Derecho Penal

Inconstitucionalidad del pago del mínimo de la multa para acceder a la suspensión de juicio a prueba en el delito de lesiones culposas.
Derecho Procesal Penal - Jurisprudencia de Bahia Blanca
Causa Nro. 850/06 "VIOLA, Carlos Alberto por lesiones culposas".
 
Juzgado en lo Correccional nro. 1 de Bahía Blanca, rta. 9 de febrero de 2007.
 
Causa Nro. 850/06 "VIOLA, Carlos Alberto por lesiones culposas"
Libro de Interlocutorias nro. IX
Nro. de Orden:
 
//hía Blanca, 9 de febrero de 2.007.-
AUTOS Y VISTOS:
Los de la presente causa nro. 850/06 para resolver las cuestiones planteadas en la audiencia única dispuesta por el art. 338 del Código Procesal Penal.
Y CONSIDERANDO:
I. En la audiencia única que prescribe el art. 338 del Código Procesal Penal (ley 11.922), el representante de la Defensoría Oficial, Dr. Agustín Saulnier solicitó en beneficio de su asistido la aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba, a la que adhirió el imputado, ofreciendo la suma de treinta pesos ($30) en concepto de reparación del daño causado, en atención a carecer de trabajo estable, como así también se compromete a no conducir vehículos automotores por el término exigido por la ley. Asimismo, respecto a la obligatoriedad del pago del mínimo de la multa exigida por la norma, solicitó que se declare la inconstitucionalidad de dicha exigencia atento tratarse de un caso de similar características al resuelto por éste Juzgado en la causa Nro. 401/06 caratulada "Torres, Pablo Damián por tenencia de arma de fuego de uso civil sin autorización legal".
Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal, doctor Guillermo Pazos Crocitto manifestó no tener objeciones que formular al pedido de suspensión del juicio a prueba formulado por la defensa. Asimismo, solicita que se rechace el pedido de declaración de inconstitucionalidad por los argumentos ya esgrimidos en la apelación presentada en la causa Torres y por que dicha declaración debe ser entendida como última ratio y para los supuestos de extrema gravedad e irrazonabilidad.
En relación a los fundamentos respecto a la procedencia del citado instituto en cuanto a los delitos con pena conjunta de inhabilitación me remito a lo expuesto en la causa nro. 1465 "Duca, Pablo Andrés por lesiones culposas en B. Bca." resolución de fecha 30/4/01, en cumplimiento a las finalidades del presente instituto.
En dicha resolución el suscripto indicó que realizar una interpretación meramente literal de la norma, afectaría el juicio de razonabilidad toda vez que el delito más leve recibiría un tratamiento jurídico más grave, violentándose de ésta manera el principio de proporcionalidad.
Debo anticipar que a mi juicio, en el caso, el pago del monto mínimo de la multa resulta inconstitucional y por ello no debe ser exigido.
II. Control de constitucionalidad.A) Sabido es que en nuestro país existe un control de constitucionalidad difuso o desconcentrado, ya que no funcional un fuero constitucional especializado. Así, la doctrina más calificada ha entendido que el control constitucional lo ejercen todos los jueces (Bidart Campos, Vanossi, Dromi, Quiroga Lavié). En ese sentido ha resuelto la Corte Nacional: "Es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a decisión, comparandolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella constituyendo esta atribución moderadora, uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial..." (CSJN, Fallos 33:194). También ha dicho el Alta Tribunal: "Todos los jueces, de cualquier categoría y fuero pueden interpretar y aplicar la Constitución y leyes de la Nación en las causas cuyo conocimiento le corresponda" (Fallos 149:126; 254:437; 263:297).
