Derecho Penal

    

       

 Sección a Cargo de Diego Iglesias   

          

Constitucionalidad de la reincidencia no hay vulneración de garantías constitucionales.
Ejecución Penal - Jurisprudencia Provincial

Causa N° 10.547 (Registro de Presidencia Nº 37.394) caratulada “N. T., Luis Eduardo s/ Recurso de Casación”.

Sala III del Tribunal de Casación Penal de la pcia. de Buenos Aires, rta. 18 de agosto 2009.

    ACUERDO

                        En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 18 de agosto de dos mil nueve se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces Doctores Víctor Horacio Violini y Daniel Carral (arts. 47 y 48 de la ley 5827), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 10.547 (Registro de Presidencia Nº 37.394) caratulada “N. T., Luis Eduardo s/ Recurso de Casación”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL – VIOLINI.

                        ANTECEDENTES

                        1°) En lo que interesa destacar el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata condenó a Luis Eduardo N. T. a la pena de un año de prisión declarándolo reincidente, como autor penalmente responsable del delito de robo simple en grado de tentativa.

                        2°) La defensa técnica del encartado interpuso recurso de casación contra el pronunciamiento condenatorio solicitado “…se case la sentencia cuestionada disponiendo la anulación del fallo en relación a la cuestión segunda de la sentencia y se ordene la adecuación de la pena a las pautas de mensura legalmente establecidas…”. Argumenta que el decisorio del “a quo”, a su parecer, es arbitrario en lo que respecta a la determinación judicial de la pena, habiéndose valorado erróneamente los atenuantes y agravantes previstos por los arts. 40 y 41 del ritual, considerando vulnerado el derecho de defensa en juicio, el principio acusatorio y el debido proceso.

                        Ello así por cuanto se ha arribado a un monto punitivo que se aleja del mínimo previsto por el tipo penal aplicado al caso –robo simple en grado de tentativa-, a pesar de no haberse merituado ninguna circunstancia agravante por el suceso ilícito enrostrado (vid fs. 17/27).

                        3°) Con la radicación del recurso en la Sala (fs. 33) se notificó a las partes (fs. 33/vta.).

                         La Sra. Defensora ante este Tribunal requirió  “…Se declare la inconstitucionalidad del art. 50 del C.P. y en subsidio se case la sentencia por falta de fundamentación en la declaración de reincidencia … Se case la sentencia a nivel de la pena y su condicionalidad y se aplique el mínimo de pena de la figura típica a mi asistido, con la debida fundamentación…”.

                        Fundó su dictamen en lo atinente a la pretendida inconstitucionalidad de la citada norma, indicando que “…la pena impuesta en la primera sentencia hace cosa juzgada respecto del primer delito y éste no podrá hacer producir nuevas consecuencias, por lo tanto la declaración de reincidencia sustentada en el mismo no es posible…”. Suplementariamente invoca arbitrariedad y falta de motivación del fallo, toda vez que “…Surge de la sentencia cuestionada que el ‘a quo’ resolvió la declaración de reincidencia de mi asistido, sin explicar de manera alguna si cumplió pena en carácter de penado, cuánto tiempo, ni ningún otro dato requerido a la hora de comprobar los extremos del art. 50 C. Penal…”.

                        Concluye, postulando la arbitrariedad y falta de motivación de la sentencia en cuanto a la aplicación del cumplimiento de pena y  al monto impuesto, apuntando que los sentenciantes no especificaron si la condena aplicada es de efectivo cumplimiento ó dejada en suspenso por haber transcurrido el plazo del art. 27 C.P., como así tampoco explican “…porque adunan 11 meses y medio al mínimo legal … siendo por ello, la sentencia del a quo, susceptible de descalificación con apoyo en la doctrina del fallo ‘Casal’ (Fallos: 328:3399) y Martínez Areco (Fallos: 328:3741)…” (vid fs. 37/43).

                        Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes

                        CUESTIONES

                        Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?

