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Características del sistema progresivo. Orígen. Etapas. Concepto. Relevancia.

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No aplicación a los procesados de dicho régimen. Leyes 24.660 y 12.256 como obstativas de dicho cauce para aquellos. Distinción finalística entre penados y condenados.

Tribunal en lo Criminal nro. 1, causa 259/08, o.i. 2043, rta. 3 de febrero 2011.

Causa nro. 259/08
Orden interno 2043

///hía Blanca, 3 de febrero de 2011

AUTOS Y VISTOS
Que a fs. 790, el encausado Jesús Bosso solicita un cambio de régimen: su reubicación en un régimen semiabierto conforme lo prescripto por los arts. 14 y 15 inc. A de la ley 24.660.
Paralelamente, a fs. 795 Saul Sosa Delfos solicita igual amparo conforme lo normado por los arts. 26, 27.I, II, III cc. y ss. del decreto 396/99, en este sentido peticiona que se lo incorpore al período de prueba.
A fs. 801/802 y 805/806 se expidió la vindicta pública solicita el rechazo de las peticiones (respectivamente), por entender que las solicitudes que nos ocupan no son aplicables para los procesados.
Que tanto el encausado Bosso como Sosa Delfos se tratan de procesados, no de condenados, en tanto la sentencia recaída en autos (562/590) ha sido recurrida, dando lugar a la causa nro. 38.108 del registro del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires.

