Derecho Penal

Alcances del Peculado. Condición de funcionaria pública de la Directora de una Escuela Pública.
Delitos Contra la Administración Pública - Jurisprudencia Provincial

Causa número 6.300 (Registro de Presidencia 23.395), caratulada “C., M. d. C. s/ recurso de casación”.

Sala III del Tribunal de Casación Penal, de la Provincia de Buenos Aires. rta. 10 de marzo 2009. 

AC U E R D O

En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los     diez días del mes de marzo de 2009, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, de la Provincia de Buenos Aires, doctores Ricardo Borinsky y Víctor Horacio Violini (artículos 47 y 48 de la Ley 5827), con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia definitiva en la causa número 6.300 (Registro de Presidencia 23.395), caratulada “C., M. d. C. s/ recurso de casación”, conforme al siguiente orden de votación: BORINSKY – VIOLINI.


A N T E C E D E N T E S


En lo que interesa destacar, el Tribunal en lo Criminal nro. 1 de Dolores, condenó a M. d. C. C. a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua de efectivo cumplimiento, con costas, como autora responsable de los delitos de peculado y uso de documento falso, en concurso ideal.
 Contra dicho pronunciamiento, el defensor particular interpuso (fs. 46/51) recurso de casación, denunciando inobservancia de los preceptos formales que regulan la investigación penal preparatoria, la indefensión de la imputada, la incorporación por lectura de la declaración de testigos de los que no se justificó adecuadamente porqué no comparecieron a debate.
Que el Tribunal, ante la imposibilidad de que C. realizara la plana manuscrita por un problema médico, no permitió suspender el juicio hasta tanto se pudiera concretar la pericia.
La Fiscalía reconoce que no se había podido demostrar que la firma colocada en el cheque cuestionado le perteneciera a la acusada, sin embargo acusó y se la sentenció por el delito de uso de documento falso.
Se incorporó un certificado de un médico clínico que determina que el testigo P. no podía declarar por problemas psiquiátricos, oponiéndose la defensa por no ser especialista, y sin embargo el “a quo” no lo cita a debate, incorpora por lectura su declaración y la valora.
Que el Tribunal consideró en forma global los hechos ocurridos, la sustracción de la suma de dinero que figuraba en el cheque y la falsificación, y si bien reconoce que no se ha demostrado que fuera C. quien falsificara la firma de L., concluye que ésta no podía ignorar la adulteración.
Que, debido a ello no se acreditó la materialización del uso de documento falso.
En cuanto al peculado, aparte de desconocerse  que la imputada tenga la condición de funcionario público, de lo probado en la audiencia surge que la Presidenta del Consejo Escolar llamó a reunión en presencia de la tesorera y se labró el acta, siendo que la inculpada con posterioridad rindió cuentas satisfactoriamente.
Que el Fiscal no puede decir que necesariamente debía depositarse la suma en la cuenta de la Cooperadora del Banco Provincia.
El propio denunciante dijo que existían deudas, las que la acusada pagó y rindió en forma normal.
Frente a ello el Tribunal no debió concluir  en la inexistencia de devolución o reposición de la cosa y menos que hubo perjuicio patrimonial, ya que fue aceptada la rendición y la Dirección de Escuelas no instruyó actuaciones sumariales.
Por las pruebas colectadas en el caso el delito del artículo 261 del Código Penal no se configuró, y por tanto corresponde la absolución de M. C. casándose la sentencia en dicho sentido.
Concedido el recurso en origen (fs.53 y vta.), se radica el mismo en esta Sala con trámite abreviado  (fs.66, 69 y vta.) y fs. 67/68 el Fiscal Adjunto de Casación solicita su rechazo.
Encontrándose el Tribunal en condiciones de resolver en forma definitiva, se plantean y votan las siguientes:
C U E S T I O N E S
Primera: ¿Resulta procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C I O N
A la primera cuestión el señor juez doctor Borinsky dijo:
Deben desestimarse los motivos traídos por la recurrente en cuanto  sostiene en primer lugar que no habría quedado acreditado en autos la sustracción  de los caudales públicos y el uso de documento falso, de lo que dice colegir que tampoco se habría acreditado perjuicio, lo que desemboca en la atipicidad de la conducta.
Como bien  expone el Tribunal en su veredicto, ha quedado suficientemente probado que la imputada C., en su carácter de directora interina de la Escuela nro. 23 de P., recibe la cartular del Consejo Escolar para gastos de combustible del establecimiento que dirige, así lo acredita la declaración de C. M. M. –Presidenta del Consejo Escolar y firmante del cheque-, circunstancia que la defensa no niega ya que la imputada lo detentaba.
 Luego, este tramo se enlaza con el requerimiento que la acusada realiza a H. P. –tesorero de la Cooperadora- para que endose la orden de pago, dice el testigo que, sin aclarar el destino de los fondos, la directora le refiere que tenía que buscar al presidente  para que también la firme.
De la propia declaración de este último, se desprende que C. no solicitó su firma.
Declara el creíble L. que, el cheque es entregado por la Dirección de Escuelas a la Cooperadora  a través de la directora, que enterado que los demás establecimientos ya lo habían recibido, e interpelada la imputada acerca del asunto, ésta le dice que se debían cuentas indicándole que se las llevaría a la noche, sin que la visita se concretara. Que al otro día sospechando que el cheque había sido cobrado, previo hablar con la firmante, se dirige al Banco y le informan que había sido percibido por caja, y al serle exhibido el mismo   reconoce que la firma del endoso no le pertenece.
