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Plazo prescriptivo de la administración fraudulenta. Violación al deber de fidelidad que le cabe al sujeto activo respecto de los intereses que le son confiados: conducta dolosa.

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No es el ámbito de protección de la norma (art. 173 inc. 3º del C.P.) sancionar a los administradores inhábiles o negligentes. Necesaria relación interna entre el sujeto activo y pasivo.

Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, causa Nro. 38.759, caratulada “T., F. R. s/recurso de casación”, rta. 15 de diciembre 2011.

/// la ciudad de La Plata, a los 15 días del mes de diciembre de dos mil once, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Jorge Hugo Celesia y Carlos Alberto Mahiques, con la presidencia del primero de los nombrados, para resolver en la causa Nro. 38.759, caratulada “T., F. R. s/recurso de casación”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: MAHIQUES – CELESIA.
  Que llegan las actuaciones a esta Sala en virtud del recurso de casación deducido por el señor defensor particular, doctor Silvio Ramón Duarte, contra la sentencia dictada con fecha 22 de mayo del 2009 por el Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, por la cual se condenó a F. R. T. a la pena de un año y seis meses de prisión, cuyo cumplimiento se dejó en suspenso, e inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado por el término que el de la condena y costas procesales, por resultar autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en concurso real con estafa en grado de tentativa.
Efectuadas las vistas correspondientes, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes cuestiones:
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?.
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Mahiques dijo:
El recurso impetrado resulta admisible, al haberse observado los recaudos de tiempo y forma que regulan su interposición conforme lo previsto en el art. 451 del C.P.P., abasteciendo además los requisitos de impugnabilidad, tanto en el plano objetivo como subjetivo, pues se trata la resolución recurrida, por la que se condena al imputado, de una sentencia definitiva y el impugnante se encuentra legitimado en virtud del art. 454 del C.P.P.
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Celesia dijo:
Adhiero al voto del preopinante y por sus mismos fundamentos me expido en igual sentido.
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Mahiques  dijo:
I) Que denuncia el recurrente como primer motivo de agravio la prescripción de la acción penal en orden al delito de administración fraudulenta, pues tomando en consideración que el último cobro percibido por el acusado en su gestión del patrocinio de Pelloni es de fecha 28/10/96, a partir de allí comenzó a correr el plazo prescriptivo. Por ello, siendo que no hubo condenas hasta el 28/10/02 que interrumpieran la prescripción de la acción, y como recién fue llamado a declarar como imputado en el año 2005, la acción penal se extinguió.
De igual forma, el delito de estafa en grado de tentativa lleva entrañado que el plazo de prescripción debe fijarse en la mitad del máximo de a escala, esto es tres años, razón por la cual tomando en cuenta que el último escrito presentado por el encartado como patrocinante de P. en el juicio por daños y perjuicios sustanciado en el Juzgado Civil N 12 data del 7 de octubre de 2002, la acción penal al momento de ser convocado a declarar a tenor del artículo 308 del rito (25/11/05) se encontraba prescripta.
Que en otro sentido denunció una mutación esencial del hecho imputado con desprecio al principio de congruencia.
Explicó que la elevación de la causa a juicio se formuló en relación a dos hechos calificados como retención indebida y estafa procesal, estructura que se mantuvo en el discurso acusatorio de la fiscalía durante la audiencia de debate, y respecto de la cual esa defensa ensayó los argumentos para replicar la hipótesis acusatoria.
El delito intimado reconducía a la no destitución en su debido tiempo de dinero u otro valor que se le haya dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver, sin embargo el supuesto fáctico contenido en el tipo penal aplicado por el tribunal entraña la existencia de un disposición legal, autoridad o por un acto jurídico que obliga a la administración de dinero o intereses pecuniarios ajenos, a fin de procurar para sí un lucro indebido o causar daño, violando los deberes perjudica los intereses confiados u obliga abusivamente al titular de éstos.