CONSIDERANDO
Que el sistema progresivo surge de la mano de la idea de intervención estatal preventivo especial positiva, y de una concepción positivista de la criminalidad, y del delincuente como individuo inferior que debe ser readaptado y resocializado.
Históricamente procede del sistema de Maconochie receptado por Crofton.
La ley 24.660 se hace eco del sistema progresivo.
Así, el sistema de progresión se basa en el tratamiento, El art. 6 ley 24.660 define al sistema como basado en la progresividad, procurando limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados y promoviendo en lo posible y conforme su evolución favorable su incorporación a instituciones semiabiertas o abiertas o a secciones separadas regidas por la autodisciplina.
El art. 12 ley 24.660 señala las etapas de que consta el sistema de progresividad:
1. Observación.
2. Tratamiento.
3. Prueba.
4. Libertad condicional.
La primera etapa, esto es, la de Observación, se halla regulada en el sentido que sigue por el art. 7 decreto 396/99. Consiste en el estudio médico- psicológico- social del condenado, mediante los procedimientos peculiares de cada una de las disciplinas científicas convocadas a realizarlo. De este estudio, eminentemente interdisciplinario tendrán que surgir un diagnóstico y pronóstico criminológico. Como consecuencia práctica, aparecen dos aplicaciones inmediatas del estudio:
1. Indicación del establecimiento o sección a que debe ser incorporado el interno.
2. Programa que deberá aplicarse al mismo en ese destino.
Se señala que debe indicarse el período en que han de verificarse los resultados para proceder al tratamiento (no puede exceder 30 días).
La segunda etapa es la de Tratamiento. Debe poder fraccionarse en fases que importen para el condenado una paulatina atenuación de las restricciones inherentes a la pena. Según el decreto 396/99, en su art. 14 prevé que el período de tratamiento se fracciones en tres fases:
1. Socialización.
2. Consolidación.
3. Confianza.
Son fases sucesivas que importan:
a) Socialización (art. 15): La aplicación intensiva de técnicas individuales y grupales tendientes a consolidar y promover los factores positivos de la personalidad del interno y a modificar o disminuir sus aspectos disvaliosos.
b) Consolidación (art. 19): Se iniciará una vez que el interno haya alcanzado los objetivos fijados, en el programa de tratamiento para la Fase de Socialización.
Consiste en la aplicación de una supervisión atenuada que permita verificar la cotidiana aceptación de pautas y normas sociales y en la posibilidad de asignarle labores o actividades con menores medidas de contralor.
c) Confianza (art. 22): Consiste en otorgar al interno una creciente autodeterminación a fin de evaluar la medida en que internaliza los valores esenciales para una adecuada convivencia social, conforme la ejecución del programa de tratamiento.
La promoción excepcional (art. 7 ley 24.660): establece que el condenado podrá ser promovido excepcionalmente a cualquier fase del período de tratamiento que mejor se adecue a sus condiciones personales, de acuerdo con los resultados de los estudios técnico-criminológicos y mediante resolución fundada de la autoridad competente.
La tercera etapa comprende el denominado Período de Prueba, este período según el art. 15 ley 24.660 comprenderá sucesivamente:
a) La incorporación del condenado a establecimiento abierto o sección independiente de éste, que se base en el principio de autodisciplina;
b) La posibilidad de obtener salidas transitorias del establecimiento;
c) La incorporación al régimen de la semilibertad.
En la causa “Poblet” Juzg. Nacional de Ejecución nro. 2 se destacó que conforme lo previsto por el art. 18 ley 24.660, es la autoridad penitenciaria la que debe proponer al juez para su decisión la posibilidad de concesión de salidas transitorias y de semilibertad del interno, de lo que se deduce claramente que tales regímenes no son derechos que se puedan ejercer libremente por los condenados, sino beneficios que se puedan otorgar o no de acuerdo a las ponderaciones y estudios que se realicen intramuros.
Relativo a la progresividad del tratamiento, sobre lo que venimos discurriendo, el art. 1° del decr. 396/99 establece que por progresividad debe entenderse: Un proceso gradual y flexible que posibilite al interno, por su propio esfuerzo, avanzar paulatinamente hacia la recuperación de su libertad, sin otros condicionamientos predeterminados que los legal y reglamentariamente establecidos. Su base imprescindible es un programa de tratamiento interdisciplinario individualizado.
Esto implica, dentro de las posibilidades de cada caso (art. 3° decr. 396/99):
a) Limitar la permanencia en establecimientos cerrados.
b) Lograr la gradual libertad atendiendo a la evolución favorable del condenado.
Es claro que todo este régimen hace sólo referencia a los “condenados”, no así a los “procesados”. Y ello no es inconsecuente, pues el régimen de progresividad tiene causa eficiente en obtener la finalidad reinsertiva del penado, en tanto que el procesado no se halla amparado por tal télesis en su privación de libertad.
Ciertamente los arts. 4 de la ley provincial 12.256 y 11 de la ley nacional 24.660 postulan, en forma expresa, que serán de aplicación a los procesados en lo que resulte más favorable para ellos los institutos previstos para los condenados.  Pero ello debe compaginarse con las finalidades propias de ambas privaciones de la libertad. Me explico.
Tanto la prisión preventiva, como la pena, se cumplen materialmente mediante la privación de la libertad del encausado. La distinción radica entonces en la finalidad diversa que ambos institutos detentan. La pena tiene por finalidad esencial el afianzamiento socio - familiar, el fortalecimiento de la dignidad humana y el estímulo de actitudes solidarias inherentes a su condición de ser social, a partir de la satisfacción de sus necesidades y del desarrollo de sus potencialidades individuales (i.e. función preventivo especial –arts. 18 C.N., 5.6 C.A.D.H., 10.3 P.I.D.C.P., 1° ley 24.660 y 4° ley 12.256); por el contrario, la prisión preventiva es una medida cautelar cuya finalidad estriba en asegurar el proceso de conocimiento o la ejecución de la pena (arts 171 y 148 del C.P.P.B.A.).
Lo dicho es directa consecuencia de la observancia del principio de proporcionalidad del encarcelamiento procesal, según el cual éste, como medida cautelar, no puede ser más gravoso que la propia pena cuya imposición resguarda, ni su rigor innecesario a estos fines, lo que deberá reflejarse tanto en la modalidad de ejecución de la prisión preventiva como en la posibilidad de excarcelación (En igual criterio, José I. Cafferata Nores, ¿La ley n° 24.660 da cabida a una ‘semiprisión preventiva’ o nuevas hipótesis excarcelatorias?, Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Año III – N° 7, Ed. “Ad-Hoc”, Bs. As., 1997, página  991 y ss.).
Una lectura sistemática también lleva a diferenciar la cuestión. La ley 12.256 es clara al diferenciar el régimen de procesados y condenados (el régimen de los primeros está en el Capítulo II y el de los segundos en el Capítulo III), previéndose los institutos progresivos sólo a favor de estos últimos.
Con tal intelección no se viola el principio de igualdad ante la ley pues las situaciones a considerar son diferentes.
En síntesis, el principio de progresividad y su régimen consecuente no pueden ser de aplicación a los procesados, de donde la petición de los encausados no puede prosperar. Por todo ello, SE RESUELVE: Rechazar la solicitud de cambio de régimen peticionada por los procesados Bosso y Sosa Delfos (arts. 148, 171 del C.P.P.B.A., arts. 18 C.N., 5.6 C.A.D.H., 10.3 P.I.D.C.P., 1°, 6, 7, 11, 12, 15 y 18 ley 24.660; 4 ley 12.256; y 1, 3, 7, 14,15, 19 y 22 decr. 396/99). Notifíquese.


 
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