Derecho Penal

Venta de medicamentos peligrosos para la salud (ocultamiento del dato de hallarse vencidos).
Delitos Contra la Seguridad Pública - Jurisprudencia Provincial

Causa N° 33.007, caratulada "B., H. M. s/ recurso de Casación".

Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. rta. 19 de marzo 2009.

En la ciudad de La Plata a los 19 días del mes de marzo del año dos mil nueve, siendo las ........ horas, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores  Carlos Ángel Natiello, Horacio Daniel Piombo y Benjamín Ramón Sal Llargués bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 33.007 de este Tribunal, caratulada "B., H. M. s/ recurso de Casación". Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: SAL LLARGUES – PIOMBO - NATIELLO, procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:


A N T E C E D E N T E S

      Llega la presente causa a esta sede por recurso de casación interpuesto por el Señor Defensor Particular, Dr. Alberto Víctor Domínguez , contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nro. 2 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, en la cual se condenó en el marco de un juicio abreviado a H. M. B. a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, accesorias legales y costas del proceso por encontrarlo coautor penalmente responsable del delito de venta de medicamentos peligrosos para la salud.

      En primer término, denuncia la violación del principio de congruencia, toda vez que sostiene que la fecha del hecho no se encuentra precisada, en detrimento del derecho de defensa.

      El segundo motivo de agravio, y en forma subsidiaria gira en torno a la inobservancia en la aplicación de preceptos legales e improcedencia de la calificación aplicada al caso, art. 201 del código penal, por cuanto entiende que no se encuentran acreditado en autos los extremos exigidos por el tipo penal.

       Entiende que la calificación legal correcta es la del art. 203 del CP, es decir, ilícito culposo.

      Trae en apoyo de sus dichos, citas jurisprudenciales.

      Solicita se case la sentencia y se absuelva a su defendido.  En subsidio se califique a los hechos conforme el art. 203 del CP, disminuyendo el monto de pena impuesto. Hace reserva de recurrir ante la SCPBA y ante la SCJN.

      A fs. 57, al Fiscal Adjunto ante esta sede, Dr. Roldan, se expide sobre el presente recurso, solicitando su rechazo.

      Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala I del Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes: 


C U E S T I O N E S

      1ra.) ¿Es admisible el presente recurso de casación?

      2da.) ¿Es fundado?

      3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?


      A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Sal Llargués, dijo:

      Se controvierte sentencia definitiva en los términos del art. 450, se han cumplido los plazos a que se refiere el art. 451 y se invocan motivos de los contenidos en el art. 448, todos del rito.

      Voto por la afirmativa.


      A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Piombo, dijo:

      Adhiero al voto del doctor Sal Llargués expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.

      Voto por la afirmativa.


      A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:

      Adhiero al voto de los colegas preopinantes y doy el mío en igual sentido y por los mismos fundamentos.

      Voto por la afirmativa.


      A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Sal Llargués, dijo:

      Dije en causa Nro. 10.015: “No media agravio para la defensa en el  juicio abreviado en que ha acordado con la contraparte cuál es el marco de las pretensiones de ambas.

      El acuerdo —semántica y jurídicamente- no es sinónimo de allanamiento de una de las partes a los requerimientos de la otra, pero —en el caso contingente— puede significar materialmente lo mismo.

      Esto quiere decir que quien lleva adelante técnicamente la representación de un imputado, sabrá —contingentemente— cuándo es conveniente a los intereses de su pupilo llegar a un acuerdo con la requirente. Ese acuerdo presume que ambas partes coinciden en que la calificación y pena seleccionadas son las que resumen el caso, siendo necesario además (se ha señalado al hartazgo) que ese acuerdo incorpore todos los tópicos que permiten esa conformidad recíproca.

      Naturalmente que el acuerdo de que hablo es un acuerdo responsable.”

      No obstante, en la sub lite se verifica una situación que otorga el interés recursivo a la parte, que reclama el art. 421 del ritual para poder impugnar.

      El hecho imputado en autos es el siguiente: “con antelación al día 10 de octubre de 2001, en la farmacia Magallanes SCS, sita en la calle Mendoza 4244 de la localidad y partido de Lanús, dos personas de sexo masculino, mayores de edad, pusieron a la venta medicamentos peligrosos para la salud, toda vez que se encontraban vencidos y materialmente adulterado dicho carácter, tratándose de (...)”.

      Con relación a la alegada violación al principio de congruencia, entiendo que asiste razón al fiscal en esta instancia, no resulta afectado dicho principio, toda vez que media correlación entre el hecho imputado por el fiscal y el establecido en la sentencia, por lo que la defensa mal puede sentirse sorprendida o vulnerada.

      En cuanto a las circunstancias de tiempo de la acusación, me refiero a “con antelación al día 10 de octubre de 2001”, entiendo que tampoco existe perjuicio alguno, porque es claro que el hecho nunca podría haber comenzado antes del mes de octubre de 1999, fecha en la cual el imputado adquirió la farmacia.

      Cabe agregar que la inspección de la Dirección de Medicamentos se realizó el día 10/10/01, y dadas las características del tipo penal, basta con que el inspector haya verificado que ese solo día se realizó el mismo para que se abastezca el requisito temporal, sin que de ningún modo se esté afectando el derecho de defensa.

      Ahora bien, con respecto a la calificación legal cuestionada, el art. 201 reza: “Las penas del artículo precedente, serán aplicadas al que vendiere, pusiere en venta, entregare o distribuyere medicamentos o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo”.