                        Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

                        A la primera cuestión el Señor juez doctor Carral dijo:

                        En lo que respecta a los agravios introducidos por la parte debo adelantar la procedencia parcial de la vía impugnativa incoada, acorde a los argumentos que a continuación se expondrán.

                        I.- Así, en primer lugar, entiendo que el pedido de inconstitucionalidad del artículo 50 del código de fondo no puede prosperar.

                        En efecto, no encuentro que el instituto en cuestión quebrante esencialmente garantías de orden supralegal.

                        La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reseñado que “...El principio non bis in idem prohíbe la nueva aplicación de la pena por el mismo hecho, pero no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena –entendida ésta como un dato objetivo y formal- a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos supuestos en los que el individuo incurriese en una nueva infracción criminal...” (Fallos 311:553, 311:1451, entre otros y en igual sentido Sala II TCPBA Causa N° 10.594 y Sala III TCPBa Causa N° 6.883).

                        A su vez “...La reincidencia en una condición que voluntariamente adquiere quien luego de sufrir una condena a pena privativa de libertad vuelve a delinquir y a recibir igual tipo de pena; no significa juzgar dos veces la misma situación, sino tomar en cuenta un dato objetivo extraído de la realidad, necesario para la justa ponderación de la respuesta que la sociedad debe dispensar –como medio de preservar su existencia- a quienes transgreden normas y principios básicos de necesaria observancia para la convivencia pacífica; ello si es que se pretende vivir en libertad y en un clima de respeto mutuo, en un Estado de Derecho y no en la beligerancia permanente entre los hombres...” (CNCCorr., Sala I “L. H., c. 34.690).

                        Vale decir, que la norma del artículo 50 del digesto sustantivo no supone un nuevo juzgamiento de idénticos presupuestos fácticos, sino que –con certeza- impone una modalidad distinta de ejecución de la pena para aquellos agentes que no revisten la calidad de primario.

                        Por otro lado, tampoco puede aseverarse que la pena devenga inconstitucional sólo en cuanto priva de la posibilidad de obtener determinados beneficios. Es que como regla, la condena se impone para ser cumplida en su totalidad y si posteriormente, en virtud a ciertas circunstancias del hecho o del condenado, se excepciona o se atenúa esa regla (vgr. Condena condicional, medidas morigeradoras, libertad condicional, etc.) a favor de la reinserción social del mismo, ello no obsta a que dichos beneficios resulten excepcionales, ergo, reitero, no aprecio vicios constitucionales en el supuesto de que el legislador pretenda que quien reincide cumpla la pena en su totalidad, en forma efectiva y sin prerrogativas o atenuaciones que la mesuren.

                        Asimismo “...de la pena anterior surgiría un segundo deber que al ser violado por el reincidente fundamentaría una reacción penal más severa...” (LATAGLIATA, Contribución al estudio de la reincidencia, trad. de Carlos A. Tozzini, Buenos Aires, 1967, Página 275 e igual criterio sostenido por KAUFMANN, Teoría de las normas, trad. de Enrique Bacigalupo y Ernesto Garzón Valdez, Buenos Aires, 1977, Página 283, respectivamente; ambos citados en Derecho Penal Parte General, Esteban Righi, primera edición 2008, Ed. LexisNexis, Página 531).

                        II.- Sentada la constitucionalidad de la norma cuestionada, corresponde indicar que le asiste razón a la defensa del encartado en cuanto a que los sentenciantes no han fundado debidamente la declaración de reincidencia finalmente aplicada.

                        Tales extremos menoscaban garantías de orden constitucional (art. 203 del CPP), específicamente las relativas al debido proceso (deber de fundamentación) y a la garantía de defensa en juicio (artículo 18 de la Constitución Nacional).

