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Competencia unipersonal de los tribunales criminales de la provincia de Buenos Aires, para operativizar el monto punitivo debe atenderse al quantum de la agravante genérica del art. 41 bis (voto de la mayoría).

Extemporaneidad del planteo de colegialidad solicitado por la defensa (voto de la minoría).

Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal Departamento Judicial Bahía Blanca, Sala I, I.P.P. once mil setecientos noventa y dos, noviembre 2013.

Expediente I.P.P. once mil setecientos noventa y dos.

Número de Orden:_____

Libro de Interlocutorias nro.:_____

En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los  días del mes de noviembre del año dos mil trece, reunidos en su Sala de Acuerdos los señores Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala I- del Departamento Judicial Bahía Blanca, Doctores Pablo Hernán Soumoulou, Guillermo Alberto Giambelluca y Gustavo Angel Barbieri, para dictar resolución interlocutoria en la I.P.P. nro. 11.792/I "Nievas, Ignacio Gabriel por homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego (Art. 79, 41 bis, 42 C. Penal)", y practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 41 de la ley 5.827, reformada por la nro. 12.060), resultó que la votación debía tener lugar en este orden Barbieri, Giambelluca y Soumoulou resolviéndose plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S

1.- ¿Es justa la resolución recurrida?

2.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I O N

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. BARBIERI DIJO: Conforme surge de la presente causa, el Señor Agente Fiscal -titular de la U.F.I.J. Nro. 5 Departamental- Doctor Christian Fernando Long a fs. 245/251, formula requisitoria de elevación a juicio respecto del procesado Ignacio Gabriel Nievas en orden al delito de homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego (arts. 79, 41 bis y 42 del C.P.).

Por su parte la Señora Juez a cargo del Juzgado de Garantías Nro. 1 Dptal. -Dra. Gilda C. Stemphelet- dispuso a fs. 252 que se notifique al Ministerio Público de la Defensa, a fin de que en el término de quince días ejerza el derecho que le confiere el artículo 336 del Código de Rito.

A fs. 253 la citada Magistrada -atento haber transcurrido el término de ley sin que la Defensa hubiera formulado oposición- se haya opuesto, resuelve elevar la causa al Tribunal con competencia en materia Criminal, remitiendo a la Secretaría de esta Alzada para cumplir con lo establecido en el art. 3ero. de la Acordada 2.840 de la S.C.J.B.A.

Sorteado a tal fin el Tribunal en lo Criminal Nro. 1 (fs. 295), su Presidente -Doctor Hugo Adrián De Rosa-, al no haber solicitado las partes la integración colegiada conforme lo prevé el articulo 22 inciso 3ero. del C.P.P., pasa las actuaciones a Secretaria a efectos de que se practique el sorteo pertinente a fin de desinsacular el juez que continuaría el trámite, recayendo tal designación en la doctora María Elena Baquedano (fs. 292).

Por su parte la Doctora Daiana Banek -Secretaria de la Unidad de Defensa Oficial actuante y al momento de contestar la citación a juicio a fs. 299/303 y vta.- requiere la integración colegiada del Organo de juicio, opción que no ejerciera dentro del plazo previsto por el articulo 336 del C.P.P., alegando que su defendido no fue notificado de tal circunstancia y que luego de haber sido asesorado por ese Ministerio, requirió el juzgamiento con los tres miembros del Tribunal en lo Criminal.

A fs. 324 la Doctora Baquedano, mas allá de realizar alguna consideración sobre la aplicación de la reforma introducida por ley 13.943, vuelve a reiterar la extemporaneidad de la manifestación que la defensa efectuaba (art. 22, 3° parr. inc. "b" del C.P.P.), al haber transcurrido el plazo previsto por el articulo 336 del Código del Rito.

Por su parte la recurrente a fs. 306/307 y vta. en los fundamentos de su presentación expone que su defendido no fue notificado de la posibilidad de ejercer la opción dentro del plazo previsto por el articulo 336 del C.P.P. y que sólo después de ser legalmente asesorado tuvo la oportunidad de hacer valer su elección. Adelanto que voy a acompañar, aunque por otros fundamentos, el reclamo formulado por la defensa.

