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Denegatoria de excarcelación para falsificador de documentos por sus contactos con pares que podrían proveerle de documentación para eludir la justicia con identidad falsa.

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Causa "De Mauro, Hugo Ernesto p.s.a. falsedad ideológica, etc. -Recurso de Casación-" (Expte. "D"; 26/08).

Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, rta. 21 de noviembre 2008. 

SENTENCIA NUMERO: TRESCIENTOS VEINTITRES En la Ciudad de Córdoba, a los veintiun días del mes de noviembre de dos mil ocho, siendo las diez horas, se constituyó en audiencia pública la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, presidida por la señora Vocal doctora Aída Tarditti, con asistencia de las señoras Vocales doctoras María Esther Cafure de Battistelli y María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, a los fines de dictar sentencia en los autos "De Mauro, Hugo Ernesto p.s.a. falsedad ideológica, etc. -Recurso de Casación-" (Expte. "D"; 26/08), con motivo del recurso de casación interpuesto por el Dr. Francisco José Sesto, en su condición de defensor del imputado Hugo Ernesto De Mauro, y con el patrocinio del Dr. Jorge Santiago Pérez, en contra del auto número doscientos treinta y dos, de fecha quince de agosto de dos mil ocho, dictado por la Cámara de Acusación de esta Ciudad. Abierto el acto por la Sra. Presidente se informa que las cuestiones a resolver son las siguientes: 1°) ¿Es nula la conclusión relativa a la peligrosidad procesal del imputado De Mauro? 2°) ¿Qué solución corresponde dictar? Las señoras Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dras. Aída Tarditti, María Esther Cafure de Battistelli y María de las Mercedes Blanc G. de Arabel. A LA PRIMERA CUESTION: La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo: I. Por auto n° 232, de fecha 15 de agosto de 2008, la Cámara de Acusación de esta Ciudad confirmó el Auto n° 227, de fecha 27 de octubre de 2007, dictado por el Juzgado de Control de Séptima Nominación de esta Ciudad, que rechazó la oposición presentada por la defensa de De Mauro en contra de la prisión preventiva dictada por el Sr. Fiscal de Instrucción Distrito I Turno 5, por presunto autor de falsificación de instrumento público reiterada -6 hechos- (arts. 45, 292 y 55 del C.P.), partícipe necesario de falsedad ideológica reiterada -4 hechos- (arts. 45, 293 y 55 del C.P.), y autor de uso de instrumento público falso reiterado -3 hechos- (arts. 45, 296 en función del 292 y 55 del C.P.), todo en concurso real (art. 55 C.P.) (fs. 18/21). II. Contra dicha resolución, recurre en casación el Dr. Francisco José Sesto, en su condición de defensor del imputado Hugo Ernesto De Mauro, con el patrocinio del Dr. Jorge Santiago Pérez, e invocando el motivo formal previsto en el segundo inciso del artículo 468 del C.P.P., por entender que la decisión de marras ha subvertido el sistema de garantías procesales predispuestas en materia de coerción personal -principio general establecido en el artículo 268 párrafo 1°- y desoyendo el enfático art. 269, también del C.P.P. (fs. 1). Funda la impugnabilidad objetiva del decisorio atacado (fs. 1 vta./2) y acota su agravio al extremo relativo a la peligrosidad procesal de su defendido en los términos del art. 281 inc. 2° del C.P.P. (fs. 2 vta.). Ya en lo que es materia de embate, recuerda la doctrina de esta Sala acerca del alcance del deber de fundamentación de las decisiones que atañen a la coerción personal del imputado, y aprecia que la Cámara ha soslayado la completitud de dicha norma, puesto que nada dice, a los fines de presumir la peligrosidad procesal, acerca de la falta de residencia del encartado, la declaración previa de rebeldía, sometimiento a un proceso anterior, cese de prisión preventiva en otro proceso o eventualidad de declaración de reincidencia por efecto de condena anterior no prescripta (art. 281, inc. 2°, último párrafo, C.P.P.) (fs. 3 vta./4). Afirma que estos extremos legales de rigor