Destacó el recurrente que mientras  en la retención indebida la intención es negarse a restituir o no hacerlo en debido tiempo, la administración infiel reprochada a su asistido reclama un dolo de ultra-intención, que es procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño.
Ambas figuras no son fungibles, y los presupuestos fácticos presentan características normativas y descriptivas diversas, pues mientras en un caso alcanza con la negativa o atraso en la restitución para ingresar en la figura delictiva, en el otro existen mayores requerimientos típicos sobre los que no se pudo ejercer derecho de defensa a fin de poner en controversia su verificación en el caso en juzgamiento.
 En este sentido explicó que existen elementos probatorios sobre los que podrían haberse articulado defensas, concretamente, la aprobación de la rendición de cuentas efectuada por el señor P., acuerdo en el cual el nombrado ha prestado su consentimiento y conformidad con todas las actuaciones y gestiones del acusado T., habiendo recibido la totalidad de lo producido y que le corresponde por la liquidación en el expediente “P., L. D. c/B., J. R. s/daños y perjuicios” de trámite ante el juzgado cvil N° 12 de San Isidro, acuerdo que dio origen al expediente T. c/P. s/diligencias preliminares y homologación de convenio”, con sentencia favorable firme, expedientes que se encuentran agregados como prueba documental a la causa.
Puso de resaltó que en el caso no se efectuaron acusaciones alternativas, ni durante los lineamientos de la acusación la fiscalía previó la posibilidad de acusar por un hecho de administración infiel, ni durante el juicio se amplió la acusación en ese sentido, como tampoco el tribunal advirtió a las partes que aparecía probado un hecho distinto al requerido de juicio y mantenido en la acusación de cierre, a fin de ampliar la posibilidad de conocer en el mismo, como manda el artículo 374 del ceremonial, todo lo cual colocó a esa parte en situación de indefensión, tal como lo resolvió en casos análogos al Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 329-4637 “Sircovich, Jorge Oscar y otros”, expediente 1798/2003, resuelto el 31/10/06).
En tercer lugar, denunció que respecto de la tentada estafa procesal endilgada a T., nada surge de la causa que permita afirmar que el encartado engañara o indujera a error a la juez civil para dictar sentencia, en tanto el resarcimiento dispuesto por el juzgado se nutre de las comprobaciones a las que se arribó en la causa penal en la que se condenó al demandado como autor de delito de lesiones  culposas en contra del accionante civilmente.
Los actos cumplidos por T. no tuvieron la calidad ni envergadura necesarios para convencer a la juez civil ampliando el espectro de rubros indemnizables a favor de P., pues los únicos cimientos de la sentencia civil ya firme fueron la causa penal y la confesión mixta en la etapa probatoria de la causa civil efectuada por el damandado por daños y perjuicios.
Las pruebas valoradas en la sentencia civil para fundar la decisión judicial no aparece contaminada por ninguna pieza que pudiera ser presentada por T..
Destacó que la inacción de la contraparte, quien contando con debida asistencia letrada con concurrió a absolver posiciones, ni controló las testimoniales, no puede ser reprochada al acusado por corresponder a la competencia de la víctima.
Aquella pudo, aún antes del dictado de la sentencia, presentar los recibos extendidos por el acusado que obraban en su poder y acreditaban el pago parcial del monto reclamado, lo que así hizo en etapa de ejecución, en donde fueron reconocidos en tal carácter.
No era deber del acusado suplir la falta de actividad de los abogados de la contraparte planteando excepciones que aquellos no articularon.
No existe relación causal alguna entre la actuación de T. presentando los escritos con firmas no reconocidos por P., pues la juez civil no fundó la sentencia en ellos, siendo inexistente el riesgo patrimonial para la demandada, quien bajo la asistencia legal de sus abogados, negociaron y obtuvieron pagos parciales que disminuyeron notoriamente la magnitud de la deuda por el siniestro ocasionado, exigiendo los recibos para poder en la etapa oportuna plantear la excepción de pago parcial, como lo hico la señora G., viuda de B. B..
