suelen ser más estrictas en el control que realizan sobre el contribuyente. Son, sin dudas, elementos a tener en cuenta para evaluar la posible reiteración del delito el contexto familiar y moral del acusado, en cuanto pueden contribuir a generar la convicción de que el camino del delito es el incorrecto para arribar a un estado de realización personal y social; el tener medios lícitos de vida (sobre todo, cuando se trata de delitos de contenido patrimonial); la circunstancia que el acusado no posea antecedentes de carácter delictual o contravencional, así como también que evidencie una personalidad proclive al respeto de las disposiciones legales, y las reglas sociales y morales de convivencia. También debe evaluarse, a la par de la gravedad del delito que se imputa, la peligrosidad evidenciada por el acusado, pues la posibilidad de reiteración delictual no deja de ser una presunción que sólo habrá de justificar el encierro cautelar en la medida en que los bienes jurídicos que pudieran encontrarse comprometidos sean de una entidad suficiente para sustentar la medida (cfr. en este sentido la opinión del destacado maestro alemán Claus Roxin en “Derecho Procesal Penal”, ed. del Puerto SRL, Buenos Aires, 2000, págs.261/262).
  Expresamos también en nuestro voto emitido en el citado precedente recaído in re “Castells” que “...las medidas cautelares de coerción personal deben ser dictadas con el máximo de prudencia, procurando evitar caer en extremos en los que la ligereza en el dictado de la prisión preventiva del imputado se convierta en una verdadera pena anticipada, o en los que la laxitud al resolver en sentido contrario termine por constituir una verdadera frustración de las justas exigencias que la sociedad formula a los órganos estatales encargados de la prevención y represión del delito”; y añadimos que “En ese orden, la Constitución Nacional, las disposiciones legales respectivas y, obviamente, los criterios apuntados, así como los que razonablemente pudieran ser esbozados frente a las particularidades de cada caso, deben  ser aplicados con la mayor racionalidad, ejerciendo el más prudente sentido común y teniendo en consideración las respectivas circunstancias concretas que informan las actuaciones. Así, conceptuamos que el análisis sobre la posible intención del imputado de evadir la acción de la justicia o entorpecer el curso de la investigación puede -según el caso- ser realizado valorando la severidad de la pena conminada en abstracto; la gravedad de los hechos concretos del proceso; la naturaleza del delito reprochado; el grado de presunción de culpabilidad del imputado; la peligrosidad evidenciada en su accionar; las circunstancias personales del encartado (individuales, morales, familiares y patrimoniales, si tiene arraigo, familia constituida, medios de vida lícitos, antecedentes penales o contravencionales, rebeldías anteriores, entre otros) que pudieran influir u orientar su vida, el cumplimiento de futuras obligaciones procesales y aumentar o disminuir el riesgo de fuga; la posibilidad de reiteración de la conducta delictual; la complejidad de la causa y la necesidad de producir pruebas que requieran su comparecencia, así como la posibilidad de que obstaculice la investigación impidiendo o demorando la acumulación de prueba o conspirando con otros que estén investigados en el curso normal del proceso judicial; la circunstancia de que pudiera existir un riesgo legítimo de que los testigos u otros sospechosos pudieran ser amenazados; el estado de la investigación al momento de resolverse la cuestión; las consecuencias que sobre la normal marcha del proceso habrá de tener la eventual libertad del acusado; la conducta observada luego del delito; su voluntario sometimiento al proceso, y en definitiva, todos los demás criterios que pudieran racionalmente ser de utilidad para tal fin, como los que antes desarrolláramos.”