procesal han sido omitidos, y en el caso no se verifican: De Mauro "no es un gitano ni un vagabundo sino una persona afincada en el medio, con propiedades y familia; carece de antecedentes penales y nunca ha sido declarado rebelde o condenado penalmente". Por ello, no puede inferirse de la disposición legal el mentado riesgo impediente de la libertad, sobre la base de conjeturas sobre fugas o maniobras frustrantes de la investigación preparatoria (fs. 4). A continuación, puntualiza diversas circunstancias concretas de la causa que tornan insostenibles las sospechas de fuga o perturbación de la investigación: *De Mauro se presentó espontáneamente ante la justicia impetrando su mantenimiento de libertad, el que le fue denegado, lo cual importó -por propia decisión- someterse al encierro dispuesto; por ello, si antes no rehuyó su responsabilidad sometiéndose voluntariamente a la acción de la justicia, mucho menos lo hará hoy si se le concede la excarcelación después de un año y medio de privación de libertad; si antes no se fugó -cuando podía hacerlo con mayores medios- no lo hará ahora (fs. 4). *El Instructor no sólo agotó el tiempo normal de investigación (art. 337, C.P.P.), sino también su ampliación usual y la prórroga extraordinaria, sin que hasta el momento se haya clausurado la instrucción y requerido la citación a juicio de la causa; es de suponer que en tan dilatado lapso se hayan adquirido todos los elementos cargosos susceptibles de incorporarse al debate y por ello no se advierte de qué forma resultaría posible desnaturalizar prueba ya adquirida o que debió adquirirse en dicho lapso; en este último caso, las falencias que pudieran existir no resultan imputables al encartado, quien no debe pagar con encierro preventivo la demora (fs. 4 vta.). Luego el recurrente deriva el análisis hacia la violación del principio de razón suficiente que configura el derivar del sólo hecho de la profesión y capacidad económica del imputado, su peligrosidad procesal. Indica que ser entendido en materia notarial y haber cometido el delito enrostrado no significa necesariamente que después de haberse descubierto los hechos, promovida como está la investigación penal, adquirida prueba en numerosos cuerpos, habiéndose presentado espontáneamente el encartado y puesto a disposición de la justicia, tenga intención de modificar o perturbar algo ya prácticamente finiquitado o sustraerse a la autoridad después de haber estado encerrado durante un año y medio (fs. 5). Por el contrario, la mayor probabilidad denota que si no se fugó antes, cuando pudo hacerlo sin riesgo alguno, menos lo hará ahora luego de haber sufrido un largo encierro. Tampoco es posible pensar que podrá enervar toda la prueba documental colectada, ya que haga lo que haga al margen de los cuerpos del expediente, éstos serán incorporados por su lectura en la audiencia de debate (fs. 5 y vta.). A juicio del impugnante, se dan dos posibilidades: la existencia de riesgo procesal (según entiende la a quo), y la inexistencia de dicho extremo (según él postula), con lo que inclinarse por la solución más gravosa en perjuicio del imputado que goza de la presunción de inocencia importa una actitud arbitraria e ilógica por su falta de derivación necesaria. Este carácter anfibológico del indicio en que se basa la conclusión inficiona con nulidad la decisión de marras (fs. 5 vta.). III. La decisión impugnada expuso, en lo que aquí interesa, que el meollo del agravio se circunscribía al extremo relativo a la peligrosidad procesal de De Mauro, que el apelante había considerado desigualitariamente tratado en comparación con sus coimputados Lucarás y Fierro, quienes se encuentran en libertad durante el proceso. Sobre el punto, la a quo explicó que "tanto de las declaraciones de los dos coimputados libres como de la prueba recabada en autos... surge con claridad que, de los tres imputados, quien tenía un dominio completo de la maniobra y, por así decirlo, la comandó en todos sus pasos, fue De Mauro. Es claro, por cierto... tanto Fierro como