Es decir, que como señala Sagüés, se trata de un derecho y un deber para la judicatura; de una tarea suprema y fundamental de los magistrados judiciales; y de una función moderadora a cargo del Poder Judicial (Néstor Pedro Sagüés. "Derecho Procesal Constitucional. Recurso Extraordinario", tomo 1, pág. 100). En esta línea de pensamiento sostiene el maestro Bidart Campos que el control de constitucionalidad hace parte esencial e ineludible de la función judicial de interpretación y aplicación del derecho vigente para cada proceso y que el juez tiene que aplicar bien el derecho y para eso, en la subsunción del caso concreto dentro de la norma, debe seleccionar la que tiene prioridad constitucional ("Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", Tomo II, "El Derecho Constitucional del Poder", Germán J. idart Campos, pág. 500).
Tal control judicial de constitucionalidad si bien no surge expresamente del texto de la Ley Fundamental, emana tácitamente de las disposiciones de los arts. 30, 31 y 116. Los magistrados judiciales deben aplicar primero la ley prevaleciente -la Constitución- por sobre la ley subordinada -la norma infraconstitucional- (cfr. Sagües, ob. y tomo cit., pág. 101).
Si la constitución establece cierta condiciones para sancionar las normas inferiores y establece asimismo ciertas prohibiciones, si estas no son respaldadas por el remedio de la revisión judicial no sería una verdadera prohibición, por lo que una Ley Fundamental que no estuviera apoyada en ese remedio no sería más que un "mero juguete vistoso". El control judicial de constitucionalidad es lógicamente inevitable; toda decisión judicial implica ejercer un control de constitucionalidad (cfr. Carlos S. Nino, "Fundamentos de Derecho Constitucional", págs. 678 y 681).
El control de constitucionalidad que la ley encomienda en último término a la Corte Suprema, tiende a asegurar la observancia del orden jerárquico de las normas que rigen en el República, tanto en el ámbito nacional como provincial; pero tal facultad de contralor corresponde a todos los jueces de cualquier jerarquía y fuero (CSJN, Fallos 257:99). Los tribunales locales no solo pueden sino que deben efectuar dicho control de constitucionalidad en sus respectivas jurisdicciones (CSJN, "Strada", consid. 9, Fallos 308:490 -1986-. La Ley 1986-b-476).
En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, el control de constitucionalidad aparece expresamente previsto en los arts. 20.2, último párrafo y 57 de la Constitución Provincial.
B) El control de constitucionalidad importa una cuestión de derecho, y en ella el juez no está vinculado por el derecho que la partes le invocan por aplicación del principio iura novit curia, es decir que el juez suple el derecho que las partes no le invocan o le invocan mal. En consecuencia, configurada la causa judicial, la declaración de inconstitucionalidad es procedente sin petición expresa, cuando en el derecho aplicable el juez descubre la inconstitucionalidad; es que la supremacía de la Constitución es de orden público (cfr. Bidart Campos, ob. cit. pág. 500); así lo entiende también Vanossi, Hugo Alsina, Morello, Haro. Lo que sí se encuentra vedado es la declaración abstracta, es decir fuera de una causa concreta.
La declaración de oficio no altera el equilibrio de los tres poderes porque no implica arrogarse atribuciones legislativas sino ejercer la facultad de control propia de la división de poderes. Pareciera absurdo que el silencio de una de las partes del proceso prive al tribunal de cumplir con el mandato constitucional de asegurar la superioridad de la Constitución Nacional por sobre las normas infraconstitucionales. Resulta a mi juicio jurídica y lógicamente insostenible que un juez, cuya tarea es sustancialmente valorativa y que al asumir su cargo ha jurado por la patria, y si las tuviere, por sus creencias religiosas, cumplir y hacer cumplir la Constitución, tenga ante sí -al disponerse a resolver un caso- una norma evidentemente inconstitucional, que además perjudica al imputado, se vea impedido de declarar la invalidez de dicha norma simplemente porque éste omitió efectuar el planteo. A Esto se refirió la Corte Suprema de Estados Unidos en el celebre caso "Marbury vs. Madison" de 1803 en el que creara en forma pretoriana el control de constitucionalidad, cuando sostuvo que el mentado juramento del juez constituiría algo peor que una solemne burla.
