Derecho Penal

Sanción disciplinaria para un preso por ayudar a otros en un intento de fuga se entendió que se había participado en un quebrantamiento del orden y la disciplina.
Ejecución Penal - Jurisprudencia Nacional

Causa "VEGA, Sergio Daniel S/ejecución de pena privativa de la libertad -Recurso de Casación-" (Expte. "V", 9/08).

Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, rta. 18 de noviembre 2008.

Superior tribunal de la causa para el recurso extraordinario. Necesidad de recurrir en Nación previamente anteSENTENCIA NUMERO: TRESCIENTOS DIECIOCHO En la ciudad de Córdoba, a los dieciocho días del mes de noviembre de dos mil ocho, siendo las doce horas, se constituyó en audiencia pública la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, presidida por la señora Vocal doctora Aída Tarditti, con asistencia de las Señoras Vocales doctoras María Esther Cafure de Battistelli y María de las Mercedes Blanc G . de Arabel, a los fines de dictar sentencia en los autos: "VEGA, Sergio Daniel S/ejecución de pena privativa de la libertad -Recurso de Casación-" (Expte. "V", 9/08) con motivo del recurso de casación interpuesto por el defensor del imputado, el Dr. Guillermo Marcelo Dragotto, en contra del auto número trece de fecha treinta de mayo del año dos mil ocho, dictado por el Juzgado de Ejecución de Tercera Nominación de esta Ciudad. Abierto el acto por la Sra. Presidente, se informa que las cuestiones a resolver son las siguientes: 1º) ¿Se ha impuesto indebidamente la sanción disciplinaria al penado Vega? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar?. Las señoras Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dras. Aída Tarditti, María Esther Cafure de Battistelli y María de las Mercedes Blanc G. de Arabel. A LA PRIMERA CUESTION: La señora Vocal, doctora Aída Tarditti, dijo: I. 1. Por Auto nº 13 del 30/5/08, el Juzgado de Ejecución de Tercera Nominación de esta Ciudad, resolvió: “...rechazar el recurso interpuesto por el interno Sergio Daniel Vega contra las sanciones disciplinarias impuestas al nombrado por orden penitenciaria nº 0801/2008, en los términos del artículo 5º, incisos a y b del Anexo I, del decreto provincial nº 1293/00...”. 2. El defensor del encartado, el Dr. Guillermo Dragotto, comparece e interpone recurso de casación en contra de dicho decisorio con fundamento en la causal prevista en el inciso segundo del art. 468 del C.P.P.. Se agravia descalificando jurídicamente la decisión del a quo, “... por inobservancia en la fundamentación de la resolución por haberse vulnerado las reglas de la sana crítica racional con respecto a prueba dirimente, sancionado bajo pena de nulidad al advertir una valoración contradictoria de elementos probatorios que sumados a otros elementos de prueba no valorados modificarían seguramente el Auto dictado, removiendo el grado de certeza al que ha arribado, llevando como máximo al Sr. Juez a una duda insuperable que debe jugar a favor del imputado...”. Sostiene el impugnante que la postura exculpatoria de su asistido no sólo no fue desvirtuada por el Juzgado de Ejecución, ya que Vega reconoce haber entregado una tarjeta telefónica, pero con el mismo fin con el que lo hiciera Zapata cuando les hizo entrega del handy: “...para que no se agrave la situación en la que estaban...”. Este mismo testigo manifestó en su ampliación “... que él no sabe si la información que Vega le daba a los internos era con ánimo de ayudarles a fugarse o si lo hizo por temor que le hicieran daño a los rehenes...”. Para la defensa, la intención de Vega fue la de calmar los ánimos y que la entrega de la tarjeta telefónica no la realizó él, sino que se la dio al mismo Zapata para que hiciera dicha extensión a los internos revoltosos. Agrega además que de las declaraciones prestadas por el personal del Servicio Penitenciario y de la Policía, se desprende la falta de elementos probatorios de participación del imputado Vega en el intento de fuga de los otros internos. Asimismo en relación de la información brindada por el interno Vega sobre la cantidad y ubicación de los guardia cárceles apostados en cercanía del lugar de conflicto tampoco está probada, ya que todos los demás testigos manifestaron no haber oído nada sobre la información que éste habría proporcionado e inclusive manifestaron que los internos sediciosos sabían donde estaban escondidos los guardia cárceles ya que podían verlos. Concluye el letrado que su asistido hace 8 años que no recibe sanción alguna y que la conducta de Vega queda avalada por el Acta del Consejo Correccional de fecha 3/12/2007 que establece que el mencionado interno se