Destacó que de modo alguno los escritos cuya firma aparece cuestionada en el juicio por daños y perjuicios estaban destinados a proteger intereses del demandado, sino el actor, y como tales tendrán significación en tanto engañen al juez o perjudiquen a P., situación que no se produjo.
Ello así pues no hubo sanciones ni nulificación con respecto a los mismos en dicho expediente que hayan impedido al demandante obtener la sentencia resarcitoria en sede civil, por lo que no provocaron perjuicio alguno al patrocinado del acusado, hecho por el cual tampoco medió acusación fiscal.
II) Que respecto del primero de los motivos de queja relativos a la extinción de la acción habré de recordar que la extinción de la acción penal por prescripción es de orden público y se produce de pleno derecho, por el mero transcurso del plazo pertinente, por lo que debe ser declarada, aún de oficio, en cualquier estado y grado de la causa, si se dan los presupuestos legales que imponen su declaración (conf. C.S.J.N., Fallos: 186:289, 311:2205, considerando 9°; 301:339; L.10.XXXVII, "León, Benito s/ art. 71", rta. 18/09/2001. Asimismo, S.C.B.A., P.65.877, “Viola, Gustavo José s/lesiones culposas”, rta. 29/9/98; P.58.026, “Avalos, Miguel Ángel s/homicidio en riña”, rta. 15/12/98; P.59.800, “Llanos, Héctor Emilio s/lesiones graves”, rta. 31/5/00).
En definitiva, como lo ha expresado el máximo tribunal, si resulta procedente la extinción de la acción penal por prescripción, con su resolución se agota el acto de la sentencia, y también se agota el proceso (Fallos 311:2205; 311:1029; 311:1042; 311:1095).
Por otra parte, la reforma operada al artículo 67 del Código Penal mediante la ley 25.990 impone determinar cuál es la norma según la cual debe resolverse en la especie las cuestiones relativas a la prescripción.
En cuanto a ello concierne, cumple recordar que cuando el código de fondo determina en su artículo 2 que se debe aplicar la ley más favorable al imputado si existiese una diferencia entre la norma vigente a la época de comisión del delito y aquella otra que regía al momento de dictarse el fallo, la primera de aquellas alcanzará en sus efectos no sólo lo atinente a la calidad y cantidad de la pena, sino a todas las circunstancias que puedan influir en la imputabilidad y la sanción (confr. C.S.J.N., Fallos 164:330).
 No cabe duda de que una de estas circunstancias es la prescripción de la acción penal, en tanto se trata de una causa de extinción de la responsabilidad penal.
Así entonces, habiendo establecido este Tribunal, en el pleno dictado en la causa n° 9496 (rta. 18/9/2003), que quedaban comprendidos en el concepto de “secuela del juicio”, a los fines de la interrupción del curso de la prescripción de la acción penal, a todos aquellos actos jurisdiccionales o del Ministerio Público Fiscal que impulsen el ejercicio de la pretensión punitiva contra una persona determinada, de ello puede derivarse sin esfuerzo que el llamado a prestar declaración indagatoria presenta aquella característica, la cual aparece explícitamente refrendada a partir de la reforma introducida por la ley 25.990 al artículo 67 del Código Penal, que incluye en su determinación taxativa de las causales de interrupción del curso de la prescripción, a dicha convocatoria.
Por lo tanto, desde esta estricta consideración, la mencionada reforma legal resulta neutra en su adecuación al caso, no obstante lo cual su aplicación viene impuesta por la expresa mención a las causas de interrupción que impiden considerar como secuela de juicio a otras circunstancias diversas a las allí consagradas, como también, por la alusión a que la prescripción corre, se suspende o interrumpe separadamente para cada delito (artículo 67, último párrafo, del C.P. según ley 25.990), lo cual clausura, también, la posibilidad de hermenéuticas extensivas de los plazos prescriptivos de la acción de los delitos fundadas en las teorías de la acumulación de las penas, operando en tal sentido, como ley penal más benigna que la vigente al tiempo del hecho aplicable de pleno derecho (artículo 2 del ordenamiento sustantivo, y en igual dirección S.C.B.A., P.32.486, rta. 26/6/84; P.32.539, rta. 30/11/84; P.33.525, rta. 2/4/85; P.33.052, rta. 6/3/86; P.34.954, rta. 24/2/87).