En el sentido indicado, ha sostenido la Corte Nacional que los jueces están facultados para ejercer de oficio el control de constitucionalidad sin que se afecte el principio de división de poderes ni el derecho de defensa en juicio (CSJN, "Mill de Pereyra, Rita A. y otros c. Pcia. de Corrientes", 27/09/01, La Ley, 2001-F-886). En igual sentido: Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Bs. As., causas L. 77.011 y L. 80.156; Tribunal de Casación Penal de esta provincia, Sala III, causa 4523.
Es que como enseña Luigi Ferrajoli la sujeción del juez a la ley ya no es como en el viejo paradigma positivista, sujeción a la letra de la ley cualquiera que fuera su significado, sino sujeción a la ley cuando es válida, es decir coherente con la constitución ("El derecho como sistema de garantías", ponencia expuesta en las Jornadas sobre la crisis del Derecho y sus alternativas, organizadas por el CGJP, Madrid, 30 de noviembre a 4 de diciembre de 1992).
II. El principio de razonabilidad es una garantía innominada que fluye de los arts. 1, 14, 28 y 33 de la Constitución Nacional. Las leyes que reglamentan los derechos consagrados constitucionalmente, no pueden alterar sustancialmente esos derechos, desnaturalizandolos o suprimiéndolos. Por ello la función reglamentaria tiene límites, y si las atribuciones concedidas por la Ley Fundamental son sobrepasadas debe funcionar el control de constitucionalidad a cargo del Poder Judicial, que deberá velar para que las normas infraconstitucionales se mantengan en adecuada coherencia con las directrices constitucionales, sin que se produzcan situaciones inequitativas o irrazonables, en la resolución de los casos concretos.
La doctrina y la jurisprudencia han elaborado el principio de razonabilidad como un intento de delimitación entre la reglamentación legítima y la que altera los derechos y garantías. Se trata de una norma operativa, ineludible de aplicar por todos los órganos de poder en un Estado de Derecho, pues lo razonable es lo opuesto a lo arbitrario (cfr. M. A. Gelli, "Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada", pág. 329). Ha resuelto el Tribunal de Casación Penal de ésta provincia que una norma legal puede ser inconstitucional por incompatibilidad lógica con el texto supremo o por colisionar con sus principios básicos, y que la tarea de dictar normas generales se ve restringida por el principio de razonabilidad que exige que el legislador determinen fundadamente los límites al ejercicio de los derechos (TCP, Sala I, sent. del 10/03/05 en causa 15.875). En igual dirección ha sostenido el Tribunal Cimero de nuestro país que el control de constitucionalidad que le compete al Poder Judicial exige garantizar que las decisiones legislativas respeten el principio de razonabilidad, según el cual debe cuidarse especialmente que los preceptos legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante el lapso que dure su vigencia en el tiempo, de suerte que su aplicación concreta no resulte contradictoria con lo establecido en la Constitución Nacional (CSJN, Fallos 316:3104, 317:756; 319:3241).
Se ha sostenido que "el principio constitucional de necesaria racionalidad de los actos de gobierno (art. 1 CN) impone que los imputados de delitos reprimidos con penas más leves no sean tratados de un modo más severo que aquellos a quienes se atribuyen delitos sancionados con penas de mayor gravedad. Una elemental exigencia de racionalidad lleva a que a menor gravedad del delito imputado corresponda un trato penal menos severo resultando lo inverso un acto estatal incluso desigualitario, por no tratar en forma menos severa la situación procesal de quien resulta imputado de un delito más leve, mientras que la igualdad ante la ley otorga el derecho a ser tratado de diferente forma ante distinta circunstancia, lo que implica reconocer el derecho de toda persona a recibir del Estado un trato menos severo (y, más claro aún, no más gravoso) que aquel que ese mismo Estado brinda a quien se encuentra ante una circunstancia menos grave que otra" (Gustavo Vitale, "Suspensión del juicio a prueba", 2da. edición, 2004, págs. 191/192).