Lucarás... conocían perfectamente la ilicitud de la maniobra en la que participaban. Pero no lo es menos que quien tenía los conocimientos necesarios para llevar a cabo todos los hechos de falsificación investigados en estas actuaciones, y de la manera en que se lo hizo, era De Mauro... Sólo poseyendo los conocimientos especiales que brinda la praxis propia de la profesión de escribano (así como la de abogado) y las relaciones personales que surgen a partir de esa praxis es posible llevar a cabo maniobras de falsificación documental como las que aquí se investigan... Es por ejemplo evidente que tenía acceso a protocolos notariales de otros escribanos... así como a soportes originales en los cuales insertó declaraciones falsas (soportes que sólo puede obtener un profesional o un idóneo ligado a esta materia, pues ellos no son accesibles a cualquier persona) y a empleados desleales del propio Registro General de la Propiedad, que habrían facilitado a De Mauro el acceso a la información documental necesaria respecto de los inmuebles que han sido objeto de estas maniobras de falsificación... Es, pues, claro, no sólo que la participación de De Mauro en los hechos fue de mucha mayor significación que la de Fierro y la de Lucarás, en el sentido de que sin su aporte los hechos ni siquiera podrían haberse cometido... además de ello es innegable que esa mayor significación material tiene directa repercusión en su peligrosidad procesal, pues, tal como lo sostuvo el a quo, es De Mauro el que posee contactos con otros falsificadores de documentos -vinculados o no al Registro General de la Propiedad- que podrían colaborar con él en la concreción de actividades tendientes a entorpecer la averiguación de la verdad... Es, en efecto, evidente que el imputado tiene contacto con falsificadores de documentos que bien podrían colaborar en la simulación, incluso de su propia identidad, y de esa forma dificultar su detección en caso de que fugara. Y es claro también que cuenta con suficiente poder adquisitivo para solventar esa fuga... para este imputado, con tales medios y contactos a su disposición, la posibilidad de lograr una vida en clandestinidad o fuera del país deja de ser una mera abstracción. Y estos datos son también seriamente indicativos de peligro de entorpecimiento de averiguación de la verdad, pues el imputado, con tales contactos y relaciones, fácilmente podría, en cualquier momento falsificar prueba o ponerse de acuerdo con autores o partícipes aún no individualizados para obstaculizar esa averiguación". Aclaró la Cámara que este razonamiento "tiene por objeto demostrar no que un abogado o un escribano, por el solo hecho de serlo, resulta ya por eso peligroso procesalmente... sino que esta persona, Hugo Ernesto De Mauro, en virtud de poseer los conocimientos especiales indicados -que por cierto los obtiene a partir del estudio y de la praxis propios de estas profesiones, como así también del modo en que las ejerce- por su poder adquisitivo... y por sus vinculaciones personales está en mejores condiciones que los otros dos coimputados para eludir la acción de la justicia. De hecho, expresamente consta en la causa el secuestro de abundante documentación que probaría 'la estrecha vinculación que (De Mauro) tendría respecto a varias líneas de investigación en el marco de los hechos que guardan relación con el Registro General de la Provincia'... Precisamente el hecho de que sean numerosos los procesos seguidos en contra de este imputado, por la supuesta comisión de ilícitos muy similares y vinculados entre sí, es lo que permite inferir que aquel integra una verdadera red de personas dedicadas a la vulneración habitual de la fe pública, lo cual, obviamente, permite sostener que, en libertad, De Mauro tendría a su disposición sobradas facilidades para entorpecer la averiguación de la verdad... (Este( razonamiento no importa, pues, extraer conclusiones positivas respecto de la existencia de peligro procesal a partir de meros datos generales como lo es el hecho de ostentar una determinada profesión, sino sostener que, en este caso particular, es dable inferir que esta persona (De Mauro), de ser puesta en libertad, por sus conocimientos y sus relaciones personales optará por obstaculizar ilegalmente la labor de la justicia en lugar de someterse a ella (C.P.P., art. 281 inc. 2° y cctes.)