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Diferenciación entre documento público y privado. Tesis civilista y no civilista. Subtesis.

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Causa “Funes, Ángel Roberto s/ procesamiento”.

CNCRIM Y CORREC FED, rta. 17 de noviembre 2009. Extracto El Dial.

“Funes, Ángel Roberto s/ procesamiento” – CNCRIM Y CORREC FED – 17/11/2009
“¿Cómo diferenciar entre documento público y documento privado? Como primera medida, es importante tener en cuenta que el Código Penal no define lo que en él debe entenderse por “documento público” (como sí lo hace, por ejemplo, con el concepto de “funcionario público” –art. 77 C.P.). De allí que hayan surgido dos grandes grupos de corrientes doctrinarias, que pueden a su vez subdividirse. Uno de esos grupos utiliza la definición de “documento público” que nos brinda el Código Civil a los efectos de analizar la normativa penal (“interpretación civilista”), y el otro sostiene que no debe circunscribirse el concepto, en el ámbito del derecho penal, a su definición civil (“interpretación no civilista”).”

“El artículo 979 del Código Civil establece, en su parte pertinente, que “[s]on instrumentos públicos respecto de los actos jurídicos: 2° Cualquier otro instrumento que extendieren los escribanos o funcionarios públicos en la forma que las leyes hubieren determinado”.”

“La “interpretación no civilista” considera que no debe circunscribirse el concepto de documento público a la definición otorgada por el Código Civil. Esta vertiente considera que “…instrumento público al tenor de la ley penal no son únicamente los que extienden los escribanos o funcionarios públicos ´en las formas que las leyes hubieren determinado´, pues ellos no agotan todo el material que la ley penal ampara en orden a la genuidad y veracidad protegiendo la fe pública.”

“La “interpretación no civilista”, entonces, amplía notoriamente el espectro de documentos que pueden ser considerados “públicos” ya que no exige que éstos emanen de un funcionario público, ni coloca alguna otra limitación al concepto.”

“Entendemos que la “interpretación no civilista” debe ser descartada por dos motivos. El primero de ellos es que interpretar los tipos legales que incluyen el concepto de documento público de la manera en que esta tesis sugiere permitiría tachar estos tipos legales de violatorios del principio de legalidad, en su derivación del mandato de certeza y de máxima taxatividad (artículo 18 de la Constitución Nacional, y tratados constitucionales). El concepto de “documento público” sin ningún tipo de especificación ni definición, luce a todas luces vago e impreciso. Esto violenta el principio de reserva de ley.”

“El segundo motivo que nos lleva a desechar la “interpretación no civilista” se basa también en el principio de legalidad, en su derivación de prohibición de analogía, y su consiguiente principio de interpretación restrictiva.”

“Esta prohibición de interpretación extensiva determina que deba adoptarse la interpretación más restrictiva, siempre que ella sea razonable. Por estas razones, entendemos que debe adoptarse la “interpretación civilista”.”

“La “interpretación civilista” puede, a su vez, subdividirse en distintas vertientes. Una de ellas puede ser denominada la tesis de “restrictividad máxima”. Según esta visión, “…solamente son instrumentos públicos, los que se encuentran enumerados en el art. 979 del Código Civil pero éste no dice que cualquier instrumento que extiendan los escribanos o funcionarios públicos en la forma que las leyes hubieren determinado es un instrumento público, sino que…ha de tratarse de un acto jurídico” (Eduardo Raúl Carreras, op. cit., p.72, describiendo esta doctrina). Dado que la ley civil únicamente regula las relaciones privadas, todo acto jurídico que no trate sobre ese tipo de relaciones no podría considerarse un instrumento público.”

“Se excluyen, por lo tanto (como instrumentos públicos), todos aquellos documentos que no instrumentan actos de naturaleza estrictamente privada, negándose así el carácter de tales a las actas de las cámaras legislativas, a los decretos del Poder Ejecutivo y a las decisiones de los magistrados” (Eduardo Raúl Carreras, op. cit., p.73, describiendo esta doctrina).”

“El problema con esta doctrina es que no logra explicar por qué debería restringirse el concepto de documento público en el ámbito del derecho penal a las relaciones civiles.”

“Si bien el principio de interpretación restrictiva debe guiar la tarea del intérprete, esta tarea se ve también circunscripta por otros principios, entre ellos, el de razonabilidad.”

“Interpretar el concepto de documento público de la manera en que esta doctrina lo hace rompe con la presunción de que las conductas más severas deben ser más severamente penadas que las conductas de menor gravedad. Pretender que la falsificación de una escritura pública pueda incluirse dentro del concepto de falsificación de documento público, pero que la falsificación de un acta de la Cámara Legislativa sea tratada sólo como una falsificación de documento privado luce irrazonable.”

“Otra vertiente de la interpretación restrictiva denominada tesis de “restrictividad mínima” “[t]ambién se atiene a las especificaciones del art. 979 del C.Civil, pero no limitado el instrumento público a los puros ‘actos jurídicos’” [David Baigún y Carlos A. Tozzini, La Falsedad Documental en la Jurisprudencia (elementos comunes a todos los tipos), Depalma, 2° edición, Buenos Aires, 1992, p. 123]. Considera que es instrumento público cualquier instrumento que extendieren los escribanos o funcionarios públicos en la forma que las leyes hubieren determinado, sea que se refiera a un acto jurídico o no.”

“Son, entonces, condiciones necesarias y suficientes para denominar a un documento como público el hecho de que: “a) que sea autorizado por funcionario competente; b) que éste obre en el ejercicio de sus funciones; y c) que se otorgue con las formalidades legales” (David Baigún y Carlos A. Tozzini, op. cit., p. 75-76).”

“…la Fundación Ayuda Solidaria no emitía credenciales de ningún tipo, no era estatal, y ninguna relación tenía con ningún Poder del Estado. Así, quien aparece firmando la credencial no puede ser considerada funcionaria pública.”

 


 
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