Tal como lo expusiera en la I.P.P. 11181/I, el artículo 22 segundo párrafo del Código Procesal Penal, según ley 13.943 reza: "...El Tribunal en lo Criminal conocerá: En los delitos cuyo conocimiento no se atribuya a otro órgano judicial. Se integrará con un (1) sólo Juez cuando se tratare de delitos cuya pena máxima en abstracto no exceda de quince (15) años de prisión o reclusión o, tratándose de un concurso de delitos, ninguno de ellos supere dicho monto...".

En el párrafo siguiente, la citada norma determina los supuestos de actuación del tribunal en su forma colegiada.

Partiendo de la imputación formulada en autos por la Fiscalía interviniente en la requisitoria de citación a juicio (homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego previsto en el artículo 79, 41 bis y 42 del Código Penal), corresponde en primer término establecer el quantum punitivo (teniendo en cuenta que las posiciones sobre el alcance del art. 42 han sido variadas, existiendo argumentos razonables -tanto doctrinaria como jurisprudencialmente- para sostener cada uno de los criterios).

Y en ese sentido habré de remitirme a lo que expusiera sobre la cuestión en la I.P.P. 9946/I "Laborde" donde me pronunciara en favor de los argumentos delineados por la Suprema Corte -teniendo en cuenta la función unificadora de jurisprudencia que tiene dicho Alto Cuerpo- sobre la materia "...La escala penal de la tentativa tiene como mínimo la mitad del mínimo del delito consumado y como máximo las dos terceras partes del máximo del delito consumado..." (S.C.B.A., Ca. 56.902 "C.,P. s/ Robo calificado por el empleo de armas en grado de tentativa" del 13-9-2000).

En el año 2011, reiterando el mismo criterio de interpretación, resolvió "...En lo que hace al cómputo del delito de tentativa de robo simple, estimo oportuno señalar que la prescripción de la acción penal debe operar atendiendo a la reducción del art. 44 del Código Penal (conf. P. 66.450, sent. del 20-X-1998), y esa reducción actúa disminuyendo a la mitad el mínimo legal de la escala y en las dos terceras partes el máximo de la misma (conf. Ca. 52.985, sent. del 11-VI-1998; P. 56.902, sent. del 12-IX-2000 y Ca. 66.003, sent. del 28-VIII-2002; e.o.)..." (S.C.B.A., Ca. 109.771 "A.,G. s/ Recurso de casación" del 7-9-2011).

Este es, también, el criterio de la Sala III del Tribunal de Casación Penal en fallo 22.495 "S.E. s/ Recurso de casación" del 20-12-2011.

A su vez, la Suprema Corte Provincial, y reafirmando su doctrina legal y la obligatoriedad de sus fallos, en relación a la procedencia del recurso de inaplicabilidad de ley en caso de utilización de una interpretación divergente a la seguida por dicho órgano, resolvió: "...Configura un caso concreto de violación a la doctrina legal de este Tribunal la decisión del a quo que al individualizar la pena del procesado como autor de delito tentado lo hace a partir de una escala formada entre los dos tercios del monto mínimo y la mitad del máximo que fija la ley para el delito. De modo que debe hacerse lugar al recurso interpuesto y casar la sentencia impugnada en el nivel de la determinación del monto de sanción" (S.C.B.A., Ca. 87906 "C.,M. s/ Robo calificado " resuelta el 14-5-2008).

Esa forma entonces de reducción, conlleva -en forma imperativa- la intervención del Tribunal en su forma colegiada, atento a que el máximo previsto para el delito de homicidio (con mayor razón desde el momento que debe sumársele el tercio que establece la agravante del articulo 41 bis del C. Penal) superaría los 15 años previstos en el art. 22 párrafo 3ero. del C.P.P.