..." (fs. 19/21). IV. 1. Como cuestión previa se exige dar tratamiento a la formal cuestión relativa a la impugnabilidad objetiva de la resolución puesta en crisis. En innumerables precedentes, esta Sala ha tomado razón de la doctrina judicial establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha considerado recurribles aquellas decisiones que antes de la sentencia que pone fin a la causa, resuelven sobre medidas de coerción personal (Fallos 280:297; 290:393; 300:642; 301:664; 302:865; 306, V. I.:262; 307:549; 308:1631; 311, Vol. I.:359; T.S.J., Sala Penal, “Aguirre Domínguez”, S. n° 76, 11/12/1997; “Gaón”, S. n° 20, 25/3/1998; “Aksel”, A. n° 143, 21/4/99; “Del Pino”, A. n° 79, 3/4/00, S. n° 21, 6/4/2000; “Martínez Minetti”, S. n° 51, 21/6/2001, A. n° 139, 16/5/2002, “Tissera”; S. n° 53, 13/06/2005, "Oliva"; S. n° 9, 9/03/2006, “Actuaciones labradas... en autos ‘Síntora’...”; S n° 203, 24/08/07, "Mansilla", entre otros). Dicha hermenéutica ha sido expuesta en relación a resoluciones que restringen la libertad del imputado, puesto que –dada la jerarquía constitucional de la libertad personal de quien cuenta con la presunción de inocencia– son susceptibles de irrogar agravios de imposible reparación posterior. 2. Ya en lo que constituye objeto de agravio, adelanto mi opinión negativa a la pretensión recursiva, aunque previo iniciar el análisis estimo conveniente acotar su estricto margen. Por imperio de la prohibición de la reformatio in pejus, no es posible en esta Sede revisar aspectos que han sido resueltos de manera favorable al imputado (en el sub examine, la fijación del riesgo procesal con prescindencia de un pronóstico punitivo de pena en concreto; cfr., T.S.J., Sala Penal, "Pellegrini", S. n° 300, 4/11/2008). En consecuencia, el control recursivo habrá de acotarse a los precisos límites en los que se ha construido la resolución, esto es, determinar si los conocimientos especiales derivados de la profesión notarial, como así también su capacidad económica y contactos con falsificadores y empleados infieles del Registro de la Propiedad, constituyen pilares válidos de la conclusión de existencia de riesgos de entorpecimiento de la investigación o fuga, ciñendo el análisis al segundo inciso del artículo 281 del C.P.P.. 3. Así centrada la discusión, estimo que la pretensión impugnativa no es de recibo, en ninguno de sus argumentos, conforme expongo a continuación. a) En cuanto a la falta de completitud del decisorio por cuanto no considera los extremos consignados en el último párrafo del artículo 281 del código ritual (falta de residencia, declaración de rebeldía, etc.), cabe en primer término precisar que el agravio ha sido construido sobre la base del defecto previsto en el artículo 413 inc. 4° del Código ritual, esto es, denunciándose la omisión de dar tratamiento a un extremo que se juzga dirimente -los indicios de riesgo procesal contenidos en el último párrafo del artículo 281. Así presentado, el agravio amerita dos objeciones: a.1) En primer lugar, el quejoso achaca a la Cámara no haberse pronunciado sobre un extremo que no fue motivo de apelación, y por ende, sobre el cual la competencia de dicho Tribunal no se encontraba abierta. Debe recordarse, en este sentido, que la ley procesal en su artículo 456, dispone que "el recurso atribuirá al Tribunal de Alzada el conocimiento del proceso sólo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieran los agravios" (tantum devolutum quantum apellatum). A poco que se repasan las constancias de autos, se advierte que la apelación deducida por la defensa sometió a decisión de la a quo únicamente la supuesta violación del principio de igualdad en desmedro de De Mauro -en cotejo con la situación de libertad