encuentra en la fase de afianzamiento, con concepto bueno y conducta ejemplar diez. En definitiva la defensa solicita que el Tribunal Superior revoque la sanción impuesta al encartado, ordenándose inmediato traslado de su asistido al Establecimiento Penitenciario nº 2 de Barrio San Martín a fin de volver las cosas a su estado anterior ya que el Juzgado de Ejecución al expedirse no ha realizado una valoración conjunta de la prueba. II. El Tribunal al momento de confirmar la sanción impuesta al interno Vega, estableció que: “...Los elementos de comprobación reseñados me llevan a la convicción de que puede tenerse por suficientemente acreditado que Sergio Daniel Vega brindó al grupo de reclusos que protagonizaba un intento de fuga la información que afirma el guardia cárcel Miguel Emiliano Zapata (principalmente: eventual existencia de empleados penitenciarios fuera del pabellón). Esto es así, puesto que el testimonio del mencionado funcionario penitenciario, mediante un relato que aparece coherente y, por ello, totalmente verosímil, permite fundar razonablemente tal conclusión, sin que existan elementos de descargo que la desvirtúen. No desconozco que los guardia cárceles Subayudante Luis Alejandro Farías y Ayudante Sergio Montenegro no vieron que Vega propiciara tal información, ni tampoco que el policía comisionado Daniel Ernesto Vaquel precisó que, desde la puerta de acceso al Pabellón 18, Vega no habría podido percibir las circunstancias sobre las cuales le preguntaba el grupo de internos que intentaban la fuga. Es que, el propio Farías remarcó que vio que “... algunas personas que se encontraban en el pabellón les cantaron a los internos que había dos guardia cárceles ahí” (fs. 106 vta. y 106). Es decir que, aun cuando Farías no haya visto en ningún momento a Vega, e incluso aceptando que éste no hubiera podido contemplar personalmente las circunstancias que refería a sus pares, lo cierto es que el recluso efectivamente pudo acceder a tal información. Y lo hizo, y la aportó a los internos amotinados, conforme lo describió en su declaración el testigo Zapata...”. Con relación a la entrega a los internos que pretendían fugar –por parte de Vega-, de una tarjeta de teléfono que les permitió comunicarse con el exterior, el propio encartado reconoció que entregó a sus pares, por intermedio del guardiacárcel Zapata, una tarjeta telefónica que les permitió tener contacto con el exterior. Por lo demás, la justificación que esgrime Vega, en el sentido que entregó dicha tarjeta “... para que no se agravara la situación”, no resiste el menor análisis, si lo escruta en función de la experiencia común (regla ésta que, como se sabe, integra el sistema de la sana crítica racional, adoptado por nuestro ordenamiento legal para la valoración de la prueba: art. 193 C.P.P.). Es que, no se advierte por qué un condenado habría de colaborar con un grupo de reclusos que pretendían fugar y que tenían como rehenes a algunos guardia cárceles, para así evitar eventuales represalias en contra del personal penitenciario. Puedo afirmar, en consecuencia, que –al entregar a un conjunto de penados que pretendían fugar, una tarjeta telefónica que les permitió tener contacto con el exterior- Vega colaboró con tal intento de evasión y participó en un movimiento para quebrar el orden y la disciplina... ”. III. 1. Previo ingresar al análisis de la cuestión principal sobre la cual debo expedirme, corresponde formular algunas breves consideraciones respecto de los requisitos propios de la impugnabilidad objetiva en el recurso interpuesto, como cuestión atinente a la admisibilidad formal del mismo. Se ha señalado que en materia de ejecución de penas, su control por vía del recurso de casación se encuentra limitado a las resoluciones que pongan fin a la pena, o hagan imposible que continúen, o que denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena, a las que aún cuando no tengan ese efecto signifiquen el cese del encierro (libertad condicional, libertad asistida, prisión domiciliaria, prisión discontinua), o bien cuando se trate de decisiones que mantienen situaciones que se relacionan con el agravamiento de las condiciones de cumplimiento de la pena, sea bajo modalidad de encierro o no (TSJ, Sala Penal, A. n° 221, 26/7/2000, “Fernandez Dennis”; A n° 121, 29/4/03, “Vargas”; A n° 85, 29/3/04 “Ortiz”, entre otros), o se trate de una cuestión que vincule la infracción impuesta con la pérdida de algún beneficio (T.S.J., Sala Penal, A.n° 291, 8/9/04; Cfr. Cafferata Nores-Tarditti, “Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, comentado”, Ed. Mediterránea, T. 2, p. 451). También