Que teniendo en cuenta la calificación de los hechos en la figura de defraudación por administración fraudulenta, y dada la naturaleza compleja del tipo, tratándose de un gestión única e inescindible que absorbe los distintos fraudes que pueden haberse cometido en el marco de la administración, a los efectos de comenzar a correr el plazo prescriptivo habrá de estarse al último acto que resulte apto para causar o mantener el perjuicio patrimonial del damnificado. Por ello, fehacientemente intimado el acusado a rendir cuentas con fecha 12/03/03 éste resulta el hito a partir del cual deberá contarse al plazo prescriptivo, que en atención a los seis años previstos como máximo de pena, evidencia que al momento de ser convocado a declarar en los términos del artículo 308 del rito (25/11/05) la acción penal no había prescripto.
Asimismo, en relación con el delito de estafa en grado de tentativa, la reducción de la punibilidad prevista en el artículo 44 del código de fondo lleva a descontar un tercio del máximo de la pena prevista para el delito, por lo que el plazo de prescripción habrá de fijarse en cuatro años.
De tal suerte, aún tomando al último escrito de fecha 7/10/02 presentado por el acusado en el juicio por daños y perjuicios promovido como patrocinante de P. como fecha límite desde la cual comienza a correr el plazo de prescripción de la acción penal –tal como pretende el recurrente-, lo cierto es que al tiempo de declarar ante el fiscal -25/11/05- la acción penal nacida de la comisión de ese delito tampoco se encontraba prescripta, por lo que corresponde desestimar la pretensión del recurrente (artículos 2, 42, 44, 62, inciso 2, 67 172 y 173, inciso 7, del Código Penal –según ley 25.990-).
III) Que distinto es mi parecer respecto del segundo de los motivos de agravio del recurrente  fundado en la afectación del derecho de defensa en juicio por haberse condenado a T. en orden a la figura de administración fraudulenta prevista en el artículo 173, inciso 7°, del Código Penal, conducta defraudatoria que no habría sido intimada al acusado, pues adelanto, es mi parecer que la queja debe prosperar.
Que sin dudas constituye una garantía fundamental del proceso penal la clara, concreta y circunstanciada intimación a la persona sometida a juzgamiento respecto del o los hechos que se le imputan a fin de que a partir de dicha intimación pueda ejercer en plenitud su derecho de defensa en juicio.
Dicha intimación sólo reconoce un contenido material o fáctico, cuya identidad a lo largo del proceso, posibilita al justiciable el conocimiento cierto de la conducta objeto de reproche.
Por ello, el pronunciamiento conclusivo del juicio no podrá introducir sorpresivamente modificaciones a dicho material, sin perjuicio que la significación jurídica acordada al hecho resulta facultad exclusiva del juzgador y concreta aplicación del principio ‘iura novit curia’.
Que en función de lo dicho, la inteligencia y alcance que pretenda asignarse al principio de congruencia debe fundarse en consideraciones de orden material, y sin perder de vista que la ‘exactitud’ no es de la esencia de la garantía (cfr. D’Albora, Francisco, “Código Procesal Penal de la Nación, anotado, comentado y concordado”, p. 345, Ed. Abeledo Perrot, Bs.As., 1993), lo cierto es que sin acusación no puede haber defensa.
