Derecho Penal

La oportunidad para sobreseer por atipicidad es hasta antes de iniciado el debate después sólo cabe la absolución.
Derecho Procesal Penal - Jurisprudencia Provincial

Causa nº 3594 caratulada “Recurso de casación interpuesto por el Particular Damnificado en causa nº 1023, seguida a A., A.”, y su acollarada nº 3910 “Recurso de Casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal en causa Nº 1023 seguida a A., A.”.

Sala III del Tribunal de Casación penal de la pcia. Buenos Aires, rta. 4 de diciembre 2007.

Causa N° 3594 (Reg. de Pres. N° 14.940)
“Recurso de Casación interpuesto por el particular damnificado” y acollarada
Causa N° 3910 (Reg. de Pres. N°15.937)
“Recurso de Casación interpuesto por el M.P.F”

ACUERDO
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires
Sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, a los 4 días de
diciembre de 2007, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces
doctores Víctor Horacio Violini y Ricardo Borinsky (artículos 47 y 48 de la
ley 5827) con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de
resolver la causa nº 3594 (Registro de Presidencia nº 14.940) caratulada
“Recurso de casación interpuesto por el Particular Damnificado en causa
nº 1023, seguida a A., A.”, y su acollarada nº 3910 (Registro de
Presidencia nº 15.937), “Recurso de Casación interpuesto por el
Ministerio Público Fiscal en causa Nº 1023 seguida a A., A.”, conforme al
siguiente orden de votación: VIOLINI-BORINSKY.
ANTECEDENTES
El Tribunal en lo Criminal nº 2 del Departamento
Judicial de Bahía Blanca sobreseyó a A. A. en orden al delito de
defraudación por retención indebida (artículo 173 inciso 2º del Código
Penal).
Contra dicho decisorio interpuso recurso de casación
el Particular Damnificado (fs. 75/78), por el cauce de los artículos 448 y
450 del ritual, denunciando que toda la prueba agregada fue omitida por el
“a quo”, y que el pronunciamiento se habría dictado en violación a los
artículos 341, 342, 344, 357 y 368 del Código Procesal Penal.
Por otro lado, meritúa las constancias de autos a
efectos de sostener la responsabilidad penal de la imputada, y ofrece
prueba, consistente en el agregado de una factura y el pedido de que se
oficie a diversos organismos a fin que informen sobre la impresión de
facturas, las fechas de inicio de actividad del local comercial, y la
existencia o inexistencia de habilitación municipal.
En función de ello, solicita se revoque el auto apelado
y se ordene la continuación del debate.
Asimismo, contra el mencionado resolutorio interpuso
recurso de casación el Agente Fiscal (fs. 64/73 de la causa 3910),
señalando que el “a quo” habría incurrido en quebrantamiento de las
formas esenciales del proceso, fundamentalmente en relación con los
artículos 342, 344, 357 y 368 del ritual, al haberse interrumpido el curso
del debate a efectos de dictar el sobreseimiento recurrido, en forma previa
a que terminara de sustanciarse la prueba y con base tan sólo en los
dichos de la víctima.
Explica que en el caso no concurrieron ninguno de los
requisitos que habilitarían el dictado del sobreseimiento en esa etapa del
proceso, amén que en esa oportunidad no resultaba de aplicación la regla
del artículo 341 del Código de forma, sino la continuación del debate y el
pronunciamiento de una sentencia de absolución o condena.
En forma subsidiaria, argumenta también en punto a la
tipicidad de la conducta reprochada y se agravia por cuanto el Tribunal no
habría fundamentado (sino que sólo declaró) la ineptitud de los elementos
de prueba pendientes de producción a los efectos de hacer variar la
decisión.
En función de ello, solicita la revocación del auto
recurrido, a efectos que se sustancie el correspondiente debate.
Radicadas las actuaciones en esta Sala, acumulados
ambos expedientes y notificadas las partes, se expide la Defensoría ante
esta Sede, propiciando el rechazo del remedio intentado, desarrollando
una interpretación diversa del artículo 341 del ritual, con citas doctrinarias
que avalan el dictado del sobreseimiento luego de comenzado el debate.
Así, encontrándose la causa en condiciones de ser
resuelta, se plantean y votan las siguientes
CUESTIONES
Primera: ¿Resultan admisibles los recursos de
casación interpuestos?
Segunda: ¿Es admisible la prueba ofrecida?
Tercera: ¿Son procedentes los recursos interpuestos?
Cuarta: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
VOTACIÓN:
A la primera cuestión el señor juez doctor Violini dijo:
En cuanto los recursos en trato satisfacen los
requisitos de tiempo y forma regulados, en lo pertinente, por los artículos
450 y 451 del Código Procesal Penal, a la vez que los impugnantes se
encuentran legitimados para recurrir, y en vista de que la resolución objeto
del recurso se enmarca dentro de aquellas que el código de rito establece
como susceptibles de ser impugnadas por esta vía, deben entonces
admitirse ambos recursos de casación (artículos 448, 450, 451, 452 inciso