En el caso resulta evidente que ante la presunta comisión del delito de lesiones culposas, que resulta menos grave en cuanto al peligro ocasionado y a la sanción prevista que el delito de homicidio culposo, de exigirse el pago del monto de la multa se estaría dando una respuesta más grave a una conducta mas leve de igual naturaleza, con lo cual se afectaría el principio de razonabilidad y el de proporcionalidad, además de la igualdad ante la ley (arts. 16 CN y 11 Const. Pcia. de Bs. As.). Respecto a esta última garantía la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que la ley debe ser igual para los iguales en igualdad de circunstancias, y que no se debe excluir a algunos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias (Fallos 127:18; 118:401, etc; en igual sentido: SCBA, I. 2019, "Devia" DJJ del 01/03/04, pág 1067); por eso señala María Angélica Gelli que el Alto Tribunal "ha examinado la categoría normativa hacia adentro, para evaluar si a alguno de los integrantes de aquella se los excluye del goce de los derechos que se reconocen a los otros. Una garantía mayor de la igualdad exige un análisis de razonabilidad más intenso para controlar las pautas con las que se construyeron las categorías" (ob. cit., págs. 182/183).
En el caso bajo análisis se da un supuesto discriminatorio irrazonable y absurdo desde que la categoría que presenta menor lesividad recibe un trato más severo. Se trata de una inconsecuencia de la ley en su aplicación al caso concreto que produce situaciones inequitativas que deben entenderse como no deseadas ni previstas por el legislador, por lo que debe funcionar el control constitucional por parte del Poder Judicial, en una tarea moderadora y esencial que tiende a asegurar el orden jerárquico de las normas que rigen en la República.
Por lo expuesto, RESUELVO: Declarar -en el caso- la inconstitucionalidad de la exigencia del pago del mínimo de la pena de multa prevista en la figura en cuestión como requisito imprescindible para acceder a la suspensión del juicio a prueba.
III. Como fuera anticipado, al causante Viola, conforme surge de la requisitoria de citación a juicio de fs. 38/40 se le imputa la comisión del delito de lesiones culposas en los términos del art. 94 del Código Penal, por lo que dada la penalidad prevista en la citada figura y la carencia de antecedentes penales computables del acusado (fs. 54), el beneficio solicitado resulta procedente.
IV. Por lo demás, no corresponde fijar la reparación del presunto daño pues la incomparecencia de la víctima Estela Yolanda Ramos a la audiencia preliminar estando debidamente notificada (fs. 69), hace presumir su desinterés en la misma.
POR TODO ELLO, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 76 bis, 76 ter. y concordantes del Código Penal, y 404 del Código Procesal Penal, RESUELVO: 1) Decretar la SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA EN LA PRESENTE CAUSA POR EL TERMINO DE UN (1) AÑO a favor del imputado CARLOS ALBERTO VIOLA, en orden al delito de lesiones culposas (art. 94 del Código Penal, según Ley 25.189), hecho acaecido el 12 de diciembre de 2004.
2) Establecer que dicha suspensión se otorga bajo las siguientes reglas de conducta -bajo apercibimiento de llevarse el juicio adelante- durante el término fijado en el punto anterior: a) fijar residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado, de la que no podrá ausentarse por más de veinticuatro (24) horas sin conocimiento previo del mismo, fijando domicilio en calle Arturo Illia N° 920 de Cármen de Patagones; b)someterse al cuidado del Patronato de Liberadosde esta provincia, Delegación Bahía Blanca, debiéndose presentar en Acción Social del Municipio de Cármen de Patagones dentro de los diez (10) días de notificarse de la presente; c) abstenerse de conducir todo tipo de vehículos automotores por el término de un (1) año (art. 27 bis del Código Penal).
3) No establecer reparación económica alguna, atento lo indicado en el IV) considerando.
4) Eximir al imputado de abonar el mínimo de la multa prevista por la figura que se le atribuyera por las razones expuestas anteriormente.
NOTIFIQUESE, regístrese copia para el protocolo, practíquese las comunicaciones que correspondan y dése oportuna intervención al Señor Juez de Ejecución Penal (art. 25 y 404 del CPP).
 
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