Otra prueba surtidora de convicción resulta ser la ya aludida declaración de M., luego de que aconteciera lo relatado por L., éste le informa los sucesos, y junto con la tesorera del Consejo –C.- le piden a C. la rendición del gasto, presentando al otro día facturas y tickets, pero con fecha posterior a la entrevista.
También explica la testigo que el Consejo le da el cheque a la directora por su carácter de asesora de la cooperadora, pero el mismo debe ser depositado en la cuenta de la misma y no cobrado.
 Por otra parte, se acredita sin lugar a dudas, a través de los dichos de M. I. L. y la pericia caligráfica, que el cheque presentado por  C. y pagado, estaba endosado con la firma  falsa del primero, rúbrica necesaria para su cobro.
De lo expuesto, surge sin ambages, a través de la prueba colectada y recibida por el “a quo” por inmediación intransferible, correctamente valorada en la sentencia, que la imputada recibió en su carácter de directora el cheque en cuestión, no requirió la firma del presidente de la Cooperadora pero sí la del tesorero, y sabiendo que el mismo no había sido endosado por el primero, ya que tal circunstancia no podía desconocerla, lo presenta  con una firma falsa de L., lo percibe –cuando debía ser depositado en la cuenta de la cooperadora-, y al serle solicitada su rendición, presenta tickets con fecha posterior a ello.
Por tanto, si la imputada sabía que el cheque debía ser depositado en la cuenta de la cooperadora –ya que era una intermediaria responsable entre ésta y el Consejo Escolar-, y sabiendo perfectamente que la firma del endoso no era del presidente sino una falsificación, lo cobra por ventanilla, y rinde cuentas sólo después de serle requerido con tickets fechados posteriormente, se ve a las claras que los gastos realizados, que de ninguna forma podrían justificar su proceder, fueron efectuados para salir de la situación que la involucra, y junto a los otros elementos colectados dan sobradas señales de culpabilidad que afaman la real existencia del dolo afirmado en origen.
Ahora bien, el Tribunal con correcta lógica valorativa afirmó al analizar la materialidad objetiva, que existieron actos de disposición y distracción, valiéndose para su concreción de un instrumento con un endoso falso, y que fue C. la que desarrolló tales conductas, sin perjuicio de no podérsele enrostrar la falsificación propiamente dicha, pero sí su uso; y a la que no pone ni quita la existencia de un sumario administrativo.
No desplaza el reproche la circunstancia que la imputada, luego de ser interpelada -con claros signos de salir  de la comprometedora situación– realice compras que justifiquen su rendición cuando la conducta ya se había configurado, sumado a  que los fondos tenían otro destino.
En lo que respecta a si la  imputada resultaba ser funcionaria pública y en todo caso qué titulo regía su relación con el dinero obtenido, señalo que como directora interina de la institución escolar tenía a su cargo la obligación de  que, la cartular de marras, fuera depositada en su cuenta para que cumpla con el destino asignado.
El rol de funcionaria presupone o conlleva capacidad de decisión a nivel institucional, por lo que las decisiones funcionales tomadas por la imputada obligarán necesariamente a la administración pública, y en consecuencia al Estado.
En el caso, no es posible olvidar que la imputada se desempeñaba como directora de una escuela pública, es decir, de un organismo público y estatal a través del cual se pretende cumplir el mandato constitucional que obliga a garantizar una educación pública y gratuita (artículos 14 y 75 inciso 19° de la Constitución Nacional).
En función de lo expuesto entiendo que corresponde rechazar el recurso interpuesto, con costas, y regular los honorarios profesionales del letrado de la Defensa, doctor Héctor Aníbal Zamora, en una suma equivalente al quince por ciento (15%) de los devengados en la instancia anterior (artículos 14 y 75 inciso 19 de la Constitución Nacional; 261 del Código Penal; 106, 210, 373, 448, 451, 465, 530, 531 del Código Procesal Penal; 28 “in fine” del Decreto 8904/77; 47 y 48 de la ley 5827).
Luego, a la primera cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Violini dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto del doctor Borinsky y también me pronuncio POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Borinsky dijo:
Que de conformidad al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión anterior corresponde, rechazar por improcedente el recurso de casación interpuesto, con costas y regular los honorarios del doctor Héctor Anibal Zamora, en una suma equivalente al quince por ciento (15%) de los devengados en la instancia anterior (artículos 14 y 75 inciso 19 de la Constitución Nacional; 261 del Código Penal; 106, 210, 373, 448, 451, 465, 530, 531 del Código Procesal Penal; 28 “in fine” del Decreto 8904/77; 47 y 48 de la ley 5827).
A la segunda cuestión el señor juez doctor Violini dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto del doctor Borinsky.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo dictando el Tribunal la siguiente
SENTENCIA:
I.- RECHAZAR el recurso de casación interpuesto, con costas.
II.- REGULAR los honorarios del doctor Héctor Aníbal Zamora, en una suma equivalente al quince por ciento (15%) de los honorarios devengados en la instancia anterior.
Rigen los artículos 14 y 75 inciso 19 de la Constitución Nacional; 261 del Código Penal; 106, 210, 373, 448, 451, 465, 530, 531 del Código Procesal Penal; 28 “in fine” del Decreto 8904/77; 47 y 48 de la ley 5827.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
RICARDO BORINSKY – VICTOR HORACIO VIOLINI
Ante mí: Andrea Karina Echenique

 
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