                        En efecto, el “a quo” sólo alude a “…la sentencia condenatoria impuesta por el Juzgado de Garantías N° 3 Dtal. Donde con fecha 28/5/08 se lo condenara a la pena de veinte días de prisión, con más la declaración de reincidencia (ver informes de fs. 3/4 y 56)…”, no fundamentando si tal pronunciamiento se encuentra firme, si han transcurrido o no los plazos previstos en el art. 50 del Código de fondo, si ha operado o no la caducidad de los registros (artículo 51 del Código Penal), si se ha cumplido “pena” o encarcelamiento preventivo.

                        Estas omisiones causan la imposibilidad de discurrir o rebatir el cargo, de controlar la corrección del razonamiento, de la veracidad del dato fáctico afirmado y de la acertada o errónea aplicación de un precepto legal, por lo que trasluce en definitiva un supuesto de arbitrariedad, máxime que tales extremos tampoco pueden ser dilucidados a partir de la certificación actuarial obrante a fs. 3/4 del principal.

                        La Sala que integro ha sostenido en anteriores ocasiones que “…Mas allá de su carácter declarativo, el carácter de reincidente reclama que el tribunal no solo mencione las condenas anteriores, sino las condiciones en las que el condenado cumple la privación de la libertad, en que causa tramitó y si se trató de cumplimientos parciales o totales y si se practicaron los respectivos cómputos o las diligencias tendientes a su aprobación (…) Las apuntadas deficiencias en la fundamentación de la declaración de reincidencia vulneran el debido proceso y la defensa en juicio, e impiden a la casación el conocimiento y control de logicidad del razonamiento…” (Sala III, causa N° 8.115, “Villalba, César”, del 12-9-02; en el mismo sentido causa N° 4.104, “Humada, Raúl”, del 5-12-00).

                        En virtud de las deficiencias apuntadas y de la doctrina sentada por este Excmo. Tribunal de Casación en la materia, entiendo que la aplicación del art. 50 del Código Penal no se encuentra ajustada a derecho.

                        III.- Por último en orden a la invocada arbitrariedad y falta de motivación de la sentencia en cuanto a la aplicación del cumplimiento de pena y al monto impuesto, entiendo que el agravio no puede prosperar.

                        Así, corresponde destacar que respecto al primero de los tópicos reseñados en el acápite que antecede el hecho de no haberse mencionado si la condena impuesta es de ejecución condicional –conforme la manda del art. 26 del digesto sustantivo- no trae aparejado per se la nulidad de la sentencia cuestionada en lo que a ello se refiere.

                        Debe tenerse en cuenta que el silencio del “a quo” permite inferir que la pena impuesta es de efectivo cumplimiento, debiendo adunarse a dicho razonamiento que al haber sido condenado con anterioridad el encausado no se encuentran reunidos en el sub lite los requisitos de admisibilidad estipulados en el art. 27 del Código Penal a fin de que el mismo obtenga nuevamente una segunda condena de ejecución condicional (vid certificación de antecedentes del principal).

                        Sin perjuicio, debe indicarse, que habiéndose mencionado la existencia de una condena previa en la sentencia condenatoria en la cual se declaró reincidente al aquí imputado, no se vislumbran los motivos por los cuales no se efectuó una evaluación conducente respecto a la posible unificación de las eventuales condenas impuestas al encartado conforme la manda del art. 27 en función del 58 del Código Penal.

                        Por otro lado, la ausencia de motivos relacionados a la aplicación de una pena que dista sensiblemente del mínimo legal previsto para la subsunción típica efectuada no habiéndose merituado circunstancias agravantes y si atenuantes (arts. 40 y 41 del Código Penal), no puede importar sin más la arbitrariedad manifiesta de la sentencia condenatoria en lo que a la determinación de la pena se refiere.

                         Soy de la opinión que el Tribunal sentenciante se encuentra facultado para merituar el monto punitivo dentro de los límites específicos fijados por las escalas penales obrantes en el digesto de fondo, sin hallarse obligado por alguna disposición legal para aplicar el mínimo de la pena ante la ausencia de circunstancias agravantes que valorar.