se dijo, que corresponde admitir la impugnabilidad de resoluciones como la del caso de autos, en la que se confirman las sanciones disciplinarias impuestas al interno, lo que le impide, por lo menos abstractamente, obtener beneficios tales como la flexibilización del encierro carcelario (vgr. salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y asistida). Es que durante el período de prueba, se procura la flexibilización del encierro penitenciario siempre que se hayan desarrollado conductas que implican capacidad para el sostenimiento y ejercicio sistemático de métodos de autogobierno, de modo que habiliten la disminución progresiva de las medidas de vigilancia como preparación para el egreso (S. nº 180, 6/12/06 “Herrera”). Por otra parte “Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos”, adoptadas por la Organización de Naciones Unidas, es un documento que -si bien no cuenta con raigambre constitucional como los instrumentos internacionales elevados a esa máxima jerarquía normativa por el art. 75, inc. 22º de la C.N.- resulta orientador como pauta de una buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos, como lo señala el propio documento en las “observaciones preliminares”. Desde este punto de vista, resulta relevante lo dispuesto en el art. 29 de dicho documento: “La Ley o el reglamento dictado por autoridad administrativa competente determinará en cada caso: a) La conducta que constituye una infracción disciplinaria; b) El carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que se puedan aplicar; c) cual ha de ser la autoridad competente para pronunciar esas sanciones”. 2. Ingresando al análisis de la cuestión traída a estudio, destaco que reiteradamente esta Sala ha sostenido que la fundamentación de la sentencia debe ser derivada, es decir, respetuosa del principio de razón suficiente. Ello importa que la prueba en la que se basan las conclusiones a que se arriba en la sentencia, sólo pueda dar fundamento a las mismas y no a otras; o expresado de otro modo, que aquéllas deriven necesariamente de los elementos probatorios invocados en su sustento (TSJ, Sala Penal, Sent. nº 13, 27/05/1985, "Acevedo"; Sent. nº 11, 8/05/1996, "Isoardi"; Sent. nº 12, 9/05/1996, "Jaime"; Sent. n° 41, 31/05/2000, "Spampinatto", entre otras). Las pruebas no son sólo las directas, pues también en numerosos precedentes se ha advertido que un cuadro convictivo conformado por prueba indiciaria no resulta óbice para sostener una conclusión condenatoria, en la medida en que los indicios sean unívocos y no anfibológicos (T.S.J., Sala Penal, S. n° 41, 27/12/84, “Ramírez”) y a su vez sean valorados en conjunto y no en forma separada o fragmentaria (T.S.J., S. n° 45, 29/7/98, “Simoncelli”; "Bona", cit.; A. n° 1, 2/2/04, "Torres", entre muchos otros), toda vez que resulta inherente a la esencia de la prueba indiciaria su consideración conjunta (T.S.J., Sala Penal, S. n° 112, 13/10/05, "Brizuela"; S.205, 24/8/07, "Ferreyra Calderón", entre otros). Tal es lo que ocurre en el caso, puesto que el impugnante parcializa a conveniencia la trama convictiva y focaliza su crítica únicamente en aquellos extremos que abonan su pretensión, olvidando toda referencia a los demás elementos de juicio que, en una meritación integrada, han llevado a la decisión en crisis. A esto lo podemos verificar fácilmente, si ponemos atención en que el quejoso solo toma de declaración del Subadjutor Zapata, la parte en que éste dijo: “...que él no sabe si la información que Vega le daba a los internos era con ánimo de ayudarles a fugarse o si lo hizo por temor que les hicieran daño a los rehenes...”. Pero de una lectura integral de la misma se desprenden situaciones concretas que lo involucran directamente en el suceso, como colaborador del intento de fuga. Zapata dijo también que una vez iniciado el intento de fuga, los internos participantes del hecho comenzaron a llamar a Vega, quien ya se encontraba al lado de la puerta y le preguntaban si había gente afuera, para así poder continuar con su escapatoria, brindándoles Vega esa información, la que fue utilizada por los sediciosos, ya que después de ello le ordenaron a Zapata que sacara a su gente de ese lugar. Manifestó también Zapata que: “... los internos que se intentaban fugar son todos compañeros de Pabellón de Vega –Pabellón 18-, el cual es un pabellón denominado la iglesia y todos pertenecían al grupo de los “mundanos”, ya que son pastores. Que para él el hecho de que Vega les dijera dónde estaban los otros miembros del Servicio Penitenciario era esencial para que los internos pudieran fugarse y puso en peligro a todos los del servicio...”