Derecho Penal

    

       

 Sección a Cargo de Diego Iglesias   

          

Principio resocializador.
Ejecución Penal - Jurisprudencia Provincial

La libertad asistida es una forma de cumplimiento de la pena que implica afirmar el carácter resocializador de su ejecución, y que la readaptación no importa lograr la modificación de la personalidad del condenado, sino permitirle su reintegro al medio.

Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, causa Nº 45.713, caratulada “G. B., R. O. s/ recurso de casación”, rta. 10 de agosto 2011.  

En la ciudad de La Plata, a los diez días del mes de agosto del año dos mil once, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Jorge Hugo Celesia y Carlos Alberto Mahiques, para resolver en la presente causa Nº 45.713, caratulada “G. B., R. O. s/ recurso de casación”.
 Practicado el sorteo de ley, resultó en la votación que debía observarse el siguiente orden: CELESIA-MAHIQUES
A N T E C E D E N T E S
 El 26 de octubre del año dos mil diez, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial San Martín resolvió revocar la libertad asistida del imputado R. O. G. B., oportunamente otorgada por el Juzgado de Ejecución Penal interviniente.
Contra el fallo, la Sra. Defensora Oficial Dra. Diana Birch, interpuso el recurso de casación que obra a fs. 9/11 de la presente incidencia.
Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
C U E S T I O N E S
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Celesia dijo:
Se hallan reunidos los requisitos de tiempo y forma exigidos normativamente a los fines de otorgar legitimidad al acto de interposición del remedio casatorio, como así también los elementos que hacen a la impugnabilidad objetiva y subjetiva, en tanto se trata de una resolución pasible de ser recurrida en los términos del artículos 450 -conf. ley 13.812- y 451 del Código Procesal Penal.
 La recurrente se encuentra legitimada para hacer uso del recurso interpuesto a tenor de lo establecido en el artículo 454, inciso primero del mentado cuerpo normativo; y por lo tanto, debe declararse admisible y proceder el Tribunal a decidir sobre los fundamentos de los motivos que lo sustentan (artículos 454, inciso 1º, 464 y 465 del Código Procesal Penal).
 Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el señor juez doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto del doctor Celesia, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el señor juez doctor Celesia dijo:
 I. La recurrente consideró que los sentenciantes efectuaron una arbitraria interpretación de los informes criminológicos a los que se refiere el artículo 105 de la Ley Nº 12.256 (arts. 1, 3 y 106 del C.P.P.).
 Señalo que el a quo llevó a cabo una valoración restringida, al requerir requisitos extralegales que afectan el principio de legalidad de las penas, el debido proceso penal y la reinserción social.
 En relación a las sanciones disciplinarias impuestas a su defendido, lo que llevó a los magistrados a sostener que el inculpado no dio cumplimiento regular a los reglamentos carcelarios, la defensora sostuvo, al igual que el juez de ejecución penal, que la última sanción es de antigua data, por lo que su valoración como impedimento para la concesión de la libertad anticipada carece de razonabilidad en tanto debe evaluarse la evolución del penado en la observancia de dichos reglamentos.
 En ese sentido, indicó que su defendido merece conducta ejemplar diez y concepto bueno, lo que demuestra que ha incorporado los reglamentos carcelarios y evidencia el buen desempeño institucional, debiendo merituarse los logros alcanzados y no sólo el hecho de que haya tenido correctivos disciplinarios en el pasado, pues la decisión en modo alguno debe focalizarse en los hechos pretéritos, sino tratar de estimar el grado de readaptación social alcanzado por el interno, luego de la incidencia del tratamiento carcelario en su personalidad.
 Refirió que no obstante la opinión favorable en la inclusión al régimen de libertad condicional que emitió el Departamento Técnico Criminológico, los magistrados valoraron las dudas que se evidencian desde la órbita psicológica, el proceso reflexivo o la problemática adictiva, lo cual resulta violatorio del principio de reserva y de culpabilidad.
 Por otra parte, señaló que ello obedece a una valoración subjetiva del a quo, no sujeta a criterios objetivos que puedan adentrar el análisis del derecho, afectando no sólo el principio de exterioridad sino también la prohibición de injerencia en la vida privada y rasgos de autonomía individual.
 Concluyó que su pupilo merece el egreso anticipado al vencimiento de su condena, conforme su conducta ejemplar (10), su concepto bueno, sus actividades laborales y educativas en la unidad, la contención familiar que posee y la propuesta laboral acreditada.
 Por ello, requirió que se case el fallo y se conceda la libertad asistida a su defendido. 
II. Adelanto que el agravio formulado será atendido, en virtud de los fundamentos que a continuación procedo a exponer.
Como señala la Excma. Cámara, citando la resolución del inferior, G. B. registra varias sanciones disciplinarias, la última de antigua data, que no puede desvirtuar el concepto y la conducta alcanzada por el imputado, pues realiza actividades laborales y educativas en la unidad donde se aloja, posee contención familiar, cuenta con una propuesta laboral acreditada en autos y ha comenzado a reflexionar sobre su pasado trasgresor.