3º, 453, 464 y siguientes del Código Procesal Penal).
Es por ello, que a esta primera cuestión VOTO POR
LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión, el señor juez doctor Borinsky
dijo:
Adhiero, por sus fundamentos al voto de mi colega
preopinante y, en consecuencia, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Violini dijo:
Considero que la prueba ofrecida no puede ser
acogida en esta instancia.
En efecto, conforme el juego de los artículos 465 inciso
5° y 457 del ritual, la prueba a producirse en esta Sede deberá ser
pertinente y útil, a los efectos de demostrar el quebrantamiento de las
formas esenciales del proceso o la invocación de nuevos hechos, en
cualquier caso, siempre que se ponga en discusión lo establecido en el
acta de debate.
En el caso de autos, toda la prueba ofrecida está
destinada a acreditar que el local comercial continúa en actividad y
verificar la regularidad de su situación municipal. Empero, considero que
ninguno de ambos extremos posee relación inmediata y necesaria con el
tema debatido en autos, esto es, con la existencia o inexistencia de una
sociedad de hecho y con la obligación o inexistencia de obligación, por
parte de la imputada, de devolver los bienes materia de reclamo.
En este sentido, la prueba ofrecida no aparece como
esencial, pertinente ni útil a efectos de resolver el planteo efectuado,
siendo por lo demás que el peticionante no ha fundamentado ni explicado
cómo esos requisitos se hallarían cumplimentados en autos, visto el
carácter excepcional que reviste la producción de prueba en esta
instancia.
En función de lo expuesto, considero que la prueba
ofrecida no satisface los requisitos exigidos por el artículo 457 del ritual, y
en consecuencia a esta segunda cuestión, VOTO POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Borinsky
dijo:
Por sus fundamentos, adhiero al voto del doctor Violini
y VOTO POR LA NEGATIVA.
A la tercera cuestión, el señor juez doctor Violini dijo:
A los efectos de la resolución del presente, cabe
señalar que el sobreseimiento dictado en autos se verificó luego de
iniciado el debate, el cual fue interrumpido a pedido de la Defensa de la
imputada, tras escuchar la declaración de la víctima (fs. 66).
El Tribunal hizo lugar al pedido de suspensión del
debate con base en lo normado por el artículo 344 inciso 1º del ritual y,
pese a la oposición del Ministerio Fiscal y del particular damnificado,
resolvió del modo mencionado con base en que las partes habrían
conformado una sociedad de hecho que rápidamente entró en crisis.
Así, el “a quo” se remite, a efectos de decidir, a la “Ley
de Sociedades Comerciales”, debiendo notarse que no se la ha citado de
modo correcto (ley 19.550), ni se ha hecho alusión a los artículos que
resultarían de aplicación al caso.
En función de esa cita legal incompleta, se afirmó que
el damnificado no había respetado los requisitos establecidos legalmente
para disolver la sociedad, extremo que daba a la imputada derecho a
negarse a la restitución.
De lo expuesto, concluye que aún cuando se hubiera
podido probar que la imputada se negó a restituir, de todos modos no
podría probarse, en función de lo antes expuesto, que pesara sobre ella la
obligación de devolver, de lo que se concluye la atipicidad de la conducta,
y la afirmación de que no existiría ninguna probanza a realizarse en el
debate pudiera hacer variar dicho temperamento.
Ahora bien, ante todo, debo aclarar que en mi opinión,
no podría considerarse “cuestión incidental” a aquella que, en caso de
tornarse procedente, cierra la causa con un pronunciamiento de carácter
definitivo como lo es el sobreseimiento. Una “incidencia” en esta etapa del
proceso (artículo 344 del ritual) es una circunstancia que debe ser
resuelta, que paraliza momentáneamente un procedimiento o un curso de
acción, pero que no impide que, una vez resuelta, el proceso siga su
curso, y por ello el código alude a la incidencia como causa de
“suspensión”, pero no de “terminación” del debate. Obsérvese que esta
interpretación se encuentra corroborada, por ejemplo, por las
disposiciones del artículo 357 del mismo cuerpo legal.
Desde esta perspectiva, entiendo que el análisis
relativo a la procedencia del sobreseimiento no constituye una incidencia
en esta etapa del proceso, y en función de ello concluyo que la norma del
artículo 344 del ritual fue en su oportunidad erróneamente aplicada en el
caso de autos.
En segundo término, cierto es que el artículo 341 del
ritual habilita a dictar el sobreseimiento ante el caso de que “surja
claramente la falta de tipo”, y siempre y cuando “para su comprobación no
sea necesario el debate”, circunstancia que podría interpretarse en el
sentido de que lo que se torna innecesario es tanto la sustanciación del
debate como su continuación.
No obstante, dado que el Código Procesal Penal es un
conjunto normativo, la interpretación que se haga de uno de sus artículos
no puede realizarse en forma exclusiva y autónoma, sino que cada uno de