De cara a ello, resulta que al momento de concretarse la acusación fiscal durante el alegato de aquella parte en la audiencia de debate oral, se aseguró haber quedado “probada la materialidad de la acusación fiscal conforme lineamientos en toda su extensión  aseverando “que se ha acreditado que T., en su carácter de letrado recibe instrucciones de P. para iniciar un juicio de daños y perjuicios, como consecuencia de accidente de tránsito de fecha, 21/8/93; contra B.. En ese marco y bajo mandato, T. recibió 3 pagos de B. 28.12.95, 28.5.96 y 28.6.96, pagos de 29500 pesos, extendiendo correspondientes recibos por dichos pagos no dio cuenta ni a P. ni al juzgado. No obstante ello, el letrado siguió impulsando el juicio logrando dictado de sentencia condenatoria. Efectúa presentaciones a lo largo del proceso, donde la firma de P. era apócrifa. También se advierte la maniobra por la denuncia de G. (viuda), ante la muerte de B. B. en agosto de 1996, haciendo valer en dicho expediente civil los pagos efectuados por su difunto cónyuge. Que la Fiscalía entiende que el accionar del imputado antes descripto, de haber retenido en forma indebida las sumas dinerarias que fueran percibidas, omitiendo entregar las mismas y como mandatario de P., sin perjuicio de la intimidación (sic) de carta documento efectuada en el 2003, intimando a T. a rendir cta de su gestión. Así, ha quedado probada la materialidad, como la autoría y responsabilidad de T.” (cfr. el acta de debate a fs. 23).
Que al momento de subsumir aquella conducta en el catálogo penal la fiscalía postuló se calificara el hecho como defraudación por retención indebida en concurso real con estafa (arts. 55, 172 y 173 del Código Penal).
Que en virtud de lo señalado forzado estoy a destacar que no fue sino hasta el dictado del pronunciamiento condenatorio bajo examen –fenecida toda oportunidad probatoria de los hechos y de alegación del derecho- que la defensa tuvo conocimiento, con un mínimo grado de suficiencia, del evento por el que finalmente recayó condena.
 En efecto, todas las intervenciones previas de la acusación, esto es, descripción de la conducta imputada en la ocasión del artículo 308 del rito, requerimiento de elevación de la causa a juicio oral y aún la remisión a dicha pieza que efectúa la fiscalía al momento de esbozar la línea de acusación en oportunidad del debate, limitan la conducta objeto de reproche –en lo que a este agravio interesa- a la mentada retención de las sumas dinerarias, sin aludirse al carácter defraudatorio del manejo total de los intereses de su patrocinado, ni mucho menos, adjudicar que todo lo actuado fuera con intención de obtener un lucro al que no tuviere derecho el acusado.
Que al razonarse sobre el hecho por el que recayó condena, en su ineludible relación con el presupuesto fáctico contenido en el tipo legal seleccionado por los jueces, se comprueba la adición de diversas circunstancias con relevancia típica específica, no contenidas ni expresa ni implícitamente en el hecho por el que medió acusación fiscal, y que por dicha razón no pudieron ser controvertidas por la defensa.
Ello así pues el delito de administración fraudulenta del artículo 173, inciso 7, del C.P., en tanto implica violación al deber de fidelidad que le cabría al imputado respecto de los intereses que le habían sido confiados por P., reclama una actuación dolosa del agente especificada por un elemento subjetivo determinado –en el caso el ánimo de lucro- el cual puesto en relación con el ordenamiento jurídico debe surgir con carácter de indebido.
Y estas cuestiones no presentan un mero carácter ornamental en la figura legal, sino que hacen a la sustancia de la conducta individualizada a través del tipo.
En el aspecto que nos ocupa, el hecho histórico al que aludió la fiscalía a lo largo de todo el proceso como hipótesis acusatoria, resultaba un tanto más modesto, pues se estructuraba sobre una retención de tres pagos que habría recibido el encartado –en el marco de una gestión judicial que desarrollaba como patrocinante del accionante en un juicio por daños y perjuicios-, los que teniendo por destinatario al demandante, no habrían sido entregados en su debido tiempo.