   2.- Fijado lo precedente, y analizado el caso de autos a la luz de la doctrina reseñada, consideramos que en la resolución en crisis, se han  merituado suficientemente las particularidades del asunto y las condiciones personales del imputado; cumpliendose en este sentido con la doctrina fijada por este Tribunal en relación al requisito de motivación exigido por el artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación (ver doctrina jurisprudencial de esta Sala en la causa N̊ 18 "Vitale, Rubén D. s/rec. de casación"  Reg. N̊ 41 del 18/10/93;  causa N̊ 25 "Zelikson, Silvia E. s/rec. de casación" Reg. N̊  67 del 15/12/93; causa N̊ 65 "Tellos, Eduardo s/rec. de casación" Reg. N̊  99 del 24/3/94; causa N̊ 80 "Paulillo, Carlos Dante s/ recurso de casación" Reg. N̊ 111 del 12/4/94; causa N̊ 135 "Risso de Osnajansky, Nelly s/rec. de casación" Reg. N̊  142/94 del 18/10/94; causa N̊ 190 "Ruisanchez Laures, Angel s/rec. de casación" Reg. N̊  152/94 del 21/10/94; causa N̊ 181 "Sassoon Attie, Raúl Nissim s/recurso de casación" Reg. N̊ 177/94 del 17/11/94; causa N̊ 502 "Arrúa, Froilán s/ rec. de casación" Reg. N̊ 185/95 del 18/9/95; y causa N̊ 1802 “Grano, Marcelo s/ rec. de casación”, Reg. N̊ 186/2002 del 22/4/2002;  causa N̊ 1357 “Canda, Alejandro s/rec. de casación”, Reg. N̊ 70/98 del 10/3/98; causa N̊ 2124 “Anzo, Rubén Florencio s/rec. de casación”, Reg. N̊ 632/99 del 22/11/99; causa N̊ 2134, caratulada “Emi Odeon S.A.I.C. s/recurso de casación”, Reg. N̊ 712/99; causa N̊ 4303 “Díaz, Héctor s/rec. de casación”, Reg. N̊ 153/03 del 1/4/2003; causa N̊ 4295 “Marina, Sandra y otros s/rec. de casación”, Reg. N̊ 442/03 del 7/8/03, entre muchas otras).
  En tal sentido, somos de la opinión que resulta suficiente para tener por debidamente satisfecho el mandato del artículo 123 del rito penal la mención del a quo en punto a que, sin perjuicio que la sanción prevista para los ilícitos que se investigan en las presentes actuaciones (artículos 277 inciso 1̊ apartado “c”, con los agravantes del inciso 3 apartados “a” y “b”, en concurso real con los delitos tipificados por los artículos 277 inciso 1̊ apartado “c” y 299 todos  del Código Penal) no excede  las previsiones del artículo 316 del rito penal, también hay que evaluar los extremos previstos en el artículo 319 del C.P.P.N..  A tal fin, tuvo en cuenta el a quo que “El Registro Nacional de Reincidencia acompañó los antecedentes judiciales del causante, identificado por esa dependencia con los siguientes nombres: Rafael Horacio Dalde, Estanislao Francisco Daloe, Estanislao Francisco Daloe Brandana, Estanislao Francisco Dalde, Rafael Horacio Daloe (fs. 88/91); que el imputado fue declarado rebelde en las causas n̊ 17.581/04 del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nro 43, y n̊ 89/2006 en trámite ante el Juzgado en lo Correccional N̊ 2 de Pergamino; también que “Ante el Tribunal en lo Criminal Nro 3 de Quilmes, tramita la causa Nro. 3881 iniciada el día 16 de septiembre de 2005, seguida contra el imputado...en orden a los delitos de encubrimiento y uso de documento público falso, en la cual se habría revocado su excarcelación y se lo habría declarado rebelde...”; y que “..el titular del Juzgado de Ejecución Nro. 2, del Departamento Judicial de La Matanza, informó que, en el marco de la causa 2.838....( el imputado) fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional....” por considerarlo coautor del delito de robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse (conf. fs. 32/vta. , y fs. 92/93 y 129  de las fotocopias de los autos principales) .
  En razón de tales extremos, estimó que correspondía  “... confirmar la decisión de la instancia de origen por cuanto la previsión del magistrado acerca de la posible conducta renuente del imputado, ante los requerimientos de la justicia local, encuentra fundamento fáctico en las circunstancias reflejadas por las piezas del expediente principal...”.
  A todo ello adunó que “...Daloe Brandanna no se encuentra plenamente individualizado, pues existe información que lo identifica con distintos nombres y números de documentos y, también, que no posee arraigo en sitio alguno.”.