Pero aún en el supuesto contrario (reducción de la mitad del máximo sostenido, en esta provincia, principalmente por la Sala I del Tribunal de Casación Penal Ca. 18.898 "F.,G. s/ Recurso de casación" del 22-5-2007 y causa 35.200 "S.,C. s/ Recurso de casación" del 24-4-2009) igualmente con la sumatoria de la agravante de pena del citado articulo 41 bis del C.Penal, se excede ese límite de 15 años previsto para la integración unipersonal.

Por todo lo dicho ninguna opción debía ni podía ejercerse al momento de evacuar el traslado previsto en el art. 336 del rito.

Por ello propongo al acuerdo hacer lugar, por estos fundamentos, al recurso de apelación interpuesto por la Defensoría Oficial y revocar la resolución dictada a fs. 304 por la señora Juez, doctora María Elena Baquedano.

Voto por la negativa.

A LA MISMA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GIAMBELLUCA, DIJO: Voy a apartarme de la solución propuesta por el colega preopinante, por el fundamento que a continuación expondré, adelantando mi opinión en el sentido que la resolución dictada por la magistrado de grado debe ser confirmada.

Así voy a mantener el criterio que sostuviera en la I.P.P. nro. 11181/I en cuanto arribo aquí a la misma conclusión, pues el artículo 22 párrafo cuarto inciso b del Código Procesal Penal indica que el Tribunal en lo Criminal se integrará con tres jueces "...cuando el imputado o su defensor requieran la integración colegiada, opción que deberá ejercerse dentro del plazo previsto por el artículo 336 del presente ordenamiento procesal...".

Conforme surge de la presente, luego de habérsele corrido traslado a la Defensa Oficial en los términos del artículo 336 del C.P.P. -por un plazo de 15 días en que puede oponerse a la requisitoria de elevación de la causa a juicio- ha dejado transcurrir los plazos legales sin ningún cuestionamiento, ni haberse expedido sobre el punto que hoy trae a esta Alzada.

En virtud de lo expuesto, más allá que pudiera eventualmente estimarse que esta clase de delitos debería ser juzgada por una integración colegiada atento la complejidad de los temas a decidir, no puedo apartarme del texto diseñado por el legislador provincial, y es por ello que propongo al acuerdo, -atento lo acontecido en esta causa-, confirmar la resolución dictada por la doctor Baquedano.

Es que entiendo que en la intención del legislador ha sido el mayor aprovechamiento de los recursos humanos y la simplificación de los trámites, regulando la integración unipersonal cuando se trate de delitos cuya pena máxima en abstracto no supere los quince años de pena privativa de libertad (art. 22 del CPBA).

Por lo expuesto concluyo que debe confirmarse el auto en crisis, debiendo elevarse las presentes actuaciones al Tribunal en lo Criminal manteniendo la integración unipersonal practicada a fs. 292.

Voto por la afirmativa.

A LA MISMA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOULOU, DIJO: por los mismo fundamentos que el señor Juez doctor Barbieri voto en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI, DIJO: Atento el resultado alcanzado en la cuestión anterior, corresponde -por mayoría de opiniones-, revocar la resolución de fs. 292.

A LA MISMA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GIAMBELLUCA, DIJO: por los mismos fundamentos que el señor Juez doctor Barbieri voto en igual sentido.

A LA MISMA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOULOU, DIJO: por los mismos fundamentos que el señor Juez doctor Barbieri voto en igual sentido.

Con lo que culminó el Acuerdo que signan los Sres. Jueces nombrados.

 

R E S O L U C I Ó N

Bahía Blanca, noviembre de 2.013.

Y Vistos; Considerando: Que en el acuerdo que antecede ha quedado resuelto:-por mayoría de opiniones- que no es justa la resolución impugnada.

Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede ESTE TRIBUNAL RESUELVE: hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Señora Auxiliar Letrada de la Unidad de Defensa nro. 1 Departamental y en consecuencia REVOCAR la resolución de fs. 292 en cuanto dispuso en este caso la integración unipersonal del Tribunal en lo Criminal nro. 1 Departamental.

Notificar.

Hecho, devolver al Tribunal de primera instancia.

 


 
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