. Es importante destacar también lo que dijo este funcionario con respecto a que si Vega no hubiera querido tener problemas, se podría haber quedado en su celda, como lo hicieron los internos que no quisieron participar en el suceso que tratamos. El mismo contrapunto se produce con lo sostenido por el defensor a raíz de la entrega de la tarjeta telefónica por parte de Vega a los insurrectos, cuando opina que lo hizo con el mismo fin con el que lo hiciera Zapata cuando les hizo entrega del handy para que no se agravara la situación. En primer lugar el propio interno y su defensor reconocen la entrega de la tarjeta telefónica de Vega a los amotinados, lo que revela la presencia del encartado en el lugar del hecho y su participación en los mismos. En segundo término Zapata es un funcionario que trabaja en el penal, al que los revoltosos le exigieron violentamente que entregara ese elemento –handy- y al que coaccionaron con la posibilidad de matar a sus compañeros sino accedía a tal petición. Mientras que Vega era su compañero de pabellón, al que llamaban por su sobrenombre “cabuche”, que conocía perfectamente que su grupo “los mundanos” estaba perpetrando una fuga, pidiéndole una colaboración para su huída, conociendo además Vega el sentido para el cual lo hacía, esto es, posibilitarle con dicho elemento la comunicación con el exterior. Por otro lado, si bien el a quo en su resolución manifestó no desconocer lo que el policía comisionado Daniel Vaquel dijo sobre la percepción ocular que tenía el interno Vega el día del suceso, en cuanto a que éste no habría podido observar lo que le requería el grupo de internos que intentaba fugarse por tener una vista parcial del sector de ingreso al pabellón 18 y que por ello no pudo haber observado a los penitenciarios que allí se encontraban, no tiene correspondencia con lo que le requerían los sediciosos. Primero, porque ya que en sus declaraciones tanto ellos como los penitenciarios testificaron que ambos bandos tenían un contacto visual. Y segundo, porque lo que los insurrectos querían saber en realidad era: “si había gente afuera”, -no dentro de los pabellones-, a lo que Vega respondió que había gente en el muro, brindando de esta manera la información que se le pedía. Ahora bien, con relación a la afirmación que efectuó la defensa de Vega en cuanto a que el mismo actuó: “...para calmar los ánimos...”, aparecen como apreciaciones genéricas que debieron ir acompañadas de un confronte preciso con los elementos de juicio que sustentaron la sanción, por lo que el reproche aparece sólo como una afirmación dogmática desprovista de toda motivación. Por todas estas razones y luego de realizar un análisis de la situación fáctica planteada, se llega a la conclusión de el mencionado interno colaboró en el intento de fuga y con su participación en el hecho quebrantó el orden y la disciplina dentro del penal, por lo que autoridad administrativa aplicó correctamente la sanción disciplinaria. Voto pues, negativamente a la primera cuestión planteada. La señora Vocal, doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo: La señora Vocal doctora Aída Tarditti da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero al voto, expidiéndome en igual sentido. La señora Vocal, doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo: Estimo correcta la solución que da la señora Vocal Dra. Aída Tarditti, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma. A LA SEGUNDA CUESTION: La señora Vocal, doctora Aída Tarditti, dijo: En mérito del resultado de la votación que antecede, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por el defensor del imputado Sergio Daniel Vega, Dr. Guillermo Dragotto. Con costas (art. 550 y 551 C.P.P.). Así voto. La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo: La señora Vocal doctora Aída Tarditti da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero al voto, expidiéndome en igual sentido. La señora Vocal, doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo: Estimo correcta la solución que da la señora Vocal preopinante, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma. En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Penal; RESUELVE: Rechazar el recurso de casación interpuesto por el defensor del imputado Sergio Daniel Vega, el Dr. Guillermo Dragotto. Con costas (art. 550 y 551 C.P.P.). Con lo que terminó el acto que, previa lectura y ratificación se dio por la señora Presidente en la Sala de audiencias, firman ésta y las señoras Vocales, todo por ante mí, el Secretario, de lo que doy fe.

 
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