Y digo más modesto, pues el acontecimiento que se pone en cabeza del acusado en el fallo, resulta de una estructura tanto más compleja, por cuando debe mediar una relación interna entre el sujeto activo y pasivo nacida por disposición de la ley, autoridad o por un acto jurídico, que otorguen al sujeto activo situación preeminente sobre los bienes o intereses pecuniarios de la víctima derivada de su poder de administración, cuidado o manejo. Asimismo las acciones u omisiones del autor deben ocasionar un perjuicio económico discernible para el titular de los bienes o intereses encomendados al sujeto activo.
Y con esto no se agota el presupuesto fáctico con relevancia jurídica penal, pues como no es el ámbito de protección de la norma sancionar a los administradores inhábiles o negligentes, sino reprimir a los infieles o abusivos, el tipo subjetivo formula requerimientos especiales, en tanto el autor deberá obrar gobernado por el interés de obtener un fin de lucro para sí o para un tercero o para causar daño.
Es mi parecer que, más allá de la significación jurídica que cabría otorgar a la conducta del imputado T., la acusación reputó la existencia de un acontecer histórico circunstanciado en el que no tienen cabida los mentados elementos, los cuales resultan insoslayables en la dogmática de la figura escogida por los jueces.
Por ello la novación de la realidad materialmente establecida en la primera cuestión del veredicto, que reprocha ahora al acusado el carácter total de la gestión encomendada -que se reputa fraudulenta y no debe confundirse con los puntuales y determinadas retenciones de pagos-, y particularmente la ultraintención que se adjudica al acusado de obtener un lucro indebido, constituye una mutación esencial del objeto del proceso que no fue acompañada por ninguna de las previsiones rituales tendientes a asegurar el derecho de defensa en juicio.
Por cierto que desde los albores de la investigación preliminar tanto la existencia de los pagos efectuados por el civilmente demandado B. B. al encartado T., como su retención por parte de éste y el silencio que guardó sobre dicha gestión a su patrocinado P. –accionante en el juicio civil por daños y perjuicios-, constituyeron elementos materiales aludidos por la acusación, pero jamás se los vinculó –sino hasta la tardía formulación en el fallo- de manera causalmente relevante en progresión objetivamente típica y dolosamente gobernada por el imputado a fin de obtener un lucro indebido, lo que teñiría de deslealtad a toda la gestión realizada y la haría ruinosa para P..
Es por ello que aquella desprovista mención como “materia” de un acontecer que se integraba para dar cuerpo a una recreación bien diversa, huérfana de requerimientos subjetivos específicos, violaciones de deberes, y mucho menos enjuiciar el carácter íntegro de la gestión encomendada, no puede erigirse en el sencillo expediente para legitimar –sin más- la imputación de las más diversas combinaciones históricas con relevancia jurídico-penal, con la sola condición que aquellas múltiples composiciones procedan sobre la base de elementos “mencionados” en la intimación delictiva original, y a las que pueda agregarse ligeramente circunstancias  típicamente relevantes, antes ni siquiera mencionadas.
Ya tuve ocasión de expresar que “razonar en este sentido llevaría a tornar adivinatoria la actividad defensista en pos de controvertir sobre todas las imaginables hipótesis delictivas que podrían “escribirse” –utilizado casi en sentido literario- a partir de determinados elementos fácticos que se repiten. La congruencia de una imputación no se agota en dicha “repetición” sino que comprende, casi esencialmente, la identidad sustancial del desarrollo secuencial de los hechos” (cfr. de esta Sala II, causa Nro. 36.347, caratulada “Novera, Jorge Mario s/recurso de casación”).
Así pues, si los jueces reconstruyen históricamente los hechos con este nuevo alcance, soy de la opinión que el fallo colocó al encartado y su defensa técnica en la imposibilidad de tener pleno conocimiento de la conducta que personalmente se le endilgaba al encartado a fin de controvertir, garantizándosele de tal forma las etapas aseguradoras del debido proceso legal en cuanto acusación, defensa, prueba y sentencia.