dispuesta para sus coimputados Fierro y Lucarás- y la queja referida a la falta de derivación de la conclusión relativa a la peligrosidad procesal del nombrado, a partir de su condición profesional (escrito de interposición de fs. 796 e informe de fs. 5/10). En consecuencia, para resolver la materia puesta a su consideración, la Cámara de Acusación no necesitaba ni debía volver sobre aspectos que no fueron objeto de agravio, como lo fue -en lo que aquí interesa- la determinación del riesgo procesal a partir de indicios diferentes a los estatuidos en el último párrafo del artículo 281. No es un dato menor, en este sentido, que la falta de tratamiento de las circunstancias recién ahora invocadas por la defensa, ya se verificaba en el decreto de prisión preventiva de fs. 664/679, y que no fue objeto de reproche en la oposición deducida por la defensa, razón ésta por la cual tampoco el Juez de Control se ocupó del asunto (fs. 721/735). Insisto: no puede reprocharse a un Tribunal de recurso el no haber referido a aspectos sobre los que no puedo expedirse, por no haber sido sometidos a su competencia a través de la impugnación respectiva, salvo -claro está- que se trate de nulidades absolutas, lo que no ha ocurrido en el caso (cfres., Ayán, Manuel N., "Recurso de Apelación", en Medios de impugnación en el proceso penal, AA.VV., Alveroni, 2007, págs. 81; Núñez, Ricardo C., Código Procesal Penal, 3° ed., actualizada por C.M. Requena, Lerner, 2007, pág. 563; Cafferata Nores, José I.- Tarditti, Aída, Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba -Comentado-, Mediterránea, Córdoba, 2003, T.2, págs. 394/395, entre muchos otros). La crítica, en consecuencia, debe desecharse. a.2) Sin perjuicio de lo expuesto, cabe agregar a mayor abundamiento que si lo que se denuncia como vicio nulificante es la omisión de pronunciarse sobre las circunstancias que el artículo 281 inc. 2° in fine del C.P.P. establece como indiciarias de peligro procesal (falta de residencia, declaración de rebeldía, sometimiento a proceso o cese de prisión preventiva anterior, condena impuesta sin que haya transcurrido el término del artículo 50 del C.P.), es evidente que el agravio -tácitamente- parte de la premisa de que tal enumeración tiene carácter taxativo y no ejemplificativo. Es que de otro modo, no podría atribuírsele valor decisivo a la falta de tratamiento de extremos que fueran únicamente orientativos y no vinculantes para el Tribunal, a la hora de determinar la existencia de peligrosidad procesal. Semejante punto de partida, empero, soslaya el marco más amplio de la hermenéutica que sustenta la decisión del Tribunal de apelación, aún cuando ésta -por no haber sido controvertida- no haya sido expuesta en su integridad en la resolución de marras. Es que es sabido que en la interpretación que la Cámara de Acusación efectúa acerca de las exigencias normativas de la prisión preventiva, la enumeración legal tiene un carácter meramente enunciativo ("Luna", A.I. 417, 4/12/2006; "Urrets Zavalía", A.I. n° 261, 6/12/2006; "Ahumada", A.I. n° 219, 25/10/2007; "Beuck", A.I. n° 223, 06/11/2007; "Irusta", A.I. n° 182, 01/07/2008, algunas de ellas citadas en la decisión en crisis). Nuevamente es conveniente aquí destacar que el agravio deducido se esgrime desde la perspectiva de la completitud de la fundamentación del decisorio (fs. 4) y no contra la interpretación acordada por la a quo a las exigencias constitucionales e infraconstitucionales que imperan en materia de coerción personal, órbita en la cual incluso esta Sala ha sostenido una tesis diferente, según la cual en el sub examine no sería ni siquiera necesario discutir lo que aquí se discute atento a la presunción iuris tantum de peligrosidad procesal que emana del pronóstico punitivo de pena efectiva (art. 281 inc.1°, C.P.P.) y la ausencia de circunstancias personales del encartado diferentes al común denominador de los sometidos a proceso (T.S.J., Sala Penal, "Santucho", S. n° 54, 14/06/04; "Bustos Fierro", S. n° 110, 19/05/2008; entre otros). Es