      En este artículo se protege a la salud pública, es decir, la salud de personas en manera general.

      La acción que es la verdaderamente penada, es la de ocultar la nocividad de dichas mercaderías o medicamentos, a través de una venta, entrega o distribución.

      Se requiere entonces la venta, entrega o la distribución sumada a la acción de disimular el probable y ciertamente posible riesgo perjudicial del objeto en cuestión a causa del ocultamiento, para tener por configurada la conducta delictual.

      En el presente, la acción típica es la de los coimputados de poner a la venta en la farmacia de la localidad de Lanús, varios medicamentos peligrosos para la salud –vencidos-, ocultado dicha circunstancia mediante la adulteración de su fecha de vencimiento.

      Sin embargo la peligrosidad de los medicamentos, no fue acreditada en autos. La sola alteración de la fecha de vencimiento de los mismos, no basta para tener por demostradas su riesgo en la salud.

      No surge de la sentencia ningún informe o pericia en la cual se haya acreditado dicho extremo, por lo tanto, debo concluir, que el peligro para la salud no fue probado.

      Siendo el tipo imputado, un delito de peligro concreto, los medicamentos tiene que entrañar la aptitud, aunque más no sea indirecta, de causar un daño en la salud de la comunidad. En este caso no se ha verificado con el plexo probatorio. Debe ceder.

      Por lo tanto propongo al acuerdo, casar la sentencia atacada y absolver a B. del delito imputado.

      Voto por la afirmativa. 


      A la misma segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Piombo, dijo:

      Discrepo con el distinguido juez y profesor que lleva la palabra en este acuerdo.

      La acción medicamentosa puede perjudicar activamente, introduciendo en el cuerpo del receptor un elemento nocivo; o pasivamente, al no producir, por ausencia de la condigna actividad de la droga, efectos curativos. El sujeto cree –en este último supuesto- que el fármaco lo protege; evita así adquirir otro específico activo y su estado de salud queda librado a las contingencias de quien no recibe atención médica.

      La conducta criminalizada también apunta a la desprotección que se ocasiona con el hacer aquí investigado y juzgado. El medicamento es nocivo, también cuando torna inerme al consumidor.

      En lo demás, adhiero al preopinante.

      Voto por la negativa.


      A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:

      Adhiero al doctor Piombo; dejando sin embargo aclarado que no comparto la naturaleza que mis colegas atribuyen al juicio abreviado tal como lo dejé expresado en los precedentes 10015 y 10039 a los que me remito en honor a la brevedad.

      Voto por la negativa.


      A la tercera cuestión planteada el señor Juez, doctor Sal Llargués, dijo:

      Visto el modo como han sido resueltas las cuestiones precedentes y dejando a salvo mi opinión, corresponde: 1) declarar admisible el recurso de Casación planteado a favor de H. M. B.; 2) por mayoría y los fundamentos dados, rechazar el mismo sin costas en esta instancia. (Arts. 396, 399, 421, 448, 450, 451, 456 primer párrafo, 530 y 531 del C.P.P.; art. 201 C.P.); 3) regular los honorarios profesionales al letrado interviniente, doctor Alberto Víctor Domínguez, por la labor profesional desplegada en esta sede, en la cantidad de ocho (8) unidades jus con más los aportes de ley. Artículos 171 de la Constitución Provincial; 1, 9, 16, 31, 33 y 51 de la ley N° 8904; 1 y 12 inciso a) de la ley N° 8455 y artículo 534 del C.P.P. -ley N° 11.922- debiendo procederse como lo determina el art. 22 de la ley N° 6716 y; 4) tener presente la reserva del caso federal planteada a tenor del art. 14 de la ley 48.

      Así lo voto.


      A la misma tercera cuestión planteada el señor Juez, doctor Piombo, dijo:

      Adhiero al voto del doctor Sal Llargués expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.

      Así lo voto.


      A la misma tercera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:

      Adhiero al voto de los colegas preopinantes y doy el mío en igual sentido y por los mismos fundamentos.

      Así lo voto.


      Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:

S E N T E N C I A

      Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede el Tribunal resuelve:

      I.- Declarar admisible el recurso de Casación planteado a favor de H. M. B.

      II.- Por mayoría y los fundamentos dados, rechazar el mismo sin costas en esta instancia.

      Arts. 396, 399, 448, 450, 451, 456 primer párrafo, 530 y 531 del C.P.P.; art. 201 C.P.

      III.- Regular los honorarios profesionales al letrado interviniente, doctor Alberto Víctor Domínguez, por la labor profesional desplegada en esta sede, en la cantidad de ocho (8) unidades jus con más los aportes de ley.

      Artículos 171 de la Constitución Provincial; 1, 9, 16, 31, 33 y 51 de la ley N° 8904; 1 y 12 inciso a) de la ley N° 8455 y artículo 534 del C.P.P. -ley N° 11.922- debiendo procederse como lo determina el art. 22 de la ley N° 6716.

      IV.- Tener presente la reserva del caso federal planteada a tenor del art. 14 de la ley 48.

      Regístrese. Notifíquese. Remítanse las actuaciones principales con copia certificada del presente al Tribunal de origen. Oportunamente remítase.

CARLOS A. NATIELLO - HORACIO D. PIOMBO - BENJAMIN R. SAL LLARGUES

ANTE MI: Carlos Marucci

 
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