El Tribunal reseñó los delitos por los cuales el inculpado fue condenado y la pena única que se le fijó –siete años y ocho meses de prisión-, e hizo mención, tomando los fundamentos del Sr. Fiscal, de que G. B. no cumplió regularmente con los reglamentos carcelarios, no solo por contar con cinco sanciones disciplinarias, sino por la problemática adictiva del interno, “circunstancia que no fue valorada por el a quo, toda vez que, conforme surge de fs. 378, el nombrado abandonó el tratamiento de rehabilitación correspondiente”.
De igual modo, refirieron que de los informes de la unidad surge que posee una conducta ejemplar 10 y concepto bueno, y que el Departamento Técnico Criminológico emitió una opinión favorable en la inclusión del condenado al régimen de la libertad condicional, sin dejar de mencionar que “evidencia dudas desde la órbita psicológica, el proceso reflexivo del nombrado o la problemática adictiva no resuelta”.
Reseñaron asimismo que el condenado, conforme los informes que obran en el incidente, participa de los espacios tratamentales propuestos y cuenta con el acompañamiento familiar y una propuesta laboral concreta, y más allá del pronóstico favorable al que arriba la junta de selección, lo cierto es que “no puede dejarse de lado la cantidad y entidad de las sanciones que el penado registra y la indiferencia del mismo a realizar un tratamiento psicoterapéutico que lo ayude y lo estimule”, lo cual impide incluir al penado al régimen de la libertad asistida.
 III. Ahora bien, parece necesario señalar que toda petición vinculada con la libertad de un condenado, por imperio del principio resocializador que debe caracterizar al encierro, demanda del órgano jurisdiccional una especial atención e interés al tiempo de rechazar, como en el supuesto que aquí se analiza, la concesión del beneficio pretendido por la defensa.
Los magistrados deben realizar una interpretación conciente y respetuosa del contenido de las actuaciones que pretenden evaluar, sin que deba perderse de vista, al tiempo de analizar su viabilidad, que la libertad asistida es una forma de cumplimiento de la pena que implica afirmar el carácter resocializador de su ejecución, y que la readaptación no importa lograr la modificación de la personalidad del condenado, sino permitirle su reintegro al medio, previo a haberle ofrecido las herramientas necesarias a los efectos de disminuir su nivel de vulnerabilidad al sistema penal y por ende, evitar su constante prisionización.
De este modo, siendo el beneficio pretendido una herramienta de progresividad tendiente a socavar los efectos negativos del encierro carcelario, debe ser entendida como un beneficio al que pueden tener acceso todos los condenados que no proporcionen motivos para presumir fundadamente que incumplirán sus obligaciones durante esa etapa de la ejecución de la pena.
En el presente caso debe remarcarse que los informes efectuados por el Servicio Penitenciario resultaron favorables al interno, quien tiene una conducta ejemplar 10 y concepto bueno, lo cual parece indicar con relación a sus sanciones disciplinarias, que ha logrado avanzar en su proceso de adaptación, y que el Departamento Técnico Criminológico ha emitido opinión favorable para la inclusión del condenado en el régimen de la libertad condicional, además de que realiza actividades laborales y educativas en la unidad en la que se aloja, posee contención familiar y ha comenzado a razonar sobre su pasado trasgresor, frente a lo cual que el condenado sufra una problemática adictiva o se niega a efectuar un tratamiento “resolializador” en ese sentido, aspectos que podrían ser objeto de las obligaciones derivadas de la libertad condicional, no configuran impedimentos válidos para el otorgamiento del beneficio solicitado.
En razón de todo lo expuesto, propongo casar y revocar el fallo dictado por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial San Martín, en cuanto revoca la resolución que concediera la libertad asistida a R. O. G. B.. Sin costas en esta instancia (artículos 530 y 531  y ccdtes. del Código Procesal Penal).
 Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el señor juez doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto del Dr. Celesia, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
S E N T E N C I A
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal de Casación Penal 
  R E S U E L V E: 
I. DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial (artículos 450 in fine, 451, 454 inciso 1º, 464 y 465 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires).
II. HACER LUGAR al recurso interpuesto, por los motivos señalados al tratar la segunda cuestión de la presente, y revocar el fallo dictado por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial San Martín, en cuanto revoca la resolución que concediera la libertad asistida a R. O. G. B.. Sin costas en esta instancia (artículos 530 y 531  y ccdtes. del Código Procesal Penal).
Regístrese, notifíquese a la Defensa y al Ministerio Público Fiscal y devuélvase para el cumplimiento de las notificaciones pendientes.

FDO.: CARLOS ALBERTO MAHIQUES – JORGE HUGO CELESIA

ANTE MI: Gonzalo Santillán Iturres

 

 
Bahiamultimedia