                        No obstante, la condena impuesta debe ser proporcionalmente racional al hecho delictivo endilgado; circunstancia esta que subyace cumplimentada en el pronunciamiento cuestionado, toda vez que la mensuración de la pena efectuada se encuentra ajustada a derecho sin infringirse criterios de lógico y experiencia.

                        Tengo en cuenta que los extremos estipulados en los arts. 40 y 41 del Código Penal deben ser empleados por el órgano juzgador para erigir con meridiana objetividad la pena a imponer, delimitando los amplios márgenes que las distintas escalas punitivas previstas en la parte especial del citado digesto fijan. No debe perderse de vista que “…La consagración por el legislador de estos principios generales para la medición de la pena, están destinados a acotar el margen de libertad judicial, ya que la discrecionalidad judicial encuentra un segundo límite desde que, como toda regla legal vinculada al juez, le estaría vedado apartarse de estas pautas generales a las que debe adecuar su decisión…” (Derecho Penal Parte General, Esteban Righi, primera edición 2008, Ed. LexisNexis, Página 528).

                        A su vez “…Es cierto que la determinación de la pena supone un complejo de decisiones relativas a diferentes operaciones intelectuales. Éstas no tienen un orden sistemático, más es inevitable que se parta desde el marco penal que surge de la subsunción de la conducta en un tipo penal específico … A partir de entonces y tomando como base el hecho cometido y su autor, será posible asignar relevancia a ciertas cuestiones y descartar aquellas que no modifiquen la decisión por no tener influencia para la finalidad a alcanzar. La ley estructura esta decisión como discrecional del juez del hecho, porque sólo él está en condiciones de valorar acabadamente la personalidad del autor, permitiéndose interpretar que detrás de esa concepción se encuentra la idea de decisión en la que se fija la pena no es estrictamente aplicación del Derecho, sino que tiene un componente irracional o intuitivo, puesto que la impresión que el autor deja en el juez durante el juicio no puede ser suficientemente transmitida por escrito…” (El sistema de pena única en el Código Penal argentino, Carina Lurati, Ed. Rubinzal – Culzoni, 1ra. Edición año 2008, Páginas 224/225).

                        De tal manera, resultando ecuánime la fijación del monto punitivo impuesto en lo que respecta a la culpabilidad del injusto bajo análisis y proporcionalmente racional, corresponde rechazar el recurso interpuesto en lo que a ello respecta.

                        Por lo que a esta primera cuestión VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA. 

                        A la primera cuestión el Señor juez doctor Violini dijo:

                        Adhiero, por sus fundamentos, al voto del doctor Carral y a esta cuestión también VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.

                        A la segunda cuestión el Señor juez doctor Carral dijo:

                        Que de conformidad al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde declarar parcialmente admisible el recurso interpuesto, casar la resolución puesta en crisis en lo que respecta a la declaración de reincidente del encartado, con envío a la instancia para que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho en lo que a ello respecta, sin costas (arts. 18 de la Constitución Nacional, 26, 27, 42, 50, 164 del Código Penal, 450, 454, 530 y 531 del Código Procesal Penal).

                        A la segunda cuestión el Señor Juez doctor Violini dijo:

                        Que adhiero, por sus fundamentos, al voto de mi distinguido colega preopinante.

                        Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:

                        RESOLUCION

                        DECLARAR PARCIALMENTE ADMISIBLE el recurso interpuesto, CASANDO la resolución puesta en crisis en lo que respecta a la declaración de reincidente del encartado, con envío a la instancia para que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho en lo que a ello respecta, sin costas.

                        Rigen los artículos 18 de la Constitución Nacional, 26, 27, 42, 50, 164 del Código Penal, 450, 454, 530 y 531 del Código Procesal Penal, 47 y 48 de la ley 5827.

                        Regístrese, notifíquese y remítase a la Mesa Única General de Entradas para su devolución a origen.

Fdo: Víctor Horacio Violini - Daniel Carral.

Ante mí: Andrea K. Echenique

 
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