sus preceptos debe analizarse en forma armónica con el resto de las
disposiciones que contiene.
Y el hecho es que el artículo 344, primer párrafo del
Código ritual, impone la continuidad del debate hasta su terminación,
excepto los casos de suspensión expresamente enumerados, entre los
cuales no se encuentra el dictado del sobreseimiento, el cual, por lo que
se dijera, no puede ser asimilado a una simple “incidencia”.
De la conjunción de ambas normas, concluyo que el
precepto del artículo 341 debe ser entendido en el sentido de que el
sobreseimiento podrá dictarse en los casos en que la aticipidad surja en
forma clara e indubitable en la etapa inmediatamente previa al inicio del
debate, más, una vez iniciado éste, debe ser desarrollado hasta su
culminación y dictarse una sentencia de absolución o condena.
Desde esta óptica, no encuentro que la suspensión
dispuesta en autos pueda obedecer a criterios de celeridad y economía
procesal, desde que la realización del debate oral no insume tiempos
prolongados (en la presente causa se estimaron sólo tres días, según fs.
64 vta), a diferencia de lo que puede ocurrir durante la tramitación de la
investigación penal preparatoria o en las etapas intermedias, esto es,
entre la elevación de las actuaciones a juicio y la fecha efectivamente
fijada para el inicio del debate, en las cuales los plazos pueden adquirir
mayor relevancia y en consecuencia mayor peso el principio aludido.
A mayor abundamiento, destaco que la versión de la
víctima relativa a la existencia de una sociedad de hecho no resultaba
indubitada, dado que la existencia de esa sociedad fue negada en su
oportunidad por la imputada (fs. 32 y vta), por lo que en puridad,
existiendo versiones contrapuestas del hecho, la atipicidad de la conducta
no podía afirmarse como palmaria.
Vale decir, que el sobreseimiento dictado en autos se
ha materializado en violación a las reglas procesales que determinan su
oportunidad, y aparece carente de motivación, tanto en su aspecto
sustancial (parcialización de la prueba) como legal (omisión de citas
legales en relación con la normativa aplicable, esto es, la ley 19.550 en
sus artículos 21, 22 y concordantes).
Por los motivos expuestos, corresponde, y así lo
propongo al Acuerdo, casar la resolución impugnada y disponer que se
continúe con la realización del debate y, a estos efectos, remitir copia de
las presentes actuaciones con reenvío a la Cámara de Apelación y
Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, a fin que se determine el Tribunal
que deberá intervenir y se renueven los actos necesarios para el dictado
de un nuevo pronunciamiento conforme a derecho. Sin costas de Alzada
(artículos 106, 210, 341, 344, 448 inciso 1, 450, 451, 452 inciso 3º, 453,
461, 464, 465, 530, 531 del Código Procesal Penal; 28 “in fine” del
Decreto 8904/77;).Por lo que a esta tercera cuestión VOTO POR LA
AFIRMATIVA
A la tercera cuestión, el señor juez doctor Borinsky
dijo:
Por sus fundamentos, adhiero al voto del doctor Violini
y, en consecuencia, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la cuarta cuestión, el señor juez doctor Violini dijo:
De conformidad con el resultado que arroja el
tratamiento de las cuestiones precedentes corresponde declarar
procedente el recurso interpuesto, sin costas; casar la resolución
impugnada y disponer que se continúe con la realización del debate y, a
estos efectos, remitir copia de las presentes actuaciones con reenvío a la
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, a fin que
se determine el Tribunal que deberá intervenir y se renueven los actos
necesarios para el dictado de un nuevo pronunciamiento conforme a
derecho. Sin costas de Alzada (artículos 106, 210, 341, 344, 448 inciso 1,
450, 451, 452 inciso 3º, 453, 461, 464, 465, 530, 531 del Código Procesal
Penal; 28 “in fine” del Decreto 8904/77; 47 y 48 de la ley 5827). ASI LO
VOTO.
A la cuarta cuestión planteada, el señor juez doctor
Borinsky dijo:
Adhiero al voto del doctor Violini por sus fundamentos.
Por lo que no siendo para mas, se dio por finalizado el
Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente
SENTENCIA:
CASAR la resolución impugnada y disponer que se
continúe con la realización del debate y, a estos efectos, remitir copia de
las presentes actuaciones con reenvío a la Cámara de Apelación y
Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, a fin que se determine el Tribunal
que deberá intervenir y se renueven los actos necesarios para el dictado
de un nuevo pronunciamiento conforme a derecho. Sin costas de Alzada.
Rigen los artículos 106, 210, 341, 344, 448 inciso 1,
450, 451, 452 inciso 3º, 453, 461, 464, 465, 530, 531 del Código Procesal
Penal; 28 “in fine” del Decreto 8904/77; 47 y 48 de la ley 5827.
Regístrese y remítase a la Mesa Única General de
Entradas del Tribunal para su notificación y oportuno archivo.
RICARDO BORINSKY – VÍCTOR HORACIO VIOLINI

 
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