Aquel devenir histórico que el fallo sostiene con certeza sobre la fraudulenta gestión efectuada por el acusado T. como patrocinante de P., en violación de los deberes a su cargo y animado por la intención de lucrar ilegítimamente, ocasionando un perjuicio patrimonial, excede largamente al hecho que fue imputado por la fiscalía al encartado en el requerimiento de elevación a juicio, sin que tampoco se advierta que a su respecto fuera integrado a la plataforma fáctica del debate por medio de los mecanismos que el ordenamiento ritual prevé a tal fin, quizá porque no tenía elementos de cargo para sostener íntegramente los aspectos objetivos y subjetivos que convoca la infracción por la que se vuelcan los jueces en el fallo (doctrina del artículo 359 del C.P.P.).
 El injusto personal por el que recae condena importa menoscabo a la estrategia de defensa pues la mutación respecto de aquellos sucesos por los que medió acusación fiscal alcanza para proyectarse en perjuicio de los intereses de la defensa del condenado.
El motivo de agravio, en este sentido, cuenta en mi opinión con los fundamentos necesarios en orden a demostrar su procedencia, pues las afirmaciones relativas al cercenamiento del derecho de defensa no resultan dogmáticas, y tienen sustento en las constancias de la causa.
Adviértase que se encuentra disponible al conocimiento del tribunal en paridad de condiciones la prueba documental incorporada legalmente al proceso, de la cual surge la existencia de un acuerdo entre el acusado T. y su patrocinado, L. D. P., celebrado  el 20/6/03, en donde el acusado se compromete a abonar la suma de veinte mil pesos, entregando siete mil pesos en dinero en efectivo en ese acto, y obligándose a entregar  el resto en tres pagos, garantizando el cumplimiento de las obligaciones mediante la entrega de tres pagarés.
Dicha entrega se hizo al solo efecto conciliatorio y como perteneciente a los autos "P., L. D. c/B. J. R. s/daños y perjuicios” de trámite ante el Juzgado Civil y Comercial N° 12, Secretaría N° 2, de San Isidro, en los que el acusado era patrocinante del señor P..
Asimismo surge de dicho convenio que P. ha prestado su consentimiento y conformidad con todas las actuaciones y gestiones del encartado, habiendo recibido la totalidad del producido y que le corresponde por liquidación del mencionado expediente.
Adviértase que a este acuerdo entre el imputado T. y su patrocinado P., cuya existencia no se encuentra contradicha, se arribó tres meses después que P. intimara la rendición de cuentas a su abogado –ya enterado de la entrega del dinero a su letrado por parte del demandado en aquellas actuaciones-, por lo que no cabe ninguna duda sobre el efectivo conocimiento por parte del patrocinado P. sobre la gestión que había realizado el acusado años atrás.
Así surge de las propias expresiones de P., en tanto la carta documento que envió al acusado solicitando la mentada rendición obedeció, justamente, a tomar conocimiento por boca de la viuda del entonces demandado civilmente, que tiempo atrás habían efectuado pagos al abogado del accionante.
Resulta evidente que en ese proceso de liquidación P. y T. llegaron a un acuerdo, del que da cuenta el expediente de homologación judicial que corre por cuerda al principal, siendo en dichas circunstancias que P. consintió y se conformó “con todas las actuaciones y gestiones del Dr. T., habiendo recibido la totalidad del producido y que el corresponde por liquidación del mencionado expediente” (cfr. cláusula tercera).
Esta expresa aprobación de P. de la gestión llevada a cabo por el acusado en aquel juicio indemnizatorio –aprobación que, reitero, se formuló con cabal conocimiento de P. sobre los pagos otrora recibidos por T. de manos del demandado en juicio-, constituía un elemento que –cuanto menos- daba fundamentos para alegar en derecho y controvertir sobre el carácter fraudulento de la gestión desarrollada, habida cuenta la expresa conformidad de P. –supuesta víctima de la mentada administración fraudulenta- a la rendición de cuentas y pagos a los que se comprometió el acusado.
Adviértase en esta dirección, que P. no asumió el rol de particular damnificado en el proceso, sino que ni siquiera formuló denuncia penal alguna por este tema, el cual resolvió escasos meses después de intimar la de rendición de cuentas a su patrocinante, arribando al ya mentado acuerdo.