  En definitiva, la no concesión de la excarcelación  obedece al  antecedente penal que el encartado registra que evidencia su familiaridad con el delito, extremo que nos hace preveer que existe un riesgo concreto y evidente de reiteración de conductas delictuales, a las declaraciones de rebeldía, y a la cantidad de nombres que utiliza, lo que sin lugar a dudas obedece a su intención eludir las consecuencias de sus actos.
  Todo ello nos presenta elementos que sin lugar a dudas permiten evaluar la personalidad del acusado y, particularmente, la falta de apego por la debida observancia que ameritan las normas jurídicas.
  Las particularidades del caso que fueran relevadas, permiten a nuestro entender sustentar la conclusión de que el imputado es una persona con escasa predisposición a respetar o someterse a las normas sociales de convivencia, extremo que exhibe el riesgo en orden a que -en caso de concedérsele la excarcelación-, tampoco acate las obligaciones procesales que se derivan de su situación frente a la ley. Dicho en otras palabras, el imputado  eludirá la acción de la justicia -observación que torna aplicable la norma restrictiva contenida en el artículo 319 del Código Procesal Penal de la Nación-, extremo en virtud del cual coincidimos en conceptuar que corresponde denegar la excarcelación solicitada.
  Ninguna duda cabe en cuanto a que el lector de la resolución cuya nulidad se pretende se encuentra en condiciones de entender acabadamente los motivos que condujeron a los jueces a rechazar la pretensión de la defensa, los que se refieren a que de acuerdo a las condiciones personales del encartado cabe presumir el incumplimiento de sus futuras obligaciones procesales para el caso de gozar de libertad durante el proceso.
  En ese orden, apreciamos asimismo que los motivos tenidos en cuenta por el  a quo  para arribar a su convencimiento no resultan arbitrarios o ajenos a los recaudos legales que rigen la materia. En efecto, aplicando los principios enunciados precedentemente al supuesto de autos, y verificando los elementos de juicio que surgen de las presentes actuaciones, arribamos a la presunción que de recuperar su libertad, el imputado  intentará sustraerse a la acción de la justicia.
  En tales condiciones, no se advierte que el decisorio en crisis se aparte de la solución normativamente prevista, ni -reiteramos- que lo resuelto por el tribunal de grado evidencie la falta de motivación que le adjudica la empeñosa defensa.
  Por todo lo expuesto, en definitiva, propiciamos al Acuerdo y votamos por rechazar, con costas, el recurso de casación  interpuesto por la señora Defensora Oficial ante la anterior instancia, doctora María Inés Spinetta a fs. 34/38vta., contra la resolución de fs. 31/33 vta., dictada por la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (artículos 456 inciso   2̊,   471 a contrario sensu, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).
  El señor juez Dr. Guillermo J. Tragant dijo:
  Que adhiero al voto del colega que me precede pues coincide, en términos generales, con los lineamientos que fijara al votar en los autos “Minervini, José Horacio s/rec. de casación (Reg. 856/05 del 11/10/05) y “Chabán, Omar Emir s/rec. de casación” (Reg. 1047/05 del 24/11/05), a cuyos fundamentos in totum me remito, motivo por el cual propicio al acuerdo el rechazo del recurso de casación interpuesto, con costas.-
  Tal es mi voto.-
  La señora juez Angela Ester Ledesma dijo:
  Sellada que se encuentra la cuestión, y encontrandose prima facie acreditados elementos que permiten presumir en el caso el riesgo de elusión, adhiero a la solución propuesta por los colegas preopinantes.
    Así es mi voto.
  En mérito al resultado habido en la votación que antecede, el Tribunal, RESUELVE:
  NO HACER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la señora Defensora Oficial ante la anterior instancia, doctora María Inés Spinetta a fs. 34/38vta., contra la resolución de fs. 31/33 vta., dictada por la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, CON COSTAS (artículos 456 inciso   2̊,   471 a contrario sensu, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).
  Regístrese, hágase saber y remítanse las actuaciones al tribunal de origen.-

Firmado: Angela E. Ledesma - Guillermo J. Tragant - Eduardo R. Riggi.
Ante mí: María de las Mercedes López Alduncin. Secretaria de Cámara.

 
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