que las condiciones invocadas por el recurrente -De Mauro "no es un gitano ni un vagabundo sino una persona afincada en el medio, con propiedades y familia; carece de antecedentes penales y nunca ha sido declarado rebelde o condenado penalmente", y además se presentó espontáneamente- se compadecen con similares que ya fueran analizadas por esta Sala y no desbordan el elenco de situaciones que se verifican en la generalidad de los imputados (vid, por todas, “Bustos Fierro”, cit.). Por ello, encontrándose acotada la materia a impugnativa a la falta de tratamiento de cuestiones que se reputan dirimentes, resulta claro que el quejoso postula como decisivos extremos a los que la intelección proporcionada por la a quo -que no controvierte- únicamente les confiere valor enunciativo, con lo cual el reproche, también por esta razón, queda enervado. b) Resta ahora examinar el segundo agravio, y verificar si, como se alega, los conocimientos especiales derivados de la profesión notarial, capacidad económica y contactos del imputado con falsificadores y empleados infieles del Registro de la Propiedad, constituyen pilares válidos de la conclusión de existencia de riesgos de entorpecimiento de la investigación o fuga. Estimo que la decisión debe convalidarse. Doy razones: b.1) El quejoso, para favorecer su pretensión, presenta el razonamiento del Tribunal de una manera que no se compadece con su verdadero contenido. Postula que la Cámara de Acusación ha considerado que Héctor De Mauro es procesalmente peligroso por su sola profesión y capacidad económica. Empero, semejante lectura se aparta de la motivación del decisorio, puesto que de ella emana con holgura que la a quo ha puesto especial énfasis en aventar semejantes conjeturas, que ya habían sido objeto de apelación. En efecto, ha aclarado que el riesgo se sustenta en que el nombrado "posee contactos con otros falsificadores de documentos -vinculados o no al Registro General de la Propiedad- que podrían colaborar con él en la concreción de actividades tendientes a entorpecer la averiguación de la verdad... tiene contacto con falsificadores de documentos que bien podrían colaborar en la simulación, incluso de su propia identidad, y de esa forma dificultar su detección en caso de que fugara. Y es claro también que cuenta con suficiente poder adquisitivo para solventar esa fuga... para este imputado, con tales medios y contactos a su disposición, la posibilidad de lograr una vida en clandestinidad o fuera del país deja de ser una mera abstracción. Y estos datos son también seriamente indicativos de peligro de entorpecimiento de averiguación de la verdad, pues el imputado, con tales contactos y relaciones, fácilmente podría, en cualquier momento falsificar prueba o ponerse de acuerdo con autores o partícipes aún no individualizados para obstaculizar esa averiguación". Incluso se esforzó el Tribunal es explicitar que su argumentación "tiene por objeto demostrar no que un abogado o un escribano, por el solo hecho de serlo, resulta ya por eso peligroso procesalmente... sino que esta persona, Hugo Ernesto De Mauro, en virtud de poseer los conocimientos especiales indicados -que por cierto los obtiene a partir del estudio y de la praxis propios de estas profesiones, como así también del modo en que las ejerce- por su poder adquisitivo... y por sus vinculaciones personales está en mejores condiciones que los otros dos coimputados para eludir la acción de la justicia... Integra una verdadera red de personas dedicadas a la vulneración habitual de la fe pública, lo cual, obviamente, permite sostener que, en libertad, De Mauro tendría a su disposición sobradas facilidades para entorpecer la averiguación de la verdad... (Este( razonamiento no importa, pues, extraer conclusiones positivas respecto de la existencia de peligro procesal a partir de meros datos generales como lo es el hecho de ostentar una determinada profesión, sino sostener que, en este caso particular, es dable inferir que esta persona (De Mauro), de ser puesta en libertad, por sus conocimientos y sus relaciones personales optará por obstaculizar ilegalmente la labor de la justicia en lugar de someterse a ella (C.P.P., art. 281 inc. 2° y cctes.)