Este no es un argumento retórico, sino el principio de una articulación que bien podría haberse erigido como punto esencial de discusión si, precisamente, se hubiera hecho saber a la defensa y al acusado, que la imputación excedería la simple retención indebida de dinero, y se encaminaría a ponen en tela de juicio el carácter fraudulento o infiel de la gestión a la que se abocó como patrocinante del señor P..
Asimismo, frente al carácter consumado del delito de administración fraudulenta que se reputa en el pronunciamiento bajo examen, la plena conformidad de P. a la liquidación efectuada por el acusado en aquel juicio civil, constituye un extremo a partir del cual podría, también, argumentarse en contra, habida cuenta que resultaría por lo menos dificultoso reputar la existencia de un perjuicio en el patrimonio de quien aprobó la gestión global llevada a cabo por su abogado, en tanto ello resulta de un proceso transaccional en el que confluyen derechos y obligaciones recíprocas.
    En estas condiciones, entiendo que el juicio de reproche que se formula al acusado versa sobre un hecho que en varios de sus aspectos con relevancia típica no fue objeto de intimación fiscal.
Así pues, como las nulidades corresponde declararlas cuando la presunta irregularidad denunciada ha podido realmente influir en contra de las partes y lesionar su interés; es mi parecer que lleva razón el recurrente en su denuncia, pues lo actuado por el a quo se ha opuesto al progreso de su respectiva estrategia “impidiéndole formular sus descargos” (C.S.J.N., doctrina de Fallos: 242:234; entre otros), correspondiendo descalificar el pronunciamiento todo, como en casos análogos lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con reenvío a fin de que jueces hábiles dicten un nuevo pronunciamiento producto inexorable de la realización de un nuevo juicio (CSJN S. 1798. XXXIX “Sircovich, Jorge Oscar y otros s/defraudación por desbaratamiento de derechos acordados”, rta. 31/10/06, y causa Nro. 36.347 de esta Sala II, caratulada “Novera, Jorge Mario s/recurso de casación”).
 Agrego en este sentido, que tratándose el hecho que se calificó como estafa en grado de tentativa de un suceso íntimamente vinculado con la gestión profesional desarrollada por el acusado como patrocinante del señor P. en el juicio indemnizatorio por éste promovido, subsumido por el a quo en la mentada administración fraudulenta, y toda vez que aquellas circunstancias se sostienen en elementos de convicción comunes, particularmente el testimonio de P., resultaría un escándalo jurídico que la renovación del juicio –frente a una eventual anulación parcial del pronunciamiento- pudiere llevar a reputar inexistentes circunstancias que se tuvieron por afamadas en un pronunciamiento solo parcialmente anulado.
Frente a esta particularidad que informa el caso sometido a examen casatorio no cabe sino la anulación íntegra del pronunciamiento, lo que así postulo al Acuerdo, circunstancia que me exime de continuar con el tratamiento del otro motivo de agravio deducido por la defensa, por lo que a esta cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Celesia dijo:
Adhiero al voto del preopinante y por sus mismos fundamentos que hago míos me expido en igual sentido.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
 Por todo ello, y en mérito al acuerdo que antecede, el Tribunal
RESUELVE:
I) DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la defensa particular (arts. 401 y 451 del C.P.P.).
II) HACER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO anulando el pronunciamiento recaído en la presente, con reenvío a fin de que jueces hábiles dicten uno nuevo con arreglo a derecho, producto inexorable de la realización de un nuevo debate. Sin costas en esta instancia (arts. 18 de la Constitución Nacional, 451, 461, 465, 530, y ccdtes. del C.P.P).
Regístrese, notifíquese a la fiscalía, a la defensa particular y oportunamente devuélvase a la instancia de origen para el cumplimiento de las notificaciones pendientes.

Fdo: Jorge Hugo Celesia - Carlos Alberto Mahiques

Ante mi: Gonzalo Santillan Iturres


 
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