..." (fs. 19/21). Tales consideraciones han sido tergiversadas por el impugnante, toda vez que -reiteraré a riesgo de incurrir en una agobiante repetición- la condición profesional y patrimonial, per se, no convierten a De Mauro en un imputado de alto riesgo procesal, sino que en las particulares circunstancias de la causa obraron como base de hecho a partir de la cual éste obtuvo una serie de contactos con individuos que podrían facilitarle la fuga o la alteración de la prueba -ora relacionados al Registro de la Provincia, ora expertos en falsificación-, como así también los medios económicos para actuar en tal sentido. La pretensión recursiva, en consecuencia, se desapega de los términos de la decisión atacada, y de tal manera no logra construir un embate que conmueva el silogismo en crisis, cuya conclusión, como se ha visto, evidencia una razonable derivación de las circunstancias hasta aquí dadas por acreditadas en el grado de probabilidad requerido a esta altura del proceso. b.2) De otro costado, cabe aclarar que el hecho de que a juicio del recurrente -puesto que no es esa la estimación del Sr. Fiscal de Instrucción (fs. 678 y vta.)- ya se encuentre en vías de finalizarse la investigación preparatoria, no convierte en innecesaria la medida de coerción, puesto que en numerosas oportunidades hemos sostenido que "por peligrosidad procesal debe entenderse el riesgo que la libertad del imputado puede entrañar para los fines del proceso seguido en su contra, esto es, su posible afectación de los objetivos de descubrimiento de la verdad real -interponiendo obstáculos para su logro- y de actuación de la ley penal sustantiva -impidiendo el normal desarrollo del juicio o el cumplimiento de la pena eventualmente impuesta, al sustraerse de la autoridad-" (con negrita agregada, T.S.J., Sala Penal, "Bustos Fierro", cit., entre muchos otros). El resaltado pone en evidencia que la medida de coerción no sólo pretende tutelar la investigación penal preparatoria, sino además la fase posterior del juicio y, en caso de recaer condena, su ejecución. Por ello, no resulta impeditivo de la procedencia de la prisión preventiva el hecho de que la instrucción de la causa se encontrara agotada -en caso de que así fuera-, puesto que aún resta asegurar el desenvolvimiento del debate y su eventual consecuencia punitiva. 4. En suma, estimo que la decisión de marras no exhibe los defectos esgrimidos por el impugnante, y por ello debe confirmarse en todos sus aspectos. Voto, pues, negativamente. La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo: Estimo correcta la solución que da la señora Vocal que me precede, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma. La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo: La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTION: La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo: Atento al resultado de la votación que antecede, corresponde rechazar el recurso deducido, con costas (arts. 550 y 551, C.P.P.). Así voto. La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo: Estimo correcta la solución que da la señora Vocal que me precede, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma. La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo: La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido. En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala Penal; RESUELVE: Rechazar el recurso de casación interpuesto por el Dr. Francisco José Sesto, en su condición de defensor del imputado Hugo Ernesto De Mauro, y con el patrocinio del Dr. Jorge Santiago Pérez. Con costas (CPP, arts. 550/551). Con lo que terminó el acto que, previa lectura y ratificación que se dio por la señora Presidente en la Sala de Audiencias, firman ésta y las señoras Vocales todo por ante mí, el